09/02/2012

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Es bonita: morena, delgada; sus ojos oscuros están muy bien maquillados y tiene una sonrisa tímida. También está muy bien peinada. No podía esperarse menos: son sus 15 años. Su cabello negro, brillosísimo, está recogido en la parte alta de su cabeza en forma de un chongo perfecto. Su vestido es blanco, inmaculado. Como si fuera una novia de camino al altar.

Junto a sus padres sonrientes y orgullosos, Alejandra es la reina. Todo es felicidad.

Esta secuencia es un video casero que la familia García Andrade prestó a Alejandra Sánchez y José Antonio Cordero, realizadores del documental Bajo Juárez. La ciudad devorando a sus hijas, que narra su historia y la de otras jovencitas que han sido asesinadas impunemente en esa ciudad desde 1993.

El 14 de febrero de 2001 Lilia Alejandra García Andrade salió muy temprano de su casa para ir a trabajar. Como muchas jóvenes de Ciudad Juárez, era empleada en una maquiladora.

Su madre, Norma, su hermana Marilú, y sus dos pequeños hijos la esperaron en vano. Alejandra nunca regresó.

Unos días después, el 21 de febrero, encontraron su cadáver. Tenía huellas de tortura y violación. La felicidad se acabó para siempre.

A partir de entonces Norma Andrade exige justicia para su hija. La maestra de primaria se convirtió, quizá sin haberlo pensado nunca antes, en activista social. Junto con Marisela Ortiz, maestra al igual que ella, fundó la organización civil Nuestras hijas de regreso a casa, para continuar con su lucha por la justicia, y la de muchas otras madres en la misma situación.

Desde Estados Unidos, donde se encuentra en el exilio desde hace casi un año, cuando recibió amenazas de muerte contra ella y su hijo, Marisela Ortiz me cuenta esos inicios:

“Ella fue una persona a la cual yo quise mucho. Ella fue mi alumna, hija de una amiga mía, y a partir de ese momento emprendimos esa lucha sin imaginar los alcances que tendríamos, sin imaginar que esto nos llevaría a liderar un movimiento que nacía y que iba a ser reconocido internacionalmente. Incluso en ese momento no era la intención; nosotros buscábamos la justicia para Lilia Alejandra y esto llamó la atención de otras familias que luego se fueron uniendo al movimiento, y fue cuando fuimos tomando la decisión de oficializar, digamos, de alguna manera, la unión de varias familias y nos llamamos Nuestras hijas de regreso a casa porque ése era el anhelo de todas las personas que nos motivaba a estar protestando y haciendo trabajo en favor de la justicia y poner un alto al feminicidio.

Nuestras hijas de regreso a casa puso en la agenda de las organizaciones de derechos humanos a nivel mundial el tema de los feminicidios de Ciudad Juárez:

La primera situación que vimos como un logro fue el sacar el tema de la localidad. Este tema no era ni siquiera bien conocido en Ciudad Juárez. La gente no sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. A partir de que nosotros empezamos ya hacer gestión jurídica por los casos fue cuando se empezaron a conocer éstos, y se fue entendiendo cuál era la problemática, y el sacar los asesinatos tan crueles de mujeres de la nota roja, por ejemplo, y ponerlos en primera plana de periódicos alrededor del mundo, eso fue un gran logro porque empezamos a sentir el peso de la solidaridad, esta presión que había necesidad de aplicar para las autoridades mexicanas, para el gobierno de México”.

Marisela, Norma, su hija Malú y otras luchadoras sociales se dieron cuenta de que ni las autoridades de Juárez, ni las del estado de Chihuahua, tenían los expedientes de todos los casos. Dice Marisela:

“Abrimos un camino que ahora está dando frutos porque ya incluso cuando no estamos en Ciudad Juárez ni las principales activistas de este movimiento, que somos Norma, Marilú, y yo; sin embargo, ya hay un grupo de padres y madres de hijas desaparecidas que ya emprenden su propio movimiento. Con la búsqueda que hicimos, con la presión que ejercimos en compañía de otras asociaciones y de otras instancias diversas de derechos humanos y de defensa de los derechos de las mujeres internacional y nacionalmente, logramos que se abrieran diversos protocolos para la búsqueda de niñas y jovencitas, de mujeres que desaparecen, porque como sabes la desaparición no está tipificada como un delito, entonces las familias solamente podían poner un reporte de desaparición, y ahora con esos protocolos la búsqueda, cuando se reporta la desaparición, tiene que efectuarse de inmediato. Se abre la alerta y se hace la búsqueda”.

