María
Herrera Magdaleno, madre de tres jóvenes desaparecidos, busca derribar
una barrera para que las víctimas mexicanas puedan acceder a un
mecanismo internacional que les ayude en sus casos.
19 nov 2018
Madre de familia inicia lucha legal para que la ONU pueda investigar desapariciones en México
Las desapariciones son generalizadas en México e impera la impunidad: Comité de la ONU
Se
mantienen "obstáculos estructurales para el acceso a la verdad, a la
justicia y a la reparación integral", concluyó sobre México el Comité de
las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas.
14 nov 2018
Una comunidad de casi 2 mil personas huye por la violencia en Chiapas
El
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas informó que
nunca antes habían tenido un éxodo de esta magnitud y que el poblado de
Chavajeval vive una crisis humanitaria urgente, pues estas personas
requieren un lugar seguro en el cual resguardarse, alimentos y atención
médica. Foto Cuartoscuro
Claudia Altamirano (@claualtamirano)
noviembre 14 2018
El pasado 7 de noviembre se celebraba una asamblea comunitaria en el
pueblo de Chavajeval, del municipio El Bosque, en Chiapas. Se escuchó
una detonación, luego varios disparos. El recuerdo de una emboscada
ocurrida dos semanas antes, en la que dos hombres fueron asesinados,
provocó que los asistentes huyeran buscando refugio, pero no en sus
casas sino fuera de la comunidad: la población completa salió de ahí,
dejando el sitio como un pueblo fantasma.
Unas mil 800 personas pasaron esa noche moviéndose hacia la montaña,
buscando senderos hacia la cabecera municipal de El Bosque, donde
pudieran estar seguros. El rumor del éxodo y de la violencia que lo
provocó llegó hasta los sacerdotes Manuel Pérez y Helder López, quienes
acudieron a Chavajeval y se encontraron con un pueblo semidesierto, en
el que todavía estaba un cuerpo en avanzado estado de descomposición,
sin algunas partes que ya habían sido devoradas por animales.
De acuerdo con López Velasco, a su paso hallaron también algunas
familias que permanecieron ocultas en el pueblo y no habían salido en
tres días ante el temor de otro ataque armado. Una persona dijo haber
estado cuatro días sin comer. En otro punto hallaron a una mujer de 110
años que estaba perdida tras la partida de toda la comunidad. Los
clérigos se los llevaron a la cabecera municipal para ofrecerles
atención médica y refugio. Este desplazamiento forzado se suma a otros
que están ocurriendo en Chiapas, producto de ataques armados que los
campesinos no pueden repeler.
“Hasta ahorita no hay claridad, dicen que ya están investigando pero
todavía no hay nada. La comunidad andaba investigando sobre la muerte de
estas dos personas y surgieron disparos por varias partes. Ahí fue
donde toda la comunidad se dispersó y se fue por miedo. No saben quién
les dispara, por eso salen por miedo”, dijo el padre Helder López a Animal Político vía telefónica.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas estima que
son mil 764 los indígenas tzotziles que huyeron del poblado, aunque el
padre calcula más de dos mil. Casi ninguno habla español, según el
párroco, y nunca antes habían tenido un éxodo de esta magnitud, en el
que todo el pueblo huyera de una sola vez. Por ello, el Fray consideró
que el poblado de Chavajeval vive una crisis humanitaria urgente, pues
estas personas requieren un lugar seguro en el cual resguardarse,
alimentos, atención médica y medicinas.
La crisis también ha fragmentado temporalmente a las familias, pues
los desplazamientos dispersos hacia comunidades de los municipios de
Chalchihuitán, Simojovel y San Cristóbal de Las Casas provocaron la
separación de grupos familiares que se encuentran buscándose entre sí,
advierte el Fray.En una acción urgente publicada este martes, la
organización relata que el pasado lunes acudió a la zona para conocer la
situación y constató que en las montañas continúan cerca de 500
personas desplazadas, “sin abrigo, techo, ni medicamentos, en su mayoría
son mujeres con sus hijas e hijos”, refiere el comunicado. De esas
mujeres, agrega, cuatro estaban embarazadas al momento de huir y una ya
tuvo el parto en la montaña. También están dos niños solos y dos
personas de 80 años.
En cambio, el pueblo de Chavajeval no tiene actividad humana desde
hace días, según el Fray. “Las casas se encuentran abandonadas sin daño
alguno, en los corrales algunos animales han muerto pero no hay
saqueos”, refiere el texto.
Este desplazamiento masivo ocurre al mismo tiempo que otros
registrados en meses recientes en los Altos de Chiapas, zona
predominantemente indígena y de origen tzotzil. El más reciente es el
del municipio de Aldama, de donde han salido unas 780 personas ante el temor de ser baleados por paramilitares que les disputan un territorio cafetalero y les disparan apenas salen a cosechar su café.
