Las desapariciones son generalizadas en México e impera la impunidad: Comité de la ONU

Se mantienen "obstáculos estructurales para el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral", concluyó sobre México el Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas.

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Paris Martínez (@paris_martinez)

El Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas concluyó que esta problemática es generalizada “en gran parte del territorio” mexicano, país en el que “imperan la impunidad y revictimización”, y en donde se mantienen “obstáculos estructurales para el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral”.

Este lunes, 19 de noviembre, el Comité de la ONU publicó sus “Observaciones finales sobre el informe presentado por México” en su calidad de firmante de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, documento en el cual se subraya que este organismo internacional “observa con preocupación patrones de falta de datos confiables sobre las desapariciones forzadas, escaso número de condenas”, así como “la emergencia que constituye el alto número de cadáveres sin identificar” (alrededor de 35 mil, según informó el gobierno mexicano a principios de 2018).

Aunque en 2015 este órgano de la ONU presentó a México una serie de “recomendaciones” para la cabal aplicación de la Convención, en sus observaciones finales, el Comité contra las Desapariciones Forzadas lamentó “la falta de avances efectivos en la plena implementación de las recomendaciones formuladas”.

Entre esas recomendaciones presentadas por la ONU al Estado Mexicano, se destacó, estaba la de reconocer la competencia del Comité, para atender casos específicos de desaparición ocurridos en México, algo que las autoridades nacionales se niegan a acatar desde 2007.

Por ello, en sus observaciones finales, el Comité de la ONU reiteró su demanda al Estado Mexicano de que acepte la competencia de este órgano internacional para atender casos específicos de desaparición.

Asimismo, el organismo de la ONU consideró “deplorable” la negativa del gobierno a aceptar que el Comité contra las Desapariciones Forzadas realice una visita a México, negativa que se mantiene desde 2013. Por ello, el Comité de Naciones Unidas exigió a las autoridades nacionales que acepten esta visita y ofrezcan a sus delegados las facilidades necesarias para realizar su trabajo.

Aunque el Comité de la ONU calificó como un avance positivo la expedición de una Ley General sobre Desaparición Forzada en México, este órgano de la ONU también subrayó que “nota con preocupación el bajo nivel de implementación” de dicha norma. Asimismo, el Comité destacó que “coninúa preocupándole la falta de garantías adecuadas para la participación efectiva de las víctimas y sus organizaciones”.

La ONU, además, concluyó que la definición de desaparición cometida por particulares incluida en la Ley General mexicana no encuadra con las definiciones establecidas en los artículos 3 y 6 de Convención Internacional, y “preocupa igualmente al Comité que no se incluya en el sistema jurídico del Estado parte (México) la tipificación del delito de desaparición forzada como crimen de lesa humanidad”.

Igualmente, la ONU informó que “observa con preocupación que el Código de Justicia Militar no ha sido modificado”, para incluir en él todos los criterios aceptados por México al suscribir en 2007 la Convención Internacional  para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

En materia de registro de casos de desaparición, el Comité de la ONU determinó que en México prevalece “escasa participación y consulta de las organizaciones de la sociedad civil y de las víctimas”, así como “ausencia de datos confiables y desglosados”, y también la ausencia de “recursos financieros adecuados y personal idóneo”.

Aunque se consideró un avance que la ley general incluya herramientas de búsqueda de víctimas, el Comité de las Naciones Unidas consideró que prevalecen “las demoras en la puesta en marcha del Sistema Nacional de Búsqueda” así como “retrasos injustificados en la búsqueda inmediata y en la identificación”.

De hecho, el Comité de la ONU informó que “está altamente preocupado por la insuficiencia de servicios forenses en el Estado parte (México) para responder a los procesos de búsqueda, de investigación, de exhumación e identificación, para responder adecuadamente al creciente número de personas reportadas como desaparecidas, los miles de cadáveres y restos óseos pendientes por identificar, así como la contínua aparición de fosas comunes y clandestinas en distintas partes de su territorio”.

Por ello, el Comité de la ONU recomendó a las autoridades mexicanas “reformar la institucionalidad forense y pericial”, mediante “la creación de una institución nacional especializada y autónoma, que cuente con un servicio profesional de carrera, sometida a un régimen de rendición de cuentas efectivo, que incluya controles de calidad”.

En materia de investigación, el Comité de la ONU concluyó que en México existen “serias deficiencias (…) incluidas la falta de autonomía de las investigaciones, la dilación en la ejecución de diligencias básicas, la ausencia de investigación de campo, la falta de medios de prueba de base científica, la fragmentación de las investigaciones y la ausencia generalizada de una estrategia integral para la investigación”.

De hecho, lamentó, en México “el seguimiento de hipótesis de investigación (se realiza) sin fundamento y basadas en prejuicios y estereotipos sobre las personas desaparecidas”.

Asimismo, el Comité de la ONU destacó que en México se practica “el descarte automático de casos de desaparición forzada de carácter temporal”, y la prevalencia de “la tortura y malos tratos de sospechosos en la obtención de medios de prueba”.

Todos estos elementos, señaló el Comité de la ONU “contribuyen a la impunidad imperante en el Estado parte (México) lo que se ilustra con el número exiguo de acusaciones y sentencias existentes, frente al gran número de personas desaparecidas”.

Además, la ONU determinó que las acciones de investigación y búsqueda no deben limitarse a los casos registrados en los últimos años, sino también los casos acumulados en las décadas de los 70 y 80, en el periodo de represión gubernamental conocido como “guerra sucia”. En todos esos casos, el Comité de la ONU “observa con preocupación la falta de avance en la investigación, en la búsqueda de las personas desaparecidas y en la reparación integral de todas las víctimas”.

De hecho, para este grupo de víctimas de la guerra sucia, la ONU recomendó crear un un “mecanismo específico” de búsqueda, con la participación efectiva de sus familiares.

Por último, el Comité de la ONU se dijo preocupado por “el rol otorgado a las fuerzas militares para las tareas de seguridad pública en la mayoría del territorio” mexicano, así como “la creciente militarización de las autoridades civiles encargadas de hacer cumplir la ley”.

El impacto de esta “militarización” en México, concluyó el Comité de la ONU, podría generar “el aumento de la desaparición forzada” y de la “impunidad”.

Aquí puedes consultar el documento íntegro de la ONU: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CED/Shared%20Documents/MEX/CED_C_MEX_FU_1_33066_S.pdf