En un país donde hay siete millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, nos tendríamos que preguntar sobre qué proyecto de nación se está fincando para el futuro y si estamos dispuestos a continuarlo. Los jóvenes están viviendo una realidad dolorosa que se observa en las pocas oportunidades de conseguir un trabajo, cursar un grado más de estudio o en la violencia con la que los ataca la delincuencia organizada. En este contexto preocupante, los sucesos que han vivido los jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, vienen a aportar luz sobre las políticas de Estado que abonan a la incertidumbre y a la falta de horizontes para los jóvenes.
El 12 de diciembre pasado, los estudiantes se manifestaron sobre la Autopista del Sol en repudio por la imposición de un nuevo rector, así como por la negativa de las autoridades educativas para atender las solicitudes de la Escuela Normal. Con su bloqueo, demandaban audiencia con el gobernador Ángel Aguirre. Sin embargo, se encontraron con 170 policías ministeriales, estatales y federales esperándoles, casi la mitad de ellos con armas de alto poder y el resto con toletes y escudos. Sobre la carretera quedaron tendidos Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, estudiantes de la Escuela Normal, quienes murieron al ser asesinados por los policías durante el violento desalojo del grupo; además, hubo otro estudiante que, hasta la fecha, se encuentra gravemente herido. Hubieron también reportes de heridos, desaparecidos y se documentó que 22 estudiantes habían sido torturados. La Policía Federal negó su presencia en el acto represivo en un primer momento; sin embargo, las fotografías aparecidas en los diarios los hicieron aparecer como mentirosos y de poca credibilidad. La confrontación entre las tres distintas policías demostró que fue la policía ministerial la responsable de la muerte de los dos normalistas.
A los pocos días, se aprovechó la muerte de un joven que atendía una gasolinera cercana al lugar del asesinato de Jorge Alexis y Gabriel, para incriminar a los normalistas y tacharlos como inconformes violentos y delincuentes. Elba Esther Gordillo calificó de monstruos a las normales y pidió que se conviertan en escuelas de turismo. Así es como vemos que este ataque a los normalistas tiene responsables con nombre y apellido: ¿Quién fue el que mando disparar a los policías? ¿Cuáles han sido las acciones del SNTE para impedir que se llegue un acuerdo sobre el rector de la Normal?
Atrás de este ataque a la Escuela Normal de Ayotzinapa se encuentra el intento por acabar con las normales y la organización crítica que surge de ellas. A lo largo de las últimas seis décadas han sido atacadas por ser escuelas que tienen un modelo que les permite estar en función de las comunidades que atienden; esta praxis las ha llevado a comprometerse en las luchas contra las empresas madereras y mineras. Erradicar estas escuelas es destruir la organización que posibilita que las comunidades defiendan sus recursos y territorios.
Así, la exigencia por mejores condiciones para los jóvenes de México, pasa hoy por la necesidad de que los jóvenes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa vuelvan a las aulas, recuperen el semestre, les sean atendidas sus demandas y se castigue a los responsables intelectuales del ataque que sufrieron. Además, es un buen momento para impulsar a las normales rurales que aún existen, junto con su praxis de fortalecer el tejido social.
El agua, derecho constitucional
El día de ayer se publicó la reforma al artículo 4 de la Constitución Mexicana, por lo que a partir del día de hoy, 9 de febrero, queda formal y legalmente reconocido el derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico. Los párrafos quinto y sexto del artículo antes señalado pueden leerse de esta manera:
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
Además, las reformas a la ley avanzan en el sentido del reconocimiento constitucional de que el que contamine debe ser sancionado y resarcir los daños; asimismo, impulsa la aprobación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y la emisión de una nueva Ley de Aguas, que dotará de facultades a los tres órdenes de gobierno.
La importancia de estas reformas radica en que por fin se tendrán instrumentos precisos, dotados por el propio Estado mexicano, para exigir el derecho al agua para todas las personas que habitan en México. Cabe recordar que, actualmente, millones de personas en México sufren escasez de agua mientras que existen zonas del país concesionadas a megaproyectos que ponen en riesgo la viabilidad del derecho al agua para muchas comunidades. El derecho constitucional al agua implica que este recurso no debe ser explotado económicamente sino que, al contrario, el Estado debe tener la obligación de cuidarla y procurarla para todos sus habitantes.
Se niega la PGR a proteger a Norma Andrade e indagar el ataque reciente de que fue víctima / La Jornada, La PGR ha señalado que no está a cargo de la indagación del atentado que la defensora de derechos humanos sufrió en días pasados. Señalaron que en quince días determinarán si disponen de una custodia e investigan el ataque. Ante esto, Norma señaló que su vida depende de la PGR y que esta instancia no puede deslindar su responsabilidad.
