Policías del gobierno de Duarte golpean a maestros y periodistas en Veracruz

Noé Zavaleta

El reportero Iván Sánchez de MVS fue golpeado cuando consignaba las agresiones de los agentes. Foto: Tomada de Facebook

XALAPA, Ver. (proceso.com.mx).- Elementos de la Fuerza Civil y policías vestidos de civil arremetieron a macanazos, patadas y toques eléctricos contra maestros de la CNTE y SNTE que protestaban en los municipios de Xalapa, Veracruz y Boca del Río en repudio a la evaluación educativa.
En diversas batallas campales, la llamada “policía de élite” del gobierno de Javier Duarte también agredió a varios reporteros que hacían la cobertura informativa de los actos de represión.

Esta tarde en la Plaza Lerdo –renombrada como Plaza Regina Martínez– docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) reportaron que tres maestros resultaron con heridas severas, por lo que tuvieron que ser hospitalizados en el Centro de Especialidades Médicas “Doctor Rafael Lucio”.
En Boca del Río, grupos de choque –presuntamente policías vestidos de civil– impidieron a los manifestantes el acceso a la Arena Veracruz, para que así los docentes afines al gobierno de Duarte pudieran realizar en paz su trabajo de evaluación.
En los alrededores del fraccionamiento Virginia, los grupos de choque golpearon brutalmente a profesores, mientras los elementos de la Fuerza Civil se limitaban a establecer un perímetro de seguridad.
Varios maestros fueron tirados al piso y tundidos con saña a patadas y golpes.
Los reporteros Iván Sánchez de la empresa MVS y Hugo Gallardo resultaron brutalmente golpeados por policías estatales. A Sánchez le provocaron heridas profusas en cejas y pómulos, mientras los cuerpos policiacos lo golpeaban. El reportero gritaba con desesperación: “¡Soy prensa, soy prensa… pinches analfabetas!”.
En la capital del estado a la reportera de Crónica y de Diario de Xalapa Melissa Díaz los policías la corretearon una cuadra para arrinconarla y arrebatarle su teléfono celular en el que había captado algunas imágenes del exceso de la fuerza pública.
“Ocho policías me arrinconaron pese a que me identifiqué como reportera, me arrebataron el celular y delante de mí lo destruyeron, me jalonearon, me decían que me fuera. Estoy muy encabronada”.
Ayer, en el mismo proceso de evaluación, elementos de la Fuerza Civil comandados por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita, también arremetieron a toletazos y patadas contra maestros de la CNTE y de profesores que están en contra de la evaluación magisterial.
Bermúdez Zurita, cuya clave al interior de la corporación es “Capitán Tormenta” acudió con el uniforme antimotines y encapuchado para evitar ser identificado. El funcionario del gobierno de Duarte repartió toletazos a diestra y siniestra contra maestros inconformes con los gobiernos federal y estatal.
Tras el aparatoso operativo de seguridad, profesores que venían de municipios como Tuxpan, Martínez de la Torre, Naranjos Amatlan, entre otros y que viajaron sólo para la evaluación, desistieron el presentar su prueba por temor a ser agredidos ya sea por maestros de la CNTE o por las fuerzas de seguridad pública.
En la batalla campal de ayer resultó golpeado el diputado federal de Morena Cuitláhuac García, quien había acudido a respaldar el movimiento de los profesores disidentes.
En los operativos del sábado también fueron golpeados los periodistas Raziel Roldán de Plumas Libres, Roger López de Imagen del Golfo y Carol Suárez de Al Calor Político y Crónica de Xalapa.
A Roldán, de profesión videógrafo, policías vestidos de civil lo golpearon por la espalda y dañaron su lente; a Roger López quisieron arrebatarle su equipo y por defenderse fue golpeado.
A Carol Suárez elementos de la Fuerza Civil le dieron “macanazos” y la jalonearon porque documentaba cómo el titular de la SSP Arturo Bermúdez también participaba en el operativo.
Apenas el viernes pasado en comparecencia ante diputados locales, Arturo Bermúdez se jactaba de que su corporación ya había sido “capacitada” en el respeto de los derechos humanos haciendo énfasis en las garantías laborales al ejercicio reporteril.
Esta tarde el gobierno de Duarte emitió un comunicado en el cual pide una “sentida disculpa” por las distintas agresiones a periodistas de Veracruz que se “vieron envueltos” en el operativo de seguridad para garantizar la evaluación magisterial.
“La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) expresa de manera categórica que en ningún momento fue voluntad de esta institución afectar el desempeño profesional de los comunicadores que cubrían la nota y ofrece una sentida disculpa a quienes se hayan visto afectados durante el desarrollo del operativo de seguridad‎. El Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, se ha comunicado con los titulares de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) a efecto de ponerse a sus órdenes y ofrecer todas las garantías y pruebas que estos organismos requieran, con la finalidad de resarcir los daños ocasionados”.
En la Plaza Regina Martínez un grupo de reporteros exigió una investigación por las agresiones que sufrieron por parte de elementos de la Policía Estatal y de la Fuerza Civil durante su cobertura de las manifestaciones registradas durante la evaluación docente.
Los inconformes recordaron al gobierno de Duarte que apenas el 2 de noviembre se firmó la “Alerta Temprana” de Protección a Periodistas en Veracruz y que 20 días después ésta ya se violó de manera flagrante.
En la Fiscalía General del Estado reporteros ya interpusieron una denuncia penal para que se proceda en contra de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que encabeza Arturo Bermúdez Zurita quienes los golpearon y destruyeron su equipo.
El propio Bermúdez se habría quejado el viernes pasado que los periódicos son quienes ocasionan el sensacionalismo, pues –dijo– tienden al amarillismo y “les gusta vender sangre”.
El general policiaco agregó: “No lo digo yo, lo dicen los directores de los medios de comunicación que son mis amigos”.
El reproche de Bermúdez vino luego de que el diputado local independiente Francisco Garduza increpara al titular de la SSP sobre la oleada de violencia en la entidad.
El legislador cuestionó: “¿Qué pasa en Veracruz?”, al tiempo que leía al funcionario los titulares del día de tres distintos diarios del sur de la entidad: Uno ahondaba sobre la identificación de siete cuerpos ejecutados en San Juan Evangelista y Rodríguez Clara; otro hablaba de dos ajusticiados en el sur de la entidad y uno más sobre un policía municipal que murió acribillado en Las Choapas.

