Distrito Federal, Quintana Roo y Veracruz son las entidades con más agresiones a periodistas.
Nayeli Roldán (@nayaroldan)
Así lo documenta el informe “Estado de Censura”, elaborado por Artículo 19, presentado este 24 de marzo. En él se reporta el aumento de agresiones a periodistas en el sexenio de Enrique Peña Nieto con respecto al de Felipe Calderón, cuando se registraba un ataque cada 48.1 horas.
En el Distrito Federal, gobernado por Miguel Ángel Mancera, ocurrieron 85 agresiones, sobre todo en protestas sociales, por lo que encabeza la lista de incidencia en todo el país. Esto significa un aumento de 70% de incidencia para este sexenio, toda vez que con Calderón se registraron 98 ataques en la capital, un promedio de 16.3 por año; pero con Peña ya suman 166 solo en dos años (81 en 2013 y 85 en 2014).
Y es que la administración federal inició con una manifestación en la Ciudad de México
por la toma de protesta como Presidente de Enrique Peña Nieto el 1 de
diciembre de 2012 que dejó heridos, inmuebles destruidos y más de una
centena de detenidos. En los siguientes meses, durante las
movilizaciones que resultaron en vandalismo por parte de un grupo de
autodenominados anarquistas, los periodistas eran agredidos por estos y por policías al documentar los enfrentamientos y detenciones.
En el sexenio de Calderón, Tamaulipas y Chihuahua fueron las
entidades más violentas para la prensa con 58 y 92 agresiones
registradas respectivamente, de las cuales 13 fueron
asesinatos (nueve en Chihuahua y cuatro en Tamaulipas); en contraste,
en los dos años de gobierno de Peña Nieto, suman 13 y 12 las
agresiones, respectivamente, incluido un asesinato por cada estado.
Pero la disminución no necesariamente es una buena señal y se puede
explicar en gran medida por el temor de la prensa a informar acerca de
temas que pongan en riesgo su integridad, “lo que ha generado
una censura —y auto censura— generalizada y, por lo tanto, un efecto
inhibidor en la prensa de estas entidades”, advierte el estudio.
En Quintana Roo, gobernado por Roberto Borge, se registraron 42
agresiones a periodistas en 2014. Es la segunda entidad de mayor
incidencia y con acciones que bien podrían rayar en lo inverosímil. Por
ejemplo, las portadas del semanario Luces del Siglo,
de Cancún, Quintana Roo, una de las publicaciones más destacadas
dedicada a la investigación y una línea editorial crítica hacia el
gobierno de la entidad y los municipios, fueron falsificadas y compartidos por correo electrónico y redes sociales en 38 ocasiones.
Veracruz ocupa el tercer lugar. En la entidad gobernada por Javier Duarte han ocurrido 41 ataques a comunicadores. Uno de ellos fue el asesinato del reportero Gregorio Jiménez.
Y aunque en ocurrieron en otra fecha, no puede olivarse el asesinato de
Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso y más
recientemente, la muerte de Moisés Sánchez, periodista del municipio de
Medellín. En ningún caso se ha investigado hasta conseguir el castigo a
los responsables.
¿Quiénes son los agresores de periodistas?
Desde 2007 el país atraviesa por una de las crisis de inseguridad más agudas
debido al crimen organizado y la “guerra” emprendida en contra de los
cárteles de la droga por el ex presidente Felipe Calderón, pero la mayoría de las agresiones contra periodistas reportadas durante 2014, provienen del poder y no de los criminales.
El diagnóstico revela que del total de ataques, 156 provienen de funcionarios públicos, en 86 casos se desconoce al agresor; 56 fueron por parte de particulares; 11 por una organización sindical; 8 por el crimen organizado y el resto por fuerzas partidistas, medios de comunicación y organizaciones sociales.
Aunque México existen leyes, programas, una fiscalía lo que lo convierte en uno de los sistemas más robustos de protección de todo el mundo, las agresiones a la prensa continúa en aumento. “La pregunta obvia es ¿por qué? La respuesta obvia sigue siendo la misma: la total impunidad de quienes actúan contra la prensa”, afirma Darío Ramírez, director de Artículo 19, oficina para México y Centroamérica.