Tanto el Centro Fray como el sacerdote han urgido al gobierno estatal
a intervenir para cesar los ataques armados de paramilitares,
autodefensas y el crimen organizado contra los pueblos indígenas, que al
no poder defenderse abandonan sus pueblos y todo lo que tenían en
ellos.
De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en 2016 se registraron 29 episodios de desplazamiento interno masivo en
México, 20 de los cuales fueron causados por la violencia. La mayor
parte ocurren en 12 entidades del país: Chiapas, Chihuahua, Durango,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas,
Veracruz y Zacatecas.
Estos 108 mexicanos fueron asesinados por defender nuestros bosques y ríos
En
la última década, 82 de 125 defensores de la tierra y el agua víctimas
de homicidio o desaparición han sido de pueblos originarios,
principalmente nahuas, purépechas, rarámuris, triquis y wixárikas
El retrato de Antonio Esteban Cruz
está en la mesa del altar de la casa de Xiloxochil, Cuetzalan, en el
gran bosque de niebla de la Sierra Nororiental de Puebla. Un copal
encendido en un sahumerio se consume ante la imagen del ambientalista
nahua más emblemático en la región.
Su
nieta Soledad se recarga en el marco de la puerta de la pequeña
habitación donde está la foto de su abuelo sonriente, con su sombrero.
Voltea a verlo.
—¿Qué recuerdas de tu abuelo? —le pregunto a la niña de 10 años.
—Cuando lo mataron —su respuesta es instantánea.
Antonio Esteban fue acribillado cuatro años atrás, de cuatro balazos, a orillas del río Apulco,
el que defendió cuando regresaba de hacer su labor en la parcela. Él
fue el dirigente estatal de una organización que frenó el proyecto de la
hidroeléctrica Cuamono, participó en la fundación del Frente Indígena
Campesino de México (FICAM), y explicó en náhuatl a comunidades
monolingües la devastación que provocan los proyectos extractivos.
Su asesinato es parte del listado de 125 crímenes contra luchadores ecologistas en México en la última década: 108 asesinatos, entre éstos de seis mujeres, y 17 desapariciones, entre ellas la de una mujer.
La
lista posee una cifra reveladora: 82 de las 125 víctimas eran
indígenas, 66 por ciento del total; es decir, dos de cada tres casos, de
acuerdo con la base de datos procesada por mexico.com.
Esta
base surgió al cruzar un documento de Global Witness, con otro del
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), y con la tesis de la
investigadora Lucía Velázquez Hernández titulada Defensores ambientales en México y derechos humanos (1995-2015), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otras fuentes.
Pero ninguna de estas investigaciones se enfoca en la condición indígena de las víctimas.
El abogado mixteco Francisco López Bárcenas, autor del libro ¡La Tierra no se vende! Las tierras y los territorios de los pueblos indígenas, se muestra asombrado ante la cifra de 66 por ciento.
“¡Es altísimo!”, dice. “Y es muy probable que esos crímenes lleven en sí mismos una carga racial”.
La población indígena en México es de 12 millones y representa 10 por ciento de la población nacional.
Antonio
Esteban lideraba el Movimiento Independiente Obrero Campesino y
Popular-Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional
(MIOCUP-CNPA-MN). Tras su asesinato en 2014 fue reemplazado por el
abogado nahua Manuel Gaspar Rodríguez, quien recibió amenazas desde que
asumió la dirigencia ese mismo año y también fue ultimado.
Manuel
Gaspar lideró la lucha contra proyectos de minería a cielo abierto,
fracking, hidroeléctricas, la construcción de la subestación eléctrica
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Cuetzalan, y logró la
clausura de un basurero municipal a cielo abierto. Lo mataron con un
arma punzocortante el 14 de mayo de 2018.
Sandino
Rivera, representante legal del MIOCUP, detalla: “semanas antes de que
lo mataran recibió amenazas de muerte y, dos días antes, ambos estuvimos
en un foro hablando contra megaproyectos”.
Erwin
Slim, integrante del Comité de Ordenamiento Territorial Integral de
Cuetzalan —que tiene un reglamento municipal único en el país que
prohíbe el desarrollo de megaproyectos y protege los ecosistemas de sus
168 comunidades—, expone sobre los dos asesinatos: “si Cuetzalan es el municipio más protegido de México
(contra esos megaproyectos), y pasa lo que pasa, cómo estarán de
vulnerables los otros municipios del país que no tienen esta cobertura”.