La periodista Anabel Hernández denuncia nueva agresión en su contra

Anabel Hernández

anabel-hernandez

Señor director:
A través de esta carta quiero hacer la pública la agresión que sufrí el pasado miércoles 4 en mi domicilio de la Ciudad de México en el contexto de mi actividad como periodista de investigación.
Tengo 20 años ejerciendo el periodismo y durante los últimos cinco, en represalia por mi trabajo –enfocado en temas de corrupción, abuso de poder y crimen organizado–, yo y mi familia hemos sido blanco de agresiones y actos de intimidación. En al menos tres ocasiones han participado personas armadas.
Todos estos hechos los he denunciado formal y oportunamente ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (FSP/B/T2/2671/10-12), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH/5/2010/6756/Q) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República (A.P.045/FEADLE/2011 y A.P. 179/FEADLE/2013).
En ninguno de los expedientes abiertos por la FEADLE ha habido avances que lleven al esclarecimiento de los hechos y la detención de los responsables, pese a la Recomendación General No. 20 sobre “agravios a periodistas y la impunidad imperante” emitida el 19 de agosto de 2013 por la CNDH. Respecto a mi caso específico, marcado con la clave V 146, este organismo señaló la ineficiencia y negligencia de las autoridades en las investigaciones de los actos de represalia que he sufrido a consecuencia de mi trabajo de periodismo de investigación.
El 21 de diciembre de 2013 un grupo de al menos 11 hombres armados, que dijeron ser de la Policía Federal y Zetas, tomó control de la calle donde vivo, en la zona conurbada del Distrito Federal. Irrumpieron en el conjunto habitacional, amagaron a mis vecinos con armas para preguntarles cuál era mi domicilio y entraron violentamente a mi casa.
Yo no estaba en ese momento ahí pero en la acción se llevaron y golpearon a uno de mis escoltas, al que abandonaron a varios kilómetros de distancia. Si bien la FEADLE cuenta desde ese día con videos, retratos hablados, testimonios y elementos para realizar una investigación, hasta ahora no hay ninguna persona detenida.
Debido a este tipo de agresiones, la última evaluación aplicada en 2014 por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodismo de la Secretaría de Gobernación determinó que mi situación es de “riesgo extraordinario”.
Como los agresores se encuentran impunes y el riesgo es inminente, en agosto de 2014 me vi obligada a buscar alternativas para poner a salvo a mi familia y lograr condiciones de seguridad para continuar con mi labor periodística. Actualmente me encuentro en Estados Unidos, colaboro con el Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California y alterno mi estancia en México conforme a mis necesidades de trabajo y seguridad.
La agresión del miércoles 4 fue perpetrada a plena luz del día. Mi domicilio fue violentado por un grupo de al menos cuatro personas que viajaban en un vehículo de modelo reciente: el conductor, una mujer y otros dos hombres.
Pese a que notaron la presencia de cámaras de seguridad, la mujer y los dos últimos sujetos allanaron el conjunto habitacional donde vivo y dejaron sus rostros visibles. Aunque permanecieron largo tiempo en mi domicilio, no se robaron ningún objeto de valor material.
Este incidente ocurre en el marco de la investigación periodística que realizo desde noviembre de 2014 sobre el ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, perpetrado el 26 de septiembre de 2014, y la desaparición de 43 de ellos.
Como producto de esa investigación, del 14 diciembre de 2014 al 25 de octubre pasado he publicado en la revista Proceso, Univisión, Telemundo y The Huffington Post una serie de reportajes que implican a instituciones de seguridad e inteligencia del gobierno de México en los ataques contra los normalistas, ya sea de manera activa o presencial.
Asimismo, con base en peritajes médicos de la propia PGR, revelé que fueron torturados y/o golpeados la mayoría de los detenidos acusados por el ataque y desaparición de los estudiantes. Todo esto ha contradicho la llamada “verdad histórica” en torno al caso construida por la PGR (Proceso números 1989, 1990, 1996, 2015, 2027, 2028, 2029 y 2034, entre otros).
También me encuentro realizando la investigación periodística sobre  la fuga de Joaquín Guzmán Loera del Cefereso No. 1 ocurrida el 11 de julio de este año. El reportaje, publicado en agosto pasado, reveló información que la Segob ocultó acerca de la huida, como la existencia del video con audio en el que antes y durante la evasión de Guzmán Loera se escuchan golpes de metal contra el cemento, sin que ningún funcionario impida que se concrete el escape.
El capo gozaba de un trato privilegiado en la prisión del Altiplano desde varios meses antes de la fuga, y al menos desde marzo el gobierno de México tenía información de que empleados de Guzmán Loera querían conseguir los planos del penal. También he mencionado el presunto involucramiento de autoridades de la Policía Federal y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el plan de evasión.
Por la agresión del miércoles 4 la FEADLE abrió la averiguación previa AP/120/FEADLE/2015. Me consta que las autoridades tienen informacion importante para detener a los agresores, así como esclarecer el móvil de la agresión y la magnitud de ésta, pero hasta ahora la Fiscalía no tiene ningún avance en tal sentido.
De entrada, no se emprendieron acciones inmediatas, elementales en cualquier investigación de esta naturaleza, para obtener y preservar evidencias, no se ha tomado en cuenta el contexto de las investigaciones que estoy realizando ni las agresiones anteriores, y tampoco se han revisado los expedientes de 2011 y 2013 que tiene la FEADLE. Todos estos elementos de juicio provienen de la información que me fue proporcionada por la propia Fiscalía.
De hecho, me comuniqué directamente con Ricardo Nájera, titular de la FEADLE, quien el 12 de noviembre último me confirmó que no han avanzado en las investigaciones. Con una actitud lejana a la de un funcionario responsable de atender a víctimas del delito, el fiscal me advirtió que yo debía confiar en que estaban haciendo su trabajo, lo cual él mismo aceptó no haber hecho, y sentenció que me darán la “verdad histórica” de lo que pasó en mi casa.
Esta frase alude de manera inequívoca a la “verdad histórica” de la PGR sobre el caso de los normalistas, la cual he cuestionado en mi trabajo de investigación. Me preocupa que este mensaje del fiscal responsable de resolver los casos de agravios a periodistas signifique que usa su cargo para tomar revancha contra las publicaciones que le incomodan a él o la dependencia donde trabaja. Esta actitud representa claramente un contrasentido en el trabajo de servidor público.
Sin la posibilidad de conocer la magnitud o gravedad de lo ocurrido, las hipótesis sobre el móvil ni las diligencias practicadas, me es imposible tomar las medidas de seguridad para salvaguardar mi integridad y la de mi familia.
En México los crímenes contra periodistas son una brutal realidad; más de cien de ellos han sido asesinados en la última década y la mayoría de los casos siguen impunes. Tan sólo en lo que va de 2015 han ocurrido los homicidios de siete periodistas: Rubén Espinosa, Gerardo Nieto, Armando Saldaña, Abel Manuel Bautista, Filadelfo Sánchez, Juan Mendoza y Moisés Sánchez.
El miércoles 18 solicité a la procuradora general de la República, Areli Gómez González, así como a otras dependencias del gobierno federal, que cumplan con su trabajo de manera imparcial, se haga una investigación rápida y eficaz para esclarecer los hechos y se sancione a los responsables.
Durante mucho tiempo he luchado por no ser un número en la lista de periodistas asesinados. Las agresiones que he sufrido a lo largo de cinco años han afectado mi vida y la de mi familia por completo. Pese a eso, no voy a abandonar las investigaciones que estoy realizando porque son asuntos de interés público sobre los que la sociedad merece estar informada.
Atentamente
Anabel Hernández

