El día de hoy, 12 de enero de 2012, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la Secretaría Ejecutiva de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana (DPMH), Sin Fronteras, I.A.P. y el Centro de Derechos Humanos Usumacinta (CDHU) realizaron una rueda de prensa en la que dieron a conocer la versión de la comunidad desplazada Nueva Esperanza en relación al violento desalojo que el Instituto Nacional de Migración (INM) llevó a cabo el pasado lunes 9 de enero.
José Rosario Marroquín, director del Centro Prodh, comenzó desmintiendo a la autoridad migratoria, señalando que llevarse a personas que no quieren irse es ya un hecho violento. Dijo que existieron muchísimas irregularidades en el proceso y por parte del INM ha habido una actitud incongruente, que no corresponde con el proceso que desde la sociedad civil esperamos.
Maynor Randolfo Morales López, de la comunidad de desplazados guatemaltecos, narró como los policías federales lo agredieron y detuvieron junto con otro compañero. Lo llevaron a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR) en Tenosique sin ser notificados de por qué se le detenía. Después de varias horas, le dijeron que de manera anónima se le estaba acusando de tráfico de personas. Además, le hicieron un extenso interrogatorio sobre Fray Tomás González. Después, registraron sus huellas dactilares, les pusieron carteles en el pecho, les tomaron fotografías y los desnudaron, para luego entregarlos al INM, aún a pesar de tener una forma migratoria vigente para trabajar y vivir en el país.
Después de que el INM lo dejó ir, llegó al campamento, donde su esposa y las 140 personas que lograron no ser detenidas le contaron lo que había sucedido. Maynor narró como el INM llegó y rodeó el campamento, los despertaron y les quitaron su documentación migratoria. Señalaron que los documentos que tenían, incluidas las actas de nacimiento de los niños y niñas mexicanas, no valían, que se podían tirar a la basura. Tomaron a los niños y se los llevaron, por lo que las mamás, desesperadas, tuvieron que buscar a sus hijos y era entonces cuando las detenían. Maynor narró que tanto los agentes del INM como la Policía Federal apedrearon a la gente e, incluso, que ingresaron a territorio guatemalteco para lograr detenerlos. En medio del operativo, las autoridades también se llevaron los víveres y el maíz que la propia comunidad estaba cultivando para su consumo; además, el INM amenazó con volver a regresar a desmantelar el campamento.
Fray Tomás González, del CDHU, denunció con indignación y coraje que la comunidad Nueva Esperanza sí fue violentamente desplazada, aún a pesar del proceso de negociación que estaba vigente. “La comunidad estaba negociando de rodillas”, dijo; sin embargo, ya habían aceptado una reubicación en Tikal, Guatemala, lo cual sabían tanto las autoridades migratorias como la propia Secretaría de Gobernación. Además, recordó cómo es que el Comisionado del INM, Salvador Beltrán del Río, días antes había llegado a la comunidad a llevar víveres y romper piñatas con los niños y niñas, para luego llegar a desmantelar la comunidad. Por lo tanto, fue enfático al señalar que el Comisionado Beltrán había traicionado tanto a las personas desplazadas como a las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos de las personas migrantes.
La Hermana Leticia Gutiérrez, Secretaria Ejecutiva de la DPMH, señaló que el INM utiliza de manera facciosa el sistema de justicia penal para criminalizar a las y los defensores de los derechos humanos de las personas migrantes. Destacó esto debido a que Fray Tomás González también fue acusado por el delito de tráfico de personas, aún a pesar del apoyo humanitario que presta a las personas migrantes que transitan por el municipio de Tenosique, Tabasco. Además, informó que tanto Fray Tomás González como otros defensores miembros de la DPMH están bajo la protección de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); sin embargo, el gobierno mexicano continúa persiguiéndolos.
