Arturo Rodríguez García
PIEDRAS NEGRAS, Coah, 13 de enero (Proceso).- Desaparecer con todo y vehículo sin dejar rastro se ha vuelto tan común en la región norte de Coahuila que, por su inseguridad, la prensa la rebautizó como “El Triángulo de las Bermudas”.
Una agravante de esos levantones es la impunidad que los caracteriza, pues las autoridades se niegan a iniciar averiguaciones previas, maltratan a las familias de los desaparecidos, les exigen realizar sus propias indagaciones y hasta las amenazan cuando reclaman atención.
Comerciantes, estudiantes universitarios, especialistas en seguridad privada y policías que se niegan a cooperar con la mafia son algunos de los desaparecidos durante 2009. Sus familias han recorrido varias oficinas gubernamentales sin conseguir nada más que un acta circunstanciada.
Para Blanca Martínez, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, que preside el obispo Raúl Vera López, las omisiones de la Fiscalía General del Estado (FGE) así como de la Procuraduría General de la República (PGR) para investigar las desapariciones forzadas, violan el derecho de acceso a la justicia.
La activista, quien documentó 22 desapariciones en Coahuila durante 2009, advierte que en la entidad existe un cerco informativo para evitar que se conozca la dimensión del problema. Sin embargo, asegura, aun los monitoreos a los medios revelan que la situación es más grave de lo que cree la gente.
Familiares de los desaparecidos empezaron a formar un frente común para exigir a las autoridades que investiguen dónde se encuentran sus parientes.
En entrevista con Proceso, uno de ellos manifiesta: “No queremos que esto sea una noticia más. Nuestro interés es dejar claro que se trata de una exigencia a las autoridades para que investiguen y encuentren a nuestros hijos, esposos y padres. No creemos en Humberto Moreira ni en Felipe Calderón, y les exigimos respuestas”.
Invisibles
En marzo del año pasado, 20 trabajadores originarios de Ecatepec, Estado de México, llegaron a la región norte de Coahuila a bordo de tres camionetas donde transportaban botes de pintura para vender casa por casa.
El día 18, al arribar a Sabinas, uno de los vehículos se quedó ahí y los otros dos viajaron hacia Piedras Negras con el plan de reunirse más tarde en Nuevo Laredo.
Unas horas después, Lorenzo Campos Rodríguez, chofer de una de las unidades enviadas a Piedras Negras, se comunicó con su jefe, Daniel Rentería Tovar, quien permanecía en Sabinas, para comunicarle que la otra camioneta no aparecía.
El 22 de marzo, Rentería Tovar acudió a una agencia del Ministerio Público del fuero común en Villa de Fuente, comunidad próxima a Piedras Negras, a denunciar las desapariciones. El agente Jaime García de la Peña le asignó el número de expediente 141. Luego fue a la Inspección General de la Policía Federal, donde José Jorge García Ortiz tomó nota de los hechos.
De acuerdo con llamadas telefónicas que los tripulantes de la camioneta hoy desaparecida realizaron con familiares y compañeros de trabajo, ésta se encontraba estacionada en la gasolinera de Villa de Fuente, una zona rodeada por retenes federales y en la cual existen cámaras de vigilancia.
Sin embargo, “nadie vio nada, nadie sabe nada. ¿Cómo no iban a detectar si ocurrió algo en un lugar por donde pasa tanta gente y que está tan vigilado?”, dice Reyna Estrada, esposa de uno de los desaparecidos. Las demás familias han enviado cartas al presidente Felipe Calderón; al gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y al del Estado de México, Enrique Peña Nieto. No han tenido respuesta.
“Cuando llamamos a la FGE para pedir información, nos dicen que ya tienen las desapariciones registradas, pero ni siquiera han abierto averiguaciones previas. Lo único que pedimos es que dejen de engañarnos”, agrega Reyna Estrada.
Ante la indiferencia de las autoridades estatales, las familias acudieron a la PGR y fueron canalizadas a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), que tampoco ha realizado avances en las investigaciones de la averiguación previa PGR-SIEDO-UEIS/077/2009.
