México: Llega al Distrito Federal caravana de familiares de presos políticos Loxichas

Durante todos estos años, los familiares han mantenido varios plantones en la ciudad de Oaxaca y los presos han hecho por lo menos cuatro huelgas de hambre, pero sin respuesta alguna del gobierno

Carolina S. Romero

Para Kaos en la Red

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La marcha / caravana que partió de la región Loxicha de la Sierra Sur de Oaxaca el lunes 8 de junio llegó a la Suprema Corte de la Nación en la ciudad de México hoy, 15 de junio para exigir la libertad de los doce presos políticos que han pasado casi trece años en prisión: C. Agustín Luna Valencia, C. Urbano Ruiz Cruz, C. Álvaro Sebastián Ramírez, C. Justino Hernández José, C. Cirilo Ambrosio Antonio, C. Mario Ambrosio Martínez, C. Fortino Enríquez Hernández, C. Ricardo Martínez Enríquez, C. Eleuterio Hernández García, C. Estanislao Martínez Santiago, C. Abraham García Ramírez y C. Zacarías P. García López

Durante todos estos años, los familiares han mantenido varios plantones en la ciudad de Oaxaca y los presos han hecho por lo menos cuatro huelgas de hambre, pero sin respuesta alguna del gobierno. Ahora buscan una revisión federal del caso y / o una ley general de amnistía.

En un acto público asistido por integrantes de MAÍZ, AMAP, CACTUS, MULT, La Otra Campaña, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, entre otros grupos, las esposas, padres, hijas e hijos de los presos hablaron del reino de terror que sacudió sus comunidades zapotecas en septiembre de 1996, bajo el régimen del gobernador Diodoro Carrasco y el presidente Ernesto Zedillo. En la madrugada del 25 de septiembre, un día especialmente cruel, los cuerpos policiales y militares encapuchados entraron en sus casas a tropel bajo el pretexto de buscar guerrilleros del EPR. Destrozaron todo, violaron a las mujeres y se llevaron cientos de indígenas. Un joven recordó que aquel día los soldados obligaron a los niños y niñas a salir del autobús escolar. Después de interrogar e insultarlos, les robaron sus mochilas y unas pertenencias. Algunas personas fueron asesinadas, otras desaparecidas y casi todas torturadas. Más de 200 fueron encarceladas.

“No somos guerrilleros. Somos campesinos”, dijo un ex preso político y padre de uno de los presos políticos actuales. “Nos habíamos organizado para exigir agua potable, educación y luz en las comunidades”.

Otros familiares dijeron que el gobierno ha hecho todo posible para destruir la vida comunitaria. El terror estatal no terminó en 1996, sino continúa hasta la fecha. Hay tres bases de operaciones mixtas en la zona que continuamente detienen e interrogan a los pobladores y les quitan sus machetes que usan para trabajar. Los trabajadores de derechos humanos y otros visitantes también han sido detenidos e interrogados en los retenes.

La hija de un preso político acusó al gobierno de criminalizar a su padre y a los otros compañeros para mantenerlos presos, pero insistió en que no son delincuentes, sino personas que siempre ayudaban a la gente a conseguir centros de salud, educación, electricidad y otras necesidades básicas. Dijo: “¡Que dejen de reprimir a los pueblos indígenas! ¡Somos los dueños de este país”.