Esto se explica con datos duros, pues a cinco años de haber sido creada la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)
—antes Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra
Periodistas (FEADP)—, “el Estado mexicano aún está en deuda respecto de
su obligación de prevenir y proteger a quienes llevan a cabo
actividades periodísticas”, dice Artículo 19.
“Dos casos emblemáticos de la poca efectividad de la FEADLE son el de la periodista y activista Lydia Cacho, y el de los periodistas agredidos por policías del Distrito Federal en contextos de protesta social”, señala el diagnóstico.
En 2014 se reportaron ocho casos ante la Fiscalía, frente a los 10 y
nueve reingresos que hubo en 2012 y 2013, respectivamente. Un aspecto
preocupante es el atraso en la atención de los casos,
pues mientras en 2013 reportó un rezago de 66 averiguaciones, para 2014
el número creció a 121, lo que significa un aumento de 183 por ciento
en el rezago.
Sin embargo, el presupuesto sí creció. Pasó de 3
millones en 2012, a 38 millones 84 mil pesos para 2013 y 39 millones 13
mil pesos en 2014. Pero la distribución del recurso privilegió la
nómina, al dedicar 24 millones 354 mil pesos a “servicios personales”,
mientras que a “servicios generales” correspondieron 13 millones 620
mil pesos.
Los agredidos
Goyo documentaba la violencia en Veracruz
Gregorio Jiménez, Goyo como le decían, era reportero en Villa Allende,
Coatzacoalcos, y enviaba notas a los periódicos locales El Liberal del
Sur, NotiSur y La Red sobre la violencia en esa región, en particular
los secuestros. Ganaba 20 pesos por cada texto.
A fines de octubre de 2013, Gregorio fue amenazado por la publicación de una de sus notas.
La dueña de un bar donde se habían cometido varios crímenes se molestó
porque los voceadores anunciaban la nota afuera del lugar. Un mes
después, el reportero reveló el nombre de una conocida restaurantera
de Coatzacoalcos a quien la policía le había asegurado una “casa de
seguridad” para personas secuestradas, entre ellas, migrantes que
tuvieron que transitar forzosamente por la región.
Goyo fue secuestrado por un comando y seis días después fue encontrado sin vida
en una fosa en la que también se encontraba el cuerpo de Ernesto Ruiz
Guillén, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en
Coatzacoalcos, cuyo secuestro había sido denunciado por el
fotorreportero el 21 de enero.
Fue el quinceavo periodista asesinado en Veracruz en los últimos 11
años, el décimo en la administración del gobernador Javier Duarte y el
quinto en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Artículo 19 advierte que la investigación sobre este
homicidio, como la del resto de los periodistas asesinados en Veracruz,
ha estado plagada de irregularidades o desaciertos. Existe una
pretensión de desvincular el ejercicio periodístico de las víctimas con
el móvil de los crímenes; las autoridades estatales incluso han llegado
a señalar que los comunicadores tenían nexos con el crimen organizado o
que se trató de móviles pasionales, como lo hicieron con Regina
Martínez.
Edwin Canché, el corresponsal golpeado por documentar
El 1 de enero de 2014, Almícar Couoh, menor de
edad y sobrino del alcalde de Seyé, Yucatán, aún ebrio por el festejo
de año nuevo, condujo la camioneta de su padre, chocando contra el muro
de piedra que protegía el patio de la familia Madera Pech.
Para evitar que el culpable lograra deslindarse de los daños, Amada Pech, habitante del inmueble, buscó a Edwin Canché, corresponsal de del Diario de Yucatán en Seyé, un municipio indígena a 36 kilómetros de Mérida, capital del estado.
Al llegar al lugar tomó fotografías, pero casi de inmediato
cuatro policías y el director de seguridad municipal lo hostigaron y se
lo llevaron al palacio municipal en una patrulla. En el lugar,
los uniformados recibieron la orden del munícipe Ermilo Dzul Huchim:
“Ya estoy hasta la madre, me tienen cansados de que estén criticando mi
administración. Rómpanle la madre”. El resultado: lesiones en las costillas y una contusión en la cabeza.
Debido a la protesta de los habitantes, el presidente municipal liberó a Edwin y le devolvieron sus pertenencias pero borraron las fotos que había tomado.
