Trece
organizaciones internacionales han formulado más de 150 recomendaciones
a México durante el presente sexenio; todas, relacionadas con la ola de
desapariciones que, desde la Guerra Sucia y hasta el presente, enluta a
miles de familias
Al menos 156 recomendaciones en materia de desaparición de personas
ha recibido el Estado mexicano de parte de 13 organismos internacionales
durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La mayoría de ellas no ha
sido solventada en lo absoluto. Si se suman las del último año del
sexenio pasado, de Felipe Calderón, las indicativas suman más de 300.
Las recomendaciones han sido emitidas, en su gran parte, por el Grupo
de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o
Involuntarias y por el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pero también, por otras nueve instancias de la Organización de las
Naciones Unidas: el Comité contra la Desaparición Forzada; el Comité
contra la Tortura; el Comité de los Derechos del Niño; el Consejo de
Derechos Humanos; el Comité para la Eliminación de la Discriminación de
la Mujer; la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos; la Relatora Especial sobre la Violencia contra la
Mujer, Sus Causas y Consecuencias; la Relatora Especial sobre la Venta
de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la
Pornografía, y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.
Además, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
México se ha convertido en el mayor receptor de recomendaciones por
este crimen de lesa humanidad, muy por encima del segundo lugar, Irak
–que padece guerra civil, invasión y ocupación terrorista–, que recibió
68.
Oficialmente, México reconoce 30 mil 942 personas desaparecidas
(forzadas o no) o extraviadas, como reportó la Secretaría de Gobernación
a través del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o
Desaparecidas en marzo pasado. De ellas, casi 7 mil son menores de edad.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y de familiares de las
víctimas aseguran que la cifra total real es superior, pues muchos de
los casos no se denuncian.
Ariel Dulitzki encabezó el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre
Desaparición Forzada de 2010 y hasta el 30 de abril pasado. Supo de la
situación mexicana, conoció el caso de los 43, visitó el país, se reunió
con familiares de las víctimas, con organizaciones defensoras de
derechos humanos, con funcionarios de los tres niveles de gobierno de
México y emitió recomendaciones.
A pesar de ser cauto, su evaluación es clara: México ha faltado en
todo. “En general, el Estado [mexicano] ha fallado en sus respuestas en
materia de verdad, justicia y reparación”.
Pero no es estridente. En entrevista con Contralínea, señala
que no se puede generalizar la actuación de todos los servidores
públicos. “Hay muchas autoridades a nivel estatal como a nivel de la
Federación, y a nivel de los tres Poderes del Estado [Ejecutivo,
Legislativo y Judicial], que tienen voluntad de hacer las cosas bien,
desde la perspectiva de los derechos humanos”.
El problema es con dos tipos de funcionarios: aquellos “que están
implicados en desapariciones forzadas” y aquellos “que no tienen
voluntad política para tratar las necesidades de las víctimas de
desapariciones forzadas”.
La primera recomendación que hizo a México el Grupo de Trabajo sobre
Desapariciones Forzadas o Involuntarias fue el de reconocer la dimensión
del problema, recuerda el abogado Santiago Corcuera Cabezut.
El maestro en derecho por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y
quien fue presidente del Comité de Naciones Unidas contra la
Desaparición Forzada hasta junio pasado, sentencia: “si no se reconoce
la dimensión del problema no se van a seguir las recomendaciones que las
instancias internacionales le hacen al destinatario”.
Y es que el gobierno mexicano, lejos de aceptar las recomendaciones
de las instancias internacionales, las descalifica y cuestiona la
integridad y la capacidad de las organizaciones que las emiten.
En entrevista con Contralínea, Corcuera Cabezut explica el
comportamiento del Estado mexicano con una analogía: “Es como un
paciente que va al médico por alguna afectación. El médico le dice que
tiene una grave enfermedad y que debe seguir un tratamiento; pero el
paciente se enoja con el médico, le dice que exagera, y va a ver a su
abogado para preguntarle si las recomendaciones apuntadas son de
carácter obligatorio”.
?¿Esa falta de voluntad política tiene su origen en que podría haber
funcionarios implicados en la desaparición forzada? –se le pregunta a
Corcuera Cabezut.
?No lo sé. No sé qué piensan: si se sienten agredidos, dolidos… no lo
sé. Lo que sí puedo juzgar es la reacción que exteriorizan: es la
descalificación de las instancias internacionales que les formulan
recomendaciones y la negación del problema. Y ante tales actitudes, no
habrá solución para el problema.
“El Estado mexicano no se va a hacer el harikiri”, dice sin ambages
el luchador social Julio Mata, secretario ejecutivo de la Asociación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los
Derechos Humanos en México (Afadem) y vocal de comunicaciones de la
Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos
Desaparecidos (Fedefam).
“El Estado mexicano no tiene el deseo de que se conozca la verdad de
los desaparecidos porque él mismo está implicado. Va a seguir
protegiendo a sus entes. Y va a hacer todo los posible porque no se sepa
cuáles son esas cadenas de transmisión que mueven la necesidad de
protegerse entre unos y otros, sean militares, policías y civiles”,
señala el luchador social que demanda la presentación de personas que
fueron desaparecidas desde las décadas de 1960, 1970 y 1980, el periodo
de la Guerra Sucia.
