Gloria Leticia Díaz
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| Militares después de un enfrentamiento con presuntos sicarios en Ciudad Juárez en febrero de 2010. Foto: Ricardo Ruíz |
MÉXICO,
D.F. (apro).- El incremento de hasta 500% en casos de tortura, la
persistencia del arraigo, la militarización como pilar de la estrategia
de seguridad pública y el uso desproporcionado de la fuerza policial
contra comunicadores en cobertura de actos de protesta social, fueron
algunos de los temas abordados por organizaciones civiles durante el
primer encuentro con Juan Méndez, relator especial de la ONU.
La
Red de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos
para Todas y Todos (RED TDT), Amnistía Internacional (AI), Artículo 19
y el Instituto para la Seguridad y la Democracia dieron cuenta en un
comunicado de la reunión con Méndez en esta ciudad en la que expusieron
“las principales preocupaciones en torno a la persistencia de la
práctica de la tortura en México”.
Las ONG presentaron al experto
de la ONU un panorama sobre la situación en México, así como el lastre
en materia de derechos humanos dejado por la administración del panista
Felipe Calderón (2006-2012) y su guerra contra el narcotráfico,
estrategia que no ha variado gran cosa en el gobierno del priista
Enrique Peña Nieto.
ategia que no ha variado del todo en el gobierno de Enrique Pea situaci Humanos, todos los derechos para todas y todosña Nieto.
Por
ejemplo, dieron cuenta de los 7 mil 253 casos de tortura registrados
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el sexenio
pasado, así como de las 11 mil personas arraigadas de 2006 a la fecha,
de las que sólo 3.2% fueron condenadas.
También resaltaron que,
pese a que México es parte de la Convención contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, no hay cambios
favorables en México.
Además, recordaron que en 1997 México tuvo
la primera visita de un relator de Naciones Unidas sobre el tema, que
emitió un primer informe en 2000, y que en 2012 el Comité Contra la
Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) emitió otro documento
recomendatorio.
Luego de resaltar que en 2012 el CAT consignó en
su reporte que en materia de tortura subsiste “una realidad que no ha
cambiado en México”, las organizaciones civiles puntualizaron que en
ese documento los expertos de la ONU señalaron el aumento alarmante de
esa práctica “mediante interrogatorios de personas sometidas a
detención arbitraria por parte de las fuerzas armadas o los cuerpos de
seguridad del Estado”.
En el documento también plasmaron su
preocupación de que se elevara a rango constitucional la figura del
arraigo, “lo cual ha provocado que se cometan actos de tortura y malos
tratos en cuarteles militares”.
Las ONG resaltaron en el
comunicado que en la reunión con Méndez alertaron sobre el incremento
de 500% en el número de denuncias por tortura durante el sexenio
pasado, práctica “relacionada con la estrategia de seguridad
implementada” y, peor aún, “la continuidad y persistencia de esta
práctica durante el primer año de gobierno de Peña Nieto”.
También
expresaron ante el experto de la ONU su preocupación por “el uso
desmesurado de la prisión preventiva y detenciones arbitrarias durante
las que ocurren actos de tortura”.
Incluso cuestionaron “la
militarización como estrategia de seguridad pública”, lo que “ha
provocado el aumento de casos de tortura”, al tiempo que la
persistencia del fuero militar “no permite que los responsables sean
llevados a la justicia civil”.
Enseguida consideraron alarmante
que a partir de la llegada del actual gobierno de Peña Nieto, se ha
hecho un “uso desproporcionado de la fuerza policial contra periodistas
durante la cobertura de manifestaciones”.
Las organizaciones
demandaron al relator especial que en sus recomendaciones finales
considere la abolición del arraigo, así como insistir en la reforma al
Código de Justicia Militar “para asegurar que ningún caso que involucre
la participación de un elemento castrense en la valoración de derechos
humanos sea investigado o juzgado en el sistema castrense”.
Asimismo
abogaron por la puesta en marcha de “protocolos y controles de
detención, para que cuando una persona sea aprehendida, se le traslade
y presente inmediatamente al Ministerio público”.
Además instaron
al relator de ONU a abogar por establecer “protocolos de actuación para
que elementos de la policía que eviten el uso excesivo de la fuerza y
se facilite la labor informativa.”
En el encuentro, las ONG
pidieron a Méndez insistir en las recomendaciones que el Estado
mexicano ha recibido con anterioridad del CAT, así como de otros
organismos internacionales.
Entre los puntos que pidieron a
Méndez puntualice en su informe final destaca la inadmisión de “pruebas
o confesiones presentadas a los jueces bajo tortura”, así como la
investigación inmediata una vez que esa práctica es denunciada.
