Juan Carlos Flores
Corresponsal
Periódico La JornadaSábado 25 de julio de 2015, p. 25
Colima, Col.
La tarde de ese día, autoridades del gobierno colimense detuvieron a
los ejidatarios por irrumpir y paralizar labores de la minera Peña
Colorada ubicada en el municipio de Minatitilán.
Unas 300 personas se presentaron en las instalaciones de la empresa
en reclamo de un pago de regalías por la renta de mil 200 hectáreas del
ejido Ayotitlán, del municipio de Cuautitlán de García Barragán,
Jalisco.
Los detenidos fueron acusados de despojo, privación ilegal de la
libertad y daños a propiedad ajena y enfrentan penas hasta de 40 años
de prisión.
Los
indígenas ingresaron a ver a los detenidos pero no quisieron dar una
declaración a los medios, hasta que llegara su abogado, el cual no se
presentó.
A su vez, Roberto Chapula de la Mora, presidente de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos informó que se levantó una queja de oficio
por los hechos ocurridos en Peña Colorada, e iniciarán una
investigación para deslindar responsabilidades.
De la Mora destacó que la protesta social es válida, pero se debe ejercer sin afectar a terceros; sin embargo,
está no fue una rebelión indígena, hay brotes en todo el país; por ejemplo, en Ostula están queriendo recuperar sus costumbres y sus riquezas naturales y hay que respetar.
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