A pesar del dolor por sus propias muertas y desaparecidas, la lucha ha rendido frutos:

“Nosotros en lo personal nos dedicamos también a la búsqueda y encontramos tres jovencitas con vida; afortunadamente pudimos salvar tres vidas, y creo que el hecho de haber salvado una sola era suficiente para decir que valió la pena todo lo que hemos vivido”.

Pero exigir, protestar, gritar a los cuatro vientos que en Juárez las mujeres siguen desapareciendo ante la total pasividad (o complicidad) de las autoridades, tuvo su precio: el 10 de marzo de 2011 Marisela supo que había gente peligrosa y poderosa que no estaba de acuerdo con su trabajo:

“La noticia me llegó de manera telefónica a las 7 de la mañana porque el director del turno matutino le llamó antes a mi director, ya que trabajábamos en el turno vespertino, de 2 a 8. Y fue mi director quien me alertó después de conocer que habían colocado una manta amenazándome a mí y a mi hijo.

Después me llamó la madre de un alumno que vive frente a la escuela, porque las mamás de mis estudiantes tenían mi celular, y me dijo que ella había visto cuando colocaron la manta. Me explicó que era un grupo de hombres armados que llegaron en dos Pick up. Traían armas largas y vestían tipo militar. Dice que traían botas como del Ejército, aunque no todos; algunos vestían normal. Eso me dijo: que viajaban en las cajas de las Pick up”.

Marisela no se esperó a que la amenaza se cumpliera. Salió de Ciudad Juárez unos días después y ahora espera que su situación migratoria se arregle en Estados Unidos, en donde solicitó asilo político:

“Mis hijas me lo han repetido en ocasiones que lamentan y les hace sufrir muchísimo el verme partida en dos. Esa es la realidad. Yo estoy físicamente acá en Estados Unidos pero todo mi espíritu, todo mi esfuerzo está allá. Yo tengo allá a mi familia. Tuvimos que abandonar nuestros hogares, nuestras casas que construimos con muchos esfuerzos, nuestros muebles, nuestras mascotas incluso. Dejar el trabajo que yo tenía como maestra en una escuela secundaria, como orientadora educativa.

Dejar todo eso es perder una parte muy importante de tu vida. Es como abandonar tu vida por completo y emprender otra, empezar de nada, saber que aquí no eres dueño de nada, no tienes ninguna construcción, tienes que empezar de cero, entonces es muy duro. Es muy difícil. Me duele muchísimo.

Sin embargo agradezco a Dios que tengo la vida. Ya no perdimos una persona más porque al esposo de mi hija sí lo asesinaron en el 2009, en noviembre 28 de 2009. Jesús Contreras Portillo. Era activista también junto con nosotros, era miembro de nuestra asociación. Él fue asesinado y esto también nos dolió mucho, y dijimos: no podemos quedarnos aquí para que también nos maten a nosotros”.

Norma Andrade, en cambio, no quiso dejar Ciudad Juárez. Tal vez porque ahí está enterrada Lilia Alejandra.

Por esta decisión ha pagado un precio muy alto: el 2 de diciembre de 2011 recibió cinco impactos de bala mientras circulaba en su camioneta por las calles de su ciudad.

Aunque a raíz de ese atentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó al gobierno mexicano que aplicara medidas cautelares para proteger a la activista, y a pesar de que desde el 15 de diciembre tanto ella como su hija Marilú y sus nietos (hijos de Alejandra) se mudaron a la Ciudad de México, el viernes 3 de febrero la historia se repitió. Esta vez un hombre tocó a la puerta de su domicilio y le provocó una herida en la cara y parte del cuello con un arma punzo cortante.

Vuelvo a entrar en contacto con Marisela el mismo día del atentado a Norma. Esta vez por medio del chat de Facebook. Me dice, entre otras cosas, que la activista se encuentra estable físicamente pero que su estado emocional está al límite:

“Me estoy muriendo de angustia… mi dolor es tan grande que afectó mi salud física. No creo que salga pronto del hospital. No está bien, pero ahora está fuera de peligro de muerte”.

