El jueves, como parte del EPU
Por Lourdes Godínez Leal
México DF, 9 junio 09 (CIMAC).- El Estado mexicano se ha negado a aceptar 8 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se encuentra sesionando en Ginebra, Suiza, como parte del Examen Periódico Universal (EPU) y que tienen que ver con el fuero militar, para que los casos de violación a derechos humanos cometidas por militares sean investigados por la justicia civil y no la militar.
Así lo denunciaron hoy en conferencia de prensa organizaciones mexicanas con trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos como la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos (RTDT); el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), entre otras, quienes señalaron que será el jueves 11 de junio cuando el Gobierno mexicano informe si las acatará o no.
Edgar Cortéz, de la RTDT, precisó que de las 91 recomendaciones hechas a México por los países miembros del Consejo de la ONU, únicamente 83 se aceptaron, mientras que 8 quedaron pendientes, entre las cuales está la referente al fuero militar.
Las recomendaciones insisten en que se asegure la primacía de la jurisdicción civil sobre el sistema de justicia militar, en los casos de violación a derechos humanos.
Cabe recordar que el Consejo de Derechos Humanos estableció en 2007 el EPU como un mecanismo para evaluar el cumplimiento de los convenios internacionales que sus países miembros han signado en materia de derechos humanos.
La evaluación, explicó Cortéz, se basa en la información que aporta el Estado evaluado, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos (OACNUDH), así como los informes de la sociedad civil.
En septiembre de 2008, las ONG mexicanas enviaron a la OACNUDH un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país.
El 10 de febrero de este año, el Estado mexicano presentó su informe ante el Consejo a través del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. El informe final fue presentado el 13 de febrero, elaborado por un grupo de trabajo integrado por Sudáfrica, Nicaragua y Pakistán.
Será el próximo jueves 11 de junio, cuando el Estado mexicano informe ante el pleno de este Consejo si acepta el total de las recomendaciones hechas por éste, mientras que las organizaciones civiles podrán intervenir en la sesión para cuestionarlo sobre qué acciones llevará a cabo.
JUSTICIA MILITAR
Edgar Cortéz enfatizó que México ha recibido alrededor de 800 recomendaciones en materia de derechos humanos y recordó que las primeras fueron hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Pese a la insistencia de este organismo, con estatus consultivo en la OEA, y de otros como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y de la ONU para que termine con la impunidad militar, el Estado mexicano ha sido omiso, reiteró Cortéz.
En este sentido, cabe recordar que los casos de violación sexual perpetrada por militares a mujeres indígenas como el de las hermanas tzeltales (González Pérez) en junio de 1994 en Chiapas y el de las tlapanecas Valentina e Inés, cometidas en 2002, se encuentran actualmente en la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Para el caso de las tzeltales, como lo ha reportado esta agencia de noticias, la CIDH emitió una recomendación desde 2001 para reparar el daño a las hermanas González Pérez y para que éste sea trasladado a la justicia civil, sin que a la fecha el Estado mexicano la haya acatado.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que a pesar de que México ha recibido múltiples visitas de relatoras y relatores de Derechos Humanos, sus recomendaciones no se han traducido en una verdadera política de derechos humanos ni en una prioridad para los gobiernos en turno.
Otras preocupaciones manifestadas por las organizaciones ante la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, ayer en Ginebra, tienen que ver con las amenazas contra las y los defensores de derechos humanos; los atentados contra la libertad de expresión y los asesinatos contra periodistas y las regresiones que se están dando en el país en materia de derechos sexuales y reproductivos.
En este sentido, organizaciones civiles con trabajo en el tema denunciaron ante la ONU la oleada de reformas a las constituciones locales en 13 entidades de la República Mexicana que han otorgado personalidad jurídica al embrión y que criminalizan el uso de anticonceptivos y la Anticoncepción de Emergencia.