Diana Martínez, abogada de la organización Sin Fronteras, I.A.P., expresó que las acciones del INM van en contra de la ley de Migración recientemente aprobada y también contra el derecho humanitario internacional. Destacó que no se respetó el debido proceso, pues las y los guatemaltecos no fueron informados debidamente de sus derechos. Además, se les detuvo mediante engaños, por lo que no se trató de una repatriación humanitaria, tal como lo afirma el INM, sino que en realidad fue una deportación, puesto que las personas migrantes regresaron a su país en contra de su voluntad. Señaló que es necesario que se denuncien estas irregularidades, se investigue qué es lo que sucedió y que, incluso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de cauce y celeridad a la queja recién iniciada.
Las organizaciones destacaron que las y los guatemaltecos desplazados no quieren regresar a su país, puesto que no hay condiciones ni garantías de vigencia de sus derechos humanos. Para prevenir esta situación, interpusieron un amparo contra la orden de deportación, cuyo propósito es conocer e inconformarse con las irregularidades que se dieron en el procedimiento. Además, informaron que se dio aviso de los hechos ocurridos tanto a la CIDH como al Sistema de Naciones Unidas.
El día de ayer, el Movimiento Ciudadano por la Justicia Cinco de Junio emitió, desde Hermosillo, Sonora, un boletín de prensa en el que hizo pública la situación jurídica de Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, miembro fundadora de la Guardería ABC. Como antecedente, recordó que el 30 de noviembre de 2010 un tribunal le concedió un amparo a esta inculpada, argumentando que no atender a la normatividad correspondiente para la administración de la guardería no la hacía incurrir en una responsabilidad penal y que no tenía la obligación de impedir el asesinato de 25 niñas y 24 niños, así como las lesiones de más de 70 bebés.
En reunión realizada el 22 de noviembre de 2011 con Marisela Morales, titular de la Procuraduría General de la Republica (PGR), el Movimiento 5 de Junio le informó la pretensión de Marcia Gómez del Campo de obtener la sentencia absolutoria. Sin embargo, la Procuradora les respondió que eso no podía proceder, a pesar de que los abogados de la organización señalaban lo contrario. En el pasado mes de diciembre, se supo que la inculpada sí recibió la sentencia absolutoria por el Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Quinto Circuito, de nombre Pablo Ibarra Fernández, quien consideró que la obligación de mantener adecuados los servicios de la guardería sólo corresponde a la persona moral Guardería ABC Sociedad Civil.
Ante esta situación, el Movimiento 5 de Junio mostró su preocupación porque pase lo mismo con Gildardo Urquidez Serrano, otro dueño de la Guardería ABC. Asimismo, reiteraron que continuarán exigiendo ante todas las instancias jurídicas del país e internacionales, que se imparta justicia por el homicidio y las lesiones de sus hijos e hijas, sin descartar una eventual queja y/o denuncia en contra del Magistrado del Tribunal Colegiado que arropó con su amparo y posterior resolución de sobreseimiento o absolución de la acción penal a Marcia Gómez del Campo, a pesar de la evidente responsabilidad criminal en que incurrió.
Los medios destacan
ONG critican repatriación de guatemaltecos / Excélsior, Un grupo de siete organizaciones condenaron la repatriación de 70 guatemaltecos por parte del INM, afirmando que, con este acto, México pone en riesgo la vida, la libertad, la seguridad y la integridad física de estas personas.
Lanzan campaña contra asesinatos de periodistas / El Universal, El gobierno mexicano tachó de “desalentadora” la campaña de Reporteros Sin Fronteras para llamar la atención sobre la libertad de prensa y de los periodistas. Esta organización recreó ayer una playa en el invierno de París para sensibilizar a la gente de que, a la hora de elegir un destino vacacional, es necesario no sólo informarse de su clima, sino también de la situación política y la libertad de prensa que se vive en el país.
