Se anuncia programa de atención a víctimas en Guerrero
Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), declaró que la Procuraduría General de la
República (PGR) sólo ha resuelto ocho de las 57 observaciones o
recomendaciones que el organismo emitió en el caso de los 43 normalistas
de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014, y el resto
están en vías de hacerlo.
El ombudsman anunció también el inicio de un programa de atención a víctimas para el estado de Guerrero.
Entrevistado en esta capital aseguró: ‘‘Hemos hecho tres reportes a
la PGR del caso Ayotzinapa; en el primero se hicieron 32 observaciones,
de las cuales 26 fueron a la procuraduría y el resto (seis) a la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para reconstruir el
tejido social, así como al gobierno municipal y a la Fiscalía del
estado.
Dijo que en el segundo reporte se mencionó que al menos ‘‘a dos
elementos de la Policía Federal se les debe abrir una investigación; es
una línea importante que se debe impulsar, junto con el reporte al que
se le debería poner atención a la policía (municipal) de Huitzuco, y
pedimos que se investigara’’.
Un tercer informe fue en relación con ‘‘el joven (Julio César
Mondragón) que perdiera la vida, que había sido desollado o carcomido
por la fauna. De las 57 observaciones enviadas a la PGR, apenas ocho
están en vías de cumplimiento’’, reiteró.
Mencionó además que han exigido al gobierno estatal y federal la
aprehensión de los policías federales y municipales de Huitzuco. ‘‘Es
una línea que se debe agotar exhaustivamente, y es una línea
importantísima que se debe de investigar; ese es uno de los
pendientes’’.
González Pérez consideró que el tema de las desapariciones no
debe quedar al margen, pese al próximo proceso electoral. ‘‘Es un tema
tan lacerante, en donde el país ha estado exhibido tanto a escala
nacional como internacional; no deben de privar los procesos
electorales, sino los de los derechos humanos; a los familiares que
están aquí y a las familias y su dolor; no sólo de los 43 desaparecidos
de Ayotzinapa, sino los de Coahuila, Querétaro o Sinaloa’’.
Manifestó que en el caso de las desapariciones, ‘‘el Distrito Federal
(sic) no dio información al respecto, lo mismo que Jalisco, y algunos
la dieron parcialmente’’. En relación con la propuesta de que en
Guerrero se declare una emergencia humanitaria, el ombudsman nacional
expresó: ‘‘Creo que más bien se debe exigir a los estados mayor
atención para el respeto a los derechos humanos y evitar las
desapariciones. El caso de Chilapa nos preocupa, a pesar de que hemos
pedido medidas cautelares para evitar más muertes’’.
Finalmente, anunció que se está trabajando con las iglesias, las
universidades, los colectivos, en un proyecto que se denomina Guerrero
es Primero, el cual ‘‘es un trabajo coordinado desde la sociedad civil
para poder apostarle a un territorio sin violación a los derechos
humanos’’.
En el foro participaron el Comité de Padres de Familia de los 43
Estudiantes de Ayotzinapa; el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores
a La Parota; la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias-Policía Comunitaria; el Consejo de Comunidades Damnificadas
de la Montaña, así como el obispo de la diócesis de
Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, y organizaciones no
gubernamentales.
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