Rechazó informar dónde fueron detenidos y cuál es su situación jurídica
La información está inmersa en una averiguación previa y no es posible hacerla pública, señala
A
pesar de que mediante comunicados y conferencias de prensa la
Procuraduría General de la República (PGR) ha dado a conocer avances de
las investigaciones del llamado caso Iguala, la dependencia reservó por
12 años la información acerca del lugar donde fue detenido cada uno de
los presuntos involucrados en la desaparición de los 43 alumnos de la
Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, su
situación legal y el reclusorio donde están encarcelados.
En respuesta a una solicitud de información pública, la PGR se negó
a proporcionar el número de personas detenidas relacionadas con los
ataques, detención y desaparición de los estudiantes de la Normal Rural
de Ayotzinapa, ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en los
municipios de Iguala y Cocula.
Lo anterior, a pesar de que, de acuerdo con la PGR, han sido
aprehendidas 105 personas, entre ellas más de 60 policías municipales;
el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los
Ángeles Pineda Villa, así como integrantes del cártel Guerreros Unidos,
y que éstos están presos en los penales de máxima seguridad de Almoloya
de Juárez, en el estado de México; en el de Matamoros, Tamaulipas, y en
el de Tepic, Nayarit.
Se niega a informar sobre los vínculos entre los aprehendidos
Por conducto de la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), la institución
ministerial rechazó dar a conocer los vínculos que –de acuerdo con la
indagatoria– existen entre cada uno de los detenidos.
En su respuesta, la PGR señaló que la Seido
comunicó que los datos solicitados se encuentran inmersos en una averiguación previa y, por tanto, tienen el carácter de reservados, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, motivo por el cual no es posible hacerla del conocimiento (público), ni revelarla a un particular bajo ninguna circunstancia, por lo que la información podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de 12 años, de conformidad con lo establecido en el artículo 15de la citada legislación y el artículo 30 de su reglamento.
Agregó que
se considerará reservada aquella información relacionada con las actividades que el Ministerio Público lleva a cabo durante la etapa de la averiguación previa, es decir, en el lapso en que se realizan todas las actuaciones y diligencias necesarias para conocer la verdad histórica de un hecho posiblemente constitutivo de delito, a efecto de ejercer, o no, la acción penal.
La Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, por
conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, respondió al
solicitante de la información, mediante el oficio SJAI/DGAJ/01513/2015,
que las actuaciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación no tienen la calidad de registros públicos ni pueden ser consi-derados como fuente de acceso al público.
En días recientes fue detenido el ex subdirector operativo de la
policía municipal de Iguala Francisco Salgado Valladares, uno de los
involucrados en el caso, y la información fue difundida oficialmente
mediante comunicados de prensa.
Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Miércoles 13 de mayo de 2015, p. 6
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