Tras
el homicidio de Manuel Gaspar, otros dos defensores nahuas opuestos a
hidroeléctricas sufrieron crímenes en Puebla en 2018: Adrián Tihuilit fue asesinado el 1 de junio, en Zacapoaxtla, y Sergio Rivera Hernández fue desaparecido el 23 de agosto en Zoquitlán.
De acuerdo con la base de datos de mexico.com,
el pueblo nahua registra el mayor número de casos a nivel nacional
(45), seguido por el purépecha (19), rarámuri (8), triqui (4), wixárika
(3), y con un caso, los pueblos yaqui, ayuuki, tsotsil y mixteco.
Albino
Limón Hernández es militante del MIOCUP y vive en Xiloxochil. La
localidad nahua está enclavada en la exuberante sierra poblana, de clima
cálido y húmedo, vecina de Veracruz, en la que abundan los árboles de
lima, naranjo, guanábana, plátano, guayaba, piña, pimienta y mamey. Un
paraíso montañoso.
Albino
muestra la lona que se mandó a hacer con las fotografías de Antonio
Esteban y Manuel Gaspar en exigencia de justicia por sus asesinatos
cometidos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Los
conoció a los dos. A Antonio Esteban, un hombre que rozaba los 65 años,
de actitud tranquila y cuerpo forjado por el trabajo agrícola. Y a
Manuel Gaspar, un treintañero moreno, de carácter alegre e impetuoso.
“Fueron compañeros que llevaban años luchando, anduvimos juntos, son nuestro ejemplo”, Albino expresa dolido.
Del
total de 125 crímenes contra defensores, 49 ocurrieron en el gobierno
de Peña Nieto y 76 en el de Felipe Calderón. En el 2011, durante el
sexenio del panista, se registró el mayor número: 30. Le siguió 2017,
bajo el gobierno del priista, con 19. En el último año han ocurrido 14.
El agua o la vida
En
una habitación de la casa de Antonio Esteban, en la localidad serrana
de Cuauhtapanaloyan, Cuetzalan, un mural plasmó al luchador cargando
unas flores de tallo largo. La franja azul pintada en la base de la
pared representó el caudaloso y ancho río Apulco que el nahua defendió
con su vida.
—¿Por qué lo mataron? —pregunto a su hija Antonia Gabriela.
—Por defender el territorio, el agua... —responde sin duda.
La base de mexico.com
revela que en 65 de los 125 crímenes, es decir en la mitad, está
involucrada la defensa del agua. Sea porque las víctimas se oponían a
proyectos mineros, hidroeléctricos, de contaminación industrial o
despojo de líquido. La defensa forestal está en 74. La tenencia de la
tierra en 56.
Cuetzalan
está en el corredor que va de la sierra boscosa poblana a la
veracruzana y es uno de los que reciben más precipitación pluvial en el
país.
En
2013, un año antes del asesinato de Antonio Esteban, la CFE comenzó a
comprar permisos de operación en terrenos de Cuamono y Cuauhtapanaloyan
para echar a andar su proyecto de la hidroeléctrica Cuamono en
Cuetzalan, sin que hubiera la información o la consulta que por derecho
constitucional tienen los pueblos indígenas.
Lo relata Violeta Valdés, del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, creado en honor del luchador.
Las
comunidades se organizaron y se opusieron al considerar que el proyecto
era la avanzada de la megaminería que consume millones de metros
cúbicos de agua. También que anticipaba la extracción de energéticos a
través de la fractura hidráulica o fracking. Este es un método agresivo
de perforación que demanda entre 9 y 29 millones de litros de agua por
pozo, según la Alianza Mexicana contra el Fracking.
La
inconformidad en la zona confluyó en la fundación del citado FICAM el 8
de marzo de 2014, que reunió a luchadores indígenas de 16 estados con
diversas causas, entre ellos a Antonio Esteban, pequeño productor de
pimienta, ya consolidado como un reconocido líder regional.
Violeta
Rodríguez recuerda: “Su papel fue muy importante para la organización y
la cohesión de las comunidades porque él tenía la capacidad de
transmitir en nahua los términos muy técnicos que venían en las
manifestaciones de impacto ambiental de los megaproyectos”.
Narra
que como respuesta a la creación del FICAM vino la criminalización y
detención de líderes, como Enedina Rosas, comisaria ejidal de San Felipe
Xonacayucan, y el intento de acribillamiento a Rodrigo Esteban Mora,
hijo del dirigente, cuando cruzaba el río Apulco.
Antonio
Esteban tomó posesión de una franja de terreno colindante al río Apulco
con el fin de crear un asentamiento humano que resguardara el ancho
afluente. Tres meses después recibió los cuatro balazos que le quitaron
la vida.
