Habrían enviado el mensaje con una persona del ejido Candelaria; oficialmente lo niegan

Autoridades ambientales amenazan a tres comunidades de Montes Azules para echarlas

Les dan una semana para salir de las tierras que ocupan; en caso contrario, entrarían policías

Hermann Bellinghausen

Enviado

Periódico La Jornada
Jueves 15 de marzo de 2012, p. 22

San Cristóbal de Las Casas, Chis., 14 de marzo. Autoridades ambientales reiteraron amenazas de desalojo contra las comunidades San Gregorio, Salvador Allende y Ranchería Corozal, en Montes Azules, aunque no lo admiten oficialmente. El director regional, Francisco Javier Jiménez González, y el director de la reserva de la biosfera, Julio César Romi Cortez, ambos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, “mandaron a una persona del ejido Candelaria, quien llegó hasta los tres poblados con la encomienda de dar el recado de estos dos funcionarios diciendo: ‘que los tres pueblos sólo tienen una semana a partir del lunes 12, de aceptar el pago y salirse de las tierras que están ocupando, que de no hacerlo están listas las policías federal y estatales para desalojarlos’”.

Esto lo denunció la Asociación Rural de Interés Colectivo Unión de Uniones Independiente y Democrática (ARIC-UUID), a la que pertenecen esos poblados, ubicados dentro de la llamada zona lacandona, con cuyas autoridades de bienes comunales llegaron a un acuerdo directo, entre comunidades, que ahora los funcionarios pretenden violentar. Se sabe que el gobierno e inversionistas privados planean impulsar proyectos turísticos y otros negocios permitidos por la ley dentro de la selva reservada. Y para eso, las poblaciones indígenas estorban.

Firmada por la presidenta de la ARIC-UUID, Vicenta Méndez Ruiz Salvador Lorenzo, la denuncia expresa: Tras más de 35 años de conflictividad agraria entre los bienes comunales zona lacandona (BCZL) y los tres poblados asentados en terrenos de la zona, llegamos a un acuerdo de conciliación que terminó con el conflicto agrario y el reconocimiento por parte de los BCZL de las posesiones de nuestros tres poblados.

En consecuencia, las autoridades ejidales de la zona lacandona solicitaron a la Secretaría de la Reforma Agraria que, conforme a lo establecido en la ley agraria, en su artículo 93, procediera a expropiar sus terrenos y entregarlos a los hermanos tzeltales y tzotziles de los tres pueblos.

Los dos grupos hemos caminado conjuntamente exigiendo justicia, y hasta el momento sólo hemos encontrado omisiones y amenazas de desalojar a los tres pueblos. La última, refieren, llegó el 11 de marzo.

Ante ésta, violatoria de los artículos 1, 2 y 27 de la Constitución Política, la ARIC-UUID responsabiliza a los secretarios federales de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Reforma Agraria, al comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas, y en general al Estado mexicano, por las acciones que han venido implementado, como las amenazas y las omisiones en las que han incurrido al no dar respuesta a la solicitud de regularización vía la expropiación agraria, conforme a los acuerdos alcanzados.

La organización advierte: No permitiremos un desalojo más, el derecho y la razón nos asisten como pueblos indígenas y conforme a nuestros derechos humanos. Además, les recordamos, somos descendientes y herederos del pueblo maya, que habitó y vivió de estas tierras desde antes de la colonización.