SOLIDARIDAD

Zihuatanejo, Guerrero a 1 de Agosto del 2009

COMUNICADO DE PRENSA

La Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales de Guerrero (COMSG) repudia totalmente el crimen artero en contra de Juan Daniel Martínez Gil locutor de W Radio en Acapulco, así mismo de todos los asesinatos y actos de hostigamiento en contra de los periodistas en el Estado.

Tal pareciera qué, el ejercer el oficio arduo del periodismo sea una amenaza para el gobierno estatal y federal, que cada vez se empeña en silenciar a quienes diariamente sacan a la luz pública las corruptelas de los encargados de administrar los recursos de sus gobernados.

Guerrero está considerado como una de las entidades más peligrosas para ejercer esta noble profesión y el gobierno estatal se ha ensañado en callar a quienes nos apoyan en exhibir los actos violatorios a nuestras garantías individuales y derechos humanos. Asesinan alegando riñas de familia, crímenes pasionales, o simplemente se limitan a decir que “desconocen el móvil del homicidio”.

Desde demandas por “daño moral” que hacen los hermanitos incómodos de los gobernadores en turno, hasta la desaparición forzada y el asesinato a los periodistas son clásicos en un estado como Guerrero, donde la impunidad del cacicazgo es la ley para los que se dicen gobernadores y olvidan fueron electos por voluntad popular.

Todo el estado de Guerrero vive una cacería de brujas y la cínica criminalización de la lucha social, así, como la censura, represión y crímenes en contra de la libertad de expresión; Siguen los casos de Cecilio Molina sin esclarecer, de Amado Ramírez corresponsal de Televisa, el hostigamiento por parte del ejército y policía estatal a periodistas y corresponsales y ni las recomendaciones de Article 19 ni instancias internacionales importan a el gobierno federal.

El estado mexicano ha sido sentado en el banquillo de los acusados gracias a el apoyo de los medios de prensa estatales qué aún mantienen su convicción y ética informativa, su compromiso con la sociedad ayudando a difundir casos como el de Rosendo Radilla , Puerto de Las Ollas y Las Palancas, los desaparecidos del Comité de Familiares y Desaparecidos en Chilpancingo, la violación a Ines Fernández indígena me´pha , el movimiento de la CETEG en contra de la ACE, la masacre de Aguas Blancas, el tráfico de influencias y explotación del río Santa Catarina, triunfos como la cancelación del muelle de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Zihuatanejo, y la injusta encarcelación a luchadores sociales como Máximo Mojica o la persecución Javier Torres, así como solo publicar la propia declaración de Zeferino Torreblanca Galindo diciendo que el cacique Rogaciano Alva es su amigo cuando bien se sabe hay otros nexos, el dispendio del auditor de la AGE Rendón Romero, el asesinato contra Manuel Ponce y Raúl Lucas de la OFPM, la huelga de los mineros de Taxco y muchos casos mas que no pararíamos de mencionar.

Es por ello que exigimos:

-Se investigue el crimen de Juan Daniel Martínez Gil sea cual fuere el móvil y no se deje como una denuncia más o le den carpetazo como acostumbran hacer .
-Apoyo a su familia y un abogado de oficio que,por ley les corresponde
-Seguimiento al caso, así cómo se de a la luz pública los resultados por la axficia a la que fue sometido
-Respeto al Derecho a la Libertad de Expresión
-Alto a la criminalización de la lucha social y las violaciones a los derechos humanos, civiles y políticos, y garantías individuales de los ciudadanos Guerrerenses
La COMSG manifiesta su más sentido pésame con la familia de Martínez Gil y reitera su compromiso de lucha con las causas sociales así como con la ciudadanía que somos todos, y la solidaridad para todos aquellos que en Guerrero o en las diferentes entidades de nuestro país y nuestro continente existen.

COMSG
COORDINADORA DE ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES DE GUERRERO
¡¡¡Porque Guerrero tiene historia… nos vemos en 2010!!
Responsables de la publicación:
Luis Muños – CETEG
Hercilia Castro-RMI/RNR
Javier Monroy-TADECO
José Sánchez Sánchez-Abogados sin Fronteras
Bernardo Solís Radilla-UCD
Gonzalo Molina –Movimiento Vicente Guerrero de Tixtla
Obdulia Balderas y Ma. Lourdes Armenta-ROGAZ
Isabel Garibo- Colonos Cerro de Huamilule
Luis Luna-Colectivo Bandera Roja de Iguala

Hilda Venegas Negrete- Union de Juristas de México, Alternativa Latinoamericana

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Ejército, escrupuloso en respeto a DH: Calderón

• Afirma que actúan bajo observación continúa de la CNDH, la CIDH y la OACNUDH.

• En Ciudad Juárez, empresarios cuestionan eficacia de operativos

En el marco de la novena Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, que congregó mandatarios de la región centroamericana en la provincia de Guanacaste en Costa Rica, el tema principal fue la crisis hondureña. Sin embargo, en la conferencia de prensa conjunta, los periodistas cuestionaron a uno de los participantes sobre temas internos. Felipe Calderón tuvo que salir al paso de preguntas de los medios presentes sobre recientes opiniones de distintos sectores e instancias sobre la necesidad de replantear la estrategia de combate al crimen organizado.

En este sentido, Calderón expreso que, sobre el tema de abusos militares contra civiles, cuando ha habido denuncias contra soldados o marinos éstas han sido "escrupulosamente" investigadas tanto por la CNDH como por el Ministerio Público y los jueces competentes. De la misma manera destacó entre sus logros la captura de los secuestradores de Fernando Martí, Laura Zapata y Silvia Vargas Escalera. También aseguró que tanto su gobierno, como las policías y militares asignados, han sido respetuosos "de la observancia de la ley y de los derechos humanos". Como muestra de ello dijo que han actuado bajo la "observación continua no sólo de la CNDH en México sino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que tiene oficinas en México".

En cuanto a la posibilidad de cambios en la estrategia contra el crimen organizado respondió que ""cualquier política pública, no sólo en materia de seguridad, siempre requiere res minuciosamente observada y seguida y siempre será susceptible en mejora. La convicción del gobierno federal es que la lucha por la seguridad de los mexicanos es una lucha en la que habremos de perseverar y en la que habremos de salir adelante". Ayer mismo empresarios de Ciudad Juárez expresaron al Secretario de Gobernación que viven "terror" cotidiano.

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Caso Brad Will: prioridad trinacional

• Ante exigencia de EU de resolver el caso, PGR recurrió a Canadá

Como recordarán nuestros lectores, el caso Brad Will tomó un nuevo giro desde finales del año pasado cuando la PGR y la CNDH se enfrascaron en divergencias por los peritajes sobre el origen de los disparos, mismas que cristalizaron en primer término en la emisión de una recomendación de la CNDH. Posteriormente el caso fue vinculado a la Iniciativa Mérida, cuando el Congreso de los EU exigió resolverlo como parte de los condicionamientos de DH de dicho mecanismo. En este contexto Juan Manuel Martínez Moreno, quien había sido detenido como supuesto responsable de los hechos, fue acosado para aceptar las imputaciones de la PGR durante la visita a México de Barack Obama.

De esta manera el estudio canadiense que apoya la tesis de la PGR, forma parte de una estrategia para fortalecer la posición oficial mexicana en el ámbito mismo en donde el caso podría generar un daño mayor: la cooperación norteamericana. El peritaje concluye que Will murió por un disparo realizado entre 70 cms. y 12 metros, lo cuál ha sido recibido con beneplácito por el gobernador Ulises Ruiz, quien sin embargo afirmó que el caso será resuelto por el juez correspondiente. También cayó bien el Estudio a columnistas como Carlos Marín quien lee los hechos desde la perspectiva del siglo pasado, eludiendo el contexto geopolítico norteamericano.

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Esta recopilación también puede ser consultada en
http://centroprodh.org.mx/sididh2008/

México: Cae uno más, van 94

Teodoro Rentería Arróyave (especial para ARGENPRESS.info)

Con el descubrimiento del cadáver del periodista radiofónico Juan Daniel Martínez Gil de Radiorama de Acapulco, Guerrero, desaparecido el lunes anterior, al igual que en febrero del presente año, en este julio han sido asesinados tres periodistas en un solo mes. En total en lo que va del 2009 han sido victimados 8 comunicadores.

Las dos anteriores víctimas de este fatal mes son el reportero del periódico Panorama y corresponsal de la agencia Quadratín de la ciudad de Zitácuaro, Michoacán, Martín Javier Miranda Avilés, hallado en el interior de su vivienda con lesiones de arma blanca el pasado 12 de julio.