Atacan a balazos a tres activistas indígenas en Iztapalapa

El ataque, por denunciar agresiones de paramilitares y crímenes de Estado, afirman

Sujeto dispara contra activistas indígenas; tres resultan heridos

Por andar de chismosos, les gritó el perpetrador, quien tenía corte de pelo tipo militar, detallan organizaciones civiles

Las víctimas, de Michoacán e Hidalgo, se dirigían a Amnistía Internacional

Los defensores de derechos humanos fueron lesionados en glúteo, tórax y abdomen, por lo que fueron trasladados al hospital Balbuena

Periódico La Jornada

Tres indígenas activistas de las organizaciones defensoras de derechos humanos Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y del Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y Sierra Oriental (Codhhso) fueron atacados a balazos en calles de la colonia ex Lienzo Charro, en la delegación Iztapalapa.

De acuerdo con la información que dio a conocer el FNLS, los defensores fueron agredidos por un hombre vestido de civil con corte de cabello tipo militar, que los esperó sobre la calle Genaro Estrada, muy cerca del Campamento Francisco Villa, recargado en un coche color oscuro con un arma en la mano y les disparó al tiempo que gritó que el ataque era por andar de chismosos.
La agresión fue captada, alrededor de las 7:20 de la mañana, por la cámaras del sistema de seguridad de la ciudad de México y de inmediato llegaron policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia para atender a los heridos.
Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas brindaron los primeros auxilios a Matías Flores, Jesús Hernández Reyes y Rubicel Hernández García, que fueron heridos en glúteo, tórax y abdomen, por lo cual fueron trasladados al hospital Balbuena.
Ante los hechos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal abrió una investigación de oficio y pidió medidas precautorias a la procuraduría capitalina para que activen los protocolos de investigación.

Los integrante del FNLS vincularon la agresión a una respuesta del Estado mexicano ante la jornada de lucha nacional y exigencia de castigo que contra los responsables de los ataques paramilitares de los que fueron víctimas compañeros de la Organización Campesina Emiliano Zapata y las denuncias que han interpuesto por desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad cometidos por autoridades.
Llamaron a las organizaciones a cerrar filas contra la represión y terrorismo de Estado. Los activistas responsabilizaron al presidente Enrique Peña Nieto y al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, de los hechos, porque sus compañeros fueron comisionados para denunciar la ejecución extrajudicial de Horacio Sántiz López, cometida por grupos paramilitares.
Tanto los integrantes del Frente Nacional por el Socialismo como el Comité Cerezo calificaron el hecho de intento de ejecución extrajudicial contra los integrantes de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y emprendieron una acción urgente de apoyo por la agresión.
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informó que la coordinación territorial de Iztapalapa 6 comenzó la investigación por el delito de lesiones con arma de fuego contra los activistas procedentes de Michoacán e Hidalgo, que acudirían a Amnistía Internacional y organismos

defensores de derechos humanos.

