Exigen la liberación de líder indígena en Guerrero
Gloria Leticia DíazMÉXICO, DF, 16 de abril (apro).- Organismos internacionales de derechos humanos exigieron la liberación del dirigente indígena Raúl Hernández Abundio, miembro de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), y al que Amnistía Internacional (AI) considera “preso de conciencia”.
Hernández Abundio cumple este sábado dos años de reclusión en el penal de Ayutla de los Libres, Guerrero.
El defensor de derechos guerrerense fue acusado, con otros cuatro activistas de la OPIM, de presuntamente dar muerte a un informante del Ejército Mexicano.
Sin embargo, sus compañeros fueron liberados luego de proceder un amparo a su favor al no encontrarse pruebas en su contra; en tanto que en el caso de Raúl la justicia federal determinó dejar la decisión final a los jueces guerrerenses.
La exigencia se produce luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) analizara en sesión pública realizada en Lima, Perú, el caso de Inés Fernández Ortega, también integrante de la OPIM y quien en marzo de 2002 fue agredida sexualmente por soldados del Ejército Mexicano sin que a la fecha se haya castigado a los responsables.
También a la OPIM pertenece Valentina Rosendo Cantú, indígena violada por militares en el mismo 2002, y cuyo caso se desahogará el próximo mes de mayo en la Corte Interamericana, al no haber respuesta de las autoridades mexicanas.
En un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) hizo un “llamado respetuoso para que el sistema de justicia del estado de Guerrero tome en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos y actúe conforme a los principios de diligencia debida, imparcialidad y celeridad” en el caso de Hernández Abundio.
El organismo de Naciones Unidas recordó que el caso fue considerado “emblemático” en su reporte “Entre el compromiso y el riesgo”, presentado a finales de 2009 por el encargado de la OACNUDH, Alberto Brunori.
Según el comunicado, el caso de Hernández Abundio “muestra algunos de los retos que enfrentan, ante el sistema de justicia mexicano, las y los defensores de derechos humanos, particularmente de los derechos de los pueblos indígenas”.
Por su parte, el director de AI en México, Alberto Herrera Aragón, acusó a las autoridades de Guerrero de estar utilizando indebidamente el sistema de justicia para “acallar a los críticos y frenar el activismo local”.
Prueba de ello, denunció, es que Hernández “está preso desde hace dos años por un delito que no cometió”.
Al exigir su inmediata puesta en libertad, Herrera señaló que el encierro del activista evidencia la ausencia de condiciones con que desarrollan su trabajo los defensores de derechos en Guerrero, situación que “requiere una atención prioritaria por parte de los distintos órdenes de gobierno”.
Como parte de las movilizaciones para demandar la liberación de Hernández Abundio, Amnistía anunció la presentación de más de mil fotografías de activistas de todo el mundo que exigen la libertad del defensor indígena, y las que serán expuestas en las oficinas de la representación del gobierno de Guerrero en la Ciudad de México.
Por su parte el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, encabezará en el municipio de Ayutla, en la Costa Chica guerrerense, una manifestación fuera de la penitenciaria donde se encuentra recluido Raúl Hernández.
Hernández Abundio cumple este sábado dos años de reclusión en el penal de Ayutla de los Libres, Guerrero.
El defensor de derechos guerrerense fue acusado, con otros cuatro activistas de la OPIM, de presuntamente dar muerte a un informante del Ejército Mexicano.
Sin embargo, sus compañeros fueron liberados luego de proceder un amparo a su favor al no encontrarse pruebas en su contra; en tanto que en el caso de Raúl la justicia federal determinó dejar la decisión final a los jueces guerrerenses.
La exigencia se produce luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) analizara en sesión pública realizada en Lima, Perú, el caso de Inés Fernández Ortega, también integrante de la OPIM y quien en marzo de 2002 fue agredida sexualmente por soldados del Ejército Mexicano sin que a la fecha se haya castigado a los responsables.
También a la OPIM pertenece Valentina Rosendo Cantú, indígena violada por militares en el mismo 2002, y cuyo caso se desahogará el próximo mes de mayo en la Corte Interamericana, al no haber respuesta de las autoridades mexicanas.
En un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) hizo un “llamado respetuoso para que el sistema de justicia del estado de Guerrero tome en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos y actúe conforme a los principios de diligencia debida, imparcialidad y celeridad” en el caso de Hernández Abundio.
El organismo de Naciones Unidas recordó que el caso fue considerado “emblemático” en su reporte “Entre el compromiso y el riesgo”, presentado a finales de 2009 por el encargado de la OACNUDH, Alberto Brunori.
Según el comunicado, el caso de Hernández Abundio “muestra algunos de los retos que enfrentan, ante el sistema de justicia mexicano, las y los defensores de derechos humanos, particularmente de los derechos de los pueblos indígenas”.
Por su parte, el director de AI en México, Alberto Herrera Aragón, acusó a las autoridades de Guerrero de estar utilizando indebidamente el sistema de justicia para “acallar a los críticos y frenar el activismo local”.
Prueba de ello, denunció, es que Hernández “está preso desde hace dos años por un delito que no cometió”.
Al exigir su inmediata puesta en libertad, Herrera señaló que el encierro del activista evidencia la ausencia de condiciones con que desarrollan su trabajo los defensores de derechos en Guerrero, situación que “requiere una atención prioritaria por parte de los distintos órdenes de gobierno”.
Como parte de las movilizaciones para demandar la liberación de Hernández Abundio, Amnistía anunció la presentación de más de mil fotografías de activistas de todo el mundo que exigen la libertad del defensor indígena, y las que serán expuestas en las oficinas de la representación del gobierno de Guerrero en la Ciudad de México.
Por su parte el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, encabezará en el municipio de Ayutla, en la Costa Chica guerrerense, una manifestación fuera de la penitenciaria donde se encuentra recluido Raúl Hernández.
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