Con miedo, porque los elementos ya se
encontraban invadiendo casas, golpeando y disparando en contra de la
población, apresuró el paso, pero eso no fue suficiente cuando le dieron
alcance. Le dispararon por la espalda, como a otras tres víctimas.
En aquel momento, mientras la violencia
se desarrollaba dentro y en los alrededores de la comunidad, el maestro
Francisco Hernández, se encontraba apoyado la manifestación. Y comenta a
Revolución TRESPUNTOCERO que en ningún momento la
policía se acercó a dialogar, como lo indica el protocolo en este tipo
de casos. “Llegaron y de inmediato comenzaron los empujones, comenzaron a
disparar.
Muchas veces los policías vienen con sus escudos y macanas, pero esta vez los más de 700 elementos venían armados y todos disparaban. A mí me mataron a mi sobrino, quien era como un hijo para mí. A Luis Gustavo lo mató un grupo de policías que se burlaron de él al momento de su muerte”.
Francisco ya estaba enterado que había muertos y heridos y aunque le avisaron que su sobrino Luis Gustavo se encontraba dentro de los fallecidos no podía creerlo. Hasta que lo vio con un impacto de bala en la espalda.
“Después del disparo Luis Gustavo todavía se estaba arrastrando. Seguía luchando por su vida y llegaron los policías y le dieron el tiro de gracia. También tenía fuertes golpes, según la doctora que lo revisó cuando él ya se encontraba muerto. No le dejaron de dar patadas en distintas partes”, asevera Francisco.
A Luis Gustavo lo encontraron alejado de la comunidad, ya que como gran parte de los pobladores intentó huir a los cerros para poder resguardarse. Sin embargo lo alcanzaron. “Nosotros tenemos coraje contra los policías, contra el gobierno por el asesinato de mi sobrino quien era estudiante, no era un delincuente y venía de la escuela. Esto nunca lo vamos a superar”, añade Francisco.
Para los familiares de las cuatro víctimas de ejecución extrajudicial perpetrada por la policía del perredista Silvano Aureoles, exigir justicia y ejercer su libertad de expresión y manifestación no es irrumpir ni molestar a las autoridades que no solamente no les han dado respuesta alguna ante las ejecuciones, sino que las han mantenido en silencio, a casi cuatro meses de los hechos.
La semana pasada pobladores de Aratepacua, no irrumpieron como se mencionó en medios (aclara Simón Jiménez Morales, Representante de bienes comunales), “ejercimos nuestra libertad de expresarnos para pedir justicia, la que se nos ha negado”, explica a Revolución TRESPUNTOCERO.
En el acto, donde se encontraba presente el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, pidieron la renuncia del mismo, por lo ocurrido en abril pasado cuando elementos policiacos entraron a la comunidad de forma violenta y asesinaron a cuatro personas, todas ellas con tiros por la espalda.
A inicios de abril pasado, un grupo de aproximadamente 40 habitantes viajaron a Morelia para sostener pláticas con autoridades, con el fin de mantener la paz y respetar los acuerdos firmados con la población de Capácuaro. Ahí consiguieron un acuerdo.
Muchas veces los policías vienen con sus escudos y macanas, pero esta vez los más de 700 elementos venían armados y todos disparaban. A mí me mataron a mi sobrino, quien era como un hijo para mí. A Luis Gustavo lo mató un grupo de policías que se burlaron de él al momento de su muerte”.
Francisco ya estaba enterado que había muertos y heridos y aunque le avisaron que su sobrino Luis Gustavo se encontraba dentro de los fallecidos no podía creerlo. Hasta que lo vio con un impacto de bala en la espalda.
“Después del disparo Luis Gustavo todavía se estaba arrastrando. Seguía luchando por su vida y llegaron los policías y le dieron el tiro de gracia. También tenía fuertes golpes, según la doctora que lo revisó cuando él ya se encontraba muerto. No le dejaron de dar patadas en distintas partes”, asevera Francisco.
