Su bandera simboliza esta recreación de su propio
orden, en la que se recupera y reinterpreta su historia. Tiene franjas
de tres colores: rojo, negro y amarillo. Rojo, porque cuando los Xi’iuy
combatieron desnudos contra la invasión española en la guerra
chichimeca, se pintaban el cuerpo de ese color. En el centro hay una
palma, abajo de ésta una flecha y arriba un rifle. Junto a ellos hay
varios cucuruchos, por los primeros frailes.
Esta reconstitución de la nación Xi’iuy, en la que los maestros bilingües han desempeñado un papel relevante, tiene expresas distintas y complementarias nociones: la defensa del carácter colectivo de sus tierras (se niegan a la parcelación) y territorio, la recuperación de sus sistemas normativos, sus instituciones y su lengua, y, también, la formación de sus guardias comunitarias.
Sebastián de la Cruz es indígena Xi’iuy. Vive y trabaja en la comunidad La Nueva Palma. Desde el pasado 16 de febrero es guardia comunitario. Hace unos meses fue arrestado por policías ministeriales sin orden de aprehensión. Primero lo acusaron de un robo que nunca cometió.
Luego lo extorsionaron. Finalmente lo encarcelaron cinco días, a pesar de ser inocente.
Cometieron con él un atropello y una humillación (Noticieros Televisa, 9/4/14).
Para evitar ser detenidos, los indígenas de La Palma deben pagar una cuota a la policía, e incluso, necesitan empeñar sus herramientas de trabajo. Los que se niegan son golpeados, amenazados y conducidos a las barandillas. Los atropellos son constantes y la justicia nula. Aunque muchos indígenas no hablan español, no hay traductores en el Ministerio Público.
“La policía de San Luis Potosí está infiltrada –me dijo en entrevista Miguel Ángel Guzmán, el profesor y licenciado que los asesora legalmente–, tanto la estatal como la municipal. Trabajan dos turnos: en uno son los buenos, en el otro los malos. Son asaltantes. ¡Extorsionan hasta las tienditas!”
Por si fuera poco, a los Xi’iuy les llueve sobre mojado. A los atropellos policiales que sufren hay que añadir la acción de delincuencia. La situación es muy grave. Desde 2010 son extorsionados también por criminales. Si rechazan pagar o dejar sus tierras, son asesinados. Los homicidios quedan impunes. Los delincuentes se arreglan con los agentes del Ministerio Público sin grandes problemas.
“Muchas bandas y grupos delictivos comenzaron a crecer a la sombra del crimen organizado –explica Miguel Ángel– y empezaron a tomar control de las comunidades; hasta las puertas de estos lugares tan distantes han llegado las extorsiones y las amenazas.”
Las autoridades gubernamentales locales niegan los hechos. No hay denuncias por abusos o actos de extorsión en contra de elementos ni estatales ni municipales, aseguran el comandante en la región de la Dirección de Seguridad Pública del Estado y el presidente municipal de Tamasopo, Vicente Segura Ortega.
Martín Hernández Martínez es también guardia comunitario de La Nueva Palma. Harto de estar harto, asegura: Ya estamos cansados de tantos abusos. Por eso, para protegerse a sí mismos de la delincuencia, los abusos policiacos y el despojo de sus tierras, 2 mil cabezas de familia acordaron formar sus guardias comunitarias.
Los nuevos encargados de seguridad son 100 personas, nombradas en asamblea, armadas con varas y machetes. El año pasado eran 30. Algunos van embozados. Se proponen cuidar el orden en sus pueblos. Montan guardias y alertan sobre la presencia de extraños. Se han adiestrado para aprender procedimientos de detención. De las autodefensas a las guardias comunitarias es el nombre de su manual de formación que elaboraron. Allí se asienta: La gente noble tiene derecho a portar armas y defender su comunidad.
Propusieron al Congreso de San Luis Potosí una iniciativa de proyecto de Ley para la Operación de las Guardias Comunitarias en la entidad, con el objetivo de ser reconocidos legalmente y contar con el aval de las autoridades estatales.
Ven en la experiencia de Cherán un modelo a seguir, tanto en términos de justicia comunitaria, como en que la comunidad se rija a partir de sus usos y costumbres. No van a impedir que la policía entre en sus localidades, pero, con el fin de evitar más abusos, exigirán que antes de que se detenga a un miembro del ejido, debe exponerse a la comunidad.
Justifican la formación de sus servicios de seguridad en el artículo 9 de la Constitución estatal. Las guardias comunitarias, asegura Miguel Ángel Guzmán, han existido desde hace mucho y actualmente en las comunidades indígenas hay una figura donde los jueces auxiliares cuentan con colaboradores que son llamados de diferente forma, pero cumplen con esa función.
A raíz de la formación de las policías comunitarias disminuyeron los índices delictivos. La policía limitó su presencia y el Ejército entró a realizar patrullajes regulares. Aunque van con tanquetas, asumen un perfil bajo. Los oficiales dicen: la bronca no es con nosotros, es con las policías.
El surgimiento de autodefensas y guardias comunitarias en el estado no se limita a los municipios de Tamasopo y Rayón. Han hecho su aparición grupos organizados en Ciudad Valles, Tamazunchale (nahuas), Tampamolón y en Aquismón (nación Tenek), donde el comisario ejidal fue nombrado primer comandante.
En febrero de 2013, Víctor Ramírez, dirigente del Frente Campesino de Ciudad Valles, anunció que el ejido Adolfo López Mateos se organizó para hacerse cargo de su vigilancia. No permiten el acceso a personas extrañas a la comunidad y sus pobladores se van relevando.
