Falta profundidad a la investigación sobre móviles de la agresión a los jóvenes
Madres y otros familiares de los 43 jóvenes desaparecidos, en uno de los actos realizados en el DF en demanda de justiciaFoto María Luisa Severiano /
El
tercer informe de los expertos de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa permite concluir que
las investigaciones gubernamentales sobre la desaparición de los 43
normalistas tienen flancos y aspectos sumamente débiles, dijo ayer el
dirigente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez,
Mario Patrón.
Señaló que al recomendar al Estado mexicano seguir buscando a los
jóvenes, la CIDH está diciendo que no encuentra elementos suficientes
para afirmar que el paradero último de los estudiantes fue el basurero
de Cocula, como informó la Procuraduría General de la República (PGR).
Mientras, en el segundo día del foro Derechos humanos y antimafia
social en América Latina, que organizó la Red América Latina
Alternativa Social (ALAS), integrantes de la Coordinadora de Egresados
en Defensa de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, advirtieron
que Ayotzinapa es la punta del iceberg y lastre de lo que pasa en
México en los años recientes.
Ernesto Navarrete y Moisés González afirmaron que el ataque en
contra de los 43 estudiantes fue un claro mensaje de las autoridades
mexicanas: ‘‘desaparecer las normales del país, en especial la de
Ayotzinapa’’, ya que no es la primera vez que los alumnos son
reprimidos o asesinados.
Por
separado, Mario Patrón destacó que el informe no ve factible que la
desaparición de los estudiantes se haya dado en respuesta al presunto
boicot que efectuarían al informe de la esposa de Jose Luis Abarca,
pues los alumnos de la normal llegaron a Iguala cuando dicho acto ya
había terminado.
Esto significa que la investigación sobre la desaparición de los
jóvenes aún está en ciernes. Tan es así, que las motivaciones y los
móviles que explican los hechos no están indagados ni establecidos,
apuntó.
Sobre la demanda reiterada de los expertos de la CIDH para que
puedan interrogar a militares de Iguala sobre el caso, dijo que si no
se les da aceso, el Estado mexicano estaría enviando un mensaje de
ocultamiento de información.
Al referirse a la presunta tortura a detenidos por el caso, el
activista comentó que sería ‘‘gravísimo’’ que ello hubiera ocurrido,
pues se pondría en entredicho la hipótesis de la PGR, misma que se basa
en confesiones autoinculpatorias.
Por lo demás, dijo esperar que los informes de la CIDH aporten elementos que ‘‘nos acerquen a la verdad y la justicia’’.
Archivo
Georgina Saldierna y César Arellano
Periódico La Jornada
Miércoles 13 de mayo de 2015, p. 4
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