MEXICO IMPUNE: Reporte del Centro ProDH

Continúa la afectación irreparable al pueblo yaqui por el Acueducto Independencia

* A dos años del fallo de la SCJN, la obra sigue extrayendo agua del río Yaqui y la consulta está detenida.

Manifestación en Hermosillo

Ciudad de México, 13 de mayo de 2015. Al cumplirse dos años del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Acueducto Independencia en Sonora, en el que se ordenó que se llevara a cabo una consulta a la tribu y que en caso de que se demostrara un daño “irreparable” a este pueblo indígena se suspendiera la obra, la resolución está incumplida “pues la obra continúa operando de forma irregular y los derechos de los yaquis continúan siendo violados”, denunciaron decenas de organizaciones civiles.

El Acueducto Independencia es una obra promovida desde el año 2010 por el gobernador panista Guillermo Padrés Elías, acusado de construir una presa ilegal en sus terrenos. La intención, declaró entonces el gobernador, era llevar agua de la presa El Novillo hacia la capital sonorense, Hermosillo, para paliar la falta del líquido para consumo humano. En realidad, han denunciado los yaquis, se destinaría a las industrias establecidas en esa ciudad, como cerveceras y ensambladoras de autos.

La tribu yaqui es titular del 50 por ciento de las aguas y escurrimientos del río Yaqui, que alimenta a la presa El Novillo. A pesar de todas las sentencias judiciales en su contra, ganadas tanto por los indígenas como por los grandes agricultores del Valle del Yaqui, el acueducto está en funcionamiento. El 8 de mayo de 2013, la máxima instancia de justicia confirmó un amparo a favor de la tribu yaqui, con lo que invalidó el MIA del Acueducto y ordenó consultar a las comunidades afectadas.

Las organizaciones explicaron que el proceso de consulta a la tribu sigue suspendido sin que existan las condiciones para que se retome, pues la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha otorgado toda la información solicitada por los yaquis en octubre de 2013; Mario Luna Romero, Secretario de las Autoridades Tradicionales del Pueblo de Vicam, y Fernando Jiménez Gutiérrez, vocero, se encuentran presos desde septiembre de 2014, acusados de delitos que no cometieron, además de que otros integrantes de la tribu siguen siendo hostigados; y el acueducto “sigue operando privando de agua a la tribu yaqui, vital líquido para la salud, la alimentación, la vivienda y la cultura de sus integrantes, causándoles daños graves e irreparables”.

“En los hechos, el Acueducto Independencia está operando en violación del artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, ocasionando un daño irreparable e irreversible a la Tribu, lo que ya ha sido constatado con el Peritaje antropológico respecto al impacto social por la operación del Acueducto Independencia, elaborado por la Coordinación Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)”, indicaron.

Las organizaciones de la sociedad civil que emitieron el comunicado hicieron un llamado urgente a que las autoridades cumplan las disposiciones de la SCJN; a que la Semarnat y las instituciones dependientes de ella suspendan de inmediato la operación del Acueducto Independencia y entreguen la información solicitada para que la tribu cuente con elementos suficientes para tomar una decisión libre e informada; que el gobierno estatal detenga la criminalización de los defensores ambientales de la tribu, y a eliminar los obstáculos para la liberación de los defensores de derechos humanos Mario Luna y Fernando Jiménez, a fin de lograr su libertad.

Para las organizaciones, “la insistencia del Gobierno del Estado Sonora en continuar con la operación irregular del Acueducto Independencia, la decisión de Conagua y de la Semarnat de permitir la ilegal operación del Acueducto, la actuación omisa del Gobierno Federal y del Poder Judicial ha resultado en altos costos políticos, económicos y sociales tanto para la tribu yaqui, como para el estado de Sonora y para el país, toda vez que el caso ha escalado a nivel internacional como referente de criminalización de los defensores ambientales y falta de cumplimiento de la ley en México”, finalizaron.

Un paso adelante para la liberación del periodista Pedro Canché

* La recomendación de la CNDH, fundamental, dice ARTICLE 19

El periodista maya, en prisión

Ciudad de México, 13 de mayo de 2015. Con la Recomendación 13/2015 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que confirmó ayer que que las autoridades estatales de Quintana Roo violaron los derechos a la libertad de expresión, integridad personal y seguridad jurídica del periodista maya Pedro Canché, detenido arbitrariamente desde hace más de ocho meses en Felipe Carrillo Puerto con motivo de una acusación sin sustento del gobierno de Roberto Borge, se da un paso fundamental para su liberación, explicó la organización ARTICLE 19.

Pedro Canché está preso desde el 30 de agosto de 2014, después de que retó a un debate al gobernador por la detención de 11 personas durante una protesta contra la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Carrillo Puerto debido al incremento de tarifas y la instalación de medidores. Las autoridades lo acusaron de sabotaje.

La organización defensora de periodistas destaca que la Recomendación de la CNDH considera las pruebas que obran en el expediente como insuficientes para acreditar el delito de sabotaje que se le imputa a Canché, pues “lo único que corroboran los supuestos testigos – también empleados de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) del Estado de Quintana Roo- y el dictamen pericial que pretende demostrar los supuestos hechos delictivos, es que Pedro se encontraba en el lugar de los hechos tomando fotografías con su celular en la mano, lo cual de ninguna manera puede considerarse como la intención de causar un daño a un bien público”. Además, la CNDH enfatizó la desproporcionalidad en la actuación de la Procuraduría General de Justicia del Estado y el uso del delito de sabotaje para inhibir la libertad de expresión.

ARTICLE 19 destacó que la CNDH precisa que la documentación y difusión que llevó a cabo Pedro Canche de lo sucedido durante el bloqueo de la CAPA; su afirmación en el sentido de que su presencia en ese lugar a partir del 16 de agosto fue para documentar tales acontecimientos; el video difundido por el agraviado en el que denunció el desalojo de las personas que participaron en el bloqueo e hizo duras críticas al gobierno de Quintana Roo, sumadas a las inconsistencias en que incurrió la Procuraduría local, le permiten inferir que la actuación de las autoridades locales devino en un medio indirecto para limitar la libertad de expresión de Pedro Canché al imputar desproporcionadamente un tipo penal a las conductas que el periodista estaba realizando estaba realizando. La Comisión, en su informe, recuerda que se genera responsabilidad para el Estado por la utilización de tipos penales ambiguos y vagos –como sabotaje- para sujetar a proceso a personas que han realizado denuncias sobre afectaciones a derechos humanos.

La CNDH señala además que “quedan fuera de duda” las agresiones físicas a las que fue sujeto Pedro Canché los dos primeros días de su reclusión en la cárcel municipal de Felipe Carrillo Puerto, de lo cual es responsable el entonces alcalde del centro de reclusión. ARTICLE 19 informó que persisten las secuelas y dolencias físicas derivadas de la agresión, y que el Sistema de Salud Pública de Quintana Roo ha sido omiso en brindar una atención médica debida.

La Comisión señaló que los señalamientos que realizó Lino Magos Acevedo, titular de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, llamando a Canché “atentado de periodista y aprendiz de alborotador”, son incompatibles con su cargo relacionado con la defensa de los derechos humanos de todas las personas sujetas a un juicio de carácter penal, además de constituir una evidencia más de la afectación indirecta a la libertad de expresión en contra del periodista.

Entre las recomendaciones de la Comisión, se pide que la Procuraduría General de Justicia del estado promueva el sobreseimiento de la causa para que Pedro Canché recupere su libertad de inmediato; que las autoridades realicen actos de reconocimiento de su responsabilidad y ofrezcan una disculpa pública institucional; que se inicien las investigaciones que correspondan por las violaciones a los derechos humanos en que incurrieron los funcionarios de la Procuraduría, Lino Magos en su calidad Director de la Defensoría Pública estatal y el entonces director de la cárcel municipal, y que se indemnice a Pedro Canché por los daños causados. El Gobernador del Estado, el Presidente del Tribunal Superior y el Ayuntamiento de Felipe Carillo Puerto deben responder en 15 días hábiles sobre su aceptación o no.

