Cerca de 80 organizaciones e intelectuales como Noam Chomsky,
Eduardo Galeano o Michael Löwy, entre otros
Proceso
Alrededor de 80 organizaciones civiles de distintos países, e
intelectuales como Noam Chomsky, Eduardo Galeano, Javier Sicilia,
Michael Löwy y John Holloway, entre otros, se pronunciaron contra “las
acciones violentas” de los gobiernos de Puebla y Morelos hacia los
pueblos campesinos que se oponen al Proyecto Integral Morelos (PIM).
“L@s
abajo firmantes denunciamos y repudiamos enérgicamente las acciones
violentas de los gobiernos de Puebla y Morelos al intentar acallar
encarcelando las voces de los pueblos campesinos organizados que con
dignidad ejercen su derecho a la autodeterminación”, subraya el escrito
presentado hoy en esta capital.
De acuerdo con el texto, los
gobiernos de Rafael Moreno Valle, en Puebla, y Graco Ramírez Garrido,
en Morelos, desataron una espiral de violencia que incluye una serie de
hostigamientos, amenazas y aprehensiones arbitrarias de luchadores
sociales y dirigentes de movimientos campesinos opuestos al PIM y al
libramiento Poniente.
“Las detenciones se realizaron haciendo uso
excesivo de la violencia y sin presentación de órdenes de aprehensión.
En Puebla fueron civiles los que hicieron las retenciones y en el caso
de Morelos se utilizaron gases lacrimógenos y hubo disparos”, apunta el
documento.
La oposición a la construcción del Libramiento
Poniente y al Proyecto Integral Morelos –que incluye dos
termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto–, señala, se debe a que
afectaría tierras de cultivo y fuentes de agua de las que dependen
comunidades de Puebla, Tlaxcala y Morelos, así como por el alto riesgo
que representa el gasoducto.
En su texto, los firmantes denuncian
“el autoritarismo y la imposición, por parte del gobierno de Puebla, de
‘proyectos de muerte’ que se pretende instalar en comunidades
campesinas indígenas de la Sierra Norte (87 concesiones mineras, más de
10 proyectos hidroeléctricos, la extracción de gas y petróleo con
fractura hidráulica)”.
Prosigue:
“Con todo ello ignoran la
rotunda negativa de miles de campesinos y campesinas a dejar de
trabajar y cuidar los bienes comunes que no son mercancías: la tierra,
el agua. Esos ‘proyectos de muerte’ ponen en riesgo de ser desplazados
y despojados de su principal sustento a esos campesinos y campesinas”.
Y
acusan al gobierno de Moreno Valle de actuar como promotor de dichos
proyectos y de favorecer los intereses económicos de grandes empresas
nacionales y transnacionales, “a las cuales poco o nada les importan
las devastadoras consecuencias sociales y ambientales” que podrían
provocar.
“Estamos en un momento de sumo peligro, porque estos
hechos no son anomalías o manifestaciones aisladas, sino evidencias de
una acción concertada de violencia y represión a cualquier forma de
oposición a las políticas económicas neoliberales promovidas por el
Estado”.
También mencionan las amenazas en contra de defensores de derechos humanos e integrantes de las agrupaciones de resistencia.
“Con esta represión, los gobiernos intentan producir a través del terrorismo de Estado una parálisis de la resistencia social”.
Y más:
“Lo
que hoy estamos viviendo como aberraciones y graves violaciones a
derechos humanos se convertirán en norma de vida cotidiana, aplastando
cualquier proyecto democrático auténtico, si hoy no reforzamos nuestras
luchas y nuestra solidaridad para la construcción de caminos de
resistencia contra esta embestida reaccionaria”.
Los firmantes
exigen la liberación de la comisariada ejidal de San Felipe
Xonacayucan, Enedina Rosas; de Juan Carlos Flores Solís, defensor de
derechos humanos, y de Abraham Cordero Calderón, integrante del Frente
Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de
Texmelucan y Sierra Nevada.
También piden que cesen las
intimidaciones en contra del comisario de Bienes Comunales de San Juan
Amecac, Avelino Velázquez Tapia; el académico de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Ricardo Pérez Avilés; el
estudiante de sociología, Alberto Melchor Montero, y el abogado Raúl
Rodríguez, defensor de Abraham Cordero Calderón.
“Responsabilizamos
a los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Rafael Moreno Valle, Graco
Ramírez y Mariano González de cualquier agresión física y emocional a
defensores de derechos humanos, académicos y ciudadanos organizados
para defender su territorio y su vida ante la imposición de ‘proyectos
de muerte’. Exigimos a dichos gobiernos la cancelación de órdenes de
aprehensión existentes contra activistas sociales”, remata el escrito
firmado por 90 intelectuales y 80 organizaciones civiles de México,
Estados Unidos, Francia, Italia, Uruguay, Argentina, Venezuela, Canadá,
Ecuador, Bolivia, España, Guatemala, Austria, Costa Rica, Alemania y
Colombia.
Por separado, agrupaciones no gubernamentales
defensoras de derechos humanos y de movimientos sociales anunciaron
este jueves la formación de un frente común para exigir al gobierno de
Puebla que cese la represión.
Entre las agrupaciones que se
integraron en este frente destacan: Tetela Hacia el Futuro, Red de
Defensa de los Derechos Humanos, Consejo Tiyat-Tlali, Consejo
Democrático Magisterial Poblano, Barra Libre de Abogados Democráticos
de Puebla, Asamblea Social del Agua, Frente de Pueblos en Defensa de la
Tierra y el Agua de Puebla, Tlaxcala y Morelos, y la coordinación de la
Pastoral de Migrantes en la Arquidiócesis de Puebla.
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