Consideran innecesario otro peritaje en el basurero de Cocula, como plantea la PGR

Versión de 26 militares, clave para el caso Ayotzinapa, insiste el GIEI

No se proporcionó información de la realización de diligencias con soldados y desconocen sus declaraciones, dicen

Piden especialización de peritos para hacer un trabajo coherente y efectivo

Integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes expusieron en conferencia de prensa las acciones que realizarán en la segunda etapa de investigación del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos

Periódico La Jornada

En la segunda etapa de investigación del caso Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) propone realizar nuevos cateos en los trayectos y lugares a los que pudieron ser llevados los normalistas desaparecidos, más allá de las fosas.

Pidieron no desechar lo que ya ha sido confirmado con evidencias; en cambio, se debe continuar –si así lo obliga el desarrollo de la indagatoria– con las declaraciones de integrantes del 27 batallón de infantería con sede en Iguala. El GIEI pidió conocer las versiones de 26 militares y hasta ahora sólo ha sido tomada declaración a una docena, cuyo contenido no es aún del conocimiento, en su totalidad, de los especialistas.
El 26 de agosto pasado, el GIEI precisó que tuvo conocimiento de que 10 militares se presentaron a declarar o ampliar sus declaraciones; una semana después de que el Estado respondió al grupo que sólo podría realizar un cuestionario para que fuera aplicado por la PGR. No se proporcionó ninguna información sobre la realización de estas diligencias.
Después, el 11 de septiembre, dos militares ampliaron sus declaraciones ante la PGR, las cuales serán evaluadas y determinarán los pasos siguientes en este punto. El caso Ayotzinapa tiene ya 151 tomos y los expertos están por revisar 12 de estos.
El número exacto de militares que declararon no es contundente: Sobre las declaraciones de elementos del batallón 27 son 10 militares que se presentaron el 26 de agosto y dos el 11 de septiembre; hay personal del batallón que había declarado en diciembre de 2014. Después del informe del grupo, el 6 de septiembre pasado, se hizo la diligencia, la cual no sabíamos que se había llevado a cabo, nos enteramos después, a finales de septiembre, y por eso estamos a la espera de poder leer esas declaraciones, comentó Carlos Beristain, del GIEI.

El basurero de Cocula

Entre otros puntos específicos, los integrantes del grupo dijeron, ante la posibilidad planteada por la PGR, de hacer un nuevo estudio en el basurero de Cocula, que no consideran necesario el análisis para evaluar la dinámica del fuego, pues ya fue hecha en el estudio solicitado por el grupo del doctor José Torero. en que muestra la imposibilidad de dicha acción en los tiempos y circunstancias señalados en las declaraciones de varios inculpados, dentro de la averiguación previa de la PGR.

Sin embargo, precisa el grupo, dado que la PGR ha decidido realizarlo, los criterios señalados por este grupo para ello son que los expertos seleccionados tengan el mayor nivel científico y experiencia internacional en dinámica de fuego, grandes explosiones o casos de alto impacto; el grupo propuso un listado de nueve expertos y el proceso de selección final está en curso. También se deberá delimitar una metodología de trabajo en campo y para la realización del informe respectivo; adicionalmente se deberá tomar en cuenta el peritaje sobre el fuego en el basurero de Cocula realizado por el grupo.
El grupo comenzó su trabajo hace más de medio año, y tras presentar el informe Ayotzinapa se acordó con el Estado mexicano continuar con la colaboración técnica para esclarecer lo que ocurrió los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Los especialistas enfatizaron que se garantice, en esta segunda etapa, la alta especialización del nuevo equipo de peritos –habrá 36 funcionarios en la unidad de investigación de la Procuraduría General de la República (PGR)–, como alternativa para un trabajo coherente y efectivo.
En cuanto a la búsqueda en fosas, precisaron que es necesario hacer un mapa y utilizar tecnología adecuada. Desde marzo, el GIEI solicitó mapas satelitales y la búsqueda con tecnología Lidar en posibles fosas y alteraciones en terrenos de Pueblo Viejo y La Parota. Estas diligencias, señalaron, no se han realizado.

La compilación de toda la información disponible y la participación de organizaciones de víctimas que cuentan con datos relevantes –añadieron– son claves para tener un plan de investigación efectivo en esta hipótesis de búsqueda.

Ambiente de control y miedo

Los recientes hallazgos de Carrizalillo (tumbas clandestinas) muestran la gravedad de los casos de personas desaparecidas y fosas comunes, así como el ambiente de control y miedo en el que sigue viviendo una parte de la población en Guerrero, se indica en el documento leído en la conferencia, acerca del trabajo de los especialistas Francisco Cox, Claudia Paz, Carlos Beristain, Angela Buitrago y Alejandro Valencia.