Y Ernesto Montañez Valdivia, editor de la revista Enfoque de El Sol de Chihuahua, fue asesinado el pasado 14 de julio en un ataque armado en Ciudad Juárez, cuando circulaba en una camioneta manejada por su hijo adolescente, quien resultó gravemente herido de un tiro en el cuello.

Según información de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Acapulco, el cadáver de Juan Daniel Martínez Gil fue hallado semienterrado con huellas de tortura en diferentes partes del cuerpo y el rostro cubierto con cinta adhesiva, luego de una denuncia anónima al servicio telefónico de emergencias 066.

El comunicador, de 42 años, fue identificado por sus compañeros de la empresa Radiorama Acapulco. El periodista conducía el noticiario W Guerrero Noticias. Se estima que el colega murió de asfixia.

Con estos hechos suman 94 asesinatos de 1983 a la fecha, 90 periodistas y 4 humildes trabajadores de la prensa, de ellos 60 han ocurrido durante los sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, además de 11 desapariciones forzadas, 2 de los secuestrados aparecieron muertos, por lo que 9 continúan en la incertidumbre de su localización.

En lo que va de la administración de Calderón Hinojosa, han sido asesinados 30 periodistas, es decir casi un asesinato por mes, y se produjeron 5 desapariciones forzadas, como lo tienen documentado en trabajo conjunto la Federación Latinoamericana de Periodistas FELAP-México, Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX y el Club Primera Plana, organizaciones que como siempre exigen de las autoridades justicia, puesto que todos estos crímenes y demás atentados yacen en la más espantosa impunidad.

Es de resaltarse que este crimen se agrega al anterior, el 6 de abril de 2007 el informador Amado Ramírez, quien también trabajaba para Radiorama, fue ultimado a unos pasos de su centro de trabajo, en el centro de Acapulco. Además fue corresponsal de los noticiarios de Televisa.

Según las primeras investigaciones, Martínez Gil fue “levantado” al salir de la emisión de su noticiario y un día después fue encontrado muerto en un baldío de una colonia popular, su compañero Amado Ramírez fue acribillado al salir de las instalaciones radiofónicas. Cae uno más y van 94 comunicadores asesinados y 9 permanecen desaparecidos, lo más grave, repetimos, es la vergonzosa y vergonzante impunidad.

Siete periodistas asesinados

JOSé GIL OLMOS

MÉXICO, D.F., 29 de julio (apro).- Desde que el PAN conquistó la Presidencia de la República, en el 2000, han sido asesinados 53 periodistas. Tan sólo lo que va de este año siete comunicadores perdieron la vida. En ninguno de los casos los responsables han sido detenidos. Esta impunidad ha provocado que el país sea considerado el segundo más peligroso en el mundo para los periodistas, detrás de Irak.

En medio de la crisis que vive el país, hay cosas que se nos olvidan por la cotidianidad con que ocurren, pero no por ello dejan de ser graves porque refuerzan esta sensación de ingobernabilidad que existe entre la población desde hace unos años.

Una de estas cosas es la constante agresión que en todo el país sufren los periodistas, quienes realizan su trabajo en circunstancias de peligro, principalmente en algunas regiones donde el narcotráfico se ha adueñado de la población y de su gobierno.

La Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) manifestó apenas hace unos días su "indignación y profunda preocupación" ante los hechos de violencia que continúan en contra de los periodistas mexicanos. El caso más reciente, el corresponsal en Acapulco de la cadena W Radio, Juan Daniel Martínez Gil.

Con esta muerte son ya siete los asesinatos de periodistas en lo que va del 2009. Los otros periodistas ejecutados este año son Luis Daniel Méndez Hernández, en el estado de Veracruz; Jean Paul Ibarra Ramírez, en Guerrero; Carlos Ortega Samper y Eliseo Barrón Laguna, en Durango; Ernesto Montañés Valdivia, en Chihuahua, y Martín Javier Miranda, en Michoacán.

Pero las agresiones contra los periodistas son muchas más. Ocurren en todo el país. Entre 2008 y el primer semestre de este año se registraron 365, una cada dos días, según un informe de la Fundación Buendía, elaborado por Omar Raúl Martínez.

La situación es sumamente preocupante si tomamos en cuenta los datos duros que dicha fundación proporcionó en una conferencia de prensa: Durante 2008 se registraron 223 agresiones directas e indirectas contra periodistas y medios informativos, incluidos 12 asesinatos. Mientras que hasta el 30 de junio de 2009, contabilizamos 142 actos contra el trabajo periodístico y cinco asesinatos.

Un mes después de este informe, ocurrieron dos asesinatos más de periodistas mexicanos.

Las cifras que proporcionó la fundación son abrumadoras y han llevado a considerar el periodo del 2008 al primer semestre de 2009 como el más violento y con mayor número de ataques contra el periodismo mexicano en tres lustros.

En los dos primeros años del gobierno del presidente Ernesto Zedillo fueron asesinados 6 periodistas e igual número en el mismo período de su sucesor Vicente Fox, mientras que en los dos primeros años del mandato de Felipe Calderón se ha registrado la muerte de 17 periodistas, puntualizó Martínez.

Las agresiones contra los informadores incluyen asesinatos (5%), ataques físicos (31%) y amenazas e intimidaciones (21%), entre otras. Los más afectados son los periodistas que se dedican a la cobertura de las fuentes policíacas con 46% y política, 38%, de acuerdo con el reporte de la Fundación Buendía.

El problema es que el gobierno de Calderón ve este hecho como un "daño colateral" dentro de su "guerra" contra el narcotráfico y no como una consecuencia de los errores de su estrategia de combate al crimen organizado basada en el uso del Ejército.

De ahí que no se vea un cambio favorable en esta situación de peligro para los informadores de todo el país, pero sobre todo aquellos que viven y trabajan en zonas donde el crimen organizado, especialmente el narcotráfico, se ha fundido con el gobierno, creando un imperio de impunidad y corrupción que difícilmente se terminará con más soldados que actúen como policías.

Implica impunidad en violación a DH de mujeres

Preocupa que Calderón anule sujeción del Ejército al poder civil

Por Lourdes Godínez Leal

México DF, 29 julio 09 (CIMAC).- Es preocupante el reciente decreto de Felipe Calderón para reformar y adicionar el Reglamento interior de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que otorga más facultades a la Procuraduría de Justicia Militar, señalaron Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y Edgar Cortéz, Secretario Ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos.

El decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de julio, a dos semanas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inicie la discusión sobre el tema del fuero militar, generada a raíz de un amparo interpuesto por la viuda de un civil asesinado por militares en 2008 en la comunidad de Santiago de los Caballeros, Sinaloa.

En él se reforman los artículos 10 fracción IX; 80 párrafo primero y fracción V y 81 y se adicionan las fracciones IV bis y IV ter al artículo 80 del Reglamento interior de la Sedena, referidos básicamente a que será el Procurador General de Justicia Militar quien represente al Ejecutivo Federal en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad y en todos los trámites establecidos por la Ley de amparo, así como en los juicios de amparo.

Esta acción, dijo en entrevista telefónica Edgar Cortéz, evidencia “una clara dependencia del Ejecutivo Federal hacia el Ejército, lo que resulta preocupante ya que se está invirtiendo un principio básico de la democracia que es la sujeción del Ejército al poder civil”.

En este sentido, el Prodh ha reiterado en diversas ocasiones la necesidad de establecer controles civiles sobre los militares, ya que la impunidad que persiste por las violaciones a derechos humanos cometidas por éstos obedece, en gran medida, a la falta de estos controles.

Así ha ocurrido en los casos de violación cometida por militares contra mujeres, como sucedió, por ejemplo, con las hermanas tzeltales, en 1994 en Chiapas, o con doña Ernestina Ascencio, en Zongolica, Veracruz.

AMPLIO MARGEN DE ACCIÓN

A la luz de la próxima discusión en la Corte, Luis Arriaga consideró en entrevista telefónica, que con estas facultades Felipe Calderón “le da suficiente margen de acción” al Procurador de Justicia Militar, para continuar defendiendo al Ejército tal y como lo hiciera en su oportunidad el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, líder guerrerense.

La misma actitud asumió el Gobierno federal durante el Examen Periódico Universal, realizado en junio de este año, en el cual pese a 8 recomendaciones para terminar con el fuero militar, el Estado mexicano dejó en claro su postura de defensa a los militares a quienes ocupa en su “guerra contra el narcotráfico”.

En este contexto y ante la próxima discusión que hará la SCJN, Felipe Calderón lanza este decreto y continúa al mismo tiempo con “una política empecinada en no ceder que se establezcan controles civiles al Ejército mexicano”, dijo Luis Arriaga Valenzuela.

En ello coincidió Edgar Cortéz, quien agregó que no hay que olvidar que a esto se suma la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional, enviada por el Ejecutivo al Congreso de la Unión donde propone la creación de un concepto de “amenazas a la seguridad interna” y que, cuando esto exista, se declare la suspensión de garantías, lo que dejaría en manos del Ejército nuevamente la “seguridad” ciudadana.

En su opinión, existe por parte de Calderón Hinojosa “una política deliberada de postergar al Ejército en tareas de seguridad pública”.

Una de las preocupaciones de Cortéz es que ésta sea la línea que sigan los ministros de la Corte, ya que dijo “no estar tan seguro que la totalidad de los ministros tengan conciencia y mentalidad de la necesidad de establecer controles civiles sobre los militares y que tengan que existir mecanismos de control y vigilancia”.

Precisó que no hay que olvidar que diversas resoluciones de la SCJN “han favorecido la idea de que el fuero militar prevalezca”, misma que podría permanecer dadas las condiciones por las que atraviesa el país.

Y pidió recurrir a la memoria histórica, pues “quien sacó a la calle a los militares para tareas de seguridad pública” fue el ex presidente priista Ernesto Zedillo y no Felipe Calderón, como lo ha hecho creer a la ciudadanía.

El tema, dijo Cortéz, es que Calderón “está usando al Ejército de manera intensiva y extensiva” y a más de una década del uso de éste para combatir al narcotráfico los resultados siguen siendo los mismos, por lo que Calderón tendría que hacer “una evaluación rigurosa de su estrategia” ante su evidente fracaso.

Luis Arriaga lamentó que las observaciones que se han hecho al Ejército por parte de las ONG sean “mal interpretadas” y vistas de “mala fe” cuando de lo que se trata, dijo, es de exigir controles necesarios en el marco de un Estado de derecho.

Reiteró que la SCJN tiene ante sí “una oportunidad histórica” de revertir los patrones de impunidad al pronunciarse a fondo, sobre la inconstitucionalidad de la extensión del fuero militar.

Aristegui - Libertad De Expresion Frank La Rue (Relator De La ONU)

Abusos del Ejército mexicano "envenenan la democracia": Los Angeles Times

LA REDACCIóN

México, D.F., 24 de julio (apro).- El periódico Los Ángeles Times exhortó al gobierno de Estados Unidos a retirar el 15 por ciento de los recursos del "Plan Mérida" por las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército mexicano.

En su editorial de este viernes, el rotativo se suma a la exigencia de Human Rights Watch de someter los abusos militares a tribunales civiles y hacer justicia en las 559 quejas presentadas por ciudadanos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México por vejaciones castrenses.

Los Ángeles Times cuestiona el adiestramiento de las fuerzas armadas para combatir a los potentes cárteles de la droga. "Ningún país debería tener un Ejército que está por encima de la ley, una condición que envenena la democracia", demanda el periódico.

Las violaciones a los derechos humanos cometidas por instituciones, insiste el rotativo, debilita el sistema jurídico de cualquier país. Va más allá: "Debilita la legitimidad del gobierno".

En la editorial se recuerdan los abusos perpetrados por el Ejército durante la "guerra sucia" contra militantes de izquierda durante el priismo. También cuestiona el papel de los uniformados en el conflicto social de Chiapas, hecho público la década pasada.

En su edición de esta semana, Proceso publica un reportaje sobre la negativa del gobierno federal de someter a juicio a los militares y eliminar el fuero que los protege de ser castigados por abusos contra civiles.

PROGRAMA CONTEXTOS ADRIAN RMZ Y JULIO MATA SOBRE EL CASO ROSENDO RADILLA PRESENTADO AHORA EN LA CIDH EN COSTA RICA

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Encabeza Sedena denuncias en 2009: CNDH

LA REDACCIóN

MÉXICO, D.F., 22 de julio (apro).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es la dependencia con más denuncias de violaciones a las garantías individuales en lo que va del año, informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

A través de un comunicado, la CNDH dio a conocer que durante el primer semestre del año, atendió 2 mil 956 quejas por presunta violación a las garantías individuales, de las cuales casi la cuarta parte, 559 casos, correspondieron a la Sedena.

En la lista le siguió la Procuraduría General de la República (PGR) con 216; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 215; y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), federal con 104.

La CNDH precisó que la Secretaría de Educación Pública concentró 99 denuncias, la Policía Federal 90, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) 81, e igual número para el órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública.

Durante el mismo periodo el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tuvo 80 denuncias, y el Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación, 73.

Entre las quejas recibidas del 1 enero al 30 de junio de 2009 destacan 318 casos por prestar indebidamente el servicio público; 250 por detención arbitraria; 210 por faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos y comisiones.

También hubo 194 casos por trato cruel, inhumano o degradante y 170 por incumplir con algunas de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o durante su ejecución, así como para las visitas domiciliarias.

Además, 101 denuncias fueron por retención ilegal; 96 por omitir proporcionar atención médica; 77 por apoderarse de un bien inmueble sin el consentimiento del propietario y sin existir causa justificada; 66 por dilación en el procedimiento administrativo y 56 por emplear arbitrariamente la fuerza pública.

En 53 ocasiones, el hecho violatorio fue prestar indebidamente el servicio de educación, 51 quejas fueron por incomunicación, 45 por diferir la presentación del detenido ante la autoridad competente, 44 por omitir fundar el acto de autoridad y 42 más por acciones y omisiones que transgreden los derechos de las personas privadas de su libertad.

Periódico La Jornada

De la Redacción

De las 2 mil 956 quejas atendidas en el primer semestre de 2009 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las autoridades más señaladas por presunta violación a los derechos fundamentales fueron la Secretaría de la Defensa Nacional, con 559 casos; la Procuraduría General de la República, con 216; el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 215, y la Secretaría de Seguridad Pública federal con 104.

Le siguen la Secretaría de Educación Pública con nueve quejas, la Policía Federal Preventiva con 90; el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, con 81; e igual número para el órgano administrativo desconcentrado Prevención Adaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública.

En un comunicado emitido por la comisión se asegura que las quejas recibidas del primero de enero al 30 de junio del presente año destacan los siguientes hechos violatorios: 318 casos por prestar indebidamente el servicio público; 250 por detención arbitraria; 210 por faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos y comisiones.

2008, mayor número de ataques contra el periodismo en tres lustros

Como asesinato de locutoras triquis y allanamiento a CIMAC

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México DF, 22 julio 09 (CIMAC).- Los asesinatos de Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, comunicadoras comunitarias de La Voz que Rompe el Silencio, en la región Triqui de Oaxaca, forman parte de los 12 homicidios de periodistas registrados durante 2008, año considerado uno de los más violentos y con mayor número de ataques para el periodismo en México de los últimos quince años.

Así lo indica el Informe Buendía 2008, elaborado por la Fundación Manuel Buendía, el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, dado a conocer el día de ayer.

El documento relata, en 66 páginas, los 223 actos contra periodistas y medios de comunicación; “cifra abrumadora”, considerando que el Informe Buendía 2007 registró 133 casos, y analiza las repercusiones de estos hechos en materia de libertad de expresión.

Las agresiones y los actos inhibitorios contra el trabajo periodístico se duplicaron durante 2008 y el primer trimestre de 2009, por ello, asevera el Informe, este lapso es “considerado uno de los periodos más violentos y con mayor número de ataques para el periodismo en el país, de los últimos tres lustros”.

Y sostiene que lo “alarmante” no es que el número de agresiones en contra de periodistas se duplicó sino el aumento de los asesinatos, pues en 2007 consignaron cinco homicidios y el año pasado ultimaron a 12 trabajadoras y trabajadores de la información, de los cuales al menos en siete casos existen indicios de que su muerte está vinculada con su quehacer periodístico.

Los nombres de las y los periodistas asesinados son: Felicitas Martínez y Teresa Bautista Flores, Francisco Ortiz Monroy, Bonifacio Cruz Santiago, Alfonso Cruz, José Luis Villanueva, Candelario Pérez, Alejandro Zenón Fonseca, David García, Miguel Ángel Villagómez, Armando Rodríguez y Raúl Martínez.

Las locutoras y reporteras de la estación La voz que rompe el silencio, Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, fueron acribilladas el 7 de abril de 2008, cuando se dirigían al Encuentro estatal por la defensa de los derechos de los pueblos, en San Juan Copala, Oaxaca. Ellas ya habían sido amenazadas por las denuncias hechas a través de la estación.

ZONAS DE RIESGO

El Informe Buendía informa del total de los homicidios, ocho ocurrieron en zonas donde la delincuencia organizada y el narcotráfico han logrado una gran influencia y parecen tener el control.

Los estados que concentraron mayor número de actos en contra de las y los comunicadores están encabezados con el 15.3 por ciento por el Distrito Federal, seguido por Oaxaca con un 11.7 por ciento, Veracruz 9.9 por ciento, Chiapas 7.2 y Tamaulipas e Hidalgo con 4 por ciento cada uno.

El panorama para 2009 no es “alentador”, pues hasta junio pasado se registraron cinco homicidios, tendencia similar a la del año 2008: un asesinato por mes. Además durante estos primeros seis meses se sumaron 147 agresiones directas e indirectas en contra de periodistas y medios de comunicación. Según el Informe Buendía, el 41.8 por ciento de las agresiones que reciben las y los trabajadores de la información en México son por ejercer su labor.

De acuerdo con el documento, las agresiones directas (ataques, acosos, allanamientos, intimidaciones, asesinatos, atentados y bloqueos informativos) representan el 73 por ciento de las 233 registradas, mientras que las indirectas (demandas, denuncias, arrestos, despidos, detenciones y citas a comparecer) se estiman en 12.1 por ciento.

Los medios impresos fueron los más perjudicados en cuanto a su libertad de expresión, con el 71.6 del total de las agresiones, seguidas de la radio con 13.9 y la televisión con 7.6 por ciento.

Las agresiones físicas son las de mayor incidencia con el 31.8 por ciento, seguidas de las amenazas e intimidaciones con 21 por ciento y los allanamientos con 10 por ciento. En este último rubro el Informe Buendía enlista el allanamiento que sufrió la Asociación Civil y Agencia de noticias Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), entre el 26 y 27 de julio pasado.

Cabe mencionar, que casi una cuarta parte de los actos registrados en 2008 fueron amenazas a periodistas, principalmente por parte de elementos de las fuerzas del orden y funcionarios de gobierno. Este tipo de intimidación ha generado mayor autocensura. Actualmente las y los reporteros temen firmar sus notas y algunos medios han cancelado el tratamiento de ciertos temas.

ARTÍCULO 19 Y CENCOS

Ante este panorama, las organizaciones Artículo 19 Oficina México y Centroamérica y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) señalaron en comunicado de prensa para dar a conocer su informe trimestral Agresiones contra la Libertad de Expresión en México, Junio, 2009, que México sigue dando muestra de incapacidad para dar el salto a una democracia de calidad al negarse a proteger el ejercicio de la libertad de expresión, soslayando o minimizando las agresiones que sufren las y los periodistas.

En este segundo trimestre, que comprende los meses de abril, mayo y junio, reportan las organizaciones, las agresiones registradas a través de nuestra metodología fueron 51. Los tres Estados de la República que mayor número reportaron son: Chihuahua, Oaxaca y Zacatecas, aunque en Durango ocurrieron 2 asesinatos, hechos que, más allá de los números, sitúa al norte del país como una de las zonas de mayor riesgo para ejercer el derecho a expresarse.

Además, una característica que llamó la atención durante estos meses, señalan las organizaciones, fue que en Sinaloa se registraron algunos casos de agresiones a la libertad de expresión a académicos por académicos. Lo cual, dicen, resulta paradójico toda vez que la academia es precisamente el espacio de debate y de libertad de flujo de ideas por excelencia que permite como fin último la construcción del conocimiento.

Los tres principales tipos de amenaza fueron: física/material, intimidación/presión y amenaza (de muerte en la mayoría de los casos). El medio más agredido fue el escrito con el 76.4 por ciento y el sujeto mayoritariamente agredido fue periodista con el 74.50 por ciento. Entre los principales responsables de las agresiones se encontraron los funcionarios públicos quienes representan el 47 por ciento del total, seguidos de los sujetos de los que no se tiene identidad clara, mismos que representan el 27.4 por ciento.

“La libertad de expresión es un indicador y condición necesaria para autodefinir a una nación como una democracia plena y madura”, añadieron las Artículo 19 y Cencos. “En este tema, la voluntad política es necesaria en las distintas esferas y niveles de gobierno, sin ella el número de agresiones continuará y seguirá creciendo, advirtieron dichas organizaciones.

Militares obstruyen ejercicio periodístico en Oaxaca

Ernesto Reyes sufrió amenazas y agresión

De la redacción

México DF, 22 julio 09 (CIMAC).- Elementos del Ejército mexicano en Oaxaca, al suroeste del país, censuraron la labor periodística de Ernesto Reyes Martínez, coordinador de información del diario Noticias Voz e Imagen de Oaxaca y corresponsal de la XEW para el noticiario radiofónico Hoy por Hoy, cuando tomaba fotografías de un evento inusual en la carretera federal 190 Cristóbal Colón Oaxaca-México.

Así lo informaron en un comunicado Article y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), donde detallaron que a las 9:38 horas de la mañana Reyes Martínez circulaba por la carretera federal 190, Cristóbal Colón Oaxaca-México, municipio de San Pablo Etla, acompañado de su esposa con rumbo a las instalaciones del periódico, cuando observó que cinco individuos perseguían a uno más que sostenía una bicicleta.

Los vehículos que circulaban se vieron obligados a detenerse. Él periodista bajo de su vehículo y tomó fotografías de los hechos con su teléfono celular. En ese momento un grupo de entre 14 y 18 militares armados, pertenecientes al 98 Batallón de Infantería, salieron de un terreno a un costado de la carretera --donde se encontraba instalado su puesto de control militar-- y detuvieron a todos los participantes de la persecución y arrebataron el teléfono celular a Reyes Martínez, además de detenerlo junto con su esposa.

En entrevista el periodista narró que ambos fueron trasladados al puesto de control militar ubicado a unos 30 metros de donde sucedió la detención. Ernesto Reyes Martínez se identificó y aclaró que era periodista. Además del teléfono celular con el que tomó las fotografías, también le fue arrebatado otro teléfono que traía consigo, uno es su teléfono personal y otro del diario Noticias Voz e Imagen de Oaxaca.

Es importante precisar que la retención ilegal del periodista fue durante 1 hora y 30 minutos, tiempo en el que permaneció incomunicado (su esposa fue liberada luego de media hora de detención), sin que se le permitiera hacer llamadas telefónicas, señala el comunicado.

Durante este tiempo el periodista se enteró que los cinco individuos que perseguían al otro cuando fueron detenidos, eran policías ministeriales del estado de Oaxaca, pero no se identificaron con ningún documento o credencial y el individuo al que perseguían era un extorsionador al cual intentaban capturar in fraganti.

Reyes confrontó a los militares diciéndoles que él no había cometido ningún delito y que, a diferencia de los demás detenidos, tanto él cómo su esposa ya se habían identificado. “Yo reclamé un buen trato porque no había hecho nada, pero el militar dijo que yo los había agredido lo cual escribió en su reporte, me quitaron mi credencial de elector, me tomaron mis datos. Sufrí agresiones verbales y al momento de quitarme el teléfono celular me jalonearon y me apuntaron, todos traían armas y los 18 cortaron cartucho, haciendo una especie de simulacro como si fuesen a agredirnos”, narró.

Es importante mencionar que los elementos del Ejército revisaron el contenido de los teléfonos celulares y borraron las fotografías que Ernesto Reyes había tomado del evento. Igualmente los elementos castrenses revisaron su automóvil en el que revisaron su cámara fotográfica, los papeles del vehículo e incluso hasta una grabadora de voz que llevaba como instrumento de trabajo.

El periodista denunció la agresión ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la cual tomó la queja pero la transfirió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por tratarse de una queja contra elementos militares.

La Convención Americana de los Derechos Humanos, recuerdan Article 19 y Cencos, señala que la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole”, por tanto cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de la sociedad de recibir informaciones e ideas.

Article 19 y Cencos hacen un llamado al Gobierno Estatal a que adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho de la libertad de expresión pues la obstaculización al derecho de la sociedad a estar informada, se traduce en una amenaza directa para la consolidación de la democracia.

Asimismo llaman a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a dar un seguimiento puntual a la denuncia para evitar que este tipo acciones vulneren la libertad de expresión.

Article 19 es una organización independiente defensora de derechos humanos que trabaja alrededor del mundo en la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual garantiza la libertad de expresión.

Cencos fue la primera organización de denuncia a las agresiones contra periodistas en México, desde mediados de los años setenta. Busca promover la libertad de expresión y en específico la libertad de prensa como un derecho individual de los y las periodistas y como derecho colectivo de la sociedad de recibir información.

GOBIERNO MEXICANO REPROBADO POR SUS INTELECTUALES

Reprueban al Ejecutivo
Por Lilia Saúl
México.-

El Poder Ejecutivo está reprobado en sus dos años y medio que lleva de gestión. De acuerdo con más de 50 investigadores y académicos que participaron a solicitud del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, se detectó que el mandatario no pasa la evaluación en varios rubros de su gobierno, principalmente el de seguridad pública así como las áreas de empleo y medio ambiente.

En el documento entregado a los medios de comunicación, los académicos del CIDE, del COLMEX y de la UNAM coincidieron en que el presidente Felipe Calderón alcanza la calificación de 5.2 por su desempeño como el Jefe del Ejecutivo.

Sin embargo, áreas como las políticas de empleo alcanzan una calificación de apenas 3.4 y las relativas al desarrollo de la democracia sólo obtuvieron un 4.6 de calificación.

Lorenzo Córdova, uno de los académicos convocados por esta organización afirmó que el Presidente de México tiene una visión unidimensional de la seguridad y que sólo la ve desde el punto de vista policíaco, respondiendo a una lógica del combate al crimen organizado, pero no se hace cargo de otras áreas que también competen en materia de seguridad nacional y como ejemplo expuso el deficiente sistema penitenciario.

En el caso del desarrollo de la democracia, se plantea que el Ejecutivo no ha logrado ser un interlocutor en negociaciones importantes ante el Congreso de la Unión y que incluso ha evitado enviar ciertas iniciativas al no contar con posibilidades de que sus proyectos sean aprobados. Tal es el caso de la Iniciativa pendiente en materia de Transparencia.

En la rendición de cuentas, el Ejecutivo no es eficaz y por el contrario, consideraron que hay programas gubernamentales que son utilizados con fines electorales mientras que la disminución de los salarios en la administración pública es considerada como una acción demagógica.

Otros rubros que se calificaron fueron el Desarrollo Social, la Política Internacional y el Desarrollo Sustentable y medio ambiente.

En estos últimos no obtuvo malos resultados el Ejecutivo, a excepción de las políticas del medio ambiente, pues las metas son prácticamente inalcanzables.

El Centro Espinosa Yglesias ya recibió respuesta de cuatro secretarías de Estado y espera comunicación de otras más así como de Presidencia de la República para hacer observaciones a su trabajo.

Este proyecto se añade al trabajo presentado por esta organización en días anteriores para evaluar al Poder Legislativo y en breve presentarán una evaluación al Poder Judicial.

Entre los especialistas,académicos e investigadores que participaron en este análisis se encuentran Jorge Chabat, Sergio López Ayllón, Rogelio Ramírez de la O, John M. Ackerman, Soledad Loaeza, Laura Sour, Maria Eugenia Ibarrarán y como coordinador del proyecto, el académico Juan Pablo Arroyo Ortiz.

MEXICO; PELIGRO PARA PERIODISTAS

Recomienda ONU a México crear mecanismo de protección a periodistas

Frank La Rue, representante del organismo internacional para la Libertad de Expresión y Opinión, urgió atender el tema de la violencia contra periodistas para mantener la libertad de expresión en México, pues "así como la democracia va de la mano de la libertad de expresión, el acceso a los medios está relacionado con salir de la marginación y la pobreza".

México.- El relator de la ONU para la Libertad de Expresión y Opinión, Frank La Rue, consideró que en México se debe crear un mecanismo entre los periodistas y el Estado, que garantice la protección y resguardo de los comunicadores.

Durante una reunión con integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, La Rue reconoció que preocupa la violencia contra los informadores en México, pues ocupa el segundo lugar en asesinatos de periodistas, después de Irak.

El representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expuso que "así como la democracia va de la mano de la libertad de expresión, el acceso a los medios está relacionado con salir de la marginación y la pobreza".

La Rue consideró que mantener la libertad de expresión es urgente, pero en México, "el tema de la violencia contra informadores resulta una preocupante prioridad".

Por su parte, el presidente de dicha comisión senatorial, Carlos Sotelo, señaló que la Cámara alta insistirá en crear una Comisión Especial que dé seguimiento a los crímenes contra periodistas, pues el tema permanece pendiente en la agenda. De igual manera se buscará la federalización de los delitos contra los representantes de la prensa, a fin de que sean consignados los presuntos responsables en cada uno de los estados de la República, expuso.

En su oportunidad, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo García Cervantes, dijo que las amenazas contra periodistas y a la libertad de expresión en el país afectan la evolución de la democracia en México.

En tanto, el senador perredista Arturo Núñez Jiménez sostuvo que la violencia contra periodistas es un problema serio para México, pues "las agresiones a los medios se dan ahora desde el crimen organizado para callar las voces de denuncia".

El encuentro tuvo como objetivo establecer un vínculo de colaboración entre la Cámara alta y la ONU, para enriquecer el análisis y el trabajo legislativo en materia de libertad de expresión y protección a los periodistas.

Notimex

Recopilación diaria (versión breve) del jueves 16 de julio de 2009

Monitoreo / Centro Prodh

analisis@centroprodh.org.mx

 

Resumen informativo básico / 5 temas del día en Derechos Humanos

1. Ejército y Marina condicionan participar en operativos con SSP

Fragmento: Las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina Armada de México (Semar) plantearon condiciones para su participación en el combate al crimen organizado al lado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, y ahora no realizarán más "operativos conjuntos", por lo que en todo caso marinos y soldados actuarán contra objetivos específicos, siempre y cuando la dependencia que dirige Genaro García Luna les entregue la información que posea para evitar filtraciones o actos de corrupción que deriven en acciones fallidas, revelaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.

Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/07/16/index.php?section=politica&article=003n1pol

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2. Líder de La Familia propone pacto a Caldéron y acusa a García Luna

Fragmento: MÉXICO, D.F., 15 de julio (apro).- El nuevo jefe de la organización criminal La Familia, Servando Gómez Martínez, La Tuta, retó al presidente de la República, Felipe Calderón, a dialogar y llegar a un acuerdo que ponga fin a la violencia desatada en Michoacán y en estados aledaños. La propuesta de La Tuta, quien tomó el mando operativo de La Familia luego de que su líder Arnoldo Rueda Medina, La Minsa, fuera detenido el pasado 11 de julio, fue hecha a través de una llamada telefónica al noticiero que conduce el periodista Marcos Knapp, en la televisión michoacana CB.

Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=70617

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3. Defiende Hillary que EU ayude a México

Fragmento: WASHINGTON.— La secretaria de Estado, Hillary Clinton, defendió ayer el apoyo de Estados Unidos al gobierno de México en su lucha contra el narco como parte de la "responsabilidad compartida" que busca reforzar la alianza con su vecino del sur y salvaguardar los intereses de Washington en seguridad. Sin mención alguna a la polémica desatada por las denuncias de abusos y torturas del Ejército mexicano, Clinton se refirió en términos parcos y generales al apoyo de la administración Obama al gobierno de Felipe Calderón en la Iniciativa Mérida.

Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/169743.html

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4. Influenza, fuera de control en Chiapas; van 13 muertos

Fragmento: TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 15 de julio (apro).- La Secretaría de Salud estatal confirmó hoy que el virus de la influenza A/H1N1 está fuera de control en la entidad al reportar la muerte ya de 13 personas. En un comunicado, la dependencia indicó también que hasta el pasado martes 14 se tenían confirmados mil 980 casos de personas infectadas con el virus, de los cuales más de mil 300 se concentran en la región centro de Chiapas.

Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=70639

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5. Responde el INM a informe especial de la CNDH sobre secuestro de indocumentados

Fragmento: La Secretaría de Gobernación (SG) admitió el informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respecto a la gravedad del fenómeno de secuestro de indocumentados en México.

Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/07/16/index.php?section=politica&article=016n2pol

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Pide HRW que EU condicione recursos de la Iniciativa Mérida

Demanda que México juzgue civilmente a militares que violan garantías

El secretario ejecutivo del organismo envía una carta a Hillary Clinton

Víctor Ballinas

La organización Human Rights Watch (HRW) solicitó este lunes a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, que el gobierno de Estados Unidos no certifique que México ha cumplido con los requisitos en materia de derechos humanos establecidos en la Iniciativa Mérida, mientras los abusos cometidos por el Ejército Mexicano continúen siendo juzgados por tribunales militares y no por autoridades civiles. México no ha cumplido con su obligación de investigar y juzgar la creciente cantidad de abusos graves cometidos por las fuerzas castrenses, como violaciones sexuales, asesinatos, torturas, desapariciones y detenciones arbitrarias que quedan en la impunidad, señala

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El secretario ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, expresa en una carta enviada este lunes a Hillary Clinton: En un reciente viaje que realicé a México, después de varias entrevistas con altos funcionarios, puedo asegurarle que en la actualidad ese país no cumple con una de las condiciones claves establecidas en la iniciativa Mérida: que los abusos cometidos por el Ejército sean investigados y juzgados por autoridades civiles y no por militares.

Ante ello, el organismo solicitó al gobierno de Estados Unidos detener el envío de 15 por ciento de los fondos de la ayuda al combate contra el crimen organizado que considera la Iniciativa Mérida, ya que, como es de su conocimiento, ese 15 por ciento ya ha sido retenido y no podrá utilizarse hasta que la secretaria de Estado informe al Congreso que el gobierno mexicano ha cumplido con cuatro requisitos en materia de derechos humanos.

Uno de esos requisitos, subraya Roth, es que el gobierno mexicano garantice que los agentes de Ministerio Público y las autoridades judiciales están investigando y juzgando –de acuerdo con el derecho mexicano e internacional– a los miembros de la policía federal y del Ejército que hayan sido acusados de cometer violaciones a derechos humanos, y que ambas corporaciones colaboren activamente con las indagatorias.

Human Rights Watch advierte a Hillary Clinton que la retención de 15 por ciento de los fondos y no emitir la certificación de que México cumple en materia de derechos humanos es condición importante no sólo para terminar con los abusos militares generalizados, sino también para mejorar la efectividad de las fuerzas de seguridad mexicanas y su capacidad para enfrentar la violencia relacionada con el narcotráfico.

El organismo insiste en que, mientras los responsables no rindan cuentas, el Ejército continuará cometiendo abusos, los cuales perjudican su imagen como fuerza profesional que respeta a los civiles y se contribuye a aumentar la sensación de caos y violencia, uno de los factores que fomenta la inseguridad pública en México.

Sostiene que para terminar con el actual patrón de impunidad de los abusos militares en México, el gobierno de Barack Obama debe exigir enérgicamente que este país cumpla con los requisitos establecidos en la iniciativa Mérida.
Recomiendan a la secretaria de Estado que, previamente a la certificación de que México ha cumplido con los requisitos de la iniciativa, pruebe que ha reformado su sistema de justicia militar para garantizar que todos los casos de violaciones graves sean juzgados por la autoridad civil, y que todos los casos denunciados son investigados y juzgados por autoridades civiles.

Presión de Human Rights Watch sobre Hillary Clinton
Detener abusos militares, condición para dar recursos a México

Por Lourdes Godínez Leal

México DF, 13 julio 09 (CIMAC).- Human Rights Watch (HRW) hizo un llamado hoy a la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, para condicionar a México la entrega del 15 por ciento de los fondos contemplados en la Iniciativa Mérida, si el gobierno no cumple con los requisitos en materia de respeto a los derechos humanos y modifica el sistema de justicia militar.

El llamado coincide con lo afirmado en el informe Impunidad uniformada, presentado por HRW en abril pasado, donde señaló que los recursos se retuvieron hasta que Clinton no informara al Congreso estadounidense que el Gobierno mexicano había cumplido con cuatro requisitos en materia de derechos humanos.

En su misiva de hoy a Clinton, HRW manifiesta su preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por militares, como asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales, entre otras prácticas que se han incrementado desde el arribo de Felipe Calderón a Los Pinos.

Si bien, dice la organización civil defensora de derechos humanos, el combate al narcotráfico emprendido por el gobierno mexicano debe ser apoyado por el gobierno de Barack Obama, también es momento de que éste exija enérgicamente a México cumplir con los requisitos de la Iniciativa Mérida.

En este sentido, le piden a Clinton que no emita ningún informe de certificación al gobierno mexicano hasta que se haya constatado que efectivamente está cumpliendo con las condiciones del Plan Mérida.

Uno de los requisitos que habrían solicitado a Clinton es que las autoridades civiles investiguen y juzguen a elementos de la policía y del Ejército mexicano acusados de cometer violaciones a derechos humanos, y que la policía y Ejército colaboren activamente con las investigaciones.

HRW ha considerado que esta es una condición importante para terminar con los abusos militares, para mejorar la efectividad de las Fuerzas Armadas mexicanas y de su capacidad para la lucha contra el narcotráfico.

“Mientras los responsables no rindan cuentas, el Ejército mexicano continuará cometiendo abusos”, señala el organismo en su carta.

HRW expresó que el gobierno estadounidense deberá emitir un informe de certificación “sí y solo sí” México reforma su sistema de justicia militar para garantizar que sean los tribunales civiles y no los militares quienes investiguen violaciones a derechos humanos, y que los supuestos casos de violaciones graves a derechos humanos, “en la práctica investigados y juzgados por autoridades civiles, incluidos los que se encuentran pendientes en la justicia militar”, sean trasladados a la justicia civil.

CASOS ACUMULADOS

Cabe recordar que el caso de las hermanas tzeltales González Pérez está “pendiente” de traslado a la justicia civil, a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que desde 2001 lo recomendó al Estado mexicano.

Pero a ocho años, el caso continúa bajo el fuero militar, por lo que las organizaciones civiles han iniciado una campaña de presión para que el Estado mexicano cumpla la recomendación.

En su misiva, HRW solicita que antes de emitir cualquier informe, la Secretaria de Estado se reúna con las organizaciones civiles mexicanas que trabajan el tema, y con defensores de derechos humanos.

También, que en lo sucesivo, el gobierno de Obama trabaje conjuntamente con el Congreso estadounidense para garantizar que cualquier paquete de asistencia que busque apoyar el trabajo de las fuerzas armadas y policiales de México, “incluya condiciones claras y firmes en materia de derechos humanos”, y que exija que parte de los fondos sean retenidos de no cumplirse dichas condiciones.

FUERO MILITAR, EN LA MIRA

Contrario a lo que piensa, el gobierno de Calderón, quien durante el pasado Examen Periódico Universal (EPU) dejó en claro que el tema del fuero militar “no se toca”, al rechazar 8 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el tema, éste permanece vigente pues los pronunciamientos de las ONG nacionales que se han manifestado en su contra ha tenido eco en las organizaciones internacionales.

La semana pasada, el Estado mexicano tuvo que comparecer por vez primera ante una de las máximas instancias de justicia internacional: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), por el delito de desaparición forzada, práctica común durante la guerra sucia.

Durante la audiencia por el caso del campesino Rosendo Radilla, uno de los miles de detenidos y desparecidos durante este periodo, se expuso la ilegalidad del fuero militar y cómo los casos en los que militares han cometido este tipo de violaciones han quedado impunes al ser ellos quienes los investigan, por lo que la Corte exigió al Estado mexicano ampliar la información sobre el impacto que ha tenido utilizar a militares para tareas de seguridad pública y por qué son éstos quienes juzgan delitos cometidos por ellos mismos.

Cabe recordar que otro caso por el que el Estado mexicano será juzgado este año en la misma instancia, es el de la tlapaneca Inés N., violada por militares en 2002, mismo que tiene en sus manos la Corte desde mayo de este año.

Y mientras ello sucedía en Costa Rica, sede de la CoIDH, en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió llevar al Pleno para su discusión, el tema del fuero militar a raíz de un amparo promovido por la viuda de un civil asesinado el año pasado por militares en Sinaloa.

Las ONG nacionales han señalado que esta es una oportunidad inmejorable para que la SCJN termine con los privilegios militares y acote las funciones del Ejército, y para que declare la inconstitucionalidad del Código de Justicia Militar.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organismo defensor de derechos humanos con estatus consultivo en la OEA, quien ha llevado al sistema interamericano varios casos de violaciones sexuales cometidos por militares, impulsa desde hace un par de años una iniciativa de reforma al Artículo 57 del Código de Justicia Militar y del 13 constitucional.

El organismo ha insistido en la reforma al primero, ya que dice que aún y cuando los casos llegan a la CIDH, lo que se investiga es si el militar incurrió en faltas a la disciplina militar y no si violó mujeres, por lo que éstas no acceden a la justicia ni por la vía militar, ni por la civil.

09/LGL/RMR/GG

Oaxaca: desde la cárcel, Crescenciana López clama inocencia

Involuntariamente, su hija e hijo cumplen condena a su lado

Por Ismael García Morales/corresponsal

Oaxaca, Oax., 13 julio 09 (CIMAC).- Es una belleza rubia, de tez clara, ojos grandes y amplia sonrisa. Sufre prisión con su madre. Tiene apenas tres años de edad.