Le pregunto si hay planes de llevar a Norma a otro país, ya que por lo visto aquí no está segura:

“No por ahora, Irma. Ella no tiene una visa para cruzar la frontera… y hasta que las investigaciones resuelvan o no el caso, debe permanecer bajo custodia en el DF. Ya hay ofrecimiento para trasladarla sin problema a España, pero hay que ver si ella quiere. Ya antes, cuando los primeros indicios de persecución y acoso, se le ofrecieron las dos alternativas, pero no quiso irse de Juárez. Con el primer atentado tuvo que salir de Juárez … pero no se si ahora esté dispuesta”.

Antes de despedirnos en el chat, Marisela escribe:

“Estoy con mucho miedo… por ellas y por nosotros. Pero creo que mi situación es mejor que la de ella, sin duda alguna y de manera evidente”.

Norma Andrade ya salió del hospital al sur de la Ciudad en donde estaba internada. La procuraduría capitalina la llevó a un lugar que no será revelado para su propia seguridad. Pero no quiere arriesgar una vez más la vida.
Ha decidido, ahora sí, irse de su país.

SUSANA CHÁVEZ: NI UNA MUERTA MÁS


“Sentí dolor antes de que se recrudeciera toda la violencia que estamos viviendo los ciudadanos de ésta, mi natal Juárez. Pero ahora siento vacío, desamparo e impotencia, supongo que como muchos. Pensar en mejorías para mí está en verde, pero la esperanza la tengo aún porque soy mujer de fe. ¡Viva Juárez!

Susana Chávez. 29 de julio de 2010. http://suchaca.blogspot.com

La poetisa Susana Chávez inauguró la lista negra de activistas sociales asesinadas durante el 2011. El 11 de enero los padres de la luchadora social a la que se le atribuye la frase ¡Ni una más! reconocieron sus restos. Había sido asesinada la madrugada del 6 de enero: su cabeza estaba envuelta en una bolsa de plástico y tenía una mano amputada.

A Susana la mataron Sergio Rubén Cárdenas de la O, conocido como El Balatas, y dos menores de edad: Aarón Roberto Acevedo Martínez, El Pelón, y Carlos Gibrán Ramírez Muñoz, El Pollo. La versión que sus asesinos dieron a la policía es que la habían invitado a tomar unas cervezas, a lo que ella había accedido. Pero después de unas horas la cosa terminó mal, discutieron y la asfixiaron.

Unos días después el Fiscal General de Justicia de Chihuahua, Carlos Manuel Salas, dijo a la prensa que el asesinato de Susana no había tenido nada que ver con su activismo; que ella había salido “tomada” de su casa la madrugada del 6 de enero, se había encontrado en la calle con sus agresores y había accedido irse con ellos.

En sus oficinas de Avenida Universidad, en la Ciudad de México, converso acerca de esta revictimización de Susana con Gerardo Sauri, en ese momento coordinador de Relatorías y a partir del 1 de febrero secretario para la Promoción de Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal:

“Nosotros incluso emitimos un pronunciamiento por esa misma situación porque nos parece que no sólo vulnera a la intimidad y a la situación del caso de Susana Chávez, sino de todas las defensoras. Es completamente contraria a estos principios porque las personas defensoras de derechos humanos son, por supuesto, personas. Nos hemos encontrado patrones muy particulares que nos parece que corresponden a una forma de proceder de ciertos agentes que pueden ser incluso públicos, tal vez también particulares. Por ejemplo, algunas persecuciones o amenazas ocurren en fines de semana, cuando algunos defensores salían de fiestas o de reuniones familiares, es decir, se encuentran en un periodo en donde supuestamente están inactivos, pero la razón por la cual los están amenazando, la razón por la cual los están persiguiendo, o incluso pueden llegar al asesinato, no tiene que ver con el hecho de si se encontraba en un centro de esparcimiento o bailando o en su casa, en cualquier lugar.

Lo que se quiere hacer es denostar y cerrar un caso por características personales que además no son probadas, ni siquiera como resultado de una averiguación, sino como una declaración solamente al llegar al lugar de los hechos, y eso es una forma de negar un debido proceso a una persona defensora. Por ejemplo, evidentemente si se hace una investigación sobre qué es lo que Susana Chávez defendía, cuáles eran las posibles personas que estaban involucradas o señaladas como posibles autores de las causas que defendía, podríamos encontrarnos que no estaba simplemente atentando contra particulares sino contra poderes públicos que tienen mucha mayor capacidad de operación”.

Casi un mes antes del segundo atentado contra Norma Andrade, activistas de Ciudad Juárez recordaron entre lágrimas el primer aniversario del asesinato de Susana.

MARISELA ESCOBEDO: JUSTICIA PARA RUBÍ


El calvario de Marisela Escobedo empezó cuando su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo, de 14 años de edad, comenzó una relación sentimental con Sergio Rafael Barraza Bocanegra, de 18. A los 15, Rubí ya era mamá de una bebé: Heidi, pero las cosas no iban nada bien con su pareja.

En septiembre de 2008, Marisela fue a buscar a su hija. Sólo encontró a Sergio con la niña. Le dijo que Rubí había huido con otro hombre. Marisela no le creyó. Un mes después Sergio desapareció de Ciudad Juárez.

En enero de 2009, Marisela puso un reporte por la desaparición de su hija. En abril Sergio fue capturado y confesó que había golpeado a Rubí hasta matarla. Luego le prendió fuego en un intento por ocultar las evidencias. Incluso pidió perdón públicamente a Marisela. Pero el 30 de abril de 2010, en una decisión que sorprendió a todos, y ante la reacción de inmenso dolor de la activista, los jueces absolvieron a Sergio.

Con el arrojo y la valentía que la caracterizaban, Marisela inició una nueva lucha para revertir ese fallo absurdo.

La presión que ejerció en la opinión pública dio resultado: el entonces gobernador José Reyes Baeza ordenó que se creara una Comisión Interinstitucional para el seguimiento del caso de Rubí. Dicha comisión estaba integrada por diversas instancias estatales, como la Procuraduría de Justicia y el Supremo Tribunal de Justicia, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos y representantes de la organización Justicia para Nuestras Hijas, a la que pertenecía Marisela.

El 20 de mayo de 2010 se realizó un nuevo juicio en el que se sentenció a Sergio Rafael Barraza Bocanegra a 50 años de prisión y se giró una orden de aprehensión en su contra. Parecía que Marisela había ganado la batalla.

Sin embargo, nadie hizo nada por encontrar a Sergio, que desde que se le dictó la sentencia absolutoria anterior se había esfumado de Ciudad Juárez. Pasaron los días, las semanas, los meses. A las autoridades se les había olvidado; a Marisela no. Lo buscó en Fresnillo, Zacatecas, en donde le habían dicho que Sergio vivía desde que huyó. Pero sólo se topó con la indiferencia, con la indolencia, con el silencio.

Marisela marchó a la Ciudad de México acompañada de otra madres que tenían la misma exigencia: que se hiciera justicia para sus hijas. Quiso entregar una carta al presidente Calderón, pero él no la recibió.

A principios de diciembre Marisela dijo en diversos medios que había recibido amenazas de muerte. Una vez más, ninguna autoridad la tomó en serio.

El 16 de diciembre de 2010, mientras mantenía un plantón enfrente de la Cruz de Clavos que familiares y amigos de mujeres asesinadas en Chihuahua colocaron enfrente del Palacio de Gobierno de la capital del estado, Marisela fue asesinada de un balazo en la cabeza.

El cuerpo de esta mujer bajita, morena, de cabello corto y lacio, quedó tirado en la acera, justo enfrente de quienes se suponía tenían que protegerla.

ATENCO: EN EL CENTRO DE LA HUMILLACIÓN

El 4 de mayo de 2006 elementos de la Policía Federal Preventiva, así como de la Policía Estatal y la Agencia de Seguridad Estatal disolvieron por medio de la fuerza una manifestación en la que simpatizantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) habían bloqueado la carretera Lechería-Texcoco, en protesta por la inminente construcción de un aeropuerto, para lo cual les querían obligar a vender sus terrenos ejidales a precios irrisorios.

