Anabel Hernández
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Señor director:
A través de esta carta quiero hacer la pública la agresión que sufrí el pasado miércoles 4 en mi domicilio de la Ciudad de México en el contexto de mi actividad como periodista de investigación.
Tengo 20 años ejerciendo el periodismo y durante los últimos cinco, en represalia por mi trabajo –enfocado en temas de corrupción, abuso de poder y crimen organizado–, yo y mi familia hemos sido blanco de agresiones y actos de intimidación. En al menos tres ocasiones han participado personas armadas.
Todos estos hechos los he denunciado formal y oportunamente ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (FSP/B/T2/2671/10-12), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH/5/2010/6756/Q) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República (A.P.045/FEADLE/2011 y A.P. 179/FEADLE/2013).
En ninguno de los expedientes abiertos por la FEADLE ha habido avances que lleven al esclarecimiento de los hechos y la detención de los responsables, pese a la Recomendación General No. 20 sobre “agravios a periodistas y la impunidad imperante” emitida el 19 de agosto de 2013 por la CNDH. Respecto a mi caso específico, marcado con la clave V 146, este organismo señaló la ineficiencia y negligencia de las autoridades en las investigaciones de los actos de represalia que he sufrido a consecuencia de mi trabajo de periodismo de investigación.
El 21 de diciembre de 2013 un grupo de al menos 11 hombres armados, que dijeron ser de la Policía Federal y Zetas, tomó control de la calle donde vivo, en la zona conurbada del Distrito Federal. Irrumpieron en el conjunto habitacional, amagaron a mis vecinos con armas para preguntarles cuál era mi domicilio y entraron violentamente a mi casa.
Yo no estaba en ese momento ahí pero en la acción se llevaron y golpearon a uno de mis escoltas, al que abandonaron a varios kilómetros de distancia. Si bien la FEADLE cuenta desde ese día con videos, retratos hablados, testimonios y elementos para realizar una investigación, hasta ahora no hay ninguna persona detenida.
Debido a este tipo de agresiones, la última evaluación aplicada en 2014 por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodismo de la Secretaría de Gobernación determinó que mi situación es de “riesgo extraordinario”.
Como los agresores se encuentran impunes y el riesgo es inminente, en agosto de 2014 me vi obligada a buscar alternativas para poner a salvo a mi familia y lograr condiciones de seguridad para continuar con mi labor periodística. Actualmente me encuentro en Estados Unidos, colaboro con el Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California y alterno mi estancia en México conforme a mis necesidades de trabajo y seguridad.
La agresión del miércoles 4 fue perpetrada a plena luz del día. Mi domicilio fue violentado por un grupo de al menos cuatro personas que viajaban en un vehículo de modelo reciente: el conductor, una mujer y otros dos hombres.
Pese a que notaron la presencia de cámaras de seguridad, la mujer y los dos últimos sujetos allanaron el conjunto habitacional donde vivo y dejaron sus rostros visibles. Aunque permanecieron largo tiempo en mi domicilio, no se robaron ningún objeto de valor material.
Este incidente ocurre en el marco de la investigación periodística que realizo desde noviembre de 2014 sobre el ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, perpetrado el 26 de septiembre de 2014, y la desaparición de 43 de ellos.
Como producto de esa investigación, del 14 diciembre de 2014 al 25 de octubre pasado he publicado en la revista Proceso, Univisión, Telemundo y The Huffington Post una serie de reportajes que implican a instituciones de seguridad e inteligencia del gobierno de México en los ataques contra los normalistas, ya sea de manera activa o presencial.
Asimismo, con base en peritajes médicos de la propia PGR, revelé que fueron torturados y/o golpeados la mayoría de los detenidos acusados por el ataque y desaparición de los estudiantes. Todo esto ha contradicho la llamada “verdad histórica” en torno al caso construida por la PGR (Proceso números 1989, 1990, 1996, 2015, 2027, 2028, 2029 y 2034, entre otros).
También me encuentro realizando la investigación periodística sobre la fuga de Joaquín Guzmán Loera del Cefereso No. 1 ocurrida el 11 de julio de este año. El reportaje, publicado en agosto pasado, reveló información que la Segob ocultó acerca de la huida, como la existencia del video con audio en el que antes y durante la evasión de Guzmán Loera se escuchan golpes de metal contra el cemento, sin que ningún funcionario impida que se concrete el escape.
El capo gozaba de un trato privilegiado en la prisión del Altiplano desde varios meses antes de la fuga, y al menos desde marzo el gobierno de México tenía información de que empleados de Guzmán Loera querían conseguir los planos del penal. También he mencionado el presunto involucramiento de autoridades de la Policía Federal y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el plan de evasión.
Por la agresión del miércoles 4 la FEADLE abrió la averiguación previa AP/120/FEADLE/2015. Me consta que las autoridades tienen informacion importante para detener a los agresores, así como esclarecer el móvil de la agresión y la magnitud de ésta, pero hasta ahora la Fiscalía no tiene ningún avance en tal sentido.