Exige también a la PGR la entrega de pruebas solicitadas en los seis meses de la primera etapa; por ejemplo, agotar la investigación en el caso del quinto autobús (de los ocupados por los estudiantes el día de los hechos); evaluar los datos de la telefonía de los normalistas y de los hoy detenidos; realizar nuevas diligencias, peritajes y toma de declaraciones; evaluar las evidencias científicas y procesar las ya recogidas; investigar sobre el manejo del control de la información policial en Iguala; tomar declaraciones entre otros miembros de fuerzas de seguridad de la zona; agregar a la investigación los informes de inteligencia existentes, y ampliar la investigación financiera.
También, evaluar las denuncias de los detenidos acerca de malos tratos y torturas. Sobre este último punto se informó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene unas 40 solicitudes; por lo pronto, los especialistas dijeron que por marcos nacionales e internacionales una declaración obtenida bajo tortura no cuenta, aunque habrán de valorarse otras pruebas legítimas.
El grupo propone ampliar el peritaje a incineradoras públicas y privadas de Guerrero, así como cumplir con los protocolos de comunicación prioritaria con los familiares. Lo anterior porque ha habido fallas en la difusión de información de la presunta identificación de restos (se dijo en su momento que podrían ser de Jhosivani de la Cruz), cuando aún no había pruebas contundentes de ello; lo mismo ocurrió con la valoración médica y segunda opinión del estado de salud de Aldo Gutiérrez (desde el día de los hechos está en coma).
Por ello hacen énfasis en el tratamiento de la información ahora que se procederá a la exhumación y segunda autopsia de Julio César Mondragón, asesinado durante el ataque a normalistas de Ayotzinapa y cuyo cuerpo apareció con graves señales de tortura.

Pruebas de evaluación

La esperanza de los familiares es encontrar respuestas sobre los hechos, contar con un estudio realizado con las condiciones adecuadas y rescatar el buen nombre de Julio César. Esto forma parte del conjunto de garantías de investigación en este caso y constituirá nuevas pruebas para la evaluación de estos hechos atroces, señalaron.

Los integrantes del grupo señalaron, por ejemplo, que si derivado del análisis de las declaraciones de militares consideran que es necesario ampliarla, se insistirá en el punto, porque tal como lo solicitó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, este grupo debe determinar –en el marco del acuerdo firmado con el gobierno mexicano– qué ocurrió y cómo ocurrió; no podrá haber entonces, precisó Cox, que existan contradicciones al respecto em el Estado.
En esta segunda etapa pretendemos hacer un trabajo coherente entre las líneas de investigación y las acciones de búsqueda y, sobre todo, que las acciones de búsqueda respondan a las líneas de investigación porque justamente la investigación que adelanta la PGR es la que puede arrojar más pistas para determinar la suerte de los normalistas, dijo Valencia.

Reunión con Duarte, sólo en lugar público y con prensa: madre de desaparecida que increpó al gobernador

Que encuentren a nuestros hijos, queremos que se comprometan realmente, pero no nada más por tomarnos una foto. Que queden los compromisos y que se hagan con hechos", dijo Alicia Salcedo, cuyos reclamos fueron ignorados en principio por el gobernador Javier Duarte.

Redacción AN

Araceli Salcedo -quien increpó al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, porque no hay avances en las investigaciones sobre la desaparición de su hija, Fernanda Rubí Salcedo Jiménez-, aseguró que si se reúne con el gobernador de ese estado -quien se disculpó con ella tras ignorarla- éste encuentro debe ser en un lugar público y con la prensa de testigo.

