El gobierno de Peña Nieto ha mantenido una posición
‘‘ambigua e improvisada’’,
señala
José Miguel Vivanco, durante una conferencia de prensa ofrecida el 21 de febrero de 2013
Foto Marco Peláez
Agencias
Periódico La Jornada
Miércoles 22 de enero de 2014, p. 3
La
organización internacional Human Rights Watch (HRW) presentó ayer su
informe mundial 2014, en el cual asegura que la ‘‘débil aplicación de
la ley’’ en México contribuyó al surgimiento de nuevos grupos de
autodefensa ciudadana en algunas regiones. Además, señala las fallas
del Estado mexicano y los pocos avances que ha tenido para resolver
asesinatos, desapariciones forzadas y torturas realizadas por militares
y policías en el contexto de acciones contra la delincuencia organizada.
Sobre este tema, José Miguel Vivanco, director para las Américas de
HRW, señaló que el gobierno mexicano ha mantenido una posición
‘‘ambigua e improvisada’’ respecto de este fenómeno que ha surgido en
Michoacán y otras entidades, el cual podría convertirse en un
‘‘‘Frankenstein incontrolable’’.
En conferencia ofrecida en Washington, reportada por la agencia Dpa,
Vivanco señaló que por la actuación que han tenido las autoridades
federales frente a las autodefensas ‘‘da la impresión de que el
gobierno ha ido aprendiendo en el camino, improvisando sus posiciones
frente a un hecho que es de la mayor gravedad’’.
Tema ‘‘de segundo orden’’
Subrayó que ‘‘no hay una política clara en materia de
seguridad pública por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto’’. Por
el contrario, dijo, han prevalecido ‘‘grandes ambigüedades en este tema
y eso ha permitido una gran incertidumbre respecto de cuál es la
posición del gobierno federal frente a un fenómeno de la mayor gravedad
como es el surgimiento de autodefensas, un cáncer que ha padecido
Colombia durante varias décadas’’.
Advirtió incluso que para el gobierno federal este ha sido un tema
‘‘de segundo orden’’ y por eso la respuesta ‘‘ha estado muy por debajo
de las expectativas. Hasta ahora, como los derechos humanos, no ha sido
prioritario. Lo están enfrentando como una crisis, pero no como una
política bien diseñada para ganarse la confianza de la población local
e intervenir de una manera profesional sin que se generen violaciones a
los derechos humanos’’, dijo Vivanco.
Sobre la posibilidad planteada en México por dirigentes del Partido
de la Revolución Democrática (PRD), de que el general colombiano Óscar
Naranjo sea uno de los creadores de los grupos de autodefensa en
Michoacán, Vivanco dijo que ello es ‘‘absurdo’’. Opinó que los
señalamientos carecen de fundamento, pues no hay ninguna evidencia que
comprometa al citado general. Al contrario, dijo, tanto en Colombia
como en México, Naranjo ha advertido del peligro que representa la
figura del paramilitarismo o de las autodefensas.
En el informe de HRW, el cual se dio a conocer ayer en Berlín, el
organismo aborda diversos temas, como el del sistema de justicia penal
que –señaló– no ofrece justicia a las víctimas de crímenes violentos y
violaciones de derechos humanos, lo cual responde a diversas causas,
principalmente la corrupción, la falta de capacitación y recursos, así
como la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de
oficio.
Se refirió
a la promulgación de la Ley General de Víctimas, así como al hecho de
que a la fecha no se ha emitido el reglamento correspondiente. Esa es
la débil respuesta que ha dado el gobierno mexicano al tema y lo que de
acuerdo con el organismo internacional explica el surgimiento de las
autodefensas.
Resaltó que aunque desde el inicio de su gobierno el presidente
Enrique Peña Nieto reconoció la existencia de graves abusos por parte
de miembros de las fuerzas de seguridad y la desaparición de más de 26
mil personas desde 2007, ha tenido pocos avances en los juicios de
numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetrados
por soldados y policías en el contexto de acciones contra la
delincuencia organizada, incluso durante la actual administración.
Casi nunca, indicó HRW, los militares que cometen estos abusos son llevados ante la justicia. Y es que la supuesta solución se queda en el ámbito de la Procuraduría de Justicia Militar. Esta instancia inició más de 5 mil 600 investigaciones entre enero de 2007 y mediados de 2013. Sin embargo, hasta octubre de 2012 sólo había condenado a 38 militares por violaciones de derechos humanos.
Familiares de desaparecidos son quienes investigan
Respecto de las desapariciones, el reporte plantea que
lo común en México es que ni policías ni agentes del Ministerio Público
adopten medidas básicas de investigación para encontrar a las personas
o identificar a los responsables de su desaparición. Con frecuencia,
agrega, se culpa a las propias víctimas o se indica a los familiares
que deben investigar ellos mismos. HRW señala como una falla la
carencia de una base de datos nacional de personas desaparecidas y de
los ‘‘miles de restos humanos no identificados que han sido hallados,
muchos en fosas comunes’’.
Por otra parte, el informe se refiere a la sobrepoblación, falta de higiene e inseguridad en las cárceles; las limitaciones a la libertad de expresión, sobre todo respecto de temas vinculados con la delincuencia; la violencia de género; la falta de respeto a los derechos reproductivos de las mujeres, y la situación de los migrantes víctimas de graves abusos en su recorrido por territorio nacional.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario