Nueva sentencia de la CoIDH contra el Estado mexican

Por Anayeli García Martínez

México, DF 12 Abr 10 (CIMAC).- En lo que va del sexenio de Felipe Calderón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sentenciará por tercera vez al Estado mexicano, esta ocasión por violación sexual cometida por militares contra una indígena tlapaneca

Desde 1998 cuando México reconoció la competencia de la CoIDH, han llegado hasta ésta cinco casos: por feminicidio, tortura, desaparición forzada y dos por violación sexual: el de las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo.

Cuatro de ellos son del estado de Guerrero relacionados con abusos cometidos por elementos de las fuerzas armadas. El de Inés Fernández Ortega es el primero que tendrá una sentencia por violación sexual y el segundo por abusos cometidos por militares.

Inés es una indígena tlapaneca (me´phaa) que fue violada sexualmente por soldados en marzo de 2002, en Ayutla de los Libres, Guerrero. Al no encontrar justicia en las instancias nacionales, recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 14 de junio de 2004, quien remitió el caso a la CoIDH el 7 de mayo de 2009.

La próxima sentencia sobre el caso de Inés, cuya audiencia pública será el próximo 15 de abril en la sede de la Corte, en Lima, Perú, se suma a las emitidas en 2009 por los casos de feminicidio del campo algodonero en Ciudad Juárez y la desaparición forzada de Rosendo Radilla en Guerrero, lo que convierte a la administración Calderonista en la primera en recibir tres sentencias.

De acuerdo con Vidulfo Rosales Sierra, abogado del área jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y defensor de Inés, a pesar de que la violación de Inés no ocurrió durante la presente administración, “el poder Ejecutivo, desde que asumió la presidencia tuvo la oportunidad de hacer cambios estructurales” y promover iniciativas y leyes para reformar el Código de Justicia Militar, pero no lo hizo, por el contrario, sacó el ejército a las calles.

Afirmó que las indígenas enfrentan una discriminación que ha sido histórica, una falta de acceso a la justicia gracias a que “los militares siguen sin control alguno” lo que ha generado impunidad porque las violaciones contra civiles no son sancionadas.

Debido a ello, la próxima sentencia de la CoIDH sobre este caso evidenciará nuevamente que esta “guerra sórdida contra el crimen organizado lejos de avanzar, esta fallando, afecta a los civiles y no ha habido avances en el reconocimiento a los derechos humanos”, puntualizó Vidulfo Rosales.

Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México (AI), dijo que la sentencia adjudicará una responsabilidad directa al Estado mexicano por la falta de una debida investigación, un efectivo acceso a la justicia y por violar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belem Do Pará).

Al respecto Martha Figueroa Mier, presidenta del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal, señaló que el caso de Inés es el reflejo de muchos otros que no se visibilizan o que quedan en la impunidad, y en ello radica su relevancia.

Cabe recordar el caso de las hermanas González, violadas por militares también en 1994 durante un retén en Altamirano, Chiapas, que si bien llegó a la CIDH quien emitió un informe de fondo al Estado mexicano, éste no fue cumplido.

Figueroa Mier, enfatizó que en una guerra las mujeres viven las consecuencias de forma diferente en razón de su género. La violación sexual, dijo, también es una forma de tortura que se utiliza como táctica de guerra.

UN EJÉRCITO DESPRESTIGIADO

Al respecto, en entrevista, el General José Francisco Gallardo, quien estuvo preso por denunciar las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército al interior de este cuerpo castrense, afirmó que aunque México no se encuentra en guerra, el despliegue militar en todo el país trajo consigo un aumento de violaciones a los derechos humanos de la población civil.

En este panorama la imagen de las fuerzas armadas, una institución que había fungido como eje del patriotismo y la lealtad hacia el país, ha dejado de ser la de los defensores de derechos humanos comprometidos con el pueblo, sostuvo.

Afirmó que esta pérdida de credibilidad hacia los soldados refleja que el sistema de justicia civil y militar está colapsado. Por ello insiste en la necesidad de acotar el fuero de guerra, en específico el artículo 57 del Código de Justicia Militar, tal y como lo mandata la CoIDH al Estado mexicano en su sentencia por el caso Radilla.

Sin embargo, las autoridades militares y el Ejecutivo Federal insisten en negar los abusos cometidos por las fuerzas armadas. Este último incluso retó a comprobar un solo caso de violación a derechos humanos que no haya sido investigado.

Lo anterior, coincidieron Alberto Herrera y el General Gallardo, es una muestra de la irresponsabilidad del Estado mexicano. “Es incuestionable que los abusos suceden y no son aislados, para poder avanzar es necesario un diagnóstico compartido, un reconocimiento de responsabilidad y de la gravedad de la situación”, de lo contrario, advirtió Herrera Aragón, será muy difícil poder buscar alternativas.