Reconoce Sedena 11 abusos a mujeres de 1999 a 2007
Por Lourdes Godínez Leal
México DF, 11 junio 09 (CIMAC).- Pese a que el Estado mexicano se “comprometió” hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, a revisar el Código de Justicia Militar, organizaciones civiles defensoras de derechos humanos presentes en la sesión advirtieron que de nada servirá este compromiso si los militares continúan creyendo que son ellos quienes tienen que investigar las violaciones a derechos humanos.
Al finalizar hoy el Examen Periódico Universal (EPU) para el caso de México y como habían advertido organizaciones civiles en días anteriores, el Estado mexicano rechazó aceptar las recomendaciones hechas por los Estados miembros para terminar con la impunidad del fuero militar y el arraigo, y “se comprometió” a revisar el Código de Justicia Militar (CJM).
No obstante, “aceptó considerar” las recomendaciones hechas por Irlanda, Canadá y Azerbaiyán, para “revisar el Código de Justicia Militar, investigar exhaustivamente los abusos cometidos por militares y poner fin al clima de impunidad”.
También se negó a aceptar que sea la justicia civil la que conozca de los casos de violaciones a los derechos humanos de civiles cometidas por militares.
Para la organización internacional de defensa de derechos humanos, Human Rights Watch (HRW) quien hoy también presentó su posicionamiento frente al Consejo de la ONU, “éste compromiso no podrá cumplirse si los militares continúan considerando que tienen jurisdicción para investigar graves violaciones de derechos humanos a través de un sistema militar que carece de garantías básicas para asegurar la independencia y la imparcialidad”.
Señala que para terminar verdaderamente con la impunidad y cumplir con las recomendaciones internacionales al respecto, México debe asegurarse de que aquellos casos en los cuales los militares sean acusados de cometer violaciones de derechos humanos contra civiles, sean remitidos inmediatamente a los agentes del ministerio público estatal o federal.
Interrogado por Cimacnoticias al respecto, Edgar Cortéz, defensor de derechos humanos de la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, dijo que pese a haber aceptado revisar el CJM, el Estado mexicano no dijo cómo ni cuándo lo hará.
“Y será más de lo mismo dijo, ya que lo que en la práctica sucede, es que la justicia militar lo que investiga es si el militar quebrantó la disciplina militar y no si violó un derecho humano y se argumenta que se puede recurrir a los tribunales civiles, explicó Cortéz.
Cabe recordar que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), uno de los organismos más importantes de la región en materia de defensa de derechos humanos, ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de reformar dicho Código, para lo que se ha reunido durante sus visitas a nuestro país, con legisladores, sin que a la fecha haya una iniciativa concreta de reforma.
DOCUMENTADOS 11 ABUSOS CONTRA MUJERES
De acuerdo con una solicitud hecha por Cimacnoticias al Instituto Federal de Acceso a la Información a través del SISI sobre cuántos casos se han investigado en la justicia militar por abuso sexual y violación, se informó que en el CJM no se encuentra tipificado el delito de abuso sexual, violación o violación equiparada.
Sin embargo, observa que “en el supuesto caso de que un militar cometa este delito, se aplicará supletoriamente el Código Penal del lugar donde ocurrieron los hechos de conformidad al numeral 57 del CJM”.
De acuerdo con la información proporcionada, el militar que cometiera estos delitos se haría acreedor a las sanciones que señalan los Códigos Penales de las entidades federativas, el Código Penal Federal o en su caso, las leyes especiales.
Pese a que estos delitos no están tipificados en el CJM, se reconoce que de 1999 a 2007, han sido 11 los casos “juzgados” por la justicia militar por los delitos de abuso sexual, violación equiparada y atentados contra el pudor.
Por el delito de abuso sexual se “juzgaron” siete casos que corresponden a los siguientes años: en 2000 fueron tres casos, dos en Chiapas y uno en Jalisco.
En 2001 se juzgaron dos en el Distrito Federal. En 2002 uno en Sonora; 2003 uno en Baja California; 2004, uno en Sonora y uno en Oaxaca, y de 2005 a 2007, no se tiene registrado ninguno.
VIOLACIÓN EQUIPARADA
En cuanto al delito de violación equiparada juzgados por la justicia militar en el mismo periodo, se nos informó que en 2005 se juzgaron dos: uno en el Distrito Federal y uno en Sonora.