A Luis Gustavo lo encontraron alejado de la comunidad, ya que como gran parte de los pobladores intentó huir a los cerros para poder resguardarse. Sin embargo lo alcanzaron. “Nosotros tenemos coraje contra los policías, contra el gobierno por el asesinato de mi sobrino quien era estudiante, no era un delincuente y venía de la escuela. Esto nunca lo vamos a superar”, añade Francisco.
Para los familiares de las cuatro víctimas de ejecución extrajudicial perpetrada por la policía del perredista Silvano Aureoles, exigir justicia y ejercer su libertad de expresión y manifestación no es irrumpir ni molestar a las autoridades que no solamente no les han dado respuesta alguna ante las ejecuciones, sino que las han mantenido en silencio, a casi cuatro meses de los hechos.
La semana pasada pobladores de Aratepacua, no irrumpieron como se mencionó en medios (aclara Simón Jiménez Morales, Representante de bienes comunales), “ejercimos nuestra libertad de expresarnos para pedir justicia, la que se nos ha negado”, explica a Revolución TRESPUNTOCERO.
En el acto, donde se encontraba presente el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, pidieron la renuncia del mismo, por lo ocurrido en abril pasado cuando elementos policiacos entraron a la comunidad de forma violenta y asesinaron a cuatro personas, todas ellas con tiros por la espalda.
A inicios de abril pasado, un grupo de aproximadamente 40 habitantes viajaron a Morelia para sostener pláticas con autoridades, con el fin de mantener la paz y respetar los acuerdos firmados con la población de Capácuaro. Ahí consiguieron un acuerdo.
Por lo que regresaron a su población.
Sin embargo, al poco tiempo de esto, fueron detenidos por la policía
estatal por transitar en un vehículo ‘’robado’’, señalaron los
elementos.
“Nosotros habíamos entregado un documento que indicaba cómo podíamos arreglar sin violencia la situación con la otra comunidad. Parecía que todo había llegado a buen término, sin embargo al regreso nos detienen. Incluso cuando salimos de nuestra comunidad, antes de llegar a Pátzcuaro, había un filtro de seguridad pero no entendíamos a qué se debía eso, si solamente fuimos a dejar un papel.
Fue después cuando a 38 comuneros nos detuvieron injustamente. Nos llevaron a la fiscalía regional de Morelia. Estábamos sorprendidos porque no esperábamos eso. Nos insultaron, nos comenzaron a acusar, fabricaron delitos. Y nos retuvieron tres días”, narra Simón Jiménez Morales.
Ante los hechos esa misma noche la comunidad conformó un comité de negociación, para solicitar la libertad de sus compañeros ante las autoridades de gobierno, Además de pedir se les indicara cuál era el motivo de la detención. Sin embargo, se asegura, el gobierno no quiso ceder.
Por lo que la comunidad optó por ejercer otra medida de presión. Y se manifestó en la carretera. Desde el día 5 de abril se comenzó exigir la libertad de los comuneros. Sin embargo lejos de haber solución, más de 700 elementos de la policía estatal irrumpieron en la comunidad.
Se asegura, que no fueron a dialogar para que se desbloqueara la carretera. Llegaron abrieron fuego, se metieron a las casas y violentaron a quienes ahí se encontraban. Cabe señalar, que cuando detuvieron a los comuneros, de acuerdo al testimonio de Simón Morales, los encerraron en un autobús les aventaron balas de goma y gas lacrimógeno.
“Nunca nos permitieron abrir las ventanas. Ahí nos estamos ahogando. Nos arrinconaron en el mismo autobús y ya no nos permitió hablar. Cabe señalar que hubo compañeros que resultaron golpeados”, indica Simón.