Ausencias que duelen
La
foto de Manuel Gaspar Rodríguez está en la mesa del altar de la casa
familiar en la comunidad de Ayotoxco, municipio de Cuetzalan. Es la
última que le tomaron durante su intervención en el “Foro en defensa del
agua y nuestra madre tierra”, realizado en Chignautla el 12 de mayo de
2018. Lo asesinaron día y medio después, en la madrugada del 14.
“¡¡Si
no hay justicia para el pueblo que no haiga paz para el gobierno!!”,
reza una frase escrita en el retrato. Al lado de las veladoras hay un
plato con una rebanada de pastel por motivo de un cumpleaños familiar.
Su hermana Rosario lo puso aunque no es el Día de los Muertos. Sufren su
ausencia ocurrida cuatro meses antes.
“Lamentablemente
fue una pérdida fatal”, expresa Rosario con aflicción antes de mostrar
las fotos de su hermano en la adolescencia, quien ganó varios trofeos de
atletismo en competencias locales.
Puebla
registra cuatro casos de crímenes contra luchadores ecologistas, pero
es Michoacán el estado con el mayor número de casos: 54 de origen nahua y
purépecha. Le sigue Oaxaca con 16, de los cuales 7 son de pueblos
triquis, mixtecos.
En
Puebla hay 310 concesiones mineras que abarcan una superficie de 182
mil 185 hectáreas. Esta área equivale al 5.3% de la superficie del
estado, según un cálculo basado en datos de la Secretaría de Economía
sobre Concesiones Mineras. Y el Centro de Derechos Humanos Antonio
Esteban estima que el gobierno de Peña Nieto planeó la perforación de 10
mil 92 pozos a través del fracking en la Sierra Norte poblana.
Manuel
Gaspar lideró un movimiento comunitario que frenó el proyecto El Aretón
de la Minera Autlán, del grupo Ferrominero, en los municipios de
Tlatlauquitepec, Hueyapan y Teziutlán. Participó en caravanas de
protesta que llegaron a la capital del país, o a la capital poblana, en
exigencia del derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre sus
territorios y contra la privatización del agua.
Y
también participó en el plantón de las oficinas de la CFE en Cuetzalan,
que duró 10 meses, en protesta por el proyecto de la subestación
eléctrica de Cuetzalan-Entronque Teziutlán, al considerar que, como en
el caso de la hidroeléctrica, es parte de la infraestructura a
desarrollarse en beneficio de la industria extractiva.
En
enero de 2018, la Procuraduría General de la República (PGR) inició un
proceso de investigación penal por el delito de oposición a la obra
pública contra siete activistas de distintas organizaciones sociales,
entre ellos Manuel Gaspar.
El
sábado 12 de mayo de 2018, Manuel Gaspar participó en el Foro en
Defensa del Agua y Nuestra Madre Tierra en Chignautla. Lo asesinaron
brutalmente la madrugada del domingo con un cuchillo largo de doble filo
en un hotel de Cuetzalan, a unos metros de donde iniciarían las obras
de la línea de alta tensión y la subestación eléctrica de la CFE, de
acuerdo con la carpeta de investigación FED/PUE//HUA/0000172/2017.
Enrique
López Hernández del MIOCUP, manifiesta sobre las dos pérdidas de sus
dirigentes: “este camino que hemos tomado no tiene regreso, nuestra
organización está construyéndose a base del esfuerzo, el sudor, las
lágrimas y sobre todo la sangre de nuestros compañeros y no podemos
retroceder”.
La incertidumbre
En
el movimiento ecologista de Cuetzalan hay reservas sobre lo que pasará
con los proyectos suspendidos de la hidroeléctrica, la subestación
eléctrica de Cuetzalan y los mineros y de hidrocarburos ante el arribo
de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia.
Erwin Slim considera que el documento del proyecto de nación de López Obrador es de carácter “extractivo”.
Dice
que la incertidumbre permea en defensores ambientales aunque una
activista local reconocida, María Luisa Albores —ingeniera agrónoma de
Chapingo integrante de la Unión de Cooperativas Teosepan Titaniske, que
produce café y pimienta y es afamada en el mercado justo internacional—,
será la próxima titular de la Secretaría de Bienestar de su gobierno.
Billy
Kyte de Global Witness, advierte que el respeto a los derechos humanos y
ambientales en México debe ser una prioridad para el presidente
entrante.
“López
Obrador debe asegurar justicia para los activistas asesinados,
fortalecer la implementación del Mecanismo de Protección para personas
defensoras, y garantizar que las comunidades puedan dar o no su
consentimiento previo, libre e informado sobre el uso de sus tierras”,
sentenció.
Los
casos de Antonio Esteban y de Manuel Gaspar, como los otros crímenes
contra defensores ambientales, seguirán impunes por tiempo indefinido.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
