PRI, PAN y PRD condenan el allanamiento y la impunidad

Todas las policías violan la ley en el combate al narco: senadores

Peña Nieto debe dar la cara; inaceptable el usted perdone: Navarrete

Andrea Becerril

Periódico La Jornada
Sábado 13 de agosto de 2011, p. 12

Senadores de PRI, PRD y PAN advirtieron que todos los cuerpos policiacos, federales y estatales, violan la ley y las garantías de los ciudadanos con el pretexto de combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Los coordinadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y del PRD, Carlos Navarrete, así como el perredista Pablo Gómez y los senadores del PAN, Felipe González y Adriana González Carrillo, se pronunciaron por aplicar todo el rigor de la ley y fincar responsabilidades a las autoridades del estado de México que ordenaron la irrupción policiaca en la casa del poeta Efraín Bartolomé y otros ciudadanos.

Daños colaterales

No conozco en detalle el caso, pero por lo que se sabe se trata de una flagrante ilegalidad que no se puede permitir, recalcó Beltrones. Navarrete pidió que el gobernador Enrique Peña Nieto, quien siempre está entre algodones, que dé la cara, porque es inaceptable decir: Ustedes perdonen, son daños colaterales.

Pablo Gómez advirtió que casos como el que ocurrió el jueves se dan a diario, pero se trata de ciudadanos comunes que no tienen notoriedad y sufren las agresiones de policías que entran ilegalmente a sus casas, los intimidan y roban, y esos delitos quedan impunes.

Beltrones recordó que el tema de cateos y allanamientos sin orden judicial fue motivo de amplio debate cuando se aprobó la reforma constitucional en materia penal hace dos años, y fueron desechados. En algunos lugares, dijo, policías locales y federales, y en otros hasta militares los han aplicado y hemos alzado la voz para denunciarlo, por su ilegalidad. Éste no será un caso que pase inadvertido, se tendrá que aplicar todo el rigor de la ley a quienes la violaron, así crean tener alguna explicación.

Se trató de un ilegal allanamiento de morada, violento y con robo, por lo que el procurador mexiquense, Alfredo Castillo, debe renunciar, aseveró la senadora González Carrillo.

¡Es una vergüenza la actitud que asume el procurador!, dijo, y destacó que es incomprensible cómo puede equivocarse la policía mexiquense de número y calle, para entrar a buscar a un criminal. Pero lo más grave es que sean corruptos y rateros tanto los policías en el área de tránsito, como los que van a detener a algún criminal”, recalcó.

Con esos hechos, el gobierno de Peña Nieto cierra con broche de oro el compromiso menos cumplido, que fue el de brindar seguridad y justicia a los mexiquenses, sostuvo la senadora.

Felipe González, también del PAN, advirtió que el caso no puede quedar en disculpa al poeta Bartolomé y demás afectados.

El senador del PRD advirtió que los cuerpos policiacos de los tres niveles para combatir la delincuencia organizada cometen atropellos, ya que esa es su forma de actuar, y aunque es un delito, quedan impunes.

Navarrete calificó de inaceptable el argumento del procurador mexiquense. “Si consideramos esa explicación como válida y legítima, tendríamos que prepararnos todos los mexicanos para que cualquier noche llegara un operativo policiaco, derrumbara la puerta de nuestra casa, se metiera hasta nuestra recámara, afectando la seguridad de nuestras familias con el argumento de que: ‘andábamos buscando un delincuente, y como suponíamos que podía andar por aquí porque a lo mejor de la casa contigua se saltó a esta casa, entramos como si fuera la casa propia’”.

Coincidió en que deben fincarse responsabilidades a quienes ordenaron el operativo, ya que la Constitución protege la integridad y los domicilios de los ciudadanos.

"Preocupante", resistencia del Ejército a los límites del fuero

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Sábado 16 de julio de 2011, p. 6

Las descalificaciones del Ejército a la reforma que restringe el fuero militar, y las peticiones de que se le den recursos legales para seguir operando en el contexto de la guerra contra el crimen organizado, son una muestra de que las fuerzas armadas se resisten a ser vigiladas por órganos de control civil, y no tienen un compromiso real por respetar las garantías individuales.