ATENTADOS CONTRA EL PUDOR
Por el delito de atentados contra el pudor, se informó que han sido juzgados en la justicia militar un caso en el 2000 en Nuevo León y uno en 2001 en el DF.
De acuerdo con los datos proporcionados en el año 2000, las entidades federativas de Chiapas, Nuevo León, Jalisco y Oaxaca, registraron un caso respectivamente por alguno de estos delitos, mientras que en 2002 se registró uno en Sonora y en 2003 uno en Baja California.
En 2004, se registró otro en Sonora y uno en Oaxaca. En 2005 uno en el DF y uno en Sonora, en 2006, uno en DF.
En cuanto a las jerarquías, quienes han sido juzgados por la comisión de estos delitos se encuentran un Teniente Coronel, dos capitanes primeros, dos subtenientes, 3 sargentos primeros, 3 cabos, 2 soldados y un marinero.
Sin embargo, pese a que estos casos fueron “juzgados” se desconoce el tipo de sentencia que purgaron quienes cometieron los delitos.
MILITARIZACIÓN, SINÓNIMO DE IMPUNIDAD
HRW denunció que desde que Felipe Calderón desplegó a miles de soldados por todo el país en su “lucha contra el narcotráfico”, ha habido “un drástico incremento” en las violaciones a derechos humanos cometidas por militares.
Calificó como “disfuncional” al sistema de justicia militar ya que, pese a que éste asume la “investigación” de las violaciones (incluidas las violaciones sexuales contra mujeres, asesinatos y tortura), carece de imparcialidad e independencia, lo que ha generado por años, impunidad.
Cuestionó que hasta abril de este año, el Procurador General de Justicia Militar “no había podido proporcionar ni un sólo ejemplo de los últimos 10 años en el cual los tribunales militares hayan condenado a un miembro de las Fuerzas Armadas, acusado de cometer violación de derechos humanos”.
No obstante, el Gobierno mexicano enfatizó que uno de los compromisos de su Programa Nacional de Derechos Humanos es impulsar reformas en materia de procuración e impartición de justicia militar, acordes con los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos.
09/LGL/GG
Por Lourdes Godínez Leal
México DF, 11 junio 09 (CIMAC).- Pese a que el Estado mexicano se “comprometió” hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, a revisar el Código de Justicia Militar, organizaciones civiles defensoras de derechos humanos presentes en la sesión advirtieron que de nada servirá este compromiso si los militares continúan creyendo que son ellos quienes tienen que investigar las violaciones a derechos humanos.
Al finalizar hoy el Examen Periódico Universal (EPU) para el caso de México y como habían advertido organizaciones civiles en días anteriores, el Estado mexicano rechazó aceptar las recomendaciones hechas por los Estados miembros para terminar con la impunidad del fuero militar y el arraigo, y “se comprometió” a revisar el Código de Justicia Militar (CJM).
No obstante, “aceptó considerar” las recomendaciones hechas por Irlanda, Canadá y Azerbaiyán, para “revisar el Código de Justicia Militar, investigar exhaustivamente los abusos cometidos por militares y poner fin al clima de impunidad”.
También se negó a aceptar que sea la justicia civil la que conozca de los casos de violaciones a los derechos humanos de civiles cometidas por militares.
Para la organización internacional de defensa de derechos humanos, Human Rights Watch (HRW) quien hoy también presentó su posicionamiento frente al Consejo de la ONU, “éste compromiso no podrá cumplirse si los militares continúan considerando que tienen jurisdicción para investigar graves violaciones de derechos humanos a través de un sistema militar que carece de garantías básicas para asegurar la independencia y la imparcialidad”.
Señala que para terminar verdaderamente con la impunidad y cumplir con las recomendaciones internacionales al respecto, México debe asegurarse de que aquellos casos en los cuales los militares sean acusados de cometer violaciones de derechos humanos contra civiles, sean remitidos inmediatamente a los agentes del ministerio público estatal o federal.
Interrogado por Cimacnoticias al respecto, Edgar Cortéz, defensor de derechos humanos de la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, dijo que pese a haber aceptado revisar el CJM, el Estado mexicano no dijo cómo ni cuándo lo hará.