ARTICLE 19 exigió que las autoridades acepten “de manera total y se cumplan de inmediato para que cesen las violaciones contra los derechos humanos de Pedro Canché y se restituido de manera inmediata en su libertad. De la misma manera, consideramos fundamental para la plena vigencia de los derechos humanos que la CNDH continúe en este camino. Específicamente, en un contexto de violencia contra la prensa, es indispensable que se emitan recomendaciones como un medio para frenar las agresiones contra quienes ejercen este derecho”.

Este 13 de mayo los medios destacan

‘‘Preguntas alarmantes’’ de Northcom sobre matanzas y desapariciones en México/ La Jornada

El Comando Norte de Estados Unidos (Northcom) consideró que existen ‘‘interrogantes alarmantes’’ sobre el ‘‘nivel de complicidad gubernamental’’ en torno al descubrimiento de fosas comunes encontradas en el curso de las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas en Guerrero el año pasado, según documentos oficiales desclasificados y divulgados hoy por el centro de investigaciones independiente National Security Archive. A la vez, otros documentos oficiales de Northcom desclasificados hoy confirman que el Departamento de Estado –sin aviso público– suspendió la asistencia estadunidense al Batallón 102 del Ejército, después de los hechos en Tlatlaya, en el estado de México. El informe revela que los militares estadunidenses estaban preocupados por el caso de la desaparición de los 43 normalistas, sobre todo por el involucramiento de las autoridades policiacas. El grupo de trabajo del Comando Norte –con sede en Colorado y encargado de programas del Departamento de Defensa en México, Canadá y Estados Unidos– también abordó la matanza de 22 personas en la comunidad mexiquense de Tlatlaya, en junio del año pasado, por integrantes del Batallón 102 del Ejército.

Interroga PGR a viuda de normalista… le pregunta qué sabe de los 43/ Proceso

Siete meses después de la tortura y homicidio del normalista de Ayotzinapa, Julio César Mondragón Fontes, la Procuraduría General de la República (PGR) citó e interrogó a su viuda para preguntarle si sabía algo de los 43 desaparecidos. Así lo denunciaron en un comunicado los abogados del caso y amigos de la familia, quienes señalaron que Marissa Mendoza, la joven viuda del estudiante desollado la noche del 26 de septiembre, recibió un citatorio para que el pasado 11 de abril se presentara en la Unidad Especializada contra el Secuestro adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Pero en vez de informarle de los avances en las investigaciones, el citatorio se usó para interrogarla sobre la desaparición de los 43. La viuda se negó a contestar. La PGR se ha negado a atraer el caso de Mondragón y lo separó de la investigación de lo sucedido en Iguala la noche en la que los estudiantes fueron atacados, heridos y desaparecidos.

Concede el juez Silva García suspensión definitiva en el caso Aristegui-MVS/ Aristegui Noticias

El juez octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Fernando Silva García, concedió este martes la suspensión definitiva a favor de Carmen Aristegui en el expediente de amparo 672/2015 que la periodista interpuso en contra de la decisión de MVS Radio de cancelar unilateralmente su contrato respecto de la Primera Emisión de Noticias MVS. En el portal del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal se difundió, bajo el rubro de “síntesis de los acuertos asociados al asunto”, que “se concede la suspensión definitiva a la parte quejosa para los efectos precisados en la presente resolución”. Se espera que este miércoles 13 de mayo se den a conocer los mencionados efectos y otros detalles de la resolución.

