Presentan últimos alegatos en audiencia sobre Caso Inés Fernández

Ocho años de impunidad militar expuestos ante la CoIDH

Por María Esther Mogollón, corresponsal

Lima, Perú 15 abr 10 (CIMAC).- Durante la audiencia pública que hoy realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el Palacio de Justicia en Lima, Perú, sobre el caso de Inés Fernández, tlapaneca violada por militares en 2002, tres expertas peritas coincidieron en que persisten los “graves daños” físicos y psicológicos de Inés a 8 años de la violación sexual que sufrió por parte de militares.

El tribunal se inició a las 9 de la mañana con la presencia de los integrantes de la Corte, presidida por el doctor Diego García Sayán.

Asimismo se encuentran los representantes del Estado mexicano y la defensa de Inés Fernández, quien no pudo asistir a la audiencia porque está próxima a dar a luz, pero envió un saludo grabado en video en su idioma nativo Me’pha, y pidió justicia para ella y su pueblo.

En la primera parte de la sesión, se expusieron los resultados de los peritajes que hicieron la sicóloga mexicana, Clemencia Correa Gonzáles, la antropóloga mexicana, profesora e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en antropología social CIESAS, Rosalba Aída Hernández Castillo y la abogada peruana, Marcela Huaita, de la Pontificia Universidad Católica de Perú.

El juez ad-hoc, para la causa fue el doctor Alejandro Carlos Espinoza, mientras que la parte defensora de la víctima es el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

La delegación del Estado mexicano estuvo encabezada por el director general de Derechos Humanos y Democracia, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Negrín Muñoz.

Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para asuntos multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, el juez militar Rogelio Rodríguez Correa, la titular de la Secretaría de la Mujer de Guerrero, Rosa María Gómez Saavedra, la coordinadora de enlace del Instituto de las mujeres del Distrito Federal, Guadalupe Salas, y el jefe de la cancillería de la embajada de México en Perú, Jorge Cicero Fernández, fueron otros miembros de la delegación.

En su intