MIGUEL CABILDO S.
MEXICO, DF, 8 de julio (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, lamentó hoy que pese al virtual estado de ocupación militar que se vive en Chihuahua, el crimen organizado haya cobrado la vida del activista anti-secuestros Benjamín Le Barón y de su cuñado, Luis Whitman.
De visita en Morelia, Michoacán, el ombudsman nacional sostuvo que "prácticamente Chihuahua vive en estado de sitio, y los crímenes de la delincuencia organizada no se han parado. Ayer todos nos alarmamos con el caso de los dos miembros de la comunidad (Galeana) de Le Barón".
Soberanes arremetió así contra las acciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Ejército en el combate contra la delincuencia organizada en el país:
"Uno dice, 'bueno, es el estado de Chihuahua, el estado que está tomado por el Ejército', ¿de qué sirve la presencia del Ejército?".
Luego ejemplificó con el caso de Ciudad Juárez, en que las ejecuciones han aumentado desde que llegó el Ejército.
El titular de la CNDH cuestionó también la actuación de la PGR en la captura de 32 funcionarios y alcaldes de Michoacán acusados de servir al narcotráfico.
Dijo que el arraigo y los sistemas de investigación federales son propios "de La Inquisición, y los hemos revivido aquí en México, pero además son ineficaces porque con ello no se logra nada, sino simplemente humillar y denigrar a las personas".
Sostuvo que el arraigo es la negación de los derechos humanos, como lo evidencia el hecho de que de cada cien arraigados sólo diez son procesados. "Detener para investigar es un sistema propio de la Inquisición", acusó.
Advirtió que "no podemos en un país democrático, como lo pretende ser México, tener esta especie de Frankenstein penal".
En una reunión con familiares de los ahora exfuncionarios michoacanos presos en el penal de máxima seguridad El Rincón de Nayarit, Soberanees se comprometió a que todos ellos tengan acceso a una debida defensa jurídica y a que les sean respetados sus derechos.
Precisó que tal acción la realizará de manera conjunta con senadores de la República, diputados federales y estatales de Michoacán.
Dijo que en la mayoría de los casos se ha impedido a los michoacanos presos que cuenten con una adecuada defensa legal, al encontrarse internos en otra entidad; además, han sido objeto de declaraciones falsas, incomunicación y negativa para que tengan acceso al aseo personal.
Por último se pronunció en favor de una reforma penal a fondo que dote de autonomía a la PGR para que el Ministerio Público no esté subordinado al Poder Ejecutivo ni se utilice, como hasta ahora, como un instrumento del poder político.
viene en revista proceso
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