En entrevista para Aristegui CNN, relató que “Fernanda de 21 años salió el 7 de septiembre de 2012 a verse con unas amigas en un antro, hablé con ella 10: 15 de la noche, me habló muy bien, no noté nada raro en su voz, su voz natural”.
“Todavía le dije ‘a mí no me gustan esos lugares‘, y ella respondió ‘no mami no tardo, ahorita llego’, y para evadirme siempre me decía ‘te amo mami, besitos, chao’. Fue lo último que desde hace tres años y dos meses escuché de ella”.
“Quince minutos después entraron por ella y se la llevaron; en las investigaciones dice que fueron dos hombres y dos que iban en el auto, un Ibiza amarillo, hora y media después empiezo a recibir llamadas y me traslado a la policía, porque el antro está a unos metros de la policía, no me dejaron hacer mi denuncia, dijeron que tenía que dejar pasar 72 horas porque ‘a lo mejor se había ido con el novio o de parranda’. Cuando yo les estaba dando un número del cual me estaban llamando”.
Desde entonces “hemos vivido tres años con dos meses de dolor, de coraje, de rabia en contra de nuestras autoridades del estado de Veracruz”.
“En las investigaciones del estado no tenemos absolutamente nada, todo se perdió, se perdieron llamadas (registros), se perdieron videos del C4 (centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo) y del antro”, acusó.
“Argumentaron que las cámaras del C4 no servían, que los videos del antro estaban apagados, apagados pero el dueño del antro se amparo. Y la sábanas de llamadas del teléfono de mi hija nunca fueron recuperables”, denunció.
Dijo que en cuanto al contenido de las llamadas que le hicieron, “es relevante y no ha procedido absolutamente nada”.
Si las autoridades hubieran “actuado en ese momento y no hubieran hecho esa omisión tan grave, mi hija estaría conmigo“, agregó.
Luego de haber increpado al gobernador Javier Duarte, él “se comunicó para darme una cita para el viernes (30 de octubre) en Placio de Gobierno, las organizaciones que están conmigo están reagendando la cita, en otras condiciones”.
“Queremos que sea en un lugar público y que sea con prensa”, precisó.
“El gobierno no busca a nuestros hijos”
El gobierno tiene condiciones para buscar a nuestros hijos, pero no quiere y no los está buscando, “no quiere, no tiene voluntad, ni compromiso. No hay estructura, ahorita estamos pidiendo la ayuda internacional, se nos está dando, y esto va a seguir avanzando”, dijo María Elena Herrera, madre de cuatro hijos desaparecidos en Guerrero. 
“Somos madres, nos tocaron el corazón y no nos vamos a detener”, comentó en entrevista para Aristegui CNN.
María contó cómo desaparecieron sus hijos: “dos en un evento, Raúl, Jesús Salvador y cinco compañeros más, en Atoyac de Álvarez, Guerrero, el 28 de agosto de 2008. A los dos años desaparecen a Gustavo, Luis Armando, Jaime Lópes que es mi sobrino y Gabriel, esposo de una nieta”.
“Esto no ha sido todo, preguntan si he recibido amenazas, les digo no, me la hacen efectiva, no me avisan, agarran y se los llevan. Y el 23 de octubre de hace dos años, policías federales detuvieron a mi hijo Miguel Ángel, y de igual manera ya me lo estaban dando por desaparecido, sólo que hubo la oportunidad de que grabaran la escena y eso pudo servirnos”, relató.
“La verdad no entiendo esta persecución. Detrás de todo esto yo creo que está el Estado, porque muy lejos de protegernos, muy lejos de estar de nuestra parte, para que esto ya no siga pasando. En lo mío ha sido repetitivo, ahorita ya se imaginarán cómo vivo, pero pese a eso no me detienen ni me van a detener porque somo miles y miles de familiares los que estamos en esto”, aseveró.
“No queremos que pase lo que ha pasado siempre, queremos respuestas”, indicó. 
“Como yo me sentía desesperada porque no veía avances en lo de mis hijos, decidimos formar una organización no gubernamental, el objetivo es reunir a todas las organizaciones nacionales, vemos que hay bastante apoyo internacional”, mencionó.
Con la voz entre cortada, lamentço: “nos tienen controlados, saben quién y cómo se mueve cada miembro de la comunidad, ellos (las autoridades) saben dónde están nuestros hijos”, consideró. 
Tras las desapariciones, “nuestros hogares están deshechos…“, comentó.
“Aquí me tienes con las manos vacías, sin ninguna respuesta… si hubiera tenido alguna respuesta, tendría a alguno de mis hijos… Felipe Calderón no fue capaz de resolver ninguno de los casos, ninguno”, señaló.
“Cada una de las madres somos seres humanos, como todas las madres del país, pero nos hemos convertido en fieras salvajes también, buscando a nuestro hijos, los vamos a seguir buscando con dientes y uñas. Queremos el apoyo de la sociedad… nadie nos va a callar”, indicó.
Audio de la entrevista:

Exigen liberación de activista veracruzana; protestaba para exigir instalación de sistema de drenajes y pavimentación

    

Por: Edgar Rosas 

 

(04 de noviembre, 2015.Revolución TRESPUNTOCERO).- Integrantes de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCYP) -la cual tiene presencia en 23 estados de la República- denunciaron los actos de hostigamiento y persecución que el gobierno del estado de Veracruz ha emprendido en contra de los dirigentes de la COCYP. De manera particular condenaron el último acto de “represión” que se ha registrado: la detención de la activista María Salomé Ortega Hernández, dirigente de este organismo en el municipio de Gutiérrez Zamora, Veracruz.

Los miembros de la COCYP demandaron la libertad inmediata de Salomé Ortega. Aseguraron que las acusaciones vertidas contra la activista no tienen sustento, por lo que su aprehensión, afirmaron, se configura como un acto más a través del cual el gobierno busca desarticular al organismo,  impedir su crecimiento y acallar sus protestas.

José Jacobo Femat, presidente de la COCYP, detalló que Ortega Hernández fue detenida el pasado 27 de octubre, luego de participar en el cierre simbólico de un pozo petrolero localizado en la comunidad de Rafael Valenzuela, del municipio de Gutiérrez Zamora, Veracruz.

El líder de la Central que agrupa a diversas organizaciones explicó que a Salomé Ortega se le acusa de ser la responsable del derrame del pozo petrolero La Macarena, en donde la dirigente con un grupo de personas realizó la protesta antes citada. Sin embargó, apuntó, el cierre simbólico del pozo se realizó diez horas antes de que se suscitara el derrame.

Esta protesta pacífica, explicó el dirigente, se realizó como medida para exigir que Petróleos Mexicanos (Pemex), así como los gobiernos estatal y municipal, cumplieran los compromisos firmados, los cuales consisten en introducir sistema de drenaje a la comunidad y la pavimentación de diversas vialidades. Este acuerdo se signó debido a que Pemex utiliza las calles de esta comunidad para realizar sus labores de explotación.

“Hemos estado apoyando a diversas regiones del norte de Veracruz para que puedan tener servicios públicos que no han tenido, esto a pesar que ha habido acuerdos con las autoridades municipales, el gobierno estatal y Pemex, que utiliza las calles, las avenidas de los pueblos para la extracción del petróleo en los pozos profundos que tiene la región.

“(A Salomé) se le acusa de un derrame petrolero del pozo La Macarena, que está en esa comunidad, sin embargo, lo que podemos decir es que la gente ha sido muy responsable en la conducción del movimiento y ha evitado daños ecológicos a su propia comunidad, y evidentemente ha tomado precauciones para no generar problemas mayores”, señaló.

El dirigente añadió que desde la detención el pasado 27 de octubre, han existido agravios en contra de la defensora. Detalló que Salomé Ortega fue sacada de su casa e inmediatamente el día siguiente (28 de octubre) fue trasladada al penal de máxima seguridad en Nayarit. De igual forma denunció  que la activista se encuentra en malas condiciones de salud, debido, entre otras cosas, a que hace un mes dio a luz y no se le han brindado las medidas necesarias.