Así lo advirtieron activistas de organizaciones de derechos humanos, quienes afirmaron que estos actos de resistencia son intentos desesperados por conservar sus cotos de impunidad, actitud que podría continuar durante la discusión de la Ley de Seguridad Nacional y las postergadas reformas al artículo 57 del Código de Justicia Militar.

Jacqueline Sáenz, coordinadora del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que los intentos del Ejército por retrasar los nuevos límites del fuero militar han sido muy claros, ya que al entrar en vigor, se vería comprometido su modus operandi, basado en el uso excesivo de la fuerza, la tortura y el cuestionamiento de la identidad de sus víctimas.

Se justifican aduciendo que repelen agresiones, luego encuentran la forma de inculpar a la gente, y modifican la escena del crimen. Es una práctica común, como lo demuestra el caso de los jóvenes asesinados supuestamente por ignorar un retén en la comunidad de Santiago de los Caballeros, en 2008, por ejemplo.

Nuevos frentes de discusión

El tema de fondo, subrayó Sáenz, es que el Ejército quiere controlar las investigaciones de los abusos en que participan sus elementos. Como ya se les cerró la puerta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ahora tratarán de buscar frentes en la discusión de la Ley de Seguridad Nacional y las reformas al Código de Justicia Militar.

Por su parte, Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, coincidió en que la reacción de las fuerzas armadas busca minimizar los alcances de lo que ya decidió el Poder Judicial, lo que resulta preocupante, pero no sorprendente.

En años recientes, los uniformados se han resistido a acatar las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos, pero con la sentencia de la SCJN esa discusión quedó superada.

Sabemos que harán lo posible por dar pasos hacia atrás, pero van a fracasar porque el debate lo ganaron las víctimas, alertó.

Es incontenible el movimiento para derogar el fuero castrense, dice

Apremia Pablo Gómez a incluir fallo de la Corte en el Código de Justicia Militar

Andrea Becerril

Periódico La Jornada
Sábado 16 de julio de 2011, p. 5

Para cumplir con la resolución de la Suprema Corte que limita el fuero castrense y ordena que los miembros del Ejército que cometan delitos contra civiles sean juzgados en tribunales del fuero común, el Senado debe modificar ya el Código de Justicia Militar, reforma pendiente desde el año pasado, advirtió el perredista Pablo Gómez.

Además, en la nueva Ley de Amparo que se dictamina en estos momentos, se debe incluir un capítulo para permitir a todo ciudadano que haya sido víctima de abusos por militares, interponer una queja para que se cambie la jurisdicción y el juicio se lleve en un tribunal civil.

Las bancadas de PRI y PAN en el Senado son las que impiden que avance la reforma al Código de Justicia Militar, recalcó Gómez.

Priístas y panistas han obstaculizado todo avance, dijo, porque los altos mandos del Ejército les han pedido que no legislen en esa materia.

Dijo que entiende los motivos de las fuerzas armadas para oponerse, pero ellas a su vez deben entender que en el mundo existe un movimiento incontenible para derogar el fuero militar y que lo que más conviene al Ejército y la Armada es operar sobre la base de un compromiso indiscutible de protección y defensa de los derechos humanos.

De lo contrario, las fuerzas castrenses pierden autoridad. Sobre la demanda que tres generales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) formularon –el pasado miércoles– a los integrantes de la comisión bicamaral del Congreso, de que no se incluya en la Ley de Seguridad Nacional nada sobre el fuero, Gómez consideró que los mandos castrenses tienen razón, toda vez que es en el Código de Justicia Militar donde tienen que incluirse los cambios en esa materia.

Dijo que el proyecto de reforma que el presidente Felipe Calderón envió al Senado en octubre pasado, obligado por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al caso de Rosendo Radilla, es insuficiente. Sólo elimina el fuero militar para los casos de desaparición forzada, tortura y violación y deja fuera todos los demás delitos contra civiles.