Muertes por narco alcanzaron nivel máximo en 2011 / Excélsior, Alejandro Poiré aseguró que en el segundo semestre del año pasado inició una caída en el número de fallecimientos ligados al crimen organizado. Además, señaló que se encuentran sistematizando un nuevo método para contabilizar los asesinatos.
Sólo en seis estados no han hallado narcofosas / 24 Horas, En 26 entidades se tiene registro de algún entierro clandestino durante el actual sexenio. 2011 fue el año en el que mayor número de fosas de este tipo fueron ubicadas en ranchos y predios urbanos. La CNDH ha señalado que las fosas suman 321 y se han encontrado los cadáveres de 1,271 personas, la mayoría todavía sin identificar.
Mata “en caliente” militar a dos civiles / Reforma, El teniente coronel de Infantería Alfredo Bravo Alcaraz abrió fuego contra una camioneta en la que viajaban dos civiles. Uno murió al instante y, al que sobrevivió, ordenó con gritos y groserías ejecutarlo en otro lugar. Esto, en marzo de 2009 en Peña Blanca Chihuahua.
Ciudades Rurales: proyecto de reordenamiento poblacional en Chiapas / Cencos, La construcción de estos proyectos ha provocado la oposición de comunidades que ven este reodenamiento como una ruptura con sus modos de vida y la imposición de un modelo de desarrollo ajeno a sus culturas.
Lo que no dicen sobre la Mina Caballo Blanco / Zapateando, Ciudadanos y miembros de la sociedad civil organizada del estado de Veracruz y del país presentaron el día de ayer, ante las oficinas de la SEMARNAT y la SEDEMA una solicitud de reunión pública de información y análisis de riesgo para quienes se verán afectados por este proyecto.
Pronunciamiento por el ataque en el Distrito Federal contra la luchadora contra los feminicidios Norma Andrade / Kaos en la Red, A un mes del primer atentado contra la vida de la activista, el ataque que sufrió la semana pasada demuestra que las autoridades no tienen intención alguna de proteger su vida.
El día de ayer, vecinos de Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y diferentes organizaciones sociales, se manifestaron conjuntamente en diversos puntos de Santa Fe, para hacer notar su total rechazo a la propuesta del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Santa Fe. Entre las demandas que se hicieron destacan: agua potable suficiente, transporte público moderno, limpio y seguro, la cancelación de la Supervía Poniente, cuidado profesional de bosques, así como el rescate y limpieza de las barrancas, respeto a los usos de suelo, la clausura y reubicación de la trituradora y cementera de la mina La Mexicana, entre otras.
Un caso sobre un abuso militar ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trata de una ejecución ordenada por un mando tras un incidente en un retén cuando una camioneta trató de eludirlo. Uno de los dos civiles que viajaban en la camioneta salió con vida e intentó escapar, pero fue atrapado por soldados. Existen declaraciones de los soldados que participaron en el operativo que señalan:"El teniente coronel Bravo Alcaraz, al percatarse de lo sucedido, ordenó al teniente Cruz Violante que por qué le traían al civil vivo: 'por qué putas madres lo traes vivo, llévatelo y mátalo allá'"
Por orden del teniente coronel Bravo Alcaraz, el cabo Ramírez ejecutó al civil, disparándole en la frente con su fusil de asalto G3.
La camioneta Sierra fue incendiada y los cuerpos fueron arrojados a un barranco "para aparentar una ejecución entre sicarios", según declararon los militares, quienes al llegar al lugar de la fiesta en la localidad de Peña Blanca no encontraron a nadie y sólo aseguraron un fusil AK-47 y algunos vehículos.
Foro: Indígenas frente al Sistema de Justicia Penal
El miércoles 15 de febrero, de las 9 a las 13 horas en la Universidad Iberoamericana Puebla, se llevará a cabo este foro académico – vivencial, en el que especialistas, abogados y sobrevivientes de violaciones a sus derechos humanos, hablarán sobre los retos que enfrentan las personas indígenas presas. Está organizado por el Centro Prodh y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero Puebla. Asistirán Jacinta Francisco Marcial y Basilia Ucan Nah. Para mayores informes, comunícate a analisis@centroprodh.org.mx
Jornada por el Derecho al Agua
El viernes 17 de febrero a las 18 horas se inaugurará la Exposición Fotográfica Internacional “Agua Ríos y Pueblos” y se proyectará un documental con el mismo nombre. Participarán Gustavo Castro Soto (Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos), Esperanza Salazar Zenil (Bios Iguana), Sandra Ezquiel Haro (Yolotlali) y Anahí Copitzy Gómez (Coordinadora General en México de la exposición fotográfica). Esto, en el Museo Universitario Fernando del Paso (27 de septiembre, 119, Colima centro, en Colima).
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