“Al día siguiente la compañera fue trasladada al penal de máxima seguridad de Nayarit. Ella tuvo un niño hace un mes, fue operada para ello (sin embargo)  tiene problemas por eso, está enferma y así fue trasladada al penal de Nayarit como si fuera una persona peligrosa, como si estuviera en el crimen organizado.

La acusación a Salomé es por daños ecológicos, supuestamente porque nosotros provocamos el derrame lo cual no es así. Hay evidencia de que incluso se le informó a la prensa que nos retirábamos, y diez horas después (de retirarnos) se derrama el pozo y nos acusan (…) hay evidencias fotográficas en la prensa en donde incluso dicen ‘la COCYP abandona la comunidad de Rafael Valenzuela’, porque decidimos no llegar al extremos, y sin embargo, diez horas después se da el derrame petrolero y acusan a la compañera”, apuntó.

Jacobo Femat reiteró que no existe evidencia fehaciente que pueda incriminar a Salomé del delito que se le acusa. Expresó su indignación de que el gobierno tenga que actuar de esta forma para tratar de callar a las organizaciones que alzan la voz.

“En realidad no hay sustento que ella haya cometido una violación a la ley, que no sea el ejercer su derecho plenamente a la manifestación para hacer valer los compromisos que habían firmado previamente con el gobierno estatal, municipal, y con Pemex para la introducción de la red de drenaje, y la repavimentación de las carreteras de acceso, y las calles del poblado. Eso es lo que pasa. Nos duele que sea el gobierno el que actúe  de una manera mañosa, tramposa y que esté buscando enlodar el nombre de la compañera y de otras dirigentes del movimiento en la comunidad de Rafael Valenzuela, en el municipio de Gutiérrez Zamora”, manifestó.

En Veracruz, clima de represión

El dirigente de la COCYP demandó que la detención de Salomé Ortega se suma a una serie de acciones que se han cometido en contra de esta asociación y que buscan inhibir su lucha.

Dijo que desde el gobierno de Fidel Herrera, se ha observado una campaña de ataque constante contra la COCYP, la cual ha dejado asesinatos de varios integrantes de esta asociación.

“En Veracruz, la asociación ha tenido muchas situaciones graves. Hemos tenido intentos de asesinato. Hemos tenido detenciones, y divisiones fraguadas desde el poder, de los gobiernos, tanto de Fidel Herrera, como el actual.  Esto ha sido en función de delimitar nuestra fuerza, de evitar que crezcamos, y que nuestras luchas tengan efectos positivos”, dijo.

En este sentido, añadió que en este momento existen sendas órdenes de aprehensión en contra de cuatro dirigentes de la región de Gutiérrez Zamora, Veracruz. Señaló que están acusados, al igual que Ortega Hernández, de daño ecológico.

“Hay otros cuatro compañeros amenazados; tienen orden de aprehensión, son dirigentes locales de la organización (…) A Salomé la sacaron de su casa. La mandaron de Veracruz a Nayarit. Se le detiene porque es una de las dirigentes. Es incluso Agente Municipal de la comunidad. Ella fue electa popularmente por voto de toda la población y (su detención) es una estrategia que se utiliza contra las organizaciones que nos expresamos”, dijo.

Policías le rompen las costillas, le dañan la vejiga y le llenan los pulmones de agua tras vertérsela por la nariz

    

Por: Redacción Revolución 

(04 de noviembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Mi esposo gritó: “no le peguen, está embarazada”, pero no les importó [...] El feto salió en un charco de sangre. Tailyn, superviviente de tortura.

Cuando Amnistía Internacional publicó su informe “Fuera de control: Tortura y otros malos tratos en México”, diversas organizaciones civiles nacionales e internacionales pensaron que se encontraban frente al escenario más grave y que evidenciando la práctica sistemática de tortura se tendría resultados positivos, en cuanto a los castigos de los agresores y las políticas necesaria  por parte del gobierno para su detención. Pero no fue así y estos actos han ido a diario en aumento, siendo cometidos por policías municipales, estatales, federales, Ejército, Marina, incluso por gendarmería.

A Adrián Vásquez elementos de la policía estatal de Tijuana lo detuvieron en 2012 y lo presentaron como un narcotraficante. Pero antes de asegurarlo, los elementos policiacos lo torturaron, hasta casi matarlo, pues lo dejaron inconsciente. Le rompieron algunas costillas, le dañaron la vejiga y le llenaron los pulmones de agua tras vertérsela por la nariz.

Aunque fue revisado por el médico que tenía a su cargo levantar el reporte de las lesiones, solamente documentó las de menor importancia y concluyó que “al no ser graves” se curarían en menos de 15 días. Sin embargo Adrián se desmayó y tuvo que ser llevado a de emergencia al hospital, donde fue sometido a cirugía de vida o muerte.

Con el acompañamiento de distintas organizaciones, incluida Amnistía Internacional, en abril de 2015, después de años de campaña de su familia, tres de los policías a los que Adrián identificó como sus torturadores fueron por fin acusados formalmente. Pero Adrián sigue hoy en prisión, según informes obtenidos por Revolución TRESPUNTOCERO.

Aunque el gobierno federal se ha comprometido a prevenir y sancionar la tortura, dicha promesa, en lo que va del sexenio no se ha visto reflejada, ya que no se reconoce aún los actos de tortura, mucho menos se investiga y sancionan, ni se les da atención médica, incluyendo la psicológica a víctimas y familiares.