“Y será más de lo mismo dijo, ya que lo que en la práctica sucede, es que la justicia militar lo que investiga es si el militar quebrantó la disciplina militar y no si violó un derecho humano y se argumenta que se puede recurrir a los tribunales civiles, explicó Cortéz.
Cabe recordar que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), uno de los organismos más importantes de la región en materia de defensa de derechos humanos, ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de reformar dicho Código, para lo que se ha reunido durante sus visitas a nuestro país, con legisladores, sin que a la fecha haya una iniciativa concreta de reforma.
DOCUMENTADOS 11 ABUSOS CONTRA MUJERES
De acuerdo con una solicitud hecha por Cimacnoticias al Instituto Federal de Acceso a la Información a través del SISI sobre cuántos casos se han investigado en la justicia militar por abuso sexual y violación, se informó que en el CJM no se encuentra tipificado el delito de abuso sexual, violación o violación equiparada.
Sin embargo, observa que “en el supuesto caso de que un militar cometa este delito, se aplicará supletoriamente el Código Penal del lugar donde ocurrieron los hechos de conformidad al numeral 57 del CJM”.
De acuerdo con la información proporcionada, el militar que cometiera estos delitos se haría acreedor a las sanciones que señalan los Códigos Penales de las entidades federativas, el Código Penal Federal o en su caso, las leyes especiales.
Pese a que estos delitos no están tipificados en el CJM, se reconoce que de 1999 a 2007, han sido 11 los casos “juzgados” por la justicia militar por los delitos de abuso sexual, violación equiparada y atentados contra el pudor.
Por el delito de abuso sexual se “juzgaron” siete casos que corresponden a los siguientes años: en 2000 fueron tres casos, dos en Chiapas y uno en Jalisco.
En 2001 se juzgaron dos en el Distrito Federal. En 2002 uno en Sonora; 2003 uno en Baja California; 2004, uno en Sonora y uno en Oaxaca, y de 2005 a 2007, no se tiene registrado ninguno.
VIOLACIÓN EQUIPARADA
En cuanto al delito de violación equiparada juzgados por la justicia militar en el mismo periodo, se nos informó que en 2005 se juzgaron dos: uno en el Distrito Federal y uno en Sonora.
ATENTADOS CONTRA EL PUDOR
Por el delito de atentados contra el pudor, se informó que han sido juzgados en la justicia militar un caso en el 2000 en Nuevo León y uno en 2001 en el DF.
De acuerdo con los datos proporcionados en el año 2000, las entidades federativas de Chiapas, Nuevo León, Jalisco y Oaxaca, registraron un caso respectivamente por alguno de estos delitos, mientras que en 2002 se registró uno en Sonora y en 2003 uno en Baja California.
En 2004, se registró otro en Sonora y uno en Oaxaca. En 2005 uno en el DF y uno en Sonora, en 2006, uno en DF.
En cuanto a las jerarquías, quienes han sido juzgados por la comisión de estos delitos se encuentran un Teniente Coronel, dos capitanes primeros, dos subtenientes, 3 sargentos primeros, 3 cabos, 2 soldados y un marinero.
Sin embargo, pese a que estos casos fueron “juzgados” se desconoce el tipo de sentencia que purgaron quienes cometieron los delitos.
MILITARIZACIÓN, SINÓNIMO DE IMPUNIDAD
HRW denunció que desde que Felipe Calderón desplegó a miles de soldados por todo el país en su “lucha contra el narcotráfico”, ha habido “un drástico incremento” en las violaciones a derechos humanos cometidas por militares.
Calificó como “disfuncional” al sistema de justicia militar ya que, pese a que éste asume la “investigación” de las violaciones (incluidas las violaciones sexuales contra mujeres, asesinatos y tortura), carece de imparcialidad e independencia, lo que ha generado por años, impunidad.
Cuestionó que hasta abril de este año, el Procurador General de Justicia Militar “no había podido proporcionar ni un sólo ejemplo de los últimos 10 años en el cual los tribunales militares hayan condenado a un miembro de las Fuerzas Armadas, acusado de cometer violación de derechos humanos”.
No obstante, el Gobierno mexicano enfatizó que uno de los compromisos de su Programa Nacional de Derechos Humanos es impulsar reformas en materia de procuración e impartición de justicia militar, acordes con los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos.
09/LGL/GG
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