16/07/2011

"Preocupante", resistencia del Ejército a los límites del fuero




Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Sábado 16 de julio de 2011, p. 6

Las descalificaciones del Ejército a la reforma que restringe el fuero militar, y las peticiones de que se le den recursos legales para seguir operando en el contexto de la guerra contra el crimen organizado, son una muestra de que las fuerzas armadas se resisten a ser vigiladas por órganos de control civil, y no tienen un compromiso real por respetar las garantías individuales.

Así lo advirtieron activistas de organizaciones de derechos humanos, quienes afirmaron que estos actos de resistencia son intentos desesperados por conservar sus cotos de impunidad, actitud que podría continuar durante la discusión de la Ley de Seguridad Nacional y las postergadas reformas al artículo 57 del Código de Justicia Militar.

Jacqueline Sáenz, coordinadora del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que los intentos del Ejército por retrasar los nuevos límites del fuero militar han sido muy claros, ya que al entrar en vigor, se vería comprometido su modus operandi, basado en el uso excesivo de la fuerza, la tortura y el cuestionamiento de la identidad de sus víctimas.

Se justifican aduciendo que repelen agresiones, luego encuentran la forma de inculpar a la gente, y modifican la escena del crimen. Es una práctica común, como lo demuestra el caso de los jóvenes asesinados supuestamente por ignorar un retén en la comunidad de Santiago de los Caballeros, en 2008, por ejemplo.

Nuevos frentes de discusión

El tema de fondo, subrayó Sáenz, es que el Ejército quiere controlar las investigaciones de los abusos en que participan sus elementos. Como ya se les cerró la puerta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ahora tratarán de buscar frentes en la discusión de la Ley de Seguridad Nacional y las reformas al Código de Justicia Militar.

Por su parte, Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, coincidió en que la reacción de las fuerzas armadas busca minimizar los alcances de lo que ya decidió el Poder Judicial, lo que resulta preocupante, pero no sorprendente.

En años recientes, los uniformados se han resistido a acatar las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos, pero con la sentencia de la SCJN esa discusión quedó superada.

Sabemos que harán lo posible por dar pasos hacia atrás, pero van a fracasar porque el debate lo ganaron las víctimas, alertó.

Es incontenible el movimiento para derogar el fuero castrense, dice

Apremia Pablo Gómez a incluir fallo de la Corte en el Código de Justicia Militar

Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Sábado 16 de julio de 2011, p. 5

Para cumplir con la resolución de la Suprema Corte que limita el fuero castrense y ordena que los miembros del Ejército que cometan delitos contra civiles sean juzgados en tribunales del fuero común, el Senado debe modificar ya el Código de Justicia Militar, reforma pendiente desde el año pasado, advirtió el perredista Pablo Gómez.

Además, en la nueva Ley de Amparo que se dictamina en estos momentos, se debe incluir un capítulo para permitir a todo ciudadano que haya sido víctima de abusos por militares, interponer una queja para que se cambie la jurisdicción y el juicio se lleve en un tribunal civil.

Las bancadas de PRI y PAN en el Senado son las que impiden que avance la reforma al Código de Justicia Militar, recalcó Gómez.

Priístas y panistas han obstaculizado todo avance, dijo, porque los altos mandos del Ejército les han pedido que no legislen en esa materia.

Dijo que entiende los motivos de las fuerzas armadas para oponerse, pero ellas a su vez deben entender que en el mundo existe un movimiento incontenible para derogar el fuero militar y que lo que más conviene al Ejército y la Armada es operar sobre la base de un compromiso indiscutible de protección y defensa de los derechos humanos.

De lo contrario, las fuerzas castrenses pierden autoridad. Sobre la demanda que tres generales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) formularon –el pasado miércoles– a los integrantes de la comisión bicamaral del Congreso, de que no se incluya en la Ley de Seguridad Nacional nada sobre el fuero, Gómez consideró que los mandos castrenses tienen razón, toda vez que es en el Código de Justicia Militar donde tienen que incluirse los cambios en esa materia.

Dijo que el proyecto de reforma que el presidente Felipe Calderón envió al Senado en octubre pasado, obligado por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al caso de Rosendo Radilla, es insuficiente. Sólo elimina el fuero militar para los casos de desaparición forzada, tortura y violación y deja fuera todos los demás delitos contra civiles.

Hizo notar que el reciente fallo de la Corte incluye toda violación de derechos humanos ligada a la vida y la libertad que hayan cometido los militares obliga a los legisladores a proponer cambios que realmente acoten el fuero, ya que las víctimas no pueden concurrir a un tribunal militar.

Los tribunales castrenses sólo deben operar para delitos contra la disciplina militar, donde todas las partes son militares.

Gómez Álvarez expuso que en la Ley de Amparo que que se analiza en el Senado y cuyo dictamen debe discutirse en cuanto comience el próximo periodo ordinario de sesiones –en septiembre próximo– se debe determinar la capacidad de cualquier persona de impugnar la jurisdicción de los tribunales militares.

Es la única forma para agilizar la resolución de la Corte. No confío en los procuradores, porque no van a ir a los juzgados civiles a presentar a un militar acusado de algún delito contra un particular. Lo que harán es dejar que el procurador militar se encargue del asunto. Ésa es su costumbre y así lo van a seguir haciendo.

De ahí que, expuso, es fundamental que en la nueva Ley de Amparo, las víctimas, los ofendidos por militares y los organismos defensores de derechos humanos puedan ir a un juez federal para que ordene el cambio de jurisdicción, de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte. Espero que los senadores del PRI y el PAN estén de acuerdo con esta propuesta que les hemos hecho en días pasados y sobre la cual vamos a seguir insistiendo.

Indicó en que esa ley debe estar en concordancia con la disposición reciente de la Corte.

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