“Violaciones sexuales, golpes, perforaciones, asfixias, descargas eléctricas, introducir líquidos tóxicos en nariz, boca y artefactos en genitales, tanto en hombres como mujeres, son solamente algunas de los métodos de tortura utilizados por las Fuerzas Armadas, esos a los que protege Salvador Cienfuegos y Enrique Peña Nieto, una estrategia bastante efectiva para acallar y generar genocidio.

Porque cuando no es la muerte, el resultado es una cifra altísima de inocentes encarcelados, dividiendo a la sociedad en una parte (la mayoría) que sufre y vive con miedo y otra (ciega) que ha sido enajenada para creer a las víctimas, delincuentes y que la absurda e inútil guerra contra el narcotráfico sí funciona”, afirma a Revolución TRESPUNTOCERO la investigadora social Arlette Adán, colaboradora de la Asociación para la Prevención de la Tortura.

Según datos de Amnistía Internacional, 64 % de la población mexicana vive atemorizada, quienes creen que podrían ser víctimas de tortura, ya que aun cuando son inocentes y nunca han cometido ilícitos, las Fuerzas Armadas podrían detenerlos sin motivo alguno en su domicilio, trabajo o vía pública, torturarlos y acusarlos de delitos no cometidos.

“Aunque cada vez más organismos se dedican al acompañamiento y defensa de las víctimas de tortura, aún hay miles en las cárceles que están desprotegidos, y la justicia para ellos, incluso, puede que nunca llegue, porque las mismas autoridades la ponen fuera de sus alcances. Esto con la ayuda de los abogados de oficio, los médicos que niegan lesiones graves, aunque el detenido esté a punto de morir, o investigaciones detenidas o fallidas, nula atención psicológica y mediocre aplicación del protocolo de Estambul, cuando aceptan aplicarlo, además de documentación desaparecida o no aceptación de testimonios”, comenta Adán.

Aunque Amnistía Internacional logró demostrar que en 2014 hubo más de 2 mil 400 denuncias de tortura (duplicando las de 2013), el gobierno no tiene datos contrastados que demuestren que se acusó a alguien.

En el caso de Enrique Guerrero, lo detuvieron una noche de viernes en la Ciudad de México. “De repente, dos sujetos me perseguían, siguen disparando. Ya me bajé de mi coche y corrí… Me agarran. Cuando se acercan y quieren subirme a la camioneta, ahí es donde veo que algunos son uniformados” dio a conocer el joven, según datos obtenidos por Revolución TRESPUNTOCERO.

Por fin lo lograron, una vez en el interior del furgón, sujetaron a Enrique contra el suelo y lo llevaron a un almacén. Allí, unos policías lo desnudaron de cintura para abajo y le vendaron los ojos, y luego lo torturaron toda la noche. Decían: “’Te vamos a violar, te vamos a coger’. Me encañonaron en la frente con una pistola”.

Los policías usaron una bolsa y con ella intentaron estrangularlo, después llegaron los métodos de asfixia. Él se negaba a firmar una confesión; entonces dijeron: ‘Bueno, entonces ponemos algo ilegal’. Es por esto último que Enrique lleva dos años encerrado en una prisión de máxima seguridad.

El 600 % del incremento del número de denuncias de tortura y otros malos tratos, dan como resultado en México 7 mil 741 denuncias recibidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en tan sólo cuatro años (2010-2014), la misma dependencia que en múltiples casos, según las voces de familiares de víctimas, se ha negado a agilizar las investigaciones o ha tenido pruebas suficientes pero no ha emitido recomendaciones que pudieron cambiar las circunstancias de las víctimas, con respecto a su puesta en libertad, así es como en 23 años, solamente ha habido 7 condenas por tortura y no han sido durante este sexenio.

Samantha Navarrete activista que forma parte de Amnistía Internacional asegura a Revolución TRESPUNTOCERO que “ninguna autoridad federal ha realizado un claro seguimiento de los datos sobre la constante tortura y malos tratos perpetrados por las fuerzas de seguridad, lo cual independientemente del porqué no lo hace. Tiene gran culpa entonces porque da vía libre al aumento de los casos, ya que no responde de manera adecuada ante la problemática mortal”.

Y afirma que si “mañana todas las autoridades de las cuales dependen los casos de tortura”, ejercieran sus investigaciones y demás acciones con un mínimo de objetividad en cada proceso penal, veríamos a miles libres en las cárceles, con sus casos esclarecidos, demostrados inocentes, y por cada víctima en libertad, al menos cinco elementos de seguridad estarían entrando a las cárceles, de esa dimensión es la gravedad que padece México y el peligro inminente que corre cualquiera de sus ciudadanos y con mayor riesgo los inocentes, porque los que han cometido delitos, esos generalmente están coludidos con distintas autoridades”.

“México padece una pandemia de tortura, que difícilmente logrará combatir, cuando ésta proviene de quienes tienen los hilos del poder y son una tiranía perfecta, sin embargo la exhibición de los casos y el acompañamiento de las organizaciones pueden cambiar el negro panorama del país”, afirma Adán.

“No hay día que no recuerde el día que me golpearon, me amenazaron, y me obligaron a aceptar cosas que yo no cometí. Es una tortura diaria. Es como estar enterrado vivo aquí.”Damián Gallardo Martínez, torturado por la Policía Federal en mayo de 2013.

“Lo que queda en tu mente, quien lo puede remediar. ¿Quién me lo puede quitar? Creo que no hay medicina ni terapia para esto.” Superviviente de tortura entrevistada por Amnistía Internacional, 2015.