Trasladan a Mérida a niña que fue violada por el padrastro

Por Anayeli García Martínez

México, DF, 14 abr 10 (CIMAC).- La niña de 10 años originaria de Rovirosa, Quintana Roo, con un embarazo de cuatro meses, a consecuencia de una violación sexual de su padrastro, fue trasladada por las autoridades del DIF estatal, junto con su madre, a un hospital de especialidades en Mérida, Yucatán, sin que hasta ahora se tenga más información.

Así lo dio a conocer hoy en entrevista con Cimacnoticias, la legisladora priísta y secretaria de la mesa directiva del Congreso estatal, María Hadad Castillo, quien informó que “hasta ahora no se conoce el paradero de la menor de edad”, pero de acuerdo con información de fuentes cercanas a ella, “se sabe que está en Mérida”.

El traslado se dio luego de que el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) contactó la semana pasada a la abogada Gabriela Rojas quien ya había hablado con la madre de la niña para ofrecerle apoyo e información veraz sobre la interrupción del embarazo.

De acuerdo con la diputada local, este caso empieza a evidenciar una serie de irregularidades que se viven en Quintana Roo, debido a que la Secretaría de salud de la entidad no esta denunciando los casos de violación sexual, no se está aplicando la NOM 046 sobre atención médica a las victimas de violación y la Procuraduría General de Justicia estatal no investiga ni consigna a los agresores.

Informó que para que se explicara el caso, las y los legisladores estatales pidieron la comparecencia del titular de la secretaria de salud estatal, Juan Carlos Azueta Cárdenas, misma que se realizó ayer en el Congreso local.

Pese a que la comparecencia fue exclusivamente para conocer del caso, el funcionario no fijó su posición al respecto y mostró un desconocimiento total.

Reconoció que durante 2009 se registraron 5 mil 510 casos de adolescentes embarazadas y afirmó que de éstos, el 16 por ciento eran producto de violación. Es decir, 881 adolescentes tuvieron un embarazo a consecuencia de una violación.

En contraste, la Procuraduría General de justicia del estado solo tiene registradas cifras sobre el tema hasta 2008, con 451 casos de violación.

En este sentido la legisladora María Hadad Castillo señaló que esta situación revela que las mujeres siguen siendo víctimas de discriminación porque la violencia que se ejerce contra ellas ya es “normal”.

Destacó que por un lado no se está protegiendo la salud física, psicológica y social de la niña, y por el otro, se criminaliza y consigna a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado.

MATERNIDAD FORZADA

María Luisa Sánchez Fuentes, directora de GIRE, dijo en entrevista que desde que tuvieron conocimiento del caso, se han acercado a la madre de la menor de edad, debido a que las autoridades locales y el DIF estatal han tenido una actitud “muy oscura” en este tema.

Esto debido a que las autoridades del DIF estatal se llevaron a la niña a una casa de asistencia temporal sin la autorización de la madre. Aunado a esto, la comunicación entre ellas ha sido irregular, pues las visitas son de10 minutos, una vez a la semana y en compañía de una psicóloga. Por otra parte la información que se le ha brindado a la madre no ha sido objetiva, afirmó.

Sánchez Fuentes, puntualizó que la madre de la menor de edad no sabía que el aborto era legal cuando se trata de un embarazo consecuencia de una violación sexual, sin embargo, siempre se le dijo que era más peligroso interrumpir el embarazo, aún cuando la evidencia científica dice lo contrario.

En este sentido, la información no ha sido la correcta -afirmó la directora de GIRE- quién manifestó que esta organización puede dar ayuda económica y solidaria para que la vida y salud de la niña no corra peligro. Hasta el día de ayer, esperaban hablar con la madre nuevamente para que pudiera tomar una decisión clara e informada acerca de la interrupción del embarazo de la niña.

DISPOSICIONES DEL DIF

Norma Gabriela Salazar Rivera, subdirectora general de atención y prevención a la infancia y adolescencia del DIF estatal, en entrevista justificó que “la atención que se brinda” a las y los niños y adolescentes que llegan a la casa de asistencia, donde se encontraba la niña, es “integral: médica, psicológica y legal”.

De acuerdo con Salazar Rivera, en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo del estado de Quintana Roo (PAMAR), se encuentran 9 niñas y niños, que llegaron a la casa de asistencia por diferentes situaciones, entre ellas: abuso sexual, violencia familiar, situación de calle o explotación sexual.

Aunque prefirió no abundar en casos específicos, manifestó que cuando a una adolescente la violan y embarazan, ésta queda bajo la protección del DIF estatal, donde tiene un control prenatal estricto, para evitar cualquier tipo de complicación.

También dijo que en el Programa de Atención Integral del Embarazo en Adolescentes (PAIDEA), que se encarga de prevenir los riesgos de la exclusión social derivadas del embarazo y la maternidad no planeada en la adolescencia, se encuentran 10 adolescentes embarazadas.

De acuerdo con Salazar Rivera, el Ministerio Público y la Procuraduría de Defensa del Menor son las dos instancias que canalizan a las víctimas, quienes pueden permanecer en la casa hasta tres meses, mientras su situación familiar y/o legal se estabiliza, de no ser así continúan en la casa mientras las y los trabajadores sociales realizan un trabajo paralelo con las familias.