Miguel Concha
Lo que se quiere visibilizar mediante el documento El derecho a defender los derechos humanos en México: informe sobre la situación de las personas defensoras 2011-2013,
elaborado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT), es la falta de
cumplimiento del Estado mexicano de sus obligaciones en materia de
derechos humanos, en particular el derecho a defenderlos. Es también la
falta de interés y compromiso por el respeto a la labor de las personas
defensoras. Un contexto nacional de militarización de la seguridad
pública; un proyecto de economía neoliberal contrario a los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales, y un sistema de
impunidad e injusticia han favorecido las continuas y crecientes
agresiones contra quienes ejercen la legítima labor de defender los
derechos humanos.
En los dos últimos años de la administración de Felipe Calderón y el
primero de la administración federal actual, la RedTDT registró 104
casos de agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos, que
se traducen en 208 personas o colectivos agredidos. De éstos, 171 son
personas víctimas de agresiones y 37 son colectivos. De los 171
agredidos, 115 son hombres y 56 mujeres. Las siete entidades con mayor
número de casos son: Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Chiapas, Distrito
Federal, Coahuila y Puebla. El informe señala que las y los defensores
agredidos realizan su trabajo en torno a temas como los derechos de los
pueblos originarios o indígenas y de la tierra y el territorio, así como
de los recursos naturales y el medio ambiente. La denuncia de
violaciones a derechos humanos a causa de proyectos de privatización y
los abusos cometidos por empresas, ya sean locales, nacionales,
paraestatales o trasnacionales –además de las violencias relacionadas
con la delincuencia organizada y la militarización como estrategia de
seguridad del gobierno– también les generan riesgos. Defensores y
defensoras son también agredidos en su labor por causa de temas como las
violaciones a los derechos de las mujeres y de los grupos de la
diversidad sexual, feminicidios y trata de personas.
La exigencia de justicia ante actos de represión, operativos,
criminalización de la protesta social, tortura, desapariciones forzadas
y privaciones de la libertad por motivos políticos o de conciencia, son
igualmente parte de los temas que generan agresión contra las y los
defensores. Los siete tipos de agresiones más utilizadas por los
perpetradores son: amenazas de muerte, amagos, detenciones arbitrarias,
agresiones físicas, intimidaciones, muerte violenta y violaciones al
derecho a la honra y la reputación. Sin embargo, el tipo de agresión más
utilizado son las amenazas de muerte, tanto en referencia a los
defensores (29 casos) como a las defensoras (20).
Las violaciones al
derecho a la honra y a la reputación, en cambio, son muy utilizadas para
deslegitimar el trabajo de los defensoras y de las organizaciones de
derechos humanos. Aunque todas las agresiones son de gran preocupación,
la cifra que más duele y alarma corresponde a los asesinatos de
defensores; 27 muertes fueron registradas en el periodo: 16 eran hombres
y 11 mujeres. El estado con el mayor número de casos de asesinatos es
Guerrero con 10, le siguen Michoacán con cinco y Chihuahua con tres.
Además, en 110 de los casos las víctimas no pudieron identificar a sus
victimarios más frecuentemente denunciados. Las fuerzas de seguridad
pública federales, estatales y municipales y el Ejército Mexicano son
las autoridades registradas en los primeros lugares como perpetradoras
de las agresiones o violaciones a los derechos humanos. El informe
mencionado destaca de nuevo algo que no debemos perder de vista, y es
que todos los agresores han sido denunciados públicamente, pero en muy
pocos casos existen procesos de investigación y sanción. La creación del
Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas
no ha significado un cambio sustancial en materia de prevención,
medidas de seguridad y sanción a los agresores.
La RedTDT concluye que la falta de políticas públicas
adecuadas, pertinentes y efectivas para garantizar los derechos de toda
la población, así como la impunidad sistemática, son los factores
determinantes que permiten que se realicen las agresiones contra las
personas defensoras, y se violente así el derecho a defender los
derechos humanos. Entre los temas que aborda el documento cabe destacar
que los peligros que hoy enfrentan las y los defensores de migrantes se
incrementan por la falta de acción de las autoridades y por los
intereses que el crimen organizado tiene en asuntos tan graves como el
tráfico de sustancias ilícitas y el secuestro para fines de trata y
explotación laboral y sexual. Otro tema a resaltar, y que en el momento
actual debe ser claramente visibilizado, es la tendencia a generar
legislaciones que restringen la libertad de expresión y el derecho a la
protesta social, asunto que se ha visto reforzado en los pasados meses
con leyes que criminalizan a quienes se manifiestan en la defensa de sus
derechos, como han sido los casos de Quintana Roo y Puebla. No hay que
dejar de reconocer el esfuerzo de la RedTDT por elaborar esta nueva
investigación, que desde luego contribuye al análisis y reflexión de un
tema de tan gran relevancia para el país.
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