Consideran que esa diligencia es ‘‘clave’’ para esclarecer el caso Ayotzinapa
Desean
entrevistar ‘‘directamente’’ a los elementos que estuvieron presentes
en los distintos escenarios del ataque a los normalistas
El
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso de los
43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos insistió ayer en la
necesidad de que el gobierno mexicano le permita el acceso al 27
batallón de infantería del Ejército, con sede en Iguala, para
entrevistar ‘‘directamente, y no por intermediación de la Procuraduría
General de la República (PGR)’’ a todos los elementos que estuvieron
presentes en los distintos escenarios del ataque a los estudiantes.
Consideran que esta diligencia es ‘‘clave’’ en el proceso de
esclarecimiento, ‘‘porque ellos estuvieron en varios escenarios’’ de
los hechos la noche del pasado 26 de septiembre.
Al rendir el tercer reporte de avances de la misión, desde que
iniciaron su trabajo de coadyuvancia en la búsqueda de los 43
normalistas desaparecidos y la investigación judicial de los hechos
–que desembocaron además en el asesinato de tres estudiantes y heridas
de gravedad a dos más, que permanecen hospitalizados desde hace siete
meses–, integrantes del GIEI advirtieron ayer sobre el grave riesgo de
impunidad que podrían entrañar las referencias recabadas por la
delegación sobre situaciones de tortura, malos tratos o violaciones al
debido proceso, denunciadas por varios de los presuntos responsables
detenidos en el Cefereso 4 de Tepic, Nayarit, mayoritariamente policías
ministeriales e integrantes del grupo criminal Guerreros unidos, señalados por la PGR.
En nombre de los cinco expertos del grupo, dos de ellos, Carlos
Beristain y la ex fiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz, explicaron
ayer en conferencia de prensa las recomendaciones que han presentado al
gobierno mexicano y que están pendientes de cumplimiento.
Entre las recomendaciones destaca la urgencia de reactivar la
búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos, en colaboración con sus
padres y bajo un nuevo protocolo de búsqueda conforme a estándares
internacionales. Subrayaron también la necesidad de unificar en un solo
juzgado y en un solo expediente las 13 causas relacionadas y dispersas
en seis juzgados distintos, en cinco ciudades diferentes, donde son
procesados un centenar de detenidos en tres penales de máxima
seguridad: Altiplano estado de México), Tepic (Nayarit) y Puente Grande
(Jalisco).
Anunciaron que a partir del 20 de mayo, cuando el grupo regrese a
México, acudirán al penal de Tepic a entrevistarse con la esposa del ex
alcalde de Iguala José Luis Abarca, María de los Ángeles Pineda. Para
la reunión con el mismo Abarca –recluido en Tamaulipas– no hay fecha
aún, aunque se prevé que sea una de las últimas diligencias que realice
el GIEI.
Admitieron que aunque desconocen todavía cuál es el nivel de
involucramiento del ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre,
‘‘obviamente es parte de lo que se deberá investigar’’.
‘‘Nos torturaron’’
Beristain y Paz confirmaron que, entre los 16 procesados
con los que el GIEI se entrevistó en Tepic recientemente, ‘‘un número
lamentablemente alto’’ refirieron haber sufrido tortura. En uno de los
casos, el defensor de oficio incluso pidió la aplicación del protocolo
de Estambul. Otros 10 presentaron recursos de queja ante la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Se preguntó a los expertos si, de confirmarse la tortura, esta
circunstancia puede tirar el caso contra los implicados. Respondieron
que una vez tomada nota de las denuncias, procederán a contrastarlas
con lo que está en el expediente y los reportes médicos para determinar
la veracidad. ‘‘El análisis exhaustivo de esas denuncias es
fundamental’’ ya que, de confirmarse, tendría ‘‘consecuencias legales y
un impacto muy negativo’’.
Beristain
agregó: ‘‘Ha sucedido en casos que ustedes en México conocen muy
bien’’. Añadió que ‘‘serán los jueces quienes valorarán si esas
denuncias tienen confiabilidad y qué es lo que hay que hacer’’.
Los expertos indicaron que en esta tercera etapa se logró analizar
el desarrollo de los hechos de la noche del pasado 26 de septiembre en
Iguala, en más de 10 escenarios y momentos, con lo que tienen ya
‘‘mayor conocimiento de los lugares donde se dieron los hechos
relevantes, los ataques a los seis autobuses y otros vehículos’’.
Como en la presentación del segundo reporte, el GIEI insistió en que
los delitos del caso Ayotzinapa se deben investigar por desaparición
forzada, no por secuestro, como figura actualmente en las
averiguaciones previas. Pero además, deben incluirse otros ilícitos
graves como tortura, en particular en el caso del estudiante Julio
César Mondragón, el joven de la Normal Rural de Ayotzinapa desollado
por sus atacantes. También citaron los delitos de tentativa de
homicidio, en el caso de Aldo Gutiérrez y Édgar Vargas, los dos que aún
permanecen hospitalizados graves, después de siete meses.
Añadieron que hay otras irregularidades como encubrimiento,
obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, uso no adecuado de la
fuerza, lesiones y amenazas que sufrieron los normalistas
sobrevivientes. ‘‘Estos delitos también deben ser adecuadamente
investigados’’.
Finalmente, en el tema relacionado con la atención a las víctimas,
los expertos de la CIDH mencionaron que en el caso del joven que quedó
en estado de coma, Aldo Gutiérrez, la Secretaría de Gobernación se
comprometió con sus padres a obtener ‘‘una rápida segunda opinión’’
médica sobre sus posibilidades de recuperación. Esto último sigue
pendiente.
En cuanto a la reactivación de las expediciones de búsqueda,
informaron que el pasado 5 de mayo se realizó, por la mediación del
GIEI, una reunión entre el comisionado general de la Policía Federal,
Enrique Galindo, y un numeroso grupo de familiares de los 43
desaparecidos, en la que se acordó reiniciar esas tareas e incorporar a
los padres en ellas.
Este contacto ocurrió meses después de la ruptura de comunicación
entre las familias y el gobierno federal. La búsqueda continuará
‘‘hasta que se tenga certeza del destino de los normalistas
desaparecidos’’.
Unificación del expediente
Una de las recomendaciones centrales de los expertos al
gobierno mexicano fue la integración de las más de 13 causas penales
dispersas en seis juzgados de distintas ciudades (Matamoros, Iguala,
Cuernavaca, Toluca y el estado de Jalisco) y el internamiento de los
presuntos responsables detenidos hasta ahora en tres penales de alta
seguridad (Tepic, Puente Grande y el Altiplano).
Apuntan que, de no unificarse la investigación sobre lo anterior,
podría perderse ‘‘la visión integral de los hechos’’ y se corre el
riesgo de ‘‘pérdida de evidencia para los acontecimientos conexos”.
Insistieron: ‘‘Se requiere de una acumulación procesal para
investigar y juzgar de manera integral los hechos de Ayotzinapa. El
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes considera esta
medida fundamental para evitar la fragmentación y resalta la
importancia de tener en cuenta el patrón de actuación, el contexto y la
conexidad de los delitos cometidos, lo que considera clave para
determinar la responsabilidad y modus operandi’’.
Blanche Petrich
Periódico La Jornada
Martes 12 de mayo de 2015, p. 3
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