Admite el gobierno 47 mil muertos por la narcoviolencia / La Jornada, La PGR dio a conocer que según los registros oficiales, del primero de enero al 30 de septiembre de 2011 se cometieron 12 mil 903 asesinatos presuntamente relacionados con rivalidad delincuencial, y según esa dependencia el número de homicidios sigue en aumento.
Critican que el Estado pida inmunidad para Zedillo / La Jornada, La Fundación Méndez Arceo señaló que la petición de inmunidad por parte de la SRE es una muestra de la falta de compromiso del Estado mexicano en materia de derechos humanos. El Comité Cerezo México también se expresó en este sentido.
“Hacia la dignificación del trabajo del hogar” / Cencos, La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal exhorta al Estado mexicano para que sin demora ratifique el Convenio 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, que permitirá mejorar las condiciones de vida y de prevenir y sancionar las violaciones a los derechos humanos laborales de las y los trabajadores del hogar en el mundo.
Advierten de paramilitares en Ixcatlán, Oaxaca / Zapateando, El presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, exigió el cumplimiento a las medidas cautelares en cuanto al conflicto social en Santo Domingo Ixcatlán.
Se incrementa el VIH entre mujeres de comunidades marginales / Cimac Noticias, La infección del virus de inmunodeficiencia humana entre las mexicanas está ligada a su condición de pobreza, la cual limita su acceso a la información para prevenir la enfermedad y a herramientas para negociar el uso del condón en la pareja.
Pepenadores, foto de Tanya Guerrero para El Universal
Según una foto de Tanya Guerrero, de El Universal y el reportaje de Johana Robles del mismo medio informativo, en la planta de selección del Bordo Poniente, hombres y mujeres “pepenan” 18 de las 24 horas al día. El sitio está rodeado por montañas de basura que alcanzan hasta los 10 metros de altura. Cada día llegan ahí cerca de 2 mil toneladas de desechos.
“El agente procedió contra toda lógica, como si mi hijo fuera un adulto o manejara un auto normal, ya que levantó la infracción (…) Faltó que le aplicaran el chocolímetro y lo acusaran de haber ingerido bebidas endulzantes” señaló la mamá de un menor de seis años, quien fue detenido por conducir su motocicleta de juguete sin licencia, no traer placas y manejar de manera imprudente.
40 años de la Ejecución Extrajudicial de Diego Lucero
En 1972, Diego Lucero fue víctima de ejecución extrajudicial, por lo que en Chihuahua se estarán llevando eventos que conmemoren la fecha. El día de hoy, jueves 12, en el Café London a las 17 horas, se realizará la Mesa Panel “40 años, Chihuahua 15 de enero, Ayer y Hoy”. El viernes 13, en el Teatro de Cámara a las 18 horas, se presentará el documental “Nacidos en la Tempestad” y luego habrá una mesa de diálogo. El sábado 14, también en el Teatro de Cámara a las 18 horas, se llevará a cabo la obra teatral “El Rumor del Incencio” y luego habrá una mesa de diálogo. El domingo 15, en el Teatro de Cámara a las 12 horas se realizará un acto de homenaje y a las 18 se presentará nuevamente la obra “El Rumor del Incendio”.
Presentación del Informe “Discriminados y encarcelados: Detenciones y condenas arbitrarias a personas indígenas inocentes en México”
El día martes 24 de enero a las 11 horas, el Centro Prodh dará a conocer el Informe “Discriminados y encarcelados: Detenciones y condenas arbitrarias a personas indígenas inocentes en México”, mismo que será presentado al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas. Se resaltan las graves irregularidades y violaciones a derechos humanos cometidas en contra de las indígenas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González y Basilia Ucan Nah, así como de los indígenas Hugo Sánchez Ramírez, José Ramón Aniceto y Pascual Agustín, todos casos de defensa integral del Centro Prodh. En la presentación estarán presentes José Rosario Marroquín, director del Centro Prodh, así como los padres de Hugo y las esposas de José Ramón y Pascual.
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