En Guanajuato, más de 130; en BC 90 y 30 en Sonora
Por Candelaria Rodríguez/corresponsal
Tuxtla, Gtz., Chiapas, 3 junio 09 (CIMAC).- La abogada Martha Figueroa Mier, del grupo de Mujeres de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, advirtió que las mujeres que interrumpen su embarazo están siendo encarceladas en varias entidades del país.
Así pasó ya con una mujer en Tapachula, Chiapas, quien fue encarcelada por interrumpir su embarazo, en tanto que en Guanajuato se registran más de 130 mujeres presas, 90 en Baja California y 30 en Sonora, señaló.
Ante ello, la feminista hizo un llamado a las mujeres chiapanecas a estar pendientes sobre los cambios en las legislaciones con respecto al tema del aborto, “no nos vaya a dar un susto”, pues en 13 entidades del país han reformado su Constitución para impedir la interrupción legal del embarazo (ILE) bajo el argumento de “proteger la vida desde el momento de su concepción (sic)”, con lo cual se criminaliza no solo la ILE sino también métodos anticonceptivos como el dispositivo intrauterino (DIU) y la anticoncepción de emergencia (PAU).
El último estado en que esto ocurrió fue San Luis Potosí, pues la modificación a la Constitución implica que el óvulo fecundado adquiere derechos jurídicos como persona, ignorando los derechos de la mujer. Así que quien interrumpa un embarazo se considera delincuente.
Martha Figueroa advirtió lo anterior en el marco de una reunión donde se dieron cita mujeres de diversas agrupaciones feministas (ddesser, Construyendo oportunidades) para reflexionar sobre el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se conmemoró el pasado 28 de mayo.
Figueroa Mier dijo que se están juzgando los casos sin importar si la interrupción del embarazo es voluntaria o inducida. La mujer, dijo, se va a la cárcel en la mayoría de estos estados donde ya está prohibido el aborto.
Es una falsedad jurídica anteponer el derecho a la vida y el derecho a la libertad de las mujeres, señaló. Los estados están aumentando la pena y son leyes que no cumplen su función, porque si de verdad quieren proteger la vida, tendría que proteger la de las mujeres, que mueren por abortos clandestinos.
Hay más abortos, más mujeres muertas por la criminalización de las mujeres y que ese está siendo el costo de estos tiempos legislativos, tiempos políticos, donde el se está tomando incluso como bandera electoral, acusó.
Pidió a las mujeres presentes en la reunión seguir de cerca el papel que juegan las y los candidatos respecto al tema, porque los derechos sexuales y reproductivos son nuestros, nosotras somos dueñas de nuestro cuerpo, dijo.
Señaló también la necesidad de estar atentas a estas políticas, “hay que impedir que avancen y hacer estrategias”. Añadió que en Chiapas se debe también luchar para que la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia incluya la violencia feminicida, pues ésta sigue en aumento, que se inyecten recursos y se deje de gastar en publicidad.
Que realmente, concluyó, haya una campaña a favor de nuestras vidas, de nuestros derechos y la estrategia es la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Por Candelaria Rodríguez/corresponsal
Tuxtla, Gtz., Chiapas, 3 junio 09 (CIMAC).- La abogada Martha Figueroa Mier, del grupo de Mujeres de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, advirtió que las mujeres que interrumpen su embarazo están siendo encarceladas en varias entidades del país.
Así pasó ya con una mujer en Tapachula, Chiapas, quien fue encarcelada por interrumpir su embarazo, en tanto que en Guanajuato se registran más de 130 mujeres presas, 90 en Baja California y 30 en Sonora, señaló.
Ante ello, la feminista hizo un llamado a las mujeres chiapanecas a estar pendientes sobre los cambios en las legislaciones con respecto al tema del aborto, “no nos vaya a dar un susto”, pues en 13 entidades del país han reformado su Constitución para impedir la interrupción legal del embarazo (ILE) bajo el argumento de “proteger la vida desde el momento de su concepción (sic)”, con lo cual se criminaliza no solo la ILE sino también métodos anticonceptivos como el dispositivo intrauterino (DIU) y la anticoncepción de emergencia (PAU).
El último estado en que esto ocurrió fue San Luis Potosí, pues la modificación a la Constitución implica que el óvulo fecundado adquiere derechos jurídicos como persona, ignorando los derechos de la mujer. Así que quien interrumpa un embarazo se considera delincuente.
Martha Figueroa advirtió lo anterior en el marco de una reunión donde se dieron cita mujeres de diversas agrupaciones feministas (ddesser, Construyendo oportunidades) para reflexionar sobre el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se conmemoró el pasado 28 de mayo.
Figueroa Mier dijo que se están juzgando los casos sin importar si la interrupción del embarazo es voluntaria o inducida. La mujer, dijo, se va a la cárcel en la mayoría de estos estados donde ya está prohibido el aborto.
Es una falsedad jurídica anteponer el derecho a la vida y el derecho a la libertad de las mujeres, señaló. Los estados están aumentando la pena y son leyes que no cumplen su función, porque si de verdad quieren proteger la vida, tendría que proteger la de las mujeres, que mueren por abortos clandestinos.
Hay más abortos, más mujeres muertas por la criminalización de las mujeres y que ese está siendo el costo de estos tiempos legislativos, tiempos políticos, donde el se está tomando incluso como bandera electoral, acusó.
Pidió a las mujeres presentes en la reunión seguir de cerca el papel que juegan las y los candidatos respecto al tema, porque los derechos sexuales y reproductivos son nuestros, nosotras somos dueñas de nuestro cuerpo, dijo.
Señaló también la necesidad de estar atentas a estas políticas, “hay que impedir que avancen y hacer estrategias”. Añadió que en Chiapas se debe también luchar para que la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia incluya la violencia feminicida, pues ésta sigue en aumento, que se inyecten recursos y se deje de gastar en publicidad.
Que realmente, concluyó, haya una campaña a favor de nuestras vidas, de nuestros derechos y la estrategia es la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
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