“Ella no tiene la culpa de lo que está pasando, pero no tengo quién me la cuide. Mi otro hijo, Javier Alejandro, de 12 años, tiene que venir a la cárcel a comer conmigo todos los días, porque no hay quién me lo atienda… duerme en la casa de unos amigos”.

Esa la tragedia personal que narra Crescenciana López, acusada de defraudar a unas ocho mil mujeres en condición de vulnerabilidad, a quienes presuntamente pedía mil pesos por cabeza, mediante la Asociación de Madres Solteras (Asomas), para ser favorecidas con programas sociales oficiales.

La pequeña interrumpe a ratos la entrevista, efectuada en el interior del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Santa María Ixcotel.

--Mami, mami, quiero hacer pipí…

--Espera, espera, Camila, ya termino --le responde Crescenciana.

EL FRAUDE

En 1999 fundó la Asociación de Madres Solteras, junto con un grupo de personas, con el fin de buscar apoyos para quienes solas sacan adelante a sus hijas e hijos. Así, se impulsaron programas de capacitación y se gestionaron recursos para proyectos productivos; también la creación de una guardería.

Según la interna, “los recursos provenían de aportaciones de las integrantes de la organización, del gobierno y de particulares”, buscaban también “conseguir financiamientos internacionales”.

En 2007, Asomas comenzó un Proyecto de Fortalecimiento Económico para la Mujer, denominado Profem, que operaba con recursos económicos aportados por las afiliadas, “mientras se obtuvieran aportaciones externas”. Con ello se había logrado beneficiar a unas tres mil mujeres.

No obstante, diversos grupos en varias comunidades comenzaron a denunciar que eran víctimas de fraude, pues para formar parte de ese programa les pedían mil pesos a cada una, con el compromiso de devolverles dos mil pesos cada mes durante medio año.

En los primeros meses de 2008, se comenzaron a acumular las denuncias, provenientes de distintas regiones de la entidad.
El 5 de noviembre de ese año, los legisladores Eva Diego Cruz y Jaime Aranda recibieron a una comisión de afectadas, quienes pidieron su intervención para detener y castigar a Crescenciana López.

De acuerdo con las denunciantes, que iban acompañadas por Mónica Bernardino Martínez, jefa del Departamento de Defensoría de la Procuraduría para la Defensa del Indígena (Prodi), eran unas ocho mil mujeres las defraudadas; los diputados canalizaron la petición a la Procuraduría General de Justicia.

En tanto, Eva Diego acompañó a las mujeres provenientes de Ocotlán, Xiacuí, Francisco I. Madero, Ixtlán de Juárez y Magdalena Tequixtlán, entre otros, a presentar su denuncia.
El 6 de noviembre del año pasado, Crescenciana fue detenida y recluida en el penal de Ixcotel, por el delito de fraude genérico.

SU VERDAD

Según Crescenciana López, presidenta de Asomas, todo es “una maquinación; detrás de todo se encuentran personajes de la política y funcionarios corruptos que aprovechándose del poder y de sus influencias han logrado mantenerme privada de mi libertad”.

Y señala directamente a Mónica Bernardino Martínez, funcionaria de la Prodi; a Concepción Robles Altamirano, recaudadora de Rentas en Tlacolula, así como al ex secretario general de gobierno y ahora diputado federal electo Manuel García Corpus, de coludirse para culparla y encarcelarla.

“Querían apoderarse de nuestra organización, sabían que estábamos creciendo muy fuerte y les daba envidia; querían nuestro capital político”, refiere.

De acuerdo con su versión, la detuvieron por una denuncia de siete personas que acusaban daños por cinco mil pesos, por lo que el mismo día podría salir bajo fianza. No obstante, bajo diversos pretextos, amenazas y presiones se fueron sumando otras mujeres que se decían también defraudadas.

Asegura que en marzo pasado ganó cuatro procesos por falta de elementos y confía en ganar el resto de las quejas. “No son millones de pesos, como se ha manejado, son 350 personas que se dicen ofendidas, por un monto total de 350 mil pesos”.

--Usted dice que es inocente…

--Sí, soy inocente; no es cierto el fraude del que hablan. Por eso estoy exigiendo a las autoridades que me hagan justicia.

--Pero hay muchas mujeres que se quejan de fraude.

--Son manipuladas, fueron llevadas por las funcionarias para encarcelarme.

--¿Cree que obtendrá su libertad?

--Estoy segura de eso, porque no debo nada; soy una mujer humilde, no tengo millones como dicen; vivo al día, un abogado voluntario me ayuda de manera gratuita porque no puedo pagarle.

--Se dice que Heliodoro Díaz Escárraga le apoyó mucho, ¿cuál es su relación con él?

--Fue mi amigo, me ayudó mucho, pero cuando se dio esta situación, preferí dejar su amistad para no involucrarlo.

En agosto o septiembre responderán apelaciones

Por Soledad Jarquín Edgar/corresponsal

Oaxaca, Oax., 13 julio 09 (CIMAC).- En la zona central de Coahuila, concretamente en Castaños, las cosas han cambiado desde el 11 de julio de 2006, cuando 14 mujeres jóvenes fueron torturadas y violadas sexualmente por elementos del 14 Regimiento Motorizado del Ejército mexicano, en los bares Las Playas y El Pérsico Dancing. Hubo detenciones, sentencias, pero ni las víctimas, ni los victimarios quedaron conformes y será hasta agosto o septiembre que haya resultados de las apelaciones.

En Monclova, el penal estatal se convertirá en federal, de alta seguridad. En el municipio conurbado de Frontera, el gobierno estatal donó 40 hectáreas de terreno para la construcción de una nueva base militar. En la carretera 57, en el tramo de 16 kilómetros entre Monclova y Castaños, un anuncio hace volver la vista hacia el lado derecho: El Pérsico Dancing, night club, se vende.

Lo que no cambia en la zona central de esa entidad del norte del país es la sensación de una justicia a medias, en especial para 14 jóvenes mujeres que guardan en su memoria y sus cuerpos el recuerdo de una noche de tortura, cuando fueron violadas por elementos del 14 Regimiento Motorizado del Ejército mexicano. Para ellas, sigue viva la madrugada del 11 de julio de 2006.

Las víctimas de los abusos sexuales, algunos cometidos de forma tumultuaria, reconocieron a 12 soldados. Ocho de ellos fueron detenidos y procesados. La justicia civil se aplicó sólo en cuatro militares, tres de ellos con penas de prisión y el cuarto pagó su fianza y salió libre. Un noveno militar fue detenido meses después, pero no fue procesado gracias a la intervención de un superior jerárquico, y fue absuelto en menos de una semana. Tres más siguen prófugos.

A tres años de los dramáticos hechos que llevaron a una decisión distinta a la usual en el caso de abusos cometidos por militares en México, al juzgar a los militares por la vía del fuero común, se esperan los resultados de la apelación. Será en la sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, donde se darán a conocer los resultados, algo que podría ocurrir en agosto o septiembre de este año.

La abogada Sandra de Luna González, presidenta del Centro de Orientación y Protección a Víctimas de Violencia Intrafamiliar AC (Coprovvi), coadyuvante del Ministerio Público en el “Caso Castaños”, confió en que las sentencias contra tres soldados serán confirmadas e, incluso, en que podría ser revocada la sentencia al soldado Ángel Antonio Hernández Niño, quien fue acusado de violación por una de las bailarinas en El Pérsico, pero el juez Hiradier Huerta lo castigó sólo por el delito de lesiones. La penalidad impuesta consistía en nueve meses de prisión, que salvó al pagar una multa por 20 mil 843 pesos.

Human Rights Watch señala en el informe “Impunidad Uniformada: uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública”, que “si bien dista mucho de ser perfecto, el caso Castaños se destaca como ejemplo de cómo deben conducirse las investigaciones de abusos militares contra la población civil en México”.

“Las autoridades militares investigaron las faltas a la disciplina militar y sancionaron a los soldados que se apartaron de sus deberes. Por su parte, las autoridades locales investigaron los delitos perpetrados por los soldados contra los civiles, e impusieron condenas penales significativas a tres militares que actualmente se encuentran en una prisión estatal; el cuarto obtuvo su libertad bajo fianza”, dice el informe del organismo internacional.

