Durante 5 años las iniciativas fueron congeladas y desechadas
En los más de cinco años de la actual legislatura
en el Senado, un tema tabú fue el de las reformas en materia mineral, ya
que la mayoría de las iniciativas presentadas fueron congeladas y luego
desechadas.
Fue el caso de la iniciativa elaborada por una docena de organizaciones y movimientos afectados por
la gran minería tóxica, que en septiembre de 2013 presentaron los senadores Dolores Padierna, Alejandro Encinas y Layda Sansores, la cual, pese a sus esfuerzos y llamados a que se dictaminara, fue dese-chada en diciembre de 2015.
Hubo una disposición absoluta a no aprobar nada sobre los minas, que
ha sido uno de los sectores más protegidos y beneficiados, comentó la
senadora Padierna. Recordó que durante las negociaciones de la reforma
constitucional energética, en diciembre de 2014, a última hora y con el
aval de PRI y PAN modificaron el dictamen, con disposiciones que
beneficiaron a los concesionarios mineros, un grupo pequeño de
extranjeros y mexicanos.
Recientemente, en diciembre del año pasado, el PRI y la mayoría del
PAN impidieron que en la Ley de Biodiversidad se plasmara la prohibición
expresa de llevar a cabo proyectos de explotación minera en áreas
naturales reservadas, ello pese a la argumentación de la senadora
panista Silvia Garza, quien a contracorriente de su bancada, expuso los
riesgos de permitir ese tipo de proyectos.
Desde el inicio de esta legislatura, cuando la lucha de los
familiares de Pasta de Conchos puso en evidencia la necesidad de
instaurar un nuevo marco jurídico a la actividad minera, se presentaron
varias iniciativas, que corrieron la misma suerte: la congeladora.
El proyecto más ambicioso fue una nueva ley minera, que los
senadores Padierna, Sansores y Encinas presentaron ante el pleno el 19
de septiembre de 2013, y que había sido elaborada por el Frente Amplio
Opositor a la Minera San Xavier, el Movimiento Morelense contra
Concesiones Mineras, la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias y otras más, que han dado una fuerte lucha contra la
instalación de mineras tóxicas en sus regiones.
La reforma plantea que la minería deje de ser un actividad preferente
sobre cualquier otro uso u aprovechamiento del terreno, como lo señala
la ley actual, se fija como requisito indispensable para cualquier
concesión una
licencia social, se instaura el derecho de las comunidades indígenas al goce preferencial de su territorio frente a actividades mineras, se anulan las cláusulas de confidencialidad que se usan para ocultar la información económica y fiscal que deben entregar las empresas al Estado y se introduce el cobro de regalías.
La iniciativa pretendía un nuevo marco legal para impedir el saqueo
indiscriminado de recursos naturales. Hay estadísticas que muestran que
las trasnacionales mineras pagan a México el equivalente a 1.18 por
ciento de los recursos que explotan en territorio nacional, pero el
gobierno federal no quiere que la situación cambie, recalcó la senadora
Padierna.
Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Domingo 14 de enero de 2018, p. 8
Domingo 14 de enero de 2018, p. 8
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