El resultado de este “operativo” fue de más de 270 detenidos, entre ellos 47 mujeres, de las cuales 26 denunciaron haber sufrido agresiones sexuales por parte de los policías.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez asumió la defensa y acompañamiento de 11 de ellas. Jacqueline Sáenz es una joven pero experta abogada. Coordina el área de Defensa Integral de esta organización. Me cuenta el tortuoso camino de humillaciones y agresiones que tuvieron que andar estas mujeres, así como la criminalización que el Estado mexicano suele imponer al activismo social:

“La gente que llega el 4 de mayo llega por un llamado de solidaridad que se hace en Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas cuando estaba ahí el Subcomandante Marcos, cuando iba en caravana juntando gente y haciendo actos públicos con todo el tema de La Otra Campaña, que había cobrado mucha fuerza. Entonces en este acto dice: “Están reprimiendo a la gente en Texcoco”, y mucha gente se lanza y es cuando viene el bloqueo de la carretera, que por eso les imputan ataques a las vías de comunicación, pero muchas de ellas es por eso que llegan hasta el 4 y es por eso que son del DF, porque eran activistas con una alta actividad política muy importante para ellas”.

Estudiantes, feministas, fotógrafas, simpatizantes de La Otra Campaña, activistas de diversos orígenes y edades, estas mujeres nunca pensaron que ese 4 de mayo iba a marcar su destino para siempre.

“El grupo de compañeras es muy diverso y ciertamente lo que tienen en común es la agresión que sufrieron, las violaciones a sus derechos humanos. Los nombres de ellas son Claudia Hernández, Patricia Torres, Edith Rosales, Cristina Sánchez Romero, María Patricia Romero, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Mariana Selva, Norma Haydée Jiménez y Suhelen Cuevas.

No es que haya sido menos grave ni menos lacerante la violencia ejercida contra el resto de la población, que ciertamente eran muchos más hombres, y que también fue terrible la tortura y los golpes que les propinaron, pero que tuvo la característica muy presente de ser violencia sexual contra ellas, manifestada de muy distintas maneras: desde penetración de objetos hasta obligar a practicar sexo oral a alguna de ellas”.

Jacqueline está convencida de que la agresión de la que fueron víctimas estas mujeres, era parte de una estrategia del Estado cuyo fin último era la desmovilización de la protesta social:

“Nosotros insistimos en que fueron muchísimos elementos los que participaron. Yo siempre he dicho que es difícil establecer la responsabilidad de quienes perpetraron exactamente qué, pero nosotros lo que decimos es: hubo violencia en la detención, hubo graves violaciones a los derechos humanos en el traslado y en la llegada al penal. Tanto el 3 de mayo como el 4 de mayo. Eso sí nos demuestra también que hubo órdenes dadas de una manera de proceder desde el Estado, donde la orden era atacarlas sexualmente puesto que el mismo modus operandi se da tanto el 3 de mayo como el 4 de mayo: agresiones en contra de ellas inclusive circulando en distintas camionetas cuando las llevaban detenidas. Las maneras que ellas refieren de cómo fue la violencia sexual por parte de los policías nos refiere un orden sistemático y un orden de Estado, no un caso aislado de una persona insubordinada que igualmente sería grave, pero que siempre se ha negado que fuera una estrategia de Estado. Nosotros decimos que sí lo es, para desmovilizar y causar miedo, y en específico dirigida contra las mujeres”.

Las mujeres han narrado en numerosas ocasiones las torturas a las que fueron sometidas:

“En esas detenciones ellas tenían que llevar el rostro cubierto, con su misma ropa les decían que se taparan la cara, que no vieran. Las llevaban agachadas al momento que las iban violentando sexualmente y torturando. Entonces cuando presentan las denuncias les dicen: muy bien, pero aquí están estos álbumes de los policías, ustedes reconózcanlos. Únicamente Ana María, que fue obligada a practicarle sexo oral a dos policías, pudo reconocer, ni siquiera a los dos, sino a uno. Fue un proceso penal muy desgastaste y muy revictimizante, y que eventualmente concluyó en un amparo donde le dieron la libertad al agente policial”.