En tanto, la población ha denunciado a este medio que el gobierno de Silvano Aureoles no se acercó a entablar algún tipo de diálogo con las familias, ni con nadie de la comunidad. A su vez señalan que aun cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), asistió al lugar de los hechos e hizo una investigación exhaustiva, los meses han pasado sin que se conozca si la institución emitirá una recomendación o no.
Francisco relata que aún cuando se comunicó con personal de la CNDH, interesado en los siguientes pasos a dar, “no me contestaron bien. La persona, de nombre Rodolfo, se molestó y le dije que no nos había hablado así cuando llegó a la comunidad”. Estas reacciones por parte de la CNDH resultan, para la comunidad, “lo mismo que el gobierno pues vienen de su parte. A lo mejor solamente nos están espiando y viendo qué estamos haciendo nosotros”, señala Francisco.
“Nosotros habíamos entregado un documento que indicaba cómo podíamos arreglar sin violencia la situación con la otra comunidad. Parecía que todo había llegado a buen término, sin embargo al regreso nos detienen. Incluso cuando salimos de nuestra comunidad, antes de llegar a Pátzcuaro, había un filtro de seguridad pero no entendíamos a qué se debía eso, si solamente fuimos a dejar un papel.
Fue después cuando a 38 comuneros nos detuvieron injustamente. Nos llevaron a la fiscalía regional de Morelia. Estábamos sorprendidos porque no esperábamos eso. Nos insultaron, nos comenzaron a acusar, fabricaron delitos. Y nos retuvieron tres días”, narra Simón Jiménez Morales.
Ante los hechos esa misma noche la comunidad conformó un comité de negociación, para solicitar la libertad de sus compañeros ante las autoridades de gobierno, Además de pedir se les indicara cuál era el motivo de la detención. Sin embargo, se asegura, el gobierno no quiso ceder.
Por lo que la comunidad optó por ejercer otra medida de presión. Y se manifestó en la carretera. Desde el día 5 de abril se comenzó exigir la libertad de los comuneros. Sin embargo lejos de haber solución, más de 700 elementos de la policía estatal irrumpieron en la comunidad.
Se asegura, que no fueron a dialogar para que se desbloqueara la carretera. Llegaron abrieron fuego, se metieron a las casas y violentaron a quienes ahí se encontraban. Cabe señalar, que cuando detuvieron a los comuneros, de acuerdo al testimonio de Simón Morales, los encerraron en un autobús les aventaron balas de goma y gas lacrimógeno.
“Nunca nos permitieron abrir las ventanas. Ahí nos estamos ahogando. Nos arrinconaron en el mismo autobús y ya no nos permitió hablar. Cabe señalar que hubo compañeros que resultaron golpeados”, indica Simón.
En tanto, la población ha denunciado a este medio que el gobierno de Silvano Aureoles no se acercó a entablar algún tipo de diálogo con las familias, ni con nadie de la comunidad. A su vez señalan que aun cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), asistió al lugar de los hechos e hizo una investigación exhaustiva, los meses han pasado sin que se conozca si la institución emitirá una recomendación o no.
Francisco relata que aún cuando se comunicó con personal de la CNDH, interesado en los siguientes pasos a dar, “no me contestaron bien. La persona, de nombre Rodolfo, se molestó y le dije que no nos había hablado así cuando llegó a la comunidad”. Estas reacciones por parte de la CNDH resultan, para la comunidad, “lo mismo que el gobierno pues vienen de su parte. A lo mejor solamente nos están espiando y viendo qué estamos haciendo nosotros”, señala Francisco.
Por su parte, Claudia Hernández, tía de Luis Gustavo, da a conocer a Revolución TRESPUNTOCERO
que en la comunidad la población se encontraba confiada que jamás una
situación violenta como la pasada llegaría a ocurrir, “porque el
Secretario de Seguridad dice que su personal está avalado con
conocimientos para cuidar a los ciudadanos.