Otro tema expuesto ante el pleno del Consejo fue el feminicidio que ha sido motivo de 292 recomendaciones internacionales al Estado mexicano, según ha informado en su oportunidad, la CMDPDH.
Las ONG manifestaron que pese al profundo activismo que el Estado mexicano ha hecho al exterior en materia de derechos humanos, éste no ha podido concretar un Programa Nacional ya que el tema no es su prioridad.
Por Lourdes Godínez Leal
México DF, 9 junio 09 (CIMAC).- El Estado mexicano se ha negado a aceptar 8 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se encuentra sesionando en Ginebra, Suiza, como parte del Examen Periódico Universal (EPU) y que tienen que ver con el fuero militar, para que los casos de violación a derechos humanos cometidas por militares sean investigados por la justicia civil y no la militar.
Así lo denunciaron hoy en conferencia de prensa organizaciones mexicanas con trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos como la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos (RTDT); el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), entre otras, quienes señalaron que será el jueves 11 de junio cuando el Gobierno mexicano informe si las acatará o no.
Edgar Cortéz, de la RTDT, precisó que de las 91 recomendaciones hechas a México por los países miembros del Consejo de la ONU, únicamente 83 se aceptaron, mientras que 8 quedaron pendientes, entre las cuales está la referente al fuero militar.
Las recomendaciones insisten en que se asegure la primacía de la jurisdicción civil sobre el sistema de justicia militar, en los casos de violación a derechos humanos.
Cabe recordar que el Consejo de Derechos Humanos estableció en 2007 el EPU como un mecanismo para evaluar el cumplimiento de los convenios internacionales que sus países miembros han signado en materia de derechos humanos.
La evaluación, explicó Cortéz, se basa en la información que aporta el Estado evaluado, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos (OACNUDH), así como los informes de la sociedad civil.
En septiembre de 2008, las ONG mexicanas enviaron a la OACNUDH un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país.
El 10 de febrero de este año, el Estado mexicano presentó su informe ante el Consejo a través del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. El informe final fue presentado el 13 de febrero, elaborado por un grupo de trabajo integrado por Sudáfrica, Nicaragua y Pakistán.
Será el próximo jueves 11 de junio, cuando el Estado mexicano informe ante el pleno de este Consejo si acepta el total de las recomendaciones hechas por éste, mientras que las organizaciones civiles podrán intervenir en la sesión para cuestionarlo sobre qué acciones llevará a cabo.
JUSTICIA MILITAR
Edgar Cortéz enfatizó que México ha recibido alrededor de 800 recomendaciones en materia de derechos humanos y recordó que las primeras fueron hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Pese a la insistencia de este organismo, con estatus consultivo en la OEA, y de otros como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y de la ONU para que termine con la impunidad militar, el Estado mexicano ha sido omiso, reiteró Cortéz.
En este sentido, cabe recordar que los casos de violación sexual perpetrada por militares a mujeres indígenas como el de las hermanas tzeltales (González Pérez) en junio de 1994 en Chiapas y el de las tlapanecas Valentina e Inés, cometidas en 2002, se encuentran actualmente en la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Para el caso de las tzeltales, como lo ha reportado esta agencia de noticias, la CIDH emitió una recomendación desde 2001 para reparar el daño a las hermanas González Pérez y para que éste sea trasladado a la justicia civil, sin que a la fecha el Estado mexicano la haya acatado.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que a pesar de que México ha recibido múltiples visitas de relatoras y relatores de Derechos Humanos, sus recomendaciones no se han traducido en una verdadera política de derechos humanos ni en una prioridad para los gobiernos en turno.
Otras preocupaciones manifestadas por las organizaciones ante la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, ayer en Ginebra, tienen que ver con las amenazas contra las y los defensores de derechos humanos; los atentados contra la libertad de expresión y los asesinatos contra periodistas y las regresiones que se están dando en el país en materia de derechos sexuales y reproductivos.