Además de la violencia sexual que sufrieron, a algunas de las activistas se les impusieron condenas en prisión:

“En el caso de Mariana, en el caso de Edith, creo que en el caso de Norma, la acusación era secuestro. Y salen porque ganan un amparo contra el auto de formal prisión, pero de ahí que pasaran mucho tiempo también privadas de su libertad. Algunas duraron solamente lo que dictaban el auto en término constitucional, es decir, una semana, algunas duraron algunos meses, pudieron dar alguna fianza, otras compañeras como Norma Jiménez, por ejemplo, duró más de un año. Mariana Selva y Edith Rosales, salieron en el marco del Día Internacional de la Mujer, en el 2008, o sea, estuvieron casi dos años también en prisión, y la última en salir es Patricia Romero, ella sale hasta agosto de 2008. Pero muchas seguían sujetas a proceso, inclusive por casi cuatro años porque los presos políticos salieron en junio del año pasado. Algunas seguían enfrentando procesos, que eventualmente les concedieron el amparo, pero para que estuvieran en libertad tuvieron que seguir yendo a firmar cada lunes o cada 15 días al juzgado”.

Aunque recuperaron su libertad, la justicia para estas mujeres nunca llegó: los policías a los que acusaron por haberlas agredido física y emocionalmente, se salieron con la suya:

“El único caso en donde hubo un proceso penal fue el caso de María Patricia Romero, de Texcoco, en donde ella también denunció por tortura y el caso se sigue por abuso de autoridad, un delito menor que tampoco requiere enfrentarlo en prisión, y donde, después de cuatro años con un largo proceso que se lleva a cabo el juez dicta la sentencia absolutoria para todos los policías que estaban siendo procesados, que habían sido en un inicio 21, luego algunos obtienen amparos en distintos momentos y terminan siendo procesados cuatro o cinco. Ellos también terminan absueltos.

En el caso de Ana María, el juicio se sigue por acto libidinoso (se llama el tipo penal), que es como un abuso sexual, y no por violación, ni mucho menos por tortura”.

MINERVA VALENZUELA: ANTES DE QUE ME LO DIGAN, “SOY UNA PUTA ¿Y QUÉ?”


En Twitter se llama @ladelcabaret, porque ésa es una de las actividades que más disfruta en la vida: ser actriz de cabaret.

Pero la vida no le alcanza a Minerva Valenzuela para hacer todo lo que quiere, y a través de las redes sociales, y haciendo trabajo de campo en distintos lugares, ha enarbolado con orgullo y una audacia singular la bandera de los derechos sexuales de las mujeres:

“Es el colmo que te digan puta por no querer entrar en un estereotipo como le conviene a la sociedad que seas”.

Minerva fue una de las organizadoras de La marcha de las putas en el DF, una iniciativa ciudadana que se replicó en varias ciudades del mundo para reivindicar los derechos de las mujeres a vestirse como desean, así como a ejercer la soberanía sobre su propio cuerpo. Sin embargo, ella es modesta con respecto a su papel en esta y otras movilizaciones sociales:

Creo que yo no me considero defensora. Creo que me considero más divulgadora de informacion, que en estos momentos es muy importante. Yo no pertenezco a ninguna organización.

De trato suave y amable, es determinante cuando no está de acuerdo en colgarle una sola etiqueta a su lucha:

“Los llamaría derechos sexuales, que abarca un poco más que reproductivos. Es estar consciente de que tenemos un cuerpo, y de que sí importa mucho saber donde lo ponemos y en qué condiciones lo ponemos, y saberlo quitar también cuando nos duele, cuando algo no está padre con nuestro cuerpo ahí. Alrededor de los derechos sexuales y cómo los toma la sociedad, te habla mucho de ella. Por ejemplo, si hablamos de VIH, a fuerza tenemos que hablar de uso del condón porque está íntimamente relacionado, y a fuerza tenemos que hablar de los roles de género porque están íntimamente relacionados. Entonces, por ejemplo, el estigma que se tiene hacia una persona con VIH siempre será mayor al que se tiene hacia otra persona con cualquier otro padecimiento”.

Minerva sabe que no todo el mundo tiene acceso a internet, que hay trabajo que tiene que hacerse en persona, y que además así se disfruta y se aprende mucho más:

“Directamente con las trabajadoras sexuales he trabajado algunas cosas de VIH. A lo que le tengo más cariño es a la Casa Xochiquetzal, que es el refugio para trabajadoras sexuales y ex trabajadoras sexuales de la tercera edad, y si de por sí, por ser mujer y ser de la tercera edad estás ultra olvidada y borrada, cuando fuiste trabajadora sexual, bueno.

