Después de 8 años, Valentina e Inés esperan justicia con fallo de la CoIDH
Por Lourdes Godínez Leal
México, DF , 25 ene 10 (CIMAC).- La impunidad en el caso de Valentina e Inés, indígenas tlapanecas violadas por militares en 2002, significa no sólo la falta de castigo a sus agresores, sino la ausencia de un debido proceso e investigación
En febrero y marzo de 2002, Valentina Rosendo e Inés Fernández fueron violadas por militares en la comunidad de Caxitepec, municipio de Acatepec y en Barranca Tecuani, en Ayutla de los Libres, Guerrero, respectivamente.
VALENTINA
El 16 de febrero de 2002 Valentina de 17 años, lavaba ropa en un arroyo cerca de su casa, cuando ocho militares la cuestionaron sobre el paradero de una persona. La golpearon, acosaron y dos la violaron mientras otros seis observaban, según consta en el expediente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
No pudo ser atendida ni en el centro de salud ni en el hospital de Ayutla debido a la falta de personal especializado.
El 8 de marzo de 2002, denunció la agresión ante el Ministerio Público (MP) del fuero común del distrito Judicial de Allende, Guerrero, quien solicitó exámenes que tampoco fueron realizados por la misma causa. Fue hasta el 19 de marzo que un médico dictaminó “huellas de violencia”.
El 8 de abril de 2002, la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, declinó su competencia a la justicia militar, la cual archivó el caso en 2004 por “no acreditar” la violación sexual.
El 10 de noviembre de 2003, la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco, el Centro Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional demandaron ante la CIDH la admisión del caso, fue aceptado el 21 de octubre de 2006.
Únicamente se realizó una audiencia pública a la que asistieron Valentina y sus representantes legales y en contraparte, los del Estado mexicano el 12 de octubre de 2007.
Valentina narró las trabas para ser atendida en los servicios de salud y el hostigamiento militar para identificar a sus agresores.
El Estado argumentó, que no se comprobó la violación puesto que Valentina no acudió a las diligencias y no reconoció a quien la atacó. Insistió en que los militares no incurrieron en faltas a su disciplina.
El 21 de marzo de 2009 la CIDH acreditó la violación sexual y responsabilizó al Estado por la falta de una debida diligencia en la investigación y sanción a los responsables, lo que le notificó en abril de 2009.
Con el pretexto de atender la crisis de influenza, el Estado pidió una prórroga para informar sobre los avances del caso, la cual le fue concedida para el 17 de julio de 2009.
El 4 de mayo de 2009, los peticionarios solicitaron que el caso fuera llevado a la CoIDH.
Ante el vencimiento de la prórroga y la falta de respuesta del Estado Mexicano, el 31 de julio de 2009, la CIDH remitió el caso a la Corte.
INÉS
El 22 de marzo de 2002 Inés, de 27 años, fue golpeada y violada por militares que entraron a su casa en la comunidad Barranca Tecuani, Municipio de Ayutla de Los Libres.
El 24 de marzo, Inés denunció ante el mismo MP que Valentina, y ese mismo día acudió al hospital donde tampoco pudo ser revisada por falta de personal especializado.
El 1 de abril de 2002 la CNDH recibió la queja que Inés presentó a la comisión estatal el 25 de marzo del mismo año. Determinó que Inés estuvo expuesta a un evento traumático, deficiencias y omisiones de funcionarios estatales que provocaron la destrucción de evidencias que afectaron la averiguación previa.
El 17 de mayo de 2002, el caso fue turnado al MP militar, adscrito a la 35 zona militar.
La investigación estuvo en el fuero militar desde mayo de 2002. El 15 de septiembre de 2006, se archivó ya que los agentes del MP de la Procuraduría de Justicia Militar (PJM) “concluyeron” que “no se acreditó la violación”.
La decisión se basó, dice el expediente de la CIDH, en las declaraciones de los militares, en los testigos de “oídas” y porque Inés no se presentó a declarar.
El caso estuvo estancado 4 años en el fuero civil, hasta que el 16 de enero de 2007 el Agente del MP del fuero común del distrito judicial de Allende, reabrió la averiguación previa.
En la audiencia ante la CIDH el 12 de octubre de 2007, quedó expuesta la falta de interés del Estado mexicano para investigar: no se concluyó la investigación preliminar, faltaron algunos peritajes, el retrato hablado de los agresores, el careo, y un dictamen psicológico de Inés.
A su vez, el Estado dejó en claro que no proporcionó ningún tratamiento a la víctima “porque aún no se creaban los centros de atención a víctimas de este delito”.
Si bien proporcionó información a la CIDH de su “supuesta” investigación, lo hizo de manera confidencial, por lo que la contraparte estuvo impedida para seguir aportando pruebas.
El 30 de octubre de 2008, la CIDH emitió su Informe de Fondo en el que responsabiliza al Estado mexicano de las violaciones contra la integridad de Inés, el cual fue notificado el 7 de noviembre de 2008.
El 20 de abril de 2009 el Estado envió su informe final sobre las recomendaciones y ante la falta de avances y el incumplimiento de las recomendaciones, la CIDH remitió el 7 de mayo de 2009, el caso a la CoIDH, que se espera, este año, emita su sentencia.
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