En este sentido, organizaciones civiles con trabajo en el tema denunciaron ante la ONU la oleada de reformas a las constituciones locales en 13 entidades de la República Mexicana que han otorgado personalidad jurídica al embrión y que criminalizan el uso de anticonceptivos y la Anticoncepción de Emergencia.
Otro tema expuesto ante el pleno del Consejo fue el feminicidio que ha sido motivo de 292 recomendaciones internacionales al Estado mexicano, según ha informado en su oportunidad, la CMDPDH.
Las ONG manifestaron que pese al profundo activismo que el Estado mexicano ha hecho al exterior en materia de derechos humanos, éste no ha podido concretar un Programa Nacional ya que el tema no es su prioridad.
El caso de doña Jacinta, ejemplo de discriminación a indígenas
Denunció Centro Prodh ante la ONU
De la redacción
México DF, 9 junio 09 (CIMAC).- Ante el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización no gubernamental con estatus consultivo roster, expresó su preocupación por la discriminación que afecta a los pueblos indígenas de México, ejemplo de lo cual es lo ocurrido con la señora Jacinta Francisco Marcial, una mujer indígena del pueblo otomí acusada de secuestrar a elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
El pronunciamiento ocurrió durante la XI sesión del Consejo, órgano intergubernamental que forma parte del sistema de las Naciones Unidas y que está compuesto por 47 Estados Miembros responsables del fortalecimiento de la promoción y la protección de los derechos humanos en el mundo, donde el Centro Prodh consideró como ejemplo paradigmático el caso de la mujer indígena, madre de seis hijos y vendedora de nieve y aguas frescas en el municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, población mayoritariamente indígena y vive en condiciones extremas de marginación.
Relató el Centro Prodh que en marzo de 2006 elementos de la Agencia Federal de Investigación llegaron al municipio y despojaron de sus mercancías a diversos comerciantes de la comunidad. Los pobladores exigían que se les devolviera sus bienes y los agentes acordaron indemnizarlos.
Sin embargo, en represalia por el hecho de que los pobladores demandaran un cese a los abusos de los agentes feerales, éstos detuvieron a doña Jacinta Francisco Marcial y dos mujeres más de la comunidad, acusándolas falsamente y sin fundamento alguno de haberlos secuestrado.
Tras un proceso judicial caracterizado por una falta total de pruebas en su contra, por contradicciones en las declaraciones de los agentes estatales y en el cual doña Jacinta no contaba con el auxilio de un intérprete, se dictó le dictó una sentencia condenatoria a de 21 años de prisión y 90 mil pesos de multa, a pesar de existir diversas testimoniales que confirmaban que ella no había participado en ningún acto ilícito y que no estuvo presente en el diálogo con los agentes.
En la apelación, el magistrado reconoció en su resolución que existen “contradicciones sustanciales” en los testimonios de los agentes federales que dicen haber sido “secuestrados” por la señora Jacinta. No obstante, no absolvió sino que optó por reponer el proceso penal regresándolo al mismo juez que ya la había condenado, manteniendo a Jacinta en la cárcel, donde se encuentra desde casi tres años.
Para el Centro Prodh, este caso es paradigmático de la vulnerabilidad de las mujeres indígenas frente a las deficiencias del sistema de justicia vigente. Son las mujeres indígenas quienes sufren con mayor intensidad los fenómenos de exclusión y marginación del sistema de justicia, al presentarse en sus casos una triple discriminación: por ser indígena, ser mujer y ser pobre.
Es común, para poner solo un ejemplo, dijo el Centro Prodh, que una persona indígena procesada penalmente no tenga un intérprete. El caso pone de relieve los cada vez más frecuentes mecanismos tendentes a la criminalización de las acciones en las que colectivos son afectados por la acción u omisión del Estado.
Se trata, en efecto, de una respuesta punitiva, excesivamente intensa, frente al reclamo por el pago de los daños causados a los bienes de los pobladores de la zona, consideró el Prodh ante el Consejo.