Hizo notar que el reciente fallo de la Corte incluye toda violación de derechos humanos ligada a la vida y la libertad que hayan cometido los militares obliga a los legisladores a proponer cambios que realmente acoten el fuero, ya que las víctimas no pueden concurrir a un tribunal militar.

Los tribunales castrenses sólo deben operar para delitos contra la disciplina militar, donde todas las partes son militares.

Gómez Álvarez expuso que en la Ley de Amparo que que se analiza en el Senado y cuyo dictamen debe discutirse en cuanto comience el próximo periodo ordinario de sesiones –en septiembre próximo– se debe determinar la capacidad de cualquier persona de impugnar la jurisdicción de los tribunales militares.

Es la única forma para agilizar la resolución de la Corte. No confío en los procuradores, porque no van a ir a los juzgados civiles a presentar a un militar acusado de algún delito contra un particular. Lo que harán es dejar que el procurador militar se encargue del asunto. Ésa es su costumbre y así lo van a seguir haciendo.

De ahí que, expuso, es fundamental que en la nueva Ley de Amparo, las víctimas, los ofendidos por militares y los organismos defensores de derechos humanos puedan ir a un juez federal para que ordene el cambio de jurisdicción, de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte. Espero que los senadores del PRI y el PAN estén de acuerdo con esta propuesta que les hemos hecho en días pasados y sobre la cual vamos a seguir insistiendo.

Indicó en que esa ley debe estar en concordancia con la disposición reciente de la Corte.

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WOLA se pronuncia por la decisión de la SCJN sobre la restricción del fuero militar

La Oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) es una organización no gubernamental que promueve los derechos humanos, la democracia y la justicia social, buscando influir en las políticas públicas de Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Se dedica a analizar los sucesos regionales, a escuchar y emitir las voces latinoamericanas; forja relaciones claves con funcionarios de los gobiernos y organizaciones multilaterales; y tiene influencia en el debate público.

Al ser WOLA un actor internacional sumamente importante, que en varias ocasiones ha tenido una estrecha colaboración con el Centro Prodh, a continuación reproducimos de manera íntegra el pronunciamiento que hizo respecto a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la restricción del fuero militar.

Suprema Corte de México decide poner fin al fuero militar para soldados que cometan violaciones a los derechos humanos

Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, en una decisión histórica, que las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas serán juzgadas por tribunales civiles. El tribunal llegó a esta decisión después de analizar la sentencia dictada contra México en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la desaparición forzada del activista Rosendo Radilla en 1974 por miembros del Ejército mexicano.

La decisión del tribunal abre la puerta al juzgamiento de militares por violaciones a los derechos humanos que, históricamente, permanecieron en la impunidad por ser juzgados en cortes militares. Hoy en día, aproximadamente 50,000 soldados están participando en la lucha contra las drogas y el número de denuncias de violaciones a los derechos humanos ha aumentado de forma dramática. Desde el 2006, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México ha recibido más de 4,800 denuncias contra el Ejército por abusos de derechos humanos, aumentando de 182 denuncias en 2006 a 1,415 en 2010.

En 2010, se llevaron adelante tres casos contra el Estado Mexicano ante la Corte Interamericana por violaciones a los derechos humanos cometidas por soldados mexicanos. En dos de los casos, se trataba la tortura y la violación de las mujeres indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo por soldados mexicanos en el Estado de Guerrero en 2002, y en el tercero, se discutía la tortura y detención arbitraria de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, dos activistas ecologistas en Guerrero, en 1999. Aunque la Corte Interamericana ordenó que estos casos se trasladaran al fuero civil, el Gobierno mexicano no ha cumplido aun con la sentencia. A la luz de esta nueva decisión por el cuerpo judicial más alto del Estado mexicano, el Gobierno de México debe transferir los casos al fuero civil de inmediato para que los soldados responsables por estas violaciones de derechos humanos sean llevados a juicio.