El 17 de abril, José Flores Rodríguez, Agustín Alberto Núñez Magaña y Sergio Cárdenas Córdova salieron de Guadalajara, Jalisco, en un auto con el fin de visitar a clientes comisionistas de joyas en Coahuila. El día 22 se esfumaron luego de que, según sus familiares, partieron del hotel Don Alberto, ubicado en el municipio Nava.
Después de interponer su denuncia, sólo consiguieron el acta circunstanciada 066/2009, por lo que decidieron realizar indagaciones por su cuenta, y un testigo les dijo que a esas tres personas se las llevaron varios hombres armados que viajaban en tres camionetas, y que sólo alcanzó a escuchar las palabras “SIEDO” y “aprehensión”.
José Agustín Núñez Echeverría, padre de uno de los desaparecidos, permaneció casi dos meses en el norte de Coahuila y tuvo que ampararse para que las autoridades le informaran si detuvieron a su hijo, pero hasta ahora no ha obtenido ninguna respuesta.
Señala que se entrevistó con Eduardo Medina Mora cuando éste era titular de la PGR, así como con otros funcionarios de la misma, pero cuando vino el cambio de procurador enviaron la investigación al archivo.
Y refiere: “Un funcionario, Francisco Lobato, me comentó que iban a regresar el expediente a Coahuila. Le expliqué que venía de allá sin resultados, pero me dijo que una averiguación previa es muy cara y que no moverían un dedo mientras no tuvieran una orden directa del procurador. Inclusive me comentó que había casos en los que se registraban hasta 20 desaparecidos y que los míos nada más eran tres”.
Lo cierto es que en Coahuila ni siquiera la policía está a salvo. El 29 de agosto, en Ramos Arizpe, tras un tiroteo fue levantado el comandante Esteban Acosta Rodríguez, jefe de celadores en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Saltillo, junto con dos de sus hermanos y su hijo de ocho años.
Como la FGE no ha realizado ningún avance en las pesquisas, la familia solicitó la intervención del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios.
De acuerdo con funcionarios de la FGE, Acosta Rodríguez pudo ser secuestrado por su renuencia a conceder privilegios a un reo federal encarcelado por delincuencia organizada. La coordinadora del centro, Blanca Martínez, admite que esta versión es creíble, pero no tiene mayor información al respecto.
Narcofosa
Otro caso pendiente es el de Félix Batista, el negociador antisecuestros estadunidense levantado el 10 de diciembre de 2008 en Saltillo. La Secretaría de Seguridad Pública federal atribuyó esa desaparición a Germán Torres Jiménez, alias Z-25, detenido en abril en Poza Rica, Veracruz. No obstante, la dependencia no aportó a la FGE datos precisos al respecto.
El 10 de febrero de 2009, elementos del Ejército descubrieron en la Sierra de Arteaga una fosa con 19 cuerpos calcinados, así como los tambos utilizados para la incineración. Entonces se especuló que entre esos cadáveres podría estar el de Batista, así como el del político perredista y empresario lagunero Francisco León, a quien se le atribuían vínculos con la delincuencia organizada, desaparecido el 21 de febrero de 2007.
Luego de que la FGE realizó pruebas de ADN, determinó que ninguno de los dos se encontraba en la fosa.
Entre los desaparecidos registrados por el Centro Fray Juan de Larios se encuentra David Arreola Estrada, quien según cuatro testigos fue detenido el 12 de octubre de 2009 por elementos de la Policía Municipal de Parras de la Fuente. Cinco días después, su cadáver apareció con huellas de tortura y dos tiros en una carretera. Pese a las protestas de los deudos, que han aportado información a la FGE, tampoco aquí ha habido resultados.
“Yo no sé si estamos regresando o estamos avanzando a un sistema en el que la ciudadanía se pierde. Lo que sí me queda claro es que ‘la guerra’ afecta principalmente a la sociedad civil”, afirma Blanca Martínez.
El problema, continúa, no es de legislación, sino que “se trata de una política de no investigación, que constituye una violación grave al derecho de acceso a la justicia”.
La activista comenta que, además de los secuestros conocidos, decenas de migrantes centroamericanos en tránsito han denunciado múltiples desapariciones. “Si en los casos de connacionales es difícil acceder a la justicia, con los migrantes es prácticamente imposible”, lamenta.
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