Permaneció retenido durante una hora. El reportero interpuso una
denuncia ante la Procuraduría de Yucatán y el caso fue atraído por la
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la
Libertad de Expresión (FEADLE).
Aunque en mayo de 2014 el Juzgado Quinto de Distrito ordenó la
aprehensión de los cinco agresores por los delitos de abuso de
autoridad y lesiones, al ser no graves consiguieron la libertad con
fianzas de entre 7 mil 400 y 8 mil 333 pesos cada uno. El argumento del
juez para no imputarles delitos graves, fue que Edwin nunca acreditó su calidad de periodista.
Los abogados de Edwin interpusieron un amparo ante un tribunal de
apelación en Campeche, y solicitaron que se reclasifiquen los delitos y
se tome en cuenta la calidad de periodista de la víctima. Por tratarse
de un tema relevante para la libertad de expresión,
Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
anunció el pasado 25 de febrero que analizará el caso para su posible
atracción.
Pedro Canché, el periodista que retó al gobernador
El periodista Pedro Canché fue detenido el pasado 30 de agosto de 2014.
Pedro Canché es periodista maya en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. El único que dio a conocer la represión de los ciudadanos mayas de su comunidad,
que protestaban contra los altos cobros de la Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado (CAPA), órgano dependiente de la administración
estatal.
Canché produjo y difundió un video en redes sociales donde criticaba el desempeño de Roberto Borge
y lo retaba a debatir públicamente por su falta de sensibilidad para
atender las denuncias ciudadanas de su localidad. La respuesta fue una
campaña de desprestigio y hostigamiento en redes sociales por parte de
personajes cercanos al gobernador.
El 30 de agosto de 2014 fue encarcelado y acusado falsamente de sabotaje por el gobierno de la entidad, encabezado por Roberto Borge. Además advierten que Canché no era periodista por el hecho de que no publicaba en un medio de comunicación acreditado ante el gobierno estatal.
Canché permanece en la cárcel y desde ahí ha enviado su testimonio a la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
pero el gobierno estatal ha intentado por cualquier medio acallar su
voz. Exigió a las autoridades de la prisión de Carrillo Puerto que le
quitaran todo objeto con el que Pedro pudiera escribir, pero la orden
fue desechada, debido a que el reglamento permite a los presos la
posesión de hojas de papel, plumas o lápices.
Esta es una muestra más de que “el gobierno de Roberto Borge es
represor de la libre expresión. El mensaje es incisivo: en su entidad
se castiga a quienes publican información incómoda, crítica. En
Quintana Roo, las voces que disienten son ahogadas; con ello se busca
el control político de la sociedad”.
Noreste de Sinaloa bajo ataque
El
director general del periódico Noroeste Adrian Lopez Ortiz, fue baleado
en la madrugada mientras era despojado de su vehículo.
Desde que Mario López Valdez asumió la gubernatura de Sinaloa, el 1 de enero de 2011, el periódico Noroeste ha sido el medio de comunicación que más agresiones ha recibido en esa entidad, advierte Artículo 19.
Durante la medianoche del miércoles 2 de abril de 2014, su director, Adrián López Ortiz, fue asaltado, golpeado y herido
por una bala en una pierna. Lo agredieron cuando se dirigía a su casa,
procedente del aeropuerto de Culiacán, luego de arribar en un vuelo
comercial de la Ciudad de México, donde también viajaba el gobernador
Mario López Valdez, cuya administración ha sido fuertemente cuestionada
por Noroeste.
A la fecha, han sido registrados 47 incidentes de seguridad en ese lapso: robos, despojos, agresiones físicas, amenazas y asaltos, en los que el personal y equipo de trabajo del diario sufrieron daños.
En materia de agresiones a la libertad de expresión, según la
documentación de Artículo 19, Sinaloa es la décima entidad nacional con
más ataques en siete años. Suma por lo menos 67 casos, 32 en el
gobierno de Mario López Valdez, de los cuales 22 han sido acciones
dirigidas a Noroeste. A esta cifra hay que sumar las decenas de
incidentes de seguridad contra este periódico, en los que han sido
atacados tanto instalaciones como trabajadores no involucrados en la
labor periodística.
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