El fallo de la Corte también convierte a la propuesta para reformar el código de justicia militar presentada por el presidente Calderón al Senado en ineficaz porque su propuesta pide solamente la transferencia al fuero civil de ciertos tipos de violaciones a los derechos humanos. El Congreso mexicano ahora deberá aprobar una reforma que sí cumpla con la decisión de la Corte Suprema. La decisión de la Corte pone fin al debate que se ha sostenido durante años en México sobre el uso del fuero militar para juzgar violaciones a los derechos humanos cometidas contra civiles por miembros del ejército y es un paso adelante para asegurar la rendición de cuentas y el fortalecimiento del Estado de Derecho en el país.

Oficinas de la Red Indígena de Turismo de México saqueadas

• Podría ser otro acto más de hostigamiento a defensores y defensoras de derechos humanos

La Red Indígena de Turismo de México, A.C. (RITA) es una organización de la sociedad civil que, desde hace años, trabaja con los pueblos indígenas y comunidades locales del país, realizando una labor de reflexión y análisis que conlleve al desarrollo.

En días recientes, las oficinas centrales de RITA han sido saqueadas, acontecimiento que se suma a lo ya experimentado por otras organizaciones que comparten objetivos y metas. Sus computadoras (tanto de gabinete como portátiles), las cámaras fotográficas, el proyector, los multifuncionales y diversos documentos importantes fueron robados. Con este grave hecho, la historia de la Red Indígena de Turismo de México se encuentra en estos momentos desaparecida, poniendo en riesgo la importancia de la memoria de la organización.

Ante esta dolorosa situación, desde el Centro Prodh hacemos extensiva nuestra solidaridad a RITA, manifestándonos en contra de los hostigamientos a las y los defensores de derechos humanos. Con este suceso, continuamos documentando que en México no existen garantías de seguridad para ejercer la labor de defensa de derechos humanos. Por lo tanto, urgimos a las autoridades correspondientes a tomar las medidas necesarias para investigar a fondo la situación y proveer medidas para que hechos así no vuelvan a suceder.

En su visita al país, pedirán que analice al Ejecutivo y Judicial

Abordarán activistas la tortura y fuero militar con la comisionada de la ONU

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Sábado 2 de julio de 2011, p. 16

Durante la visita a México de Navi Pillay, titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se realizará desde hoy hasta el 9 de julio, organizaciones independientes expondrán temas como el arraigo, el fuero militar y la persistencia de la tortura, entre otros, para evitar que prive sólo el punto de vista de las autoridades.

Activistas de derechos humanos afirmaron que también harán ver a dicha funcionaria que el gobierno del país no hace lo suficiente para garantizar los derechos de los indocumentados, ni respeta las sentencias y recomendaciones de organismos internacionales.

Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos, consideró que entre las asignaturas más importantes a tratar se encuentran la tortura, el arraigo y el fuero militar, y pidió que la funcionaria no se concentre únicamente en analizar al Poder Ejecutivo, sino también al Judicial.

Es importante, dijo, que sepa de la cuestionable actuación de magistrados en casos paradigmáticos como el de la guardería ABC, las agresiones contra los pobladores de San Salvador Atenco y la embestida contra la periodista Lydia Cacho, por ejemplo.

Otros aspectos son la falta de investigación sobre las muertes generadas por la guerra contra el crimen organizado; la violación de las garantías de los indocumentados; el desacato a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la creciente impunidad.

Jacqueline Sáenz, coordinadora del área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que la visita de la alta comisionada significa un elemento de presión para el gobierno mexicano, y al mismo tiempo una nueva oportunidad para que la sociedad civil exija cuentas.

Entre los temas que se debería abordar, consideró, se encuentran el de la violencia contra las mujeres, la lucha de los pueblos indígenas en defensa de sus recursos naturales, y la ausencia de un esquema de protección para los activistas.

“También habría que tocar la cuestión de la guerra absurda de Felipe Calderón contra el narcotráfico, que al corte de este mes ya ha dejado 41 mil muertos. Pillay viene a reiterar todo lo que ya se le ha pedido antes al gobierno mexicano, así que esperamos que la escuchen y que las sentencias y recomendaciones se traduzcan en mecanismos concretos para su acatamiento”, dijo.