En esa casa hay señoras que literalmente fueron tiradas a la basura cuando al hombre ya no le servían. Hace poco esta cosa que le están llamando #papaparalabanda en Twitter organizó una colecta y me dijeron que fuera yo, y ahí voy y les digo: más cobijas, más medias, más pantimedias.

Lo máximo que puedo hacer es que si una se muere le pido a alguna amiga medio influyentona que se arme una vaquita para el ataúd y demás, porque una preocupación grande de ellas es: “Cuando me muera no me vayan a echar a la basura”, que así le dicen ellas a la fosa común. A todas se les ha dado un entierro digno y con mucho amor”.

Actualmente Minerva Valenzuela está organizando, a través de la página de Facebook Movimiento de Caderas, una iniciativa para protestar en contra de la visita de Benedicto XVI a México:

“El 14 de febrero vamos a tener una acción afuera de la Catedral a las 4:30 que se llama Un acostón, que se trata de acostarnos afuera de la Catedral repudiando la visita de Benedicto. Cómo su visita definitivamente atenta contra el estado laico y contra los derechos de las mujeres”.

Por su activismo en favor de los derechos sexuales de las mujeres, Minerva Valenzuela no ha recibido amenazas de muerte. Sólo ha sido agredida verbalmente con aquellos insultos que sólo los pobres de imaginación saben expresar:

“Yo por supuesto nunca he sentido que mi vida está en peligro por un motivo así, pero como generalmente los insultos que se refieren a mí son de puta, afortunadamente ése ya me lo he sacudido bastante y no me da el llanto ni nada de eso. Pero sí veo que otras compañeras lo sufren mucho más.

Yo veo que muchísimas mujeres se sienten amenazadas cuando alzan la voz, cuando dicen: “oye, ya basta.” Otras no, otras dicen: “ya me cansé, ahora que grité ya sentí bonito, y pues venga”. Y yo lo mínimo que puedo hacer es decirles: “mana, si te arrestan las 24 horas como te dijeron, pues te acompaño”.

MÉXICO Y SUS DEFENSORAS


Según el informe Defensoras de derechos humanos en México. Diagnósticos 2010-2011 sobre las condiciones y riesgos que enfrentan en el ejercicio de su trabajo, elaborado por las organizaciones civiles: Asociadas por lo Justo, JASS; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad en Oaxaca AC y Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, AC, y que se presentó el 19 de enero en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal:

Entre 2010 y 2011 se han documentado al menos ocho asesinatos de defensoras de derechos humanos en México: Bety Cariño en Oaxaca; Josefina Reyes, María Magdalena Reyes, Luisa Ornelas, Marisela Escobedo y Susana Chávez en Chihuahua; Isabel y Reyna Ayala Nava en Guerrero; y Carmela Elisarraráz Méndez en Michoacán.

El documento detalla que la violencia que sufren las defensoras se caracteriza por culpar y hacer sentir vergüenza a las víctimas. Además, se justician los actos de los agresores en contra de ellas, se desconoce su palabra o autoridad cuando presentan una denuncia y se busca perpetuar estereotipos de género para atacarlas por participar en actos públicos.

La consigna parece ser: “se merece lo que le pasó. Debió haberse quedado en su casa a cuidar de los niños o hacer la comida”.

Las amenazas o incluso los actos de violencia contra las defensoras tienen un marcado acento sexual. Dice Gerardo Sauri:

Un caso muy concreto es el de alguna defensora que le han dicho en un correo: “Qué bonita te veías ayer sentada en el café tal, mientras esperabas a alguien”, en donde le hacen sentir que además de que la están observando, pues, que está desprotegida, además con esta especie de coqueteo que le hacen en la amenaza electrónica es, a la vez, una amenaza de tipo sexual”.

Los datos son escalofriantes: 76% de las defensoras reconoce que la violencia de la que son víctimas por realizar su trabajo tiene que ver con su condición de mujeres, y de ellas, 40% señala la violencia sexual como la principal forma de violencia. En contraste, sólo 4% dijo no haber enfrentado ningún tipo de violencia en su trabajo como activistas sociales.

Tan sólo en el 2011 se registraron 16 homicidios de defensores de derechos humanos en México; 6 de ellos eran mujeres.

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