A decir de Julio Mata, basta un hecho para corroborar que no hay
voluntad política de las autoridades mexicanas para que se conozca la
verdad y se haga justicia en materia de desapariciones políticas: hoy y
durante la “alternancia”, cuando por 2 sexenios detentó el Poder
Ejecutivo Federal el Partido Acción Nacional (PAN), se mantiene la
negativa de abrir los archivos del Ejército Mexicano.
Entrevistados por separado, los especialistas coinciden en que hay
una condición para que no se haga justicia en materia de desapariciones y
también para que sigan ocurriendo estos crímenes considerados de lesa
humanidad: la impunidad.
Para Julio Mata, si hay algo que caracteriza a las desapariciones que
hoy ocurren en México con las del periodo de la Guerra Sucia es la
impunidad. “El Estado es responsable”, señala. Incluso reitera esa
responsabilidad para los casos en los que no se consideran
desapariciones forzadas: “Ya sea por acción, por omisión o por
aquiescencia, el Estado mexicano es responsable”.
Desde 2013, el Comité contra la Desaparición Forzada de la
Organización de las Naciones Unidas solicitó al gobierno mexicano
autorización para realizar una visita de trabajo para revisar los
avances en el combate a este crimen. Sin embargo, las autoridades
mexicanas no han respondido al organismo internacional.
Al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, tanto el Comité contra
la Desaparición Forzada como el Consejo de Derechos humanos (ambos de la
Organización de las Naciones Unidas) tuvieron que recomendar
“enérgicamente” al Estado mexicano que reconociera la competencia del
propio Comité contra la Desaparición Forzada para formularle
recomendaciones.
Muchas otras “sugerencias” vendrían para que las autoridades
mexicanas pusieran en práctica las recomendaciones efectuadas por los
organismos internacionales.
Sólo en materia de investigación de casos de desaparición, el Estado
mexicano recibió 30 recomendaciones en lo que va del sexenio. La mayoría
de ellas, formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En
efecto, la que investigó la desaparición de forzada de los 43 alumnos de
la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.
Además de las recomendaciones en materia de investigación, el Estado
Mexicano recibió “sugerencias” para acatar el régimen internacional de
protección; adecuar el marco legislativo para atender la desaparición de
personas (en general, y en particular la desaparición forzada);
clarificar la situación legal de las personas desaparecidas y de sus
allegados; construir un registro único nacional de personas
desaparecidas confiable y útil; generar un procedimiento de búsqueda de
personas desaparecidas sin dilaciones y de oficio; para reformar la
jurisdicción militar en la materia; de protección y apoyo a las familias
y personas que denuncian, participan o defienden casos de desaparición;
establecer un registro de personas privadas de la libertad; garantizar
el derecho a la libertad personal (entre otros asuntos, derogar la
figura del arraigo); prevenir e investigar las desapariciones de
migrantes; otorgar particular atención a las desapariciones de mujeres;
sancionar en la legislación la desaparición de niñas y niños;
instrumentar un programa especial con respecto de las desapariciones de
la Guerra Sucia; reformar las fuerzas de seguridad, y garantizar el
derecho a la reparación.
Sobre este último apartado, la primera recomendación de 2015
–formulada por el Grupo de Expertos Independientes– señala que el Estado
mexicano debe “concebir la reparación como un instrumento para promover
una transformación democrática y lograr mejores condiciones de justicia
distributiva para todos”.
La segunda se refiere a otorgar una reparación integral “y
transformadora” a las víctimas. “Toda persona física que haya sufrido un
perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada debe
contar con reparaciones tales como: medidas de rehabilitación,
satisfacción, compensación, restitución si es el caso, y garantías de no
repetición. Con base en los estándares internacionales de derechos
humanos se deben reparar los daños materiales (daño emergente y lucro
cesante), los daños inmateriales (medidas simbólicas) y el daño al
proyecto de vida”.
A pesar de ir a contracorriente y de la falta de voluntad de los
funcionarios, los familiares de los desaparecidos no tienen otra opción
que seguir exigiendo al Estado mexicano justicia.
A decir de Corcuera Cabezut, las demandas a las autoridades “deben
ser, uno, que reconozcan la dimensión del problema; dos, que pongan en
práctica todas y cada una de las recomendaciones que las instancias
internacionales han hecho con el fin de ir superando poco a poco la
gravísima crisis humanitaria en la que el país está sumergido, donde hay
práctica generalizada de la tortura, donde en muchas regiones del país
pudieran estarse presentando desapariciones generalizadas y donde muchas
de las cuales se trata de desapariciones forzadas (es decir, cometidas
por agentes estatales]”.
Zósimo Camacho
Ciudad de México, 28 de junio de 2017. La Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción expresó ayer que la investigación sobre el espionaje a periodistas y activistas debiera abordar esta conducta “desde un enfoque que abarque no solo delitos relacionados con libertad de expresión, sino también responsabilidades penales y administrativas de servidores públicos así como mecanismos que garanticen la prohibición absoluta del uso indebido de herramientas de investigación criminal y el estricto apego de éstas a rigurosos controles constitucionales”.
Increíble, la respuesta dada por el gobierno a sus espiados con una tecnología llamada Pegaso que solo el gobierno federal o sus agencias pueden tener. Les piden que entreguen para su revisión precisamente los teléfonos espiados.
