Pide HRW que EU condicione recursos de la Iniciativa Mérida

Demanda que México juzgue civilmente a militares que violan garantías

El secretario ejecutivo del organismo envía una carta a Hillary Clinton

Víctor Ballinas

La organización Human Rights Watch (HRW) solicitó este lunes a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, que el gobierno de Estados Unidos no certifique que México ha cumplido con los requisitos en materia de derechos humanos establecidos en la Iniciativa Mérida, mientras los abusos cometidos por el Ejército Mexicano continúen siendo juzgados por tribunales militares y no por autoridades civiles. México no ha cumplido con su obligación de investigar y juzgar la creciente cantidad de abusos graves cometidos por las fuerzas castrenses, como violaciones sexuales, asesinatos, torturas, desapariciones y detenciones arbitrarias que quedan en la impunidad, señala

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El secretario ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, expresa en una carta enviada este lunes a Hillary Clinton: En un reciente viaje que realicé a México, después de varias entrevistas con altos funcionarios, puedo asegurarle que en la actualidad ese país no cumple con una de las condiciones claves establecidas en la iniciativa Mérida: que los abusos cometidos por el Ejército sean investigados y juzgados por autoridades civiles y no por militares.

Ante ello, el organismo solicitó al gobierno de Estados Unidos detener el envío de 15 por ciento de los fondos de la ayuda al combate contra el crimen organizado que considera la Iniciativa Mérida, ya que, como es de su conocimiento, ese 15 por ciento ya ha sido retenido y no podrá utilizarse hasta que la secretaria de Estado informe al Congreso que el gobierno mexicano ha cumplido con cuatro requisitos en materia de derechos humanos.

Uno de esos requisitos, subraya Roth, es que el gobierno mexicano garantice que los agentes de Ministerio Público y las autoridades judiciales están investigando y juzgando –de acuerdo con el derecho mexicano e internacional– a los miembros de la policía federal y del Ejército que hayan sido acusados de cometer violaciones a derechos humanos, y que ambas corporaciones colaboren activamente con las indagatorias.

Human Rights Watch advierte a Hillary Clinton que la retención de 15 por ciento de los fondos y no emitir la certificación de que México cumple en materia de derechos humanos es condición importante no sólo para terminar con los abusos militares generalizados, sino también para mejorar la efectividad de las fuerzas de seguridad mexicanas y su capacidad para enfrentar la violencia relacionada con el narcotráfico.

El organismo insiste en que, mientras los responsables no rindan cuentas, el Ejército continuará cometiendo abusos, los cuales perjudican su imagen como fuerza profesional que respeta a los civiles y se contribuye a aumentar la sensación de caos y violencia, uno de los factores que fomenta la inseguridad pública en México.

Sostiene que para terminar con el actual patrón de impunidad de los abusos militares en México, el gobierno de Barack Obama debe exigir enérgicamente que este país cumpla con los requisitos establecidos en la iniciativa Mérida.
Recomiendan a la secretaria de Estado que, previamente a la certificación de que México ha cumplido con los requisitos de la iniciativa, pruebe que ha reformado su sistema de justicia militar para garantizar que todos los casos de violaciones graves sean juzgados por la autoridad civil, y que todos los casos denunciados son investigados y juzgados por autoridades civiles.

Presión de Human Rights Watch sobre Hillary Clinton
Detener abusos militares, condición para dar recursos a México

Por Lourdes Godínez Leal

México DF, 13 julio 09 (CIMAC).- Human Rights Watch (HRW) hizo un llamado hoy a la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, para condicionar a México la entrega del 15 por ciento de los fondos contemplados en la Iniciativa Mérida, si el gobierno no cumple con los requisitos en materia de respeto a los derechos humanos y modifica el sistema de justicia militar.

El llamado coincide con lo afirmado en el informe Impunidad uniformada, presentado por HRW en abril pasado, donde señaló que los recursos se retuvieron hasta que Clinton no informara al Congreso estadounidense que el Gobierno mexicano había cumplido con cuatro requisitos en materia de derechos humanos.

En su misiva de hoy a Clinton, HRW manifiesta su preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por militares, como asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales, entre otras prácticas que se han incrementado desde el arribo de Felipe Calderón a Los Pinos.

Si bien, dice la organización civil defensora de derechos humanos, el combate al narcotráfico emprendido por el gobierno mexicano debe ser apoyado por el gobierno de Barack Obama, también es momento de que éste exija enérgicamente a México cumplir con los requisitos de la Iniciativa Mérida.