Ese día antes que entraran, sobrevoló la zona un helicóptero, tal vez estaba revisando cuáles eran los puntos para entrar y en qué condiciones estaba la comunidad. Después se comenzaron a escuchar muchos balazos. Por eso se avisó que las clases quedarían suspendidas. Esto también aplicó en el colegio de bachilleres, a donde asistía Luis Gustavo.
Mi sobrino todavía trató de luchar por su vida, y aún así los policías lo maltrataron y lo golpearon y le dieron dos disparos en la cabeza. Le dieron el tiro de gracia. Nosotros como familia también quisimos ir a los cerros pero vimos como a muchos les estaban dando alcance allá y nos quedamos en nuestras casas”, indica Claudia.
Quien a su vez, narra que muchos de los policías iban lanzando disparos al aire. Hora y media más tarde de los hechos violentos, una llamada telefónica les informó que Luis Gustavo aparecía dentro de los fallecidos.
Mientras Claudia y su familia recogían el cuerpo del menor de edad, escucharon distintos testimonios de familias que coincidían en que la policía entró a la casas por la fuerza. Detuvieron hombres y se los llevaron, en tanto a las mujeres las dejaron golpeadas, mientras robaban algunas cosas de valor de los domicilios.
Además de las cuatro personas fallecidas, se sumaron heridos dentro de los cuales habían niños y personas de la tercera edad. También se llegó a documentar casos de mujeres embarazadas que derivado del impacto del suceso tuvieron abortos espontáneos. Los daños psicológicos también afectaron a los niños, quienes, asegura Claudia, viven con miedo y pánico cada vez que ven un policía.
“Todas las familias de los caídos pedimos justicia. No es justo que el mismo gobierno sea quien haya provocado este hecho y ahora se quiera lavan las manos. No perdimos cualquier cosa por eso esta masacre no puede quedar impune”, puntualiza Claudia, quien como las demás víctimas sigue en espera de algún tipo de pronunciamiento por parte de alguna autoridad, sin que hasta el momento esto suceda.
Ese día antes que entraran, sobrevoló la zona un helicóptero, tal vez estaba revisando cuáles eran los puntos para entrar y en qué condiciones estaba la comunidad. Después se comenzaron a escuchar muchos balazos. Por eso se avisó que las clases quedarían suspendidas. Esto también aplicó en el colegio de bachilleres, a donde asistía Luis Gustavo.
Mi sobrino todavía trató de luchar por su vida, y aún así los policías lo maltrataron y lo golpearon y le dieron dos disparos en la cabeza. Le dieron el tiro de gracia. Nosotros como familia también quisimos ir a los cerros pero vimos como a muchos les estaban dando alcance allá y nos quedamos en nuestras casas”, indica Claudia.
Quien a su vez, narra que muchos de los policías iban lanzando disparos al aire. Hora y media más tarde de los hechos violentos, una llamada telefónica les informó que Luis Gustavo aparecía dentro de los fallecidos.
Mientras Claudia y su familia recogían el cuerpo del menor de edad, escucharon distintos testimonios de familias que coincidían en que la policía entró a la casas por la fuerza. Detuvieron hombres y se los llevaron, en tanto a las mujeres las dejaron golpeadas, mientras robaban algunas cosas de valor de los domicilios.
Además de las cuatro personas fallecidas, se sumaron heridos dentro de los cuales habían niños y personas de la tercera edad. También se llegó a documentar casos de mujeres embarazadas que derivado del impacto del suceso tuvieron abortos espontáneos. Los daños psicológicos también afectaron a los niños, quienes, asegura Claudia, viven con miedo y pánico cada vez que ven un policía.
“Todas las familias de los caídos pedimos justicia. No es justo que el mismo gobierno sea quien haya provocado este hecho y ahora se quiera lavan las manos. No perdimos cualquier cosa por eso esta masacre no puede quedar impune”, puntualiza Claudia, quien como las demás víctimas sigue en espera de algún tipo de pronunciamiento por parte de alguna autoridad, sin que hasta el momento esto suceda.
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