Ante estas circunstancias, dijo, aparece con claridad cómo el Estado Mexicano ha intensificado las acciones represivas en contra de las más mínimas muestras de descontento popular o protesta contra las acciones de los agentes estatales, con consecuencias graves para las poblaciones más marginadas en México, como son las personas indígenas.
09/GG
De la redacción
México DF, 9 junio 09 (CIMAC).- Ante el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización no gubernamental con estatus consultivo roster, expresó su preocupación por la discriminación que afecta a los pueblos indígenas de México, ejemplo de lo cual es lo ocurrido con la señora Jacinta Francisco Marcial, una mujer indígena del pueblo otomí acusada de secuestrar a elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
El pronunciamiento ocurrió durante la XI sesión del Consejo, órgano intergubernamental que forma parte del sistema de las Naciones Unidas y que está compuesto por 47 Estados Miembros responsables del fortalecimiento de la promoción y la protección de los derechos humanos en el mundo, donde el Centro Prodh consideró como ejemplo paradigmático el caso de la mujer indígena, madre de seis hijos y vendedora de nieve y aguas frescas en el municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, población mayoritariamente indígena y vive en condiciones extremas de marginación.
Relató el Centro Prodh que en marzo de 2006 elementos de la Agencia Federal de Investigación llegaron al municipio y despojaron de sus mercancías a diversos comerciantes de la comunidad. Los pobladores exigían que se les devolviera sus bienes y los agentes acordaron indemnizarlos.
Sin embargo, en represalia por el hecho de que los pobladores demandaran un cese a los abusos de los agentes feerales, éstos detuvieron a doña Jacinta Francisco Marcial y dos mujeres más de la comunidad, acusándolas falsamente y sin fundamento alguno de haberlos secuestrado.
Tras un proceso judicial caracterizado por una falta total de pruebas en su contra, por contradicciones en las declaraciones de los agentes estatales y en el cual doña Jacinta no contaba con el auxilio de un intérprete, se dictó le dictó una sentencia condenatoria a de 21 años de prisión y 90 mil pesos de multa, a pesar de existir diversas testimoniales que confirmaban que ella no había participado en ningún acto ilícito y que no estuvo presente en el diálogo con los agentes.
En la apelación, el magistrado reconoció en su resolución que existen “contradicciones sustanciales” en los testimonios de los agentes federales que dicen haber sido “secuestrados” por la señora Jacinta. No obstante, no absolvió sino que optó por reponer el proceso penal regresándolo al mismo juez que ya la había condenado, manteniendo a Jacinta en la cárcel, donde se encuentra desde casi tres años.
Para el Centro Prodh, este caso es paradigmático de la vulnerabilidad de las mujeres indígenas frente a las deficiencias del sistema de justicia vigente. Son las mujeres indígenas quienes sufren con mayor intensidad los fenómenos de exclusión y marginación del sistema de justicia, al presentarse en sus casos una triple discriminación: por ser indígena, ser mujer y ser pobre.
Es común, para poner solo un ejemplo, dijo el Centro Prodh, que una persona indígena procesada penalmente no tenga un intérprete. El caso pone de relieve los cada vez más frecuentes mecanismos tendentes a la criminalización de las acciones en las que colectivos son afectados por la acción u omisión del Estado.
Se trata, en efecto, de una respuesta punitiva, excesivamente intensa, frente al reclamo por el pago de los daños causados a los bienes de los pobladores de la zona, consideró el Prodh ante el Consejo.
Ante estas circunstancias, dijo, aparece con claridad cómo el Estado Mexicano ha intensificado las acciones represivas en contra de las más mínimas muestras de descontento popular o protesta contra las acciones de los agentes estatales, con consecuencias graves para las poblaciones más marginadas en México, como son las personas indígenas.
09/GG
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