Urgen justicia para Margarita Martínez, defensora de DH

Patricia Chandomí, corresponsal

Tuxtla Gutiérrez, Chis 14 abr 10 (CIMAC).- Las organizaciones civiles de la Red por la Paz en Chiapas, urgieron la aplicación de la justicia para Margarita Guadalupe Martínez Martínez, activista y defensora de los Derechos Humanos (DH), quien el pasado 25 de febrero fue secuestrada, golpeada y amenazada de muerte, por personal enviado por el presidente municipal de Comitán, Eduardo Ramírez.

Margarita y su esposo, Adolfo Guzmán colaboran en la organización civil Enlace Comunicación y Capacitación AC, con sede en el municipio de Comitán.

Ambos empezaron a ser amenazados después de que decidieron interponer una denuncia judicial por uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública por parte de los elementos de la Policía Ministerial.

Lo anterior, porque el pasado 8 de noviembre del 2009, los elementos allanaron el domicilio de esta pareja, amenazaron y encañonaron a Margarita, le ordenaron abrir los cuartos, para que pudieran entrar a revisarlos, introduciéndose también, en los ocupados por sus hijos y esposo.

El argumento de la Policía es que entró a buscar a supuestos líderes de organizaciones que bloqueaban carreteras; este atropello llevó a Margarita a interponer la averiguación previa 00004/FEPONGDDH-M1/2009, integrada por la Fiscalía Especializada en Protección a Organismos No Gubernamentales de DH de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.

A partir de esa fecha, la pareja ha recibido una serie de amenazas, primero empezaron con notas, llamadas por teléfono y en febrero, Margarita fue secuestrada y golpeada a fin de hacerla desistir de la denuncia jurídica y pública.

Por toda esta situación, representantes de organizaciones civiles como SIPAZ, CORECO, Ciepac, Desmi, Verapaz, CDMCH, Enlace entre otras, expresaron su preocupación porque hasta hoy persisten las amenazas y el hostigamiento contra los denunciantes y contra quienes aporten elementos para la investigación.

“Expresamos nuestra preocupación por la falta de resolución del caso, que pone a las y los afectados en un estado de vulnerabilidad permanente. Por lo tanto solicitamos a las organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional su solidaridad, seguimiento del caso y participación en las acciones de difusión” sostuvieron en una misiva firmada por integrantes de las citadas Organizaciones.

Cabe destacar que sobre este caso, Amnistía Internacional emitió una Acción Urgente, al igual que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.