Llamado para la CIDH y el Estado Mexicano “no oye”
Reiteran protección urgente para activista Cipriana Jurado
De la redacción
México, DF, 26 ene 10 (CIMAC).- Organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la urgente intervención del Estado mexicano para que brinde las medidas de seguridad necesarias para la activista juarense, Cipriana Jurado Herrera y su familia.
La petición hecha por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y el Centro de Investigación y Solidaridad Obrera (CISO) fue enviada a la sede de la CIDH en Washington.
La demanda ante la CIDH, indicaron el Prodh y CISO en un comunicado, es para que el organismo internacional solicite al Estado mexicano que, en diálogo Cipriana Jurado, sean adoptadas las medidas necesarias para resguardar la vida e integridad física de ella y su familia.
Las organizaciones se unieron así a la preocupación sobre la situación de las y los defensores en México que Amnistía Internacional (AI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Human Rights Watch denunciaron en días pasados.
Por su labor como activista, Cipriana ha recibido amenazas de muerte en su entidad, y ha sido víctima de una detención arbitraria en 2008 por parte de elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) (Cimacnoticias, 8 ene 10)
En el documento, el Prodh y CISO indicaron que esta labor se realiza en un clima de acoso y amenazas cuyo resultado es el impune asesinato de la activista Josefina Reyes Salazar, con quien Cipriana denunció casos de violencia militar y abusos de poder en el contexto de los operativos militarizados de seguridad pública en el norte del país.
Por ello, ambas organizaciones, consideran que la actividad que Cipriana realiza desde hace mas de 15 años, la coloca en una situación de riesgo y en este caso, el Estado mexicano tiene la posibilidad de actuar “con prontitud y en congruencia con los compromisos mundiales adquiridos en materia de derechos humanos y de dar pasos firmes hacia la erradicación de la impunidad en esos crímenes”.
OÍDOS SORDOS DEL ESTADO MEXICANO
En entrevista con esta agencia, la activista declaró que hasta la fecha y a pesar de las múltiples voces que han urgido al Estado mexicano seguridad para ella, no ha recibido ninguna respuesta al respecto.
El 5 de enero pasado AI solicitó medidas de seguridad para Cipriana a la Secretaría de Gobernación (Segob), petición que hasta la fecha no ha sido atendida. Dos días después la CNDH hizo lo mismo pero ante el Gobierno del estado de Chihuahua, solicitud que tampoco ha tenido ninguna respuesta por lo que persiste el grave riesgo para la defensora.
CIPRIANA SE REÚNE CON SENADORA
El pasado 22 de enero, Cipriana se reunió con la senadora Rosario Ibarra de Piedra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la cámara alta, para exponerle la situación de las personas defensoras de derechos humanos en medio de la creciente militarización en el norte del país.
La activista adelantó que la senadora Rosario Ibarra presentará un punto de acuerdo al Senado de la República mediante el cual se exhortará a la Segob para que adopte medidas cautelares para ella y su familia y se cree un ambiente propicio para ejercer el derecho a defender los derechos humanos.
México, DF, 26 ene 10 (CIMAC).- Organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la urgente intervención del Estado mexicano para que brinde las medidas de seguridad necesarias para la activista juarense, Cipriana Jurado Herrera y su familia.
La petición hecha por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y el Centro de Investigación y Solidaridad Obrera (CISO) fue enviada a la sede de la CIDH en Washington.
La demanda ante la CIDH, indicaron el Prodh y CISO en un comunicado, es para que el organismo internacional solicite al Estado mexicano que, en diálogo Cipriana Jurado, sean adoptadas las medidas necesarias para resguardar la vida e integridad física de ella y su familia.
Las organizaciones se unieron así a la preocupación sobre la situación de las y los defensores en México que Amnistía Internacional (AI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Human Rights Watch denunciaron en días pasados.
Por su labor como activista, Cipriana ha recibido amenazas de muerte en su entidad, y ha sido víctima de una detención arbitraria en 2008 por parte de elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) (Cimacnoticias, 8 ene 10)
En el documento, el Prodh y CISO indicaron que esta labor se realiza en un clima de acoso y amenazas cuyo resultado es el impune asesinato de la activista Josefina Reyes Salazar, con quien Cipriana denunció casos de violencia militar y abusos de poder en el contexto de los operativos militarizados de seguridad pública en el norte del país.
Por ello, ambas organizaciones, consideran que la actividad que Cipriana realiza desde hace mas de 15 años, la coloca en una situación de riesgo y en este caso, el Estado mexicano tiene la posibilidad de actuar “con prontitud y en congruencia con los compromisos mundiales adquiridos en materia de derechos humanos y de dar pasos firmes hacia la erradicación de la impunidad en esos crímenes”.
OÍDOS SORDOS DEL ESTADO MEXICANO
En entrevista con esta agencia, la activista declaró que hasta la fecha y a pesar de las múltiples voces que han urgido al Estado mexicano seguridad para ella, no ha recibido ninguna respuesta al respecto.
El 5 de enero pasado AI solicitó medidas de seguridad para Cipriana a la Secretaría de Gobernación (Segob), petición que hasta la fecha no ha sido atendida. Dos días después la CNDH hizo lo mismo pero ante el Gobierno del estado de Chihuahua, solicitud que tampoco ha tenido ninguna respuesta por lo que persiste el grave riesgo para la defensora.
CIPRIANA SE REÚNE CON SENADORA
El pasado 22 de enero, Cipriana se reunió con la senadora Rosario Ibarra de Piedra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la cámara alta, para exponerle la situación de las personas defensoras de derechos humanos en medio de la creciente militarización en el norte del país.
La activista adelantó que la senadora Rosario Ibarra presentará un punto de acuerdo al Senado de la República mediante el cual se exhortará a la Segob para que adopte medidas cautelares para ella y su familia y se cree un ambiente propicio para ejercer el derecho a defender los derechos humanos.
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