De Luna González apunta que si el TSJ decidiera revocar la sentencia contra Hernández Niño, el problema será dar con su paradero; seguramente huyó como lo hicieron los otros soldados que libraron ser castigados y llevados a la cárcel por el juez Hiradier Huerta, luego de que dos de las jóvenes se retractaran de sus declaraciones por presiones y quizá hasta amenazas.

A tres años de aquellos hechos, De Luna González afirma que las cosas han cambiado en la zona, pero sigue latente el caso porque la justicia se aplicó a medias. Asimismo, está pendiente la detención de tres soldados prófugos--Ricardo Hernández Hernández, Bardomiano Hernández García y José Raúl Ramírez Martínez--, “estoy segura de que ni siquiera son buscados por la Procuraduría General de Justicia del Estado”.

Recordó el caso del soldado Héctor Méndez de la Cruz, el noveno militar detenido en enero de 2007. Sin dar tiempo a nada, el juez de la causa lo liberó en menos de una semana, bastó para ello la declaración de un superior jerárquico quien declaró que el soldado Méndez de la Cruz no se encontraba en Castaños la noche del 11 de julio, cuando los elementos del Ejército participaron en el asalto a El Pérsico Dancing y Las Playas Cabaret.

El testimonio de la víctima de violación sexual, quien recibía entonces tratamiento psicológico y no estaba preparada para iniciar el proceso, no fue escuchado por el juez Huerta, bastó sólo la declaración del militar de alto rango.

CARRITOS DE HOT DOGS Y UN TERRENO

El Pérsico sigue abierto al público, pese al anuncio de venta del inmueble. El local contiguo, Las Playas, también sigue operando, pero los clientes ya no son tan numerosos; ambos sitios “están secos”, sólo unas cuantas trabajadoras se aventuran a ir cada noche. La herida del 11 de julio de 2006 aún no se cierra.

De las 14 mujeres violentadas sexualmente, 10 cambiaron de trabajo. Sólo cuatro se presentan ocasionalmente en El Pérsico. De ellas ya no va ninguna a Las Playas, donde empezó “la bronca” cuando uno de siete soldados vestidos de civil que se encontraban en el lugar, se peleó con otros parroquianos.

Los policías municipales que resguardaban el lugar lo detuvieron y lo iban a encerrar en unas celdas que tienen Las Playas, pero su condición de soldado “lo salvó”; sus compañeros prometieron llevárselo. Así sucedió hasta que subidos en el taxi que los llevaría al IFE en Monclova, donde resguardaban las boletas electorales de la elección federal que había pasado unos días antes, advirtieron que volverían y que se vengarían.

La promesa se cumplió. Horas más tarde, unos 20 militares del pelotón MK 19, vestidos con uniformes, armas y un vehículo propiedad del Ejército regresaron al lugar para cometer excesos y abusos sexuales contra 14 mujeres que se encontraban en Las Playas y más tarde en El Pérsico. Además de golpear a los policías, clientes y robar bebidas. Una “fiesta” que duró casi “cuatro interminables y horribles horas”, según los testimonios de las víctimas.

Ellas también cambiaron. Diez dejaron de ir y ahora sostienen a sus familias vendiendo comida con “los carritos hot dogs” que les dio el gobierno de Humberto Moreira Valdés, que paradójicamente también le donó a la Secretaría de la Defensa Nacional 40 hectáreas de terreno para una nueva base militar en Ciudad Frontera.

La comisión de finanzas del Congreso coahuilense “aprobó la iniciativa del Ejecutivo del estado para enajenar 40 hectáreas”, señaló el 23 de junio pasado el diario El Zócalo de Saltillo, que detalla la ubicación del terreno que “colinda, hacia el norte, con las instalaciones del Aeropuerto Internacional Venustiano Carranza; al sur con el derecho de vía del ferrocarril a Cuatro Ciénegas. Al oriente, la base militar colindará con la empresa Lear Corporation, y al poniente con terrenos propiedad de Altos Hornos de México.

TODO CAMBIA

A raíz del cierre del Centro de Readaptación Social de Monclova para ser convertido en un penal de máxima seguridad, los soldados Omar Alejandro Rangel Fuentes, condenado a 41 años cuatro meses de prisión; Juan José Gaytán Santiago, quien deberá permanecer en prisión por 21 años, y Fernando Adrián Madrid Guardiola, por 31 años y ocho meses, fueron trasladados al Cereso de Saltillo.

Coprovvi sostiene aún relación con la mayoría de las víctimas del ataque militar a la zona de tolerancia del municipio de Castaños, que dejó 14 mujeres violentadas sexualmente, un aborto provocado por la agresión de los militares, y el nacimiento de una niña producto de la violación, luego que ellas no recibieron anticoncepción de emergencia cuando fueron atendidas por las instituciones sanitarias.

No tenemos duda, la justicia en Castaños aún está pendiente, puntualiza la abogada Sandra de Luna González.

09/SJE/RMR/GG

Chihuahua, en virtual "estado de sitio": Soberanes

MIGUEL CABILDO S.
MEXICO, DF, 8 de julio (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, lamentó hoy que pese al virtual estado de ocupación militar que se vive en Chihuahua, el crimen organizado haya cobrado la vida del activista anti-secuestros Benjamín Le Barón y de su cuñado, Luis Whitman.

De visita en Morelia, Michoacán, el ombudsman nacional sostuvo que "prácticamente Chihuahua vive en estado de sitio, y los crímenes de la delincuencia organizada no se han parado. Ayer todos nos alarmamos con el caso de los dos miembros de la comunidad (Galeana) de Le Barón".

Soberanes arremetió así contra las acciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Ejército en el combate contra la delincuencia organizada en el país:

"Uno dice, 'bueno, es el estado de Chihuahua, el estado que está tomado por el Ejército', ¿de qué sirve la presencia del Ejército?".

Luego ejemplificó con el caso de Ciudad Juárez, en que las ejecuciones han aumentado desde que llegó el Ejército.

El titular de la CNDH cuestionó también la actuación de la PGR en la captura de 32 funcionarios y alcaldes de Michoacán acusados de servir al narcotráfico.

Dijo que el arraigo y los sistemas de investigación federales son propios "de La Inquisición, y los hemos revivido aquí en México, pero además son ineficaces porque con ello no se logra nada, sino simplemente humillar y denigrar a las personas".

Sostuvo que el arraigo es la negación de los derechos humanos, como lo evidencia el hecho de que de cada cien arraigados sólo diez son procesados. "Detener para investigar es un sistema propio de la Inquisición", acusó.

Advirtió que "no podemos en un país democrático, como lo pretende ser México, tener esta especie de Frankenstein penal".

En una reunión con familiares de los ahora exfuncionarios michoacanos presos en el penal de máxima seguridad El Rincón de Nayarit, Soberanees se comprometió a que todos ellos tengan acceso a una debida defensa jurídica y a que les sean respetados sus derechos.

Precisó que tal acción la realizará de manera conjunta con senadores de la República, diputados federales y estatales de Michoacán.

Dijo que en la mayoría de los casos se ha impedido a los michoacanos presos que cuenten con una adecuada defensa legal, al encontrarse internos en otra entidad; además, han sido objeto de declaraciones falsas, incomunicación y negativa para que tengan acceso al aseo personal.

Por último se pronunció en favor de una reforma penal a fondo que dote de autonomía a la PGR para que el Ministerio Público no esté subordinado al Poder Ejecutivo ni se utilice, como hasta ahora, como un instrumento del poder político.


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Pospone la Corte discusión sobre fuero militar

JORGE CARRASCO ARAIZAGA
MEXICO, D.F., 8 de julio (apro).- A pocas horas de que el gobierno de Felipe Calderón defendiera el fuero militar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió aplazar la revisión de un amparo promovido por un particular a fin de evitar que el Ejército se haga cargo del caso de un civil asesinado por militares en Sinaloa en 2008.

La Primera Sala de la Corte decidió enviar al pleno el amparo promovido por Reynalda Morales Rodríguez, viuda de Zenón Medina López, uno de los cuatro asesinados por miembros del Ejército en marzo de 2008, en Badiraguato, Sinaloa. G

La decisión de la Corte fue considerada como decepcionante por los abogados de Morales Rodríguez, Santiago Aguirre, del Centro Pro de Derechos Humanos, y Luis Miguel Cano, de la organización no gubernamental Fundar.

Explicaron que con la postergación del asunto, la Corte le abre la puerta a la justicia militar para resolver el caso y anticiparse a una decisión del máximo tribunal,

El amparo fue interpuesto por Reynalda Morales para que la Corte revise la constitucionalidad del Código de Justicia Militar que, en su artículo 57, establece que la justicia militar debe conocer todos los casos que involucren a militares aunque estén implicados civiles.


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