Rescatan a 57 migrantes secuestrados por grupo criminal en noreste de México/ La Vanguardia

Policías estatales de Tamaulipas rescataron a 57 migrantes en dos operativos distintos y detuvieron a cuatro miembros de un grupo criminal dedicado al secuestro y extorsión de personas que buscan ingresar ilegalmente en Estados Unidos, informaron hoy fuentes oficiales. El Grupo de Coordinación Tamaulipas, integrado por fuerzas de seguridad federales y estatales, indicó en un comunicado que de los 57 migrantes rescatados (47 hombres y 10 mujeres), 28 son originarios de Guatemala, El Salvador y Honduras. Los restantes son mexicanos, procedentes de diferentes estados del país.

Fijan fianza por 7 mdp para tres jornaleros de San Quintín/ Excélsior

Un juzgado de Ensenada fijó una fianza por 7 millones de pesos para tres jornaleros de San Quintín por los disturbios del pasado sábado en la comunidad Triqui donde destruyeron dos patrullas y dos vehículos particulares. Pese a que fueron 17 los detenidos, el juzgado determinó que éstos tres, fueron los mayores responsables de los actos vandálicos en la comunidad. Además, se aplicó una fianza de 500 mil pesos a un cuarto implicado; sin embargo, dichas fianzas podrían ser modificadas durante el proceso judicial.

Masacre de Cadereyta: cuando el dolor es impronunciable/ Periodistas de a Pie

El 13 de mayo del 2012, 49 cuerpos fueron mutilados en Cadereyta, Nuevo León. Les arrancaron brazos, piernas y cabeza para impedir su identificación. Pronto, autoridades los echaron a la fosa común del olvido. Pero el amor de los familiares y el trabajo de organizaciones civiles logró recuperar el nombre de 8 de ellos, todos migrantes centroamericanos. Fabricio Anabel Suazo Padilla, Javier Edgardo Tejeda Vásquez, Ramón Antonio Torres Castillo, Mauricio Francisco Suazo Mejía, Elmer Saíd Barahona Velásquez, Heber Josué González Betancurth, José Enrique Velásquez Zelaya y Leonel Dagoberto Rivera Cáceres, recuperaron su nombre en las tumbas que los albergaban.

Asesino del periodista “El Gato” Félix sale libre y acude a su ex patrón: Jorge Hank Rhon/ Sin Embargo

Antonio Vera Palestina, quien asesinó al periodista cofundador de ZETA Héctor “El Gato” Félix Miranda, recuperó la libertad tras 25 años en prisión. Al salir del penal de máxima seguridad “El Altiplano” fue recibido por su familia y trasladado a Tijuana en una camioneta. “El delito que cometió fue grave y con todas las agravantes de la ley. La justicia queda muy limitada en estos casos. Ya salió y su perfil es delinquir”, dijo a ZETA un funcionario de la Procuraduría General de Justicia de Baja California. El pasado viernes 1 de mayo de 2015, Vera Palestina abandonó la prisión de máxima seguridad ubicada en Almoloya de Juárez, Estado de México, conocida como “El Altiplano”. Luego fue trasladado a Tijuana. Después de su liberación, el ex prisionero se reunió públicamente con Hank Rhon. Jorge Hank afirmó que revisaría la ley para considerar si vuelve a contratarlo como su escolta junto con Victoriano Medina, el otro sentenciado por el asesinato del periodista.

Lanza guardia tradicional seri advertencia a mineros/ Expreso

El representante étnico de la tribu Seri ante el Ayuntamiento de Hermosillo, Juan Antonio Robles Barnett, señaló que la guardia tradicional de la etnia tiene instrucciones de no permitir que vuelvan a ingresar a su territorio los mineros, al parecer de origen coreano, que realizaron sin permiso una amplia exploración en busca de oro, cerca de la comunidad de Punta Chueca. Expuso que al parecer dichos mineros ya desistieron de sus intenciones y desde hace algunas semanas se llevaron ya la maquinaria que utilizaron para buscar oro y plata en la sierra conocida como “La Peineta”. Señaló que el sitio en donde se realizaban las exploraciones mineras, está a 5 kilómetros del Canal del Infiernillo, un sitio que es básico para la sobrevivencia de la tribu, en donde realizan sus labores de pesca tradicional los seris.

