‘Fundamental’’, que el Congreso apruebe la ley contra la desaparición forzada
Periódico La Jornada
El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, declaró
que en los años recientes ‘‘la cifra de desaparecidos (en México)
ascendió a 30 mil personas, más los que no son contados por las
estadísticas; estamos hablando de muchos más’’.
Por ello, consideró ‘‘fundamental que (el Congreso de la Unión)
apruebe la ley general contra la desaparición forzada’’. Propuso además
que haya reparación de daño y condiciones para que no ocurran más en el
país.
Jan Jarab participó en el Foro sobre desaparición forzada. Contra el
dolor y el miedo: un grito de esperanza, que se inició este martes en
Chilpancingo organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan. Ahí, todos los participantes coincidieron en la exigencia
de que el Congreso de la Unión apruebe la ley de desaparición forzada.
Grave impunidad
El funcionario de la ONU manifestó que las condiciones de
inseguridad e impunidad que han propiciado esa práctica en la década
reciente ‘‘es uno de los temas más graves –junto con el de las fosas
clandestinas– que tiene en puerta la Organización de las Naciones
Unidas.
Calificó de grave ‘‘el tema de desaparición (tanto) como el del
reciente descubrimiento de fosas clandestinas, de las cuales no existen
registros confiables’’. Señaló que el estado de Guerrero es una entidad
con marcada injerencia en estos temas, en el contexto de cumplirse tres
años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en la ciudad de
Iguala.
En tanto, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, manifestó que Guerrero es una
de las entidades con mayor número de desapariciones en el país y ocupa
el primer lugar en el hallazgo de fosas clandestinas, con 195. Le siguen
los estados de Nuevo León y Veracruz, con 191; Zacatecas, 83; Coahuila,
51; Colima, 35; San Luis Potosí, 34; Durango, 18; Jalisco, 17, y Sonora
con 12.
El ombudsman, quien recordó el referente histórico de
las desapariciones forzadas de los años 70, advirtió: ‘‘No permitiremos
impunidad ni olvido; nuestro objetivo es la justicia’’.
En su turno, Blanca Martínez, representante del Centro Diocesano para
los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de Torreón, Coahuila, habló
del papel de las mujeres, que le ha dado un sello a la búsqueda de los
desaparecidos, y exigió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Coridh) ‘‘que ponga a México bajo la lupa en el tema de las
desapariciones’’.
Santiago Corcuera, ex presidente del Comité contra las Desapariciones
Forzadas de la ONU, recordó que desde 2002 México ratificó en la Coridh
este problema.
Sin embargo, agregó, ‘‘el camino ha sido lento y con tropiezos, ya
que la tipificación de 2001 –como la Coridh nos lo hizo notar en la
sentencia de Rosendo Radilla Pacheco contra México, en 2009– está mal,
ya que los legisladores no pudieron ni siquiera copiar adecuadamente la
definición contenida en la declaración de la ONU de 1992 sobre
desapariciones forzadas’’. Planteó que ahora se debe hablar de hallazgos
efectivos, no de búsquedas que no producen resultados.
A su vez, Ariel Dulitzky, ex miembro del Grupo de Trabajo sobre
Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, consideró que se eligió al
estado de Guerrero ‘‘porque representa la continuidad’’ de ese delito en
México.
‘‘Guerrero es fuente de inspiración, no sólo para México, sino para
toda América Latina. Las luchas se iniciaron en Atoyac, representadas
por Tita Radilla, y después con los padres y madres de familia de los
normalistas de Ayotzinapa, más los otros desaparecidos en esta
entidad.’’
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