Además,
que insista en la aplicación del Protocolo de Estambul, “con personal
capacitado; por otro lado, debe independizarse la aplicación de
peritajes de la PGR, aparte de que las autoridades judiciales y jueces
deben reconocer los peritajes independientes con el mismo valor que los
oficiales”.
También pidieron insistir en la creación de
“mecanismos de control del uso de la fuerza para todas las fuerzas de
seguridad pública e implementar un sistema de evaluación y sanción por
hechos que violan lo derechos humanos”, así como llamar la atención por
la falta de operación del Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura, a cargo de la CNDH, y se reitere la pertinencia de consolidar
un mecanismo autónomo con un marco legal conforme a los tratados
internacionales”.
Los representantes de organizaciones expusieron
a Méndez casos de tortura y tratos crueles e inhumanos en casos de
personas en reclusión, donde son comunes “los castigos corporales y
encierros prolongados (…) como medidas disciplinarias”.
Asimismo,
denunciaron ante el experto de ONU los malos tratos a que son sometidas
las mujeres que recurren a servicios de salud pública para la atención
de partos; los abusos sufridos por personas que padecen enfermedades
mentales, y la ausencia de datos confiables de la situación en que
viven niñas y niños en instituciones públicas.
Aparte, fueron
abordados los tratos degradantes que se dan a personas en tránsito en
las estaciones migratorias, así como “la falta de investigación e
impunidad en los casos de personas desaparecidas, desatención que
también genera un forma de tortura psicológica para las familias de las
víctimas que siguen clamando verdad y justicia”.
Las reuniones de
Méndez con miembros de la sociedad civil continuarán en esta capital,
Nuevo León, Chiapas y Baja California, donde “examinará las garantías
para los derechos de las personas privadas de libertad y las
condiciones de su detención, en particular de aquellos que permanecen
años en detención, sea en espera de un juicio, en cumplimiento de una
larga sentencia, o en el caso de personas detenidas en estaciones
migratorias”.
Expondrán a relator casos emblemáticos de tortura y violencia sexual
El
Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) expondrá a
Juan Méndez, relator especial de Naciones Unidas (ONU), dos casos de
tortura y violencia sexual como ejemplos de la situación que impera en
el país.
Méndez, experto argentino, lleva a cabo desde el
lunes 21 una visita de trabajo en México, la cual concluirá el próximo
2 de mayo. Hasta ahora se ha reunido con miembros de la sociedad civil
y funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Relaciones
Exteriores, entre otros.
El Centro Prodh, organización que
sostendrá encuentros con Méndez, destacó que la tortura –“una práctica
terriblemente cotidiana” que es utilizada para la obtención de pruebas
“con el fin de condenar a personas, muchas veces inocentes”– es también
un delito que alcanza 98% de impunidad.
También resaltó que de
1994 a 2012 la Procuraduría General de la República (PGR) sólo ha
conseguido dos condenas por tortura, lo que significa “una tasa de
impunidad de más de 98% por la falta de adecuada investigación de
delitos”.
Los casos que presentará el Centro Prodh al relator
especial de ONU son los de Claudia Medina y el de Ángel Amílcar, ambos
víctimas de las fuerzas armadas.
Medina Tamariz es una joven que,
“además de haber sido incomunicada, fue torturada física y abusada
sexualmente durante 36 horas por elementos de la Marina en Veracruz”.
Y
Amílcar es un migrante afrocaribeño de Honduras quien fue torturado
durante 15 horas en un cuartel militar de Tijuana, Baja California.
El
Centro Prodh ha documentado otros casos de tortura institucional: el
del indígena mazahua Hugo Sánchez, quien fue ilegalmente acusado de
secuestro y posesión de armas, y posteriormente absuelto por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN); el de Israel Arzate, originario
de Ciudad Juárez, Chihuahua, también absuelto y que fue acusado de ser
uno de los perpetradores de la masacre de 16 jóvenes en Villas de
Sálvarcar, en diciembre de 2010.
Ambos casos, apuntó el Centro
Pro, evidencian que “por regla general los jueces cuestionan la tortura
en primera instancia, en lugar de investigarla como corresponde,
trasladando la responsabilidad de probar la tortura a quien fue víctima
de ella”.
La organización ha documentado también los abusos
cometidos contra mujeres del municipio mexiquense de San Salvador
Atenco, expediente que está siendo litigado ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como un caso de tortura
sexual.
En el comunicado, el Centro Pro hizo un llamado a la
sociedad mexicana a denunciar abusos, al recordar que “si bien la
responsabilidad por la tortura es claramente del Estado mexicano, una
sociedad atenta y vigilante es un factor clave para impulsar la
democracia y la progresividad de los derechos”
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