#Mayorojo sin justicia, persiste proyecto de aeropuerto en Atenco/ Másde131

Este 4 de mayo volvieron a cerrar la carretera Texcoco – Lechería, pero esta vez fue sólo la conmemoración que hizo el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) a nueve años de la entrada de la policía al poblado de Atenco. Bajo una lluvia torrencial, el FPDT marchó en la ciudad de México. Después de nueve años continúa la demanda por justicia para las mujeres que sufrieron tortura sexual y para los jóvenes ejecutados extrajudicialmente. Pero también para frenar el nuevo intento de imponer un mega proyecto urbano que incluye un Aeropuerto en sus tierras: “Ni hoteles ni aviones, la tierra da frijoles”, coreaban en el recorrido.

“Manuel Velasco no hace nada, porque es su paramilitar”, denuncian zapatistas ante agresiones de grupos armados/ Radio Pozol

“Manuel Velasco no hace nada, porque es su paramilitar”, denuncia la Junta de Buen Gobierno Zapatista (JBG), El Camino del Futuro, de La Garrucha en el municipio de Ocosingo, ante agresiones de grupos armados a Bases de Apoyo Zapatistas (BAEZLN) de la comunidad El Rosario, perteneciente al municipio autónomo de San Manuel. La JBG precisa que se trata de “21 personas paramilitares de la misma comunidad El Rosario y 28 paramilitares del barrio Chikinival, perteneciente al ejido Pojkol, municipio de Chilón”. El ataque se da precisamente un día después de que el EZLN, terminara el Seminario “El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista”, llevado a cabo del 3 al 9 de mayo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, donde dialogó con diferentes sectores de la sociedad nacional e internacional.

Enrique Guerrero Aviña: estudiante de la UNAM torturado y preso sin prueba alguna/ Johana Sánchez en Contralínea

Solidaridad con el estudiante

Enrique Guerrero Aviña, ajedrecista y estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es una de las 12 personas encarceladas por el plagio de dos sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Oaxaca.

El 17 de mayo de 2013, sujetos vestidos de civil lo persiguieron y le dispararon, y lo subieron a una de las camionetas. Eran policías federales, quienes sin orden de aprehensión, localización o presentación, lo detuvieron y torturaron por casi 30 horas. Con golpes, asfixia, amenazas físicas, sexuales y sicológicas los policías exigían que aceptara su participación en el secuestro: “Me interrogó, me dijo: ‘Dame nombres de gente que ande en la grilla’, insistía, y me preguntó: ‘¿Quiénes se mueven en la Universidad?’; refiriéndose a cuestiones políticas me preguntó: ‘¿Qué cabrones se oponen a las reformas?’”. Aún con ello resistió la tortura para defender la verdad de su inocencia.

A casi 2 años de lo sucedido, Enrique continúa preso en el penal federal de Occidente (Jalisco), pese a que no existen declaraciones o testimonios fehacientes en su contra, no se cuenta con informe policial, o algún medio probatorio, que permita presumir su participación en dicho secuestro o que forme parte de una organización criminal. Por ello, desde prisión, escribe: “De manera franca y humilde pido el apoyo y la solidaridad de quienes creen en la justicia difundiendo mi caso y uniendo esfuerzos, alzando la voz contra la injusticia en cualquier medio, lugar o rincón posible; caminemos juntos hacia un país mejor donde la injusticia, la tortura y la mentira no prevalezcan”. (Contralínea)

Exigen seguridad en Chilapa

Unos 300 vecinos marcharon por las principales calles de Chilapa, Guerrero, para demandar al nuevo encargado de Seguridad Pública, Juan Suástegui Epifanio, que saque a los civiles armados que irrumpieron en la ciudad el sábado, y para exigir la presentación de sus familiares que desaparecieron después de su llegada, de los cuales reportaron que son 16. Por segundo día consecutivo marcharon en esta ciudad , y en esta ocasión se observó a una cantidad mayor de manifestantes. (Información de El Sur/ Foto de Germán Canseco – Proceso)

Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida en Temacapulín