De entrada, no se emprendieron acciones inmediatas, elementales en cualquier investigación de esta naturaleza, para obtener y preservar evidencias, no se ha tomado en cuenta el contexto de las investigaciones que estoy realizando ni las agresiones anteriores, y tampoco se han revisado los expedientes de 2011 y 2013 que tiene la FEADLE. Todos estos elementos de juicio provienen de la información que me fue proporcionada por la propia Fiscalía.
De hecho, me comuniqué directamente con Ricardo Nájera, titular de la FEADLE, quien el 12 de noviembre último me confirmó que no han avanzado en las investigaciones. Con una actitud lejana a la de un funcionario responsable de atender a víctimas del delito, el fiscal me advirtió que yo debía confiar en que estaban haciendo su trabajo, lo cual él mismo aceptó no haber hecho, y sentenció que me darán la “verdad histórica” de lo que pasó en mi casa.
Esta frase alude de manera inequívoca a la “verdad histórica” de la PGR sobre el caso de los normalistas, la cual he cuestionado en mi trabajo de investigación. Me preocupa que este mensaje del fiscal responsable de resolver los casos de agravios a periodistas signifique que usa su cargo para tomar revancha contra las publicaciones que le incomodan a él o la dependencia donde trabaja. Esta actitud representa claramente un contrasentido en el trabajo de servidor público.
Sin la posibilidad de conocer la magnitud o gravedad de lo ocurrido, las hipótesis sobre el móvil ni las diligencias practicadas, me es imposible tomar las medidas de seguridad para salvaguardar mi integridad y la de mi familia.
En México los crímenes contra periodistas son una brutal realidad; más de cien de ellos han sido asesinados en la última década y la mayoría de los casos siguen impunes. Tan sólo en lo que va de 2015 han ocurrido los homicidios de siete periodistas: Rubén Espinosa, Gerardo Nieto, Armando Saldaña, Abel Manuel Bautista, Filadelfo Sánchez, Juan Mendoza y Moisés Sánchez.
El miércoles 18 solicité a la procuradora general de la República, Areli Gómez González, así como a otras dependencias del gobierno federal, que cumplan con su trabajo de manera imparcial, se haga una investigación rápida y eficaz para esclarecer los hechos y se sancione a los responsables.
Durante mucho tiempo he luchado por no ser un número en la lista de periodistas asesinados. Las agresiones que he sufrido a lo largo de cinco años han afectado mi vida y la de mi familia por completo. Pese a eso, no voy a abandonar las investigaciones que estoy realizando porque son asuntos de interés público sobre los que la sociedad merece estar informada.
Atentamente
Anabel Hernández
A través de esta carta quiero hacer la pública la agresión que sufrí el pasado miércoles 4 en mi domicilio de la Ciudad de México en el contexto de mi actividad como periodista de investigación.
Tengo 20 años ejerciendo el periodismo y durante los últimos cinco, en represalia por mi trabajo –enfocado en temas de corrupción, abuso de poder y crimen organizado–, yo y mi familia hemos sido blanco de agresiones y actos de intimidación. En al menos tres ocasiones han participado personas armadas.
Todos estos hechos los he denunciado formal y oportunamente ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (FSP/B/T2/2671/10-12), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH/5/2010/6756/Q) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República (A.P.045/FEADLE/2011 y A.P. 179/FEADLE/2013).
En ninguno de los expedientes abiertos por la FEADLE ha habido avances que lleven al esclarecimiento de los hechos y la detención de los responsables, pese a la Recomendación General No. 20 sobre “agravios a periodistas y la impunidad imperante” emitida el 19 de agosto de 2013 por la CNDH. Respecto a mi caso específico, marcado con la clave V 146, este organismo señaló la ineficiencia y negligencia de las autoridades en las investigaciones de los actos de represalia que he sufrido a consecuencia de mi trabajo de periodismo de investigación.
El 21 de diciembre de 2013 un grupo de al menos 11 hombres armados, que dijeron ser de la Policía Federal y Zetas, tomó control de la calle donde vivo, en la zona conurbada del Distrito Federal. Irrumpieron en el conjunto habitacional, amagaron a mis vecinos con armas para preguntarles cuál era mi domicilio y entraron violentamente a mi casa.
Yo no estaba en ese momento ahí pero en la acción se llevaron y golpearon a uno de mis escoltas, al que abandonaron a varios kilómetros de distancia. Si bien la FEADLE cuenta desde ese día con videos, retratos hablados, testimonios y elementos para realizar una investigación, hasta ahora no hay ninguna persona detenida.
Debido a este tipo de agresiones, la última evaluación aplicada en 2014 por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodismo de la Secretaría de Gobernación determinó que mi situación es de “riesgo extraordinario”.
Como los agresores se encuentran impunes y el riesgo es inminente, en agosto de 2014 me vi obligada a buscar alternativas para poner a salvo a mi familia y lograr condiciones de seguridad para continuar con mi labor periodística. Actualmente me encuentro en Estados Unidos, colaboro con el Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California y alterno mi estancia en México conforme a mis necesidades de trabajo y seguridad.
La agresión del miércoles 4 fue perpetrada a plena luz del día. Mi domicilio fue violentado por un grupo de al menos cuatro personas que viajaban en un vehículo de modelo reciente: el conductor, una mujer y otros dos hombres.
Pese a que notaron la presencia de cámaras de seguridad, la mujer y los dos últimos sujetos allanaron el conjunto habitacional donde vivo y dejaron sus rostros visibles. Aunque permanecieron largo tiempo en mi domicilio, no se robaron ningún objeto de valor material.
Este incidente ocurre en el marco de la investigación periodística que realizo desde noviembre de 2014 sobre el ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, perpetrado el 26 de septiembre de 2014, y la desaparición de 43 de ellos.
Como producto de esa investigación, del 14 diciembre de 2014 al 25 de octubre pasado he publicado en la revista Proceso, Univisión, Telemundo y The Huffington Post una serie de reportajes que implican a instituciones de seguridad e inteligencia del gobierno de México en los ataques contra los normalistas, ya sea de manera activa o presencial.
Asimismo, con base en peritajes médicos de la propia PGR, revelé que fueron torturados y/o golpeados la mayoría de los detenidos acusados por el ataque y desaparición de los estudiantes. Todo esto ha contradicho la llamada “verdad histórica” en torno al caso construida por la PGR (Proceso números 1989, 1990, 1996, 2015, 2027, 2028, 2029 y 2034, entre otros).
También me encuentro realizando la investigación periodística sobre la fuga de Joaquín Guzmán Loera del Cefereso No. 1 ocurrida el 11 de julio de este año. El reportaje, publicado en agosto pasado, reveló información que la Segob ocultó acerca de la huida, como la existencia del video con audio en el que antes y durante la evasión de Guzmán Loera se escuchan golpes de metal contra el cemento, sin que ningún funcionario impida que se concrete el escape.
El capo gozaba de un trato privilegiado en la prisión del Altiplano desde varios meses antes de la fuga, y al menos desde marzo el gobierno de México tenía información de que empleados de Guzmán Loera querían conseguir los planos del penal. También he mencionado el presunto involucramiento de autoridades de la Policía Federal y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el plan de evasión.
Por la agresión del miércoles 4 la FEADLE abrió la averiguación previa AP/120/FEADLE/2015. Me consta que las autoridades tienen informacion importante para detener a los agresores, así como esclarecer el móvil de la agresión y la magnitud de ésta, pero hasta ahora la Fiscalía no tiene ningún avance en tal sentido.
De entrada, no se emprendieron acciones inmediatas, elementales en cualquier investigación de esta naturaleza, para obtener y preservar evidencias, no se ha tomado en cuenta el contexto de las investigaciones que estoy realizando ni las agresiones anteriores, y tampoco se han revisado los expedientes de 2011 y 2013 que tiene la FEADLE. Todos estos elementos de juicio provienen de la información que me fue proporcionada por la propia Fiscalía.
De hecho, me comuniqué directamente con Ricardo Nájera, titular de la FEADLE, quien el 12 de noviembre último me confirmó que no han avanzado en las investigaciones. Con una actitud lejana a la de un funcionario responsable de atender a víctimas del delito, el fiscal me advirtió que yo debía confiar en que estaban haciendo su trabajo, lo cual él mismo aceptó no haber hecho, y sentenció que me darán la “verdad histórica” de lo que pasó en mi casa.
Esta frase alude de manera inequívoca a la “verdad histórica” de la PGR sobre el caso de los normalistas, la cual he cuestionado en mi trabajo de investigación. Me preocupa que este mensaje del fiscal responsable de resolver los casos de agravios a periodistas signifique que usa su cargo para tomar revancha contra las publicaciones que le incomodan a él o la dependencia donde trabaja. Esta actitud representa claramente un contrasentido en el trabajo de servidor público.
Sin la posibilidad de conocer la magnitud o gravedad de lo ocurrido, las hipótesis sobre el móvil ni las diligencias practicadas, me es imposible tomar las medidas de seguridad para salvaguardar mi integridad y la de mi familia.
En México los crímenes contra periodistas son una brutal realidad; más de cien de ellos han sido asesinados en la última década y la mayoría de los casos siguen impunes. Tan sólo en lo que va de 2015 han ocurrido los homicidios de siete periodistas: Rubén Espinosa, Gerardo Nieto, Armando Saldaña, Abel Manuel Bautista, Filadelfo Sánchez, Juan Mendoza y Moisés Sánchez.
El miércoles 18 solicité a la procuradora general de la República, Areli Gómez González, así como a otras dependencias del gobierno federal, que cumplan con su trabajo de manera imparcial, se haga una investigación rápida y eficaz para esclarecer los hechos y se sancione a los responsables.
Durante mucho tiempo he luchado por no ser un número en la lista de periodistas asesinados. Las agresiones que he sufrido a lo largo de cinco años han afectado mi vida y la de mi familia por completo. Pese a eso, no voy a abandonar las investigaciones que estoy realizando porque son asuntos de interés público sobre los que la sociedad merece estar informada.
Atentamente
Anabel Hernández
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