CARTA ABIERTA -
EL OBSERVATORIO
MÉXICO:
Sr. Enrique Peña Nieto
Presidente de México
Sra. Lía Limón García
Subsecretaria de Asunto Jurídicos y Derechos Humanos
Secretaria de Gobernación
Sr. Gabino Cué Monteagudo
Gobernador del Estado de Oaxaca
Ginebra-París, 7 de octubre de 2013
Re: Alta preocupación por la situación de los defensores del derecho a la tierra y al medio ambiente en el Estado de Oaxaca
Estimado Señor Presidente,
Estimada Señora Subsecretaria,
Estimado Señor Gobernador,
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), se dirige a Ustedes para expresar su más alta preocupación por la situación de los defensores de derechos humanos que luchan por el derecho a la tierra y al medio ambiente en México, en particular en el Estado de Oaxaca.
En los últimos meses, se ha podido presenciar una ola de violencia, de asesinatos y de ataques contra defensores dedicados a luchar por la protección de los derechos fundamentales de las comunidades y pueblos indígenas que ven sus tierras y territorios afectados por megaproyectos, en la medida en que éstos pueden provocar un gran impacto medio ambiental y cultural.
Así, diferentes organizaciones y defensores en el Estado de Oaxaca han sido objeto de robos de información, amenazas verbales, hostigamiento, arrestos y detenciones arbitrarias, e incluso asesinatos, como consecuencia de su labor de defensa de los derechos humanos.
En particular, la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) ha visto cómo algunos de sus miembros eran amenazados, agredidos e incluso asesinados. En julio de 2013, varios miembros de la organización fueron objeto de actos de hostigamiento e intimidación a raíz de sus protestas contra la construcción de parques eólicos por parte de la empresa “Gas Natural Fenosa”. Algunos de ellos recibieron diferentes disparos que acabaron causando la muerte, el 21 de julio, del Sr. Héctor Regalado Jiménez, miembro de la APPJ. Semanas antes, el Sr. Regalado Jiménez había recibido amenazas de muerte por parte de personas identificadas como sicarios al servicio de la empresa energética, tras haber rechazado una oferta de trabajo que la multinacional le había propuesto a cambio de que cesara en su apoyo a la APPJ. Del mismo modo, el 25 de agosto de 2013, varios miembros de la APPJ fueron objeto de amenazas de muerte y agresiones por parte de presuntos sicarios de la empresa mientras visitaban la zona en la que se está construyendo el parque eólico Bií Hioxho con el objetivo de valorar los daños provocados por la construcción de dicho proyecto. Tras los ataques, fueron perseguidos por el grupo agresor, al que se unieron miembros de la Policía Estatal y de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial.
El año pasado, en agosto de 2012, los miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) en Oaxaca, Sres. Celso Vásquez Sánchez, Pascacio Pérez Manuel y Carlos Vásquez Pérez, fueron objeto de agresiones e intento de asesinato. El responsable de COPUVO, el Sr. Bernardo Vásquez Sánchez, había sido asesinado unos meses antes, en marzo y, hasta ahora, ese crimen ha quedado impune. Estos defensores estaban involucrados en la protección de los derechos de su comunidad contra una empresa minera instalada en la zona, la mina San José de la empresa minera canadiense Fortuna Silver, en San José de Progreso[1].
Además, el cuerpo del Sr. Herón Sixto López, miembro del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas en Oaxaca fue hallado sin vida el 19 de julio de 2013, cinco días después de haber sido secuestrado y tras diversas amenazas contra su persona y miembros de su familia. El Sr. Sixto López asesoraba, orientaba y defendía a comunidades Mixtecas y Triquis en los ámbitos agrario y administrativo.
Del mismo modo, recordamos los diferentes acosos y agresiones a los que ha sido sometido el personal del Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A.C (BARCA-DH), en Oaxaca. Así, en abril de 2012 el Padre Romualdo Francisco Mayrén Peláez recibió graves amenazas de muerte[2]. El 19 de septiembre de 2013, a Minerva Nora Martínez Lázaro, Coordinadora del Centro, le fue sustraída una mochila con información importante y relativa a sus labores de defensa de los derechos humanos. Entre otras labores, BARCA-DH presta asesoramiento y apoyo a diferentes comunidades acerca de los impactos ambientales y del derecho a la consulta previa, libre e informada en relación a los proyectos mineros.
También, como el Observatorio ha denunciado anteriormente, sigue resultando de especial preocupación la situación de la Sra. Alba Cruz Ramos, abogada de la organización Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC (CODIGO-DH), Oaxaca, quien ha sido objeto de un intento de agresión y varias amenazas desde el año 2007[3]. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares de protección en 2012 pero éstas sólo han sido implementadas de forma parcial. En mayo de 2013, su colega, la Sra. Susana Ramírez, defensora de derechos humanos en CODIGO-DH, fue arrestada y detenida sin cargos durante treinta y cuatro horas. En abril de 2013 las oficinas de CODIGO-DH fueron allanadas y se pudo comprobar que información confidencial había sido revisada[4]. Cabe destacar que la organización está apoyando a la comunidad del Istmo de Tehuantepec, en oposición a la construcción de nuevos parques eólicos.
Estos asesinatos, amenazas, hostigamientos y agresiones a defensores de derechos humanos van en contra de la normativa internacional y de la propia normativa mexicana. Es por eso que, atentamente, le solicitamos:
1. Que el Estado mexicano cumpla con su responsabilidad de investigar y sancionar los asesinatos, ataques y amenazas contra defensores de derechos humanos.
2. Que se garantice la seguridad e integridad de defensores que luchan por proteger los derechos de las comunidades y pueblos indígenas que ven afectadas sus tierras a raíz de la ejecución de megaproyectos de desarrollo económico.
3. Que el Estado mexicano reconozca públicamente el significativo trabajo que llevan a cabo los defensores en la lucha por la protección de los derechos humanos en México y la importancia de proteger esta labor.
4. Que se establezcan los medios necesarios para implementar de forma satisfactoria el Mecanismo Nacional de Protección, previsto en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en vigor desde junio de 2012. Estas medidas deberían incluir, entre otras, la contratación del personal necesario, la capacitación de dicho personal y la creación de la infraestructura necesaria, en un marco de transparencia y divulgación.
Les agradecemos de antemano su atención y les rogamos respetuosamente que actúen a la brevedad para poner fin a esta situación de violencia e impunidad.
Nos suscribimos de Ustedes muy respetuosamente.
Gerald Staberock
Secretario General de la OMCT
Karim Lahidji
Presidente de la FIDH
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