Defensa de los consumidores: una de las posibilidades de las Acciones Colectivas
• El presente texto elaborado por Cencos explica los esfuerzos en favor de la instauración de las acciones colectivas en México, desde la perspectiva de organizaciones de defensa de los consumidores
México D.F., 27 de enero de 2010 (Cencos).- Las mexicanas y mexicanos nos encontramos en una situación de vulnerabilidad como consumidores de productos y servicios frente a los abusos de empresas, ya que actualmente no existe en las leyes mexicanas un recurso jurídico que permita a los ciudadanos y las ciudadanas que sufren afectaciones emprender un proceso de demanda ágil, barato y efectivo contra corporaciones que violentan derechos humanos y rompen las reglas de competencia económica.
Desde hace unos años, organizaciones de la sociedad civil impulsan la figura jurídica denominada Acciones Colectivas, la cual tiene como objetivo facilitar el acceso a la justicia, permitiendo que un conjunto de afectados emprendan un proceso judicial en el que se faculta a una sola persona, colectivo, o asociación civil para representar a un colectivo de personas afectadas en una sola demanda, con lo que se agiliza el proceso, se reducen costos, se exige reparación del daño y además marca la pauta para que otras empresas corrijan prácticas arbitrarias que afectan los derechos colectivos.
En México las empresas con prácticas monopólicas o irregulares, representan un contexto adverso para las consumidoras y consumidores de productos y servicios; no sólo afectan de forma directa los bolsillos dada la inflación, baja calidad y reducción de la capacidad para elegir entre productos, a falta de una reglamentación, incurren en publicidad engañosa y se autofacultan para elevar precios, además de que transgreden derechos humanos en algunos casos, como son los daños ambientales, limitando el derecho a la información y violentado el derecho a la vida digna.
Al contrario de lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 17 como “el derecho de toda persona a que se le administre justicia de manera pronta”, y que “las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias”, en el ámbito de impartición de justicia esto significa un proceso de demanda complejo y engorroso cuyo mayor problema, consideran las organizaciones civiles AlConsumidor y El Barzón -, radica en una “concepción individual de la justicia”, lo que en muchos casos propicia que las violaciones perpetradas por grandes corporaciones queden impunes, pues los demandantes abandonan el proceso o simplemente nunca lo emprenden.
Es por esto que dichas organizaciones junto con, El Poder del Consumidor, Oxfam México , académicos y expertos en la materia, impulsaron una reforma al artículo 17 constitucional para permitir que la justicia pueda alcanzarse colectivamente.
Esta propuesta de reforma fue aprobada por unanimidad en el Senado de la República el pasado 10 de diciembre de 2009 y se prevé sea ratificada en la Cámara de Diputados en el próximo periodo ordinario de sesiones, posteriormente se apruebe en Congresos estatales y se establezca en la ley secundaria, la que debe contener especificaciones del procedimiento y reparación del daño, además de garantizar su carácter amplio y representativo.
En entrevistas por separado para Cencos, Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de El Barzón y Daniel Gershenson cofundador de Alconsumidor coincidieron en que lo que esperan de la reforma al artículo 17 “es lograr que la Constitución mexicana permita superar la defensa individual en la que el consumidor tiene todas las desventajas”, aclaró el primero, “y obtener una correcta ley secundaria, con la que ganaría la sociedad y ganarían las empresas que trabajan con ética y con base en el respeto de los derechos humanos abonando así al proceso democrático en nuestro país”, abundó Daniel Gershenson.
La aprobación unánime de la iniciativa es un paso importante, sin embargo para la reforma constitucional aún queda camino por recorrer, ya que a pesar de que los derechos humanos colectivos --llamados de tercera generación--, están contemplados dentro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales PIDESC, firmado y ratificado por México, en nuestro país aún no se reconocen constitucionalmente.
Referentes como Brasil, Chile, Colombia, Argentina, entre otros, aplican las Acciones Colectivas desde la década de 1980 y han logrado que los mismos consorcios que operan impunemente en México, sí cumplan con todas las normas de ética en aquellos países. En México la reforma al 17 constitucional, aún se enfrenta a poderes fácticos que ya han ejercido una fuerte presión para que esta iniciativa de la sociedad civil se venga abajo.
El 23 de abril de 2009 ocurrió el primer intento para que la iniciativa de Acciones Colectivas fuera aprobada por el Congreso, misma que, según narra la también cofundadora de Alconsumidor, Adriana Labardini, los diputados de la Legislatura LX “modificaron a tal extremo, que la acción colectiva se afianzaba como un monopolio en manos de la Procuradría Federal del Consumidor (Profeco), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef), y la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), organismos oficiales que no han tenido la capacidad de resolver algún litigio a favor del interés público y que además dejaba sin campo de acción a la sociedad civil.”
La tentativa de contrarreforma se dio a través de un “fuerte cabildeo entre la Confederación Patronal de la República Mexicana, el Consejo Coordinador Empresarial, la Asociación Mexicana de Bancos de México, entre otros, con los integrantes de la pasada legislatura, quienes sacaron en tiempo récord una reforma que rezagaba la acción colectiva en un contexto de poca atención mediática gracias a la contingencia sanitaria por la influenza AH1N1”, apuntó Daniel Gershenson.
Finalmente la intentona fue atajada por el Senado y resurgió en octubre pasado con un diálogo entre organizaciones y gobierno “con más éxito esta vez”, de modo que los impulsores de las Acciones Colectivas confían en que los integrantes de la Legislatura LXI no cambiarán el sentido original y avance de manera pronta y expedita.
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