En este sentido, le piden a Clinton que no emita ningún informe de certificación al gobierno mexicano hasta que se haya constatado que efectivamente está cumpliendo con las condiciones del Plan Mérida.

Uno de los requisitos que habrían solicitado a Clinton es que las autoridades civiles investiguen y juzguen a elementos de la policía y del Ejército mexicano acusados de cometer violaciones a derechos humanos, y que la policía y Ejército colaboren activamente con las investigaciones.

HRW ha considerado que esta es una condición importante para terminar con los abusos militares, para mejorar la efectividad de las Fuerzas Armadas mexicanas y de su capacidad para la lucha contra el narcotráfico.

“Mientras los responsables no rindan cuentas, el Ejército mexicano continuará cometiendo abusos”, señala el organismo en su carta.

HRW expresó que el gobierno estadounidense deberá emitir un informe de certificación “sí y solo sí” México reforma su sistema de justicia militar para garantizar que sean los tribunales civiles y no los militares quienes investiguen violaciones a derechos humanos, y que los supuestos casos de violaciones graves a derechos humanos, “en la práctica investigados y juzgados por autoridades civiles, incluidos los que se encuentran pendientes en la justicia militar”, sean trasladados a la justicia civil.

CASOS ACUMULADOS

Cabe recordar que el caso de las hermanas tzeltales González Pérez está “pendiente” de traslado a la justicia civil, a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que desde 2001 lo recomendó al Estado mexicano.

Pero a ocho años, el caso continúa bajo el fuero militar, por lo que las organizaciones civiles han iniciado una campaña de presión para que el Estado mexicano cumpla la recomendación.

En su misiva, HRW solicita que antes de emitir cualquier informe, la Secretaria de Estado se reúna con las organizaciones civiles mexicanas que trabajan el tema, y con defensores de derechos humanos.

También, que en lo sucesivo, el gobierno de Obama trabaje conjuntamente con el Congreso estadounidense para garantizar que cualquier paquete de asistencia que busque apoyar el trabajo de las fuerzas armadas y policiales de México, “incluya condiciones claras y firmes en materia de derechos humanos”, y que exija que parte de los fondos sean retenidos de no cumplirse dichas condiciones.

FUERO MILITAR, EN LA MIRA

Contrario a lo que piensa, el gobierno de Calderón, quien durante el pasado Examen Periódico Universal (EPU) dejó en claro que el tema del fuero militar “no se toca”, al rechazar 8 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el tema, éste permanece vigente pues los pronunciamientos de las ONG nacionales que se han manifestado en su contra ha tenido eco en las organizaciones internacionales.

La semana pasada, el Estado mexicano tuvo que comparecer por vez primera ante una de las máximas instancias de justicia internacional: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), por el delito de desaparición forzada, práctica común durante la guerra sucia.

Durante la audiencia por el caso del campesino Rosendo Radilla, uno de los miles de detenidos y desparecidos durante este periodo, se expuso la ilegalidad del fuero militar y cómo los casos en los que militares han cometido este tipo de violaciones han quedado impunes al ser ellos quienes los investigan, por lo que la Corte exigió al Estado mexicano ampliar la información sobre el impacto que ha tenido utilizar a militares para tareas de seguridad pública y por qué son éstos quienes juzgan delitos cometidos por ellos mismos.

Cabe recordar que otro caso por el que el Estado mexicano será juzgado este año en la misma instancia, es el de la tlapaneca Inés N., violada por militares en 2002, mismo que tiene en sus manos la Corte desde mayo de este año.

Y mientras ello sucedía en Costa Rica, sede de la CoIDH, en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió llevar al Pleno para su discusión, el tema del fuero militar a raíz de un amparo promovido por la viuda de un civil asesinado el año pasado por militares en Sinaloa.

Las ONG nacionales han señalado que esta es una oportunidad inmejorable para que la SCJN termine con los privilegios militares y acote las funciones del Ejército, y para que declare la inconstitucionalidad del Código de Justicia Militar.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organismo defensor de derechos humanos con estatus consultivo en la OEA, quien ha llevado al sistema interamericano varios casos de violaciones sexuales cometidos por militares, impulsa desde hace un par de años una iniciativa de reforma al Artículo 57 del Código de Justicia Militar y del 13 constitucional.

El organismo ha insistido en la reforma al primero, ya que dice que aún y cuando los casos llegan a la CIDH, lo que se investiga es si el militar incurrió en faltas a la disciplina militar y no si violó mujeres, por lo que éstas no acceden a la justicia ni por la vía militar, ni por la civil.

09/LGL/RMR/GG