Celia
Morales Maldonado se encontraba en su casa, ubicada en una de las
calles principales de la comunidad de Arantepácua, Michoacán. Mientras
realizaba sus actividades diarias, su esposo Francisco Jiménez, de 65
años, se encontraba justo a lado de su domicilio en su taller de
carpintería.
Pasado del medio día comenzaron a escuchar detonaciones de arma
de fuego y de inmediato vieron como la gente salía de sus casas y
corría en dirección a los cerros, mientras huían, gritaban que los
policías estaban entrando a las casas y disparando con armas de fuego,
narra Celia a Revolución TRESPUNTOCERO.
“Yo cerré mi casa porque tuve mucho miedo. Estaban disparando a
quien le tocara. La gente sí salió de su casa primero a preguntar qué
estaba pasando y a quién disparaban, pero en lugar de recibir respuesta
comenzaron a agredir a todo aquel que se acercara a saber qué era lo que
pasaba.
Mi esposo falleció durante ese ataque. Él tiene un hermano que
vive en la entrada de la comunidad, al oír que habían balazos, me dijo
que iba a ir a ver que estuviera bien, que no le hubiera hecho nada la
policía. Sin embargo conforme fueron pasando las horas me preocupó que
no regresara”, relata Celia.
Por lo que Celia salió a buscar a Francisco y después de caminar durante un rato lo encontró en una parcela, su cuerpo estaba boca a bajo. Tenía un disparo en la espalda. “Le dieron en el pulmón y la bala salió por el pecho”, señala. Agrega, “nosotros seguimos pidiendo justicia porque hasta ahorita nadie nos ha dicho nada. No nos informan qué está pasando. Nosotros no estamos pidiendo nada que no sea castigo a los culpables”.
Celia reclama la nula respuesta de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH), ya que aun cuando visitaron la comunidad, se
entrevistaron con los pobladores y reunieron material para avalar una
recomendación y darles el respaldo a las familias de las víctimas de
muerte y los heridos, esto no ha sucedido.
“¿Cómo es posible que el gobierno así nada más por nada más
mande a su gente a matar a los nuestros?. No fue uno, fueron más. Yo
quiero que haya una búsqueda y que me digan quiénes le dispararon a mi
esposo, es lo único que estoy pidiendo”, puntualiza Celia.
En Arantepacua, Michoacán, la población hizo un acto de
protesta a las afueras de la comunidad, después que 38 de sus compañeros
fueran detenidos de manera arbitraria, luego de llegar a un acuerdo con
autoridades del gobierno estatal con respecto a un acuerdo para la paz
entre comunidades.
Como lo informó Revolución TRESPUNTOCERO, en
abril pasado, luego de ser detenidos los 38 comuneros fueron llevados a
la fiscalía regional de Morelia. Y aunque la población conformó un
comité de negociación, para solicitar la libertad de sus compañeros ante
las autoridades de gobierno, no cedieron.
Por lo que el segundo paso fue realizar una protesta en la carretera, a donde llegaron más de 700 soldados con armas, quienes, a decir por los testigos, sin mediar palabras dieron inicio a la represión, entraron a la comunidad y agredieron a las familias dentro de sus casas. Donde dejaron heridos, pero también se cometió la ejecución extrajudicial de cuatro pobladores, a quienes les dispararon por la espalda, mientras corrían para esconderse de la violencia.
Por su parte, José Jiménez quien también es familiar de una
víctima de ejecución por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno,
señala que “ese día el pueblo determino apoyar a los compañeros que
habían sido detenidos de manera injusta. Así es como llega la policía de
manera agresiva e irrumpe en la población, sin ningún protocolo.
Cuando no había por parte de la comunidad un acto violento ni
irregular. Hubo balazos y fue por eso que la gente comenzó a huir de
manera despavorida, así es como obtienen el control total de la
comunidad y es así como invaden las casa, a fuerza de golpes y
amenazas”, describe Jiménez a Revolución TRESPUNTOCERO.
Mientras se desarrollaba un caos de miedo y de terror, indica
Jiménez, no se conocía quienes había sido heridos y masacrados y es
después de las cuatro de la tarde cuando se reorganiza el pueblo. Y se
acordó salir a caminar para identificar a quienes necesitaran ayuda.
“Desafortunadamente fuimos encontrando muertos. En este caso
fueron dos familiares míos. Los dos fueron asesinados por arma de fuego.
Uno de mis familiares fue encontrado muerto en la entrada de la
comunidad, y la otra persona era Luis Gustavo, el menor al que
ejecutaron cuando intentaba escapar.
De entrada los hechos fueron tristes, dolorosos y había una
impotencia y desesperación. Todos estábamos llorando por ver la manera
en que habían acabado con la vida de nuestra gente, nuestros familiares.
Hay coraje intenso al no poder hacer nada”, indica Jiménez.
José Jiménez comenta que a su primer familiar lo encontró en un patio baldío, donde piensa, se quiso resguardar para pasar desapercibido por los policías. “La persona era mi tío y tenía un balazo en la espalda. Sin vida y bocabajo así lo encontramos”.
“No entendimos por qué si el gobierno está para protegernos
envió a sus policías a asesinar a nuestra gente, sin saber cuál era la
razón de tanta saña, por eso el pueblo quedó desolado en aquel momento,
todos querían huir por el mismo temor, que no era para menos.
Aunque Derechos Humanos vino e investigó todo el caso, no
sirvió de nada. Hasta ahorita no ha sacado ningún tipo de resultado en
la investigación mucho menos emitido ninguna recomendación”, añade José.
Sobre el caso, Simón Jiménez Morales, Representante de bienes comunales, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO “hubo varios heridos de bala en los brazos, en los pies, en la espalda pero que se salvaron de morir, más los cuatro muertos. También hubo golpeados”, esto por parte de la policía de Silvano Aureoles, pero también se ha dado a conocer que al lugar llegó la Policía Federal y el ejército.
La comunidad sigue con la duda de lo que pasó, nunca se esperó
esta acción. Nosotros solamente queremos que se dé con los culpables
porque estos son crímenes de lesa humanidad, añade Simón. Quien además
afirma que si el gobernador fuera digno debió de retirarse de su cargo.
“Pero sabemos que tiene grandes compromisos e intereses con la
cúpula. Por lo que vamos a exigir que ahora sí se respeten los acuerdos
internacionales y las leyes que protegen a nuestro pueblo de ejercernos
bajo usos y costumbres”, agrega.
Cabe señalar que la comisión que representa a la comunidad ha
ido con los diputados ha exigir que intervengan en la búsqueda de
justicia, ya que, menciona Simón, “ellos son representantes del pueblo y
ahí hay una comisión de seguridad y de atención a las comunidades
indígenas por lo que deben hacer algo”, puntualiza Simón.
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