Como sucede en la Huasteca potosina, hay hartazgo en muchas comunidades indígenas. En más de dos estados, grupos de ciudadanos han tomado la seguridad en sus manos o se disponen a hacerlo. Silencioso o silenciado, hay en marcha un nuevo levantamiento indígena en el país.
Esta reconstitución de la nación Xi’iuy, en la que los maestros bilingües han desempeñado un papel relevante, tiene expresas distintas y complementarias nociones: la defensa del carácter colectivo de sus tierras (se niegan a la parcelación) y territorio, la recuperación de sus sistemas normativos, sus instituciones y su lengua, y, también, la formación de sus guardias comunitarias.
Sebastián de la Cruz es indígena Xi’iuy. Vive y trabaja en la comunidad La Nueva Palma. Desde el pasado 16 de febrero es guardia comunitario. Hace unos meses fue arrestado por policías ministeriales sin orden de aprehensión. Primero lo acusaron de un robo que nunca cometió.
Luego lo extorsionaron. Finalmente lo encarcelaron cinco días, a pesar de ser inocente.
Cometieron con él un atropello y una humillación (Noticieros Televisa, 9/4/14).
Para evitar ser detenidos, los indígenas de La Palma deben pagar una cuota a la policía, e incluso, necesitan empeñar sus herramientas de trabajo. Los que se niegan son golpeados, amenazados y conducidos a las barandillas. Los atropellos son constantes y la justicia nula. Aunque muchos indígenas no hablan español, no hay traductores en el Ministerio Público.
“La policía de San Luis Potosí está infiltrada –me dijo en entrevista Miguel Ángel Guzmán, el profesor y licenciado que los asesora legalmente–, tanto la estatal como la municipal. Trabajan dos turnos: en uno son los buenos, en el otro los malos. Son asaltantes. ¡Extorsionan hasta las tienditas!”
Por si fuera poco, a los Xi’iuy les llueve sobre mojado. A los atropellos policiales que sufren hay que añadir la acción de delincuencia. La situación es muy grave. Desde 2010 son extorsionados también por criminales. Si rechazan pagar o dejar sus tierras, son asesinados. Los homicidios quedan impunes. Los delincuentes se arreglan con los agentes del Ministerio Público sin grandes problemas.
“Muchas bandas y grupos delictivos comenzaron a crecer a la sombra del crimen organizado –explica Miguel Ángel– y empezaron a tomar control de las comunidades; hasta las puertas de estos lugares tan distantes han llegado las extorsiones y las amenazas.”
Las autoridades gubernamentales locales niegan los hechos. No hay denuncias por abusos o actos de extorsión en contra de elementos ni estatales ni municipales, aseguran el comandante en la región de la Dirección de Seguridad Pública del Estado y el presidente municipal de Tamasopo, Vicente Segura Ortega.
Martín Hernández Martínez es también guardia comunitario de La Nueva Palma. Harto de estar harto, asegura: Ya estamos cansados de tantos abusos. Por eso, para protegerse a sí mismos de la delincuencia, los abusos policiacos y el despojo de sus tierras, 2 mil cabezas de familia acordaron formar sus guardias comunitarias.
Los nuevos encargados de seguridad son 100 personas, nombradas en asamblea, armadas con varas y machetes. El año pasado eran 30. Algunos van embozados. Se proponen cuidar el orden en sus pueblos. Montan guardias y alertan sobre la presencia de extraños. Se han adiestrado para aprender procedimientos de detención. De las autodefensas a las guardias comunitarias es el nombre de su manual de formación que elaboraron. Allí se asienta: La gente noble tiene derecho a portar armas y defender su comunidad.
Propusieron al Congreso de San Luis Potosí una iniciativa de proyecto de Ley para la Operación de las Guardias Comunitarias en la entidad, con el objetivo de ser reconocidos legalmente y contar con el aval de las autoridades estatales.
Ven en la experiencia de Cherán un modelo a seguir, tanto en términos de justicia comunitaria, como en que la comunidad se rija a partir de sus usos y costumbres. No van a impedir que la policía entre en sus localidades, pero, con el fin de evitar más abusos, exigirán que antes de que se detenga a un miembro del ejido, debe exponerse a la comunidad.
Justifican la formación de sus servicios de seguridad en el artículo 9 de la Constitución estatal. Las guardias comunitarias, asegura Miguel Ángel Guzmán, han existido desde hace mucho y actualmente en las comunidades indígenas hay una figura donde los jueces auxiliares cuentan con colaboradores que son llamados de diferente forma, pero cumplen con esa función.
A raíz de la formación de las policías comunitarias disminuyeron los índices delictivos. La policía limitó su presencia y el Ejército entró a realizar patrullajes regulares. Aunque van con tanquetas, asumen un perfil bajo. Los oficiales dicen: la bronca no es con nosotros, es con las policías.
El surgimiento de autodefensas y guardias comunitarias en el estado no se limita a los municipios de Tamasopo y Rayón. Han hecho su aparición grupos organizados en Ciudad Valles, Tamazunchale (nahuas), Tampamolón y en Aquismón (nación Tenek), donde el comisario ejidal fue nombrado primer comandante.
En febrero de 2013, Víctor Ramírez, dirigente del Frente Campesino de Ciudad Valles, anunció que el ejido Adolfo López Mateos se organizó para hacerse cargo de su vigilancia. No permiten el acceso a personas extrañas a la comunidad y sus pobladores se van relevando.
Como sucede en la Huasteca potosina, hay hartazgo en muchas comunidades indígenas. En más de dos estados, grupos de ciudadanos han tomado la seguridad en sus manos o se disponen a hacerlo. Silencioso o silenciado, hay en marcha un nuevo levantamiento indígena en el país.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario