04/11/2015

Exigen liberación de activista veracruzana; protestaba para exigir instalación de sistema de drenajes y pavimentación


    
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detención activista, Veracruz, PEMEX
 
(04 de noviembre, 2015.Revolución TRESPUNTOCERO).- Integrantes de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCYP) -la cual tiene presencia en 23 estados de la República- denunciaron los actos de hostigamiento y persecución que el gobierno del estado de Veracruz ha emprendido en contra de los dirigentes de la COCYP. De manera particular condenaron el último acto de “represión” que se ha registrado: la detención de la activista María Salomé Ortega Hernández, dirigente de este organismo en el municipio de Gutiérrez Zamora, Veracruz.
Los miembros de la COCYP demandaron la libertad inmediata de Salomé Ortega. Aseguraron que las acusaciones vertidas contra la activista no tienen sustento, por lo que su aprehensión, afirmaron, se configura como un acto más a través del cual el gobierno busca desarticular al organismo,  impedir su crecimiento y acallar sus protestas.
José Jacobo Femat, presidente de la COCYP, detalló que Ortega Hernández fue detenida el pasado 27 de octubre, luego de participar en el cierre simbólico de un pozo petrolero localizado en la comunidad de Rafael Valenzuela, del municipio de Gutiérrez Zamora, Veracruz.
El líder de la Central que agrupa a diversas organizaciones explicó que a Salomé Ortega se le acusa de ser la responsable del derrame del pozo petrolero La Macarena, en donde la dirigente con un grupo de personas realizó la protesta antes citada. Sin embargó, apuntó, el cierre simbólico del pozo se realizó diez horas antes de que se suscitara el derrame.
Esta protesta pacífica, explicó el dirigente, se realizó como medida para exigir que Petróleos Mexicanos (Pemex), así como los gobiernos estatal y municipal, cumplieran los compromisos firmados, los cuales consisten en introducir sistema de drenaje a la comunidad y la pavimentación de diversas vialidades. Este acuerdo se signó debido a que Pemex utiliza las calles de esta comunidad para realizar sus labores de explotación.
“Hemos estado apoyando a diversas regiones del norte de Veracruz para que puedan tener servicios públicos que no han tenido, esto a pesar que ha habido acuerdos con las autoridades municipales, el gobierno estatal y Pemex, que utiliza las calles, las avenidas de los pueblos para la extracción del petróleo en los pozos profundos que tiene la región.
“(A Salomé) se le acusa de un derrame petrolero del pozo La Macarena, que está en esa comunidad, sin embargo, lo que podemos decir es que la gente ha sido muy responsable en la conducción del movimiento y ha evitado daños ecológicos a su propia comunidad, y evidentemente ha tomado precauciones para no generar problemas mayores”, señaló.
El dirigente añadió que desde la detención el pasado 27 de octubre, han existido agravios en contra de la defensora. Detalló que Salomé Ortega fue sacada de su casa e inmediatamente el día siguiente (28 de octubre) fue trasladada al penal de máxima seguridad en Nayarit. De igual forma denunció  que la activista se encuentra en malas condiciones de salud, debido, entre otras cosas, a que hace un mes dio a luz y no se le han brindado las medidas necesarias.
“Al día siguiente la compañera fue trasladada al penal de máxima seguridad de Nayarit. Ella tuvo un niño hace un mes, fue operada para ello (sin embargo)  tiene problemas por eso, está enferma y así fue trasladada al penal de Nayarit como si fuera una persona peligrosa, como si estuviera en el crimen organizado.
La acusación a Salomé es por daños ecológicos, supuestamente porque nosotros provocamos el derrame lo cual no es así. Hay evidencia de que incluso se le informó a la prensa que nos retirábamos, y diez horas después (de retirarnos) se derrama el pozo y nos acusan (…) hay evidencias fotográficas en la prensa en donde incluso dicen ‘la COCYP abandona la comunidad de Rafael Valenzuela’, porque decidimos no llegar al extremos, y sin embargo, diez horas después se da el derrame petrolero y acusan a la compañera”, apuntó.
Jacobo Femat reiteró que no existe evidencia fehaciente que pueda incriminar a Salomé del delito que se le acusa. Expresó su indignación de que el gobierno tenga que actuar de esta forma para tratar de callar a las organizaciones que alzan la voz.
“En realidad no hay sustento que ella haya cometido una violación a la ley, que no sea el ejercer su derecho plenamente a la manifestación para hacer valer los compromisos que habían firmado previamente con el gobierno estatal, municipal, y con Pemex para la introducción de la red de drenaje, y la repavimentación de las carreteras de acceso, y las calles del poblado. Eso es lo que pasa. Nos duele que sea el gobierno el que actúe  de una manera mañosa, tramposa y que esté buscando enlodar el nombre de la compañera y de otras dirigentes del movimiento en la comunidad de Rafael Valenzuela, en el municipio de Gutiérrez Zamora”, manifestó.
En Veracruz, clima de represión
El dirigente de la COCYP demandó que la detención de Salomé Ortega se suma a una serie de acciones que se han cometido en contra de esta asociación y que buscan inhibir su lucha.
Dijo que desde el gobierno de Fidel Herrera, se ha observado una campaña de ataque constante contra la COCYP, la cual ha dejado asesinatos de varios integrantes de esta asociación.
“En Veracruz, la asociación ha tenido muchas situaciones graves. Hemos tenido intentos de asesinato. Hemos tenido detenciones, y divisiones fraguadas desde el poder, de los gobiernos, tanto de Fidel Herrera, como el actual.  Esto ha sido en función de delimitar nuestra fuerza, de evitar que crezcamos, y que nuestras luchas tengan efectos positivos”, dijo.
En este sentido, añadió que en este momento existen sendas órdenes de aprehensión en contra de cuatro dirigentes de la región de Gutiérrez Zamora, Veracruz. Señaló que están acusados, al igual que Ortega Hernández, de daño ecológico.
“Hay otros cuatro compañeros amenazados; tienen orden de aprehensión, son dirigentes locales de la organización (…) A Salomé la sacaron de su casa. La mandaron de Veracruz a Nayarit. Se le detiene porque es una de las dirigentes. Es incluso Agente Municipal de la comunidad. Ella fue electa popularmente por voto de toda la población y (su detención) es una estrategia que se utiliza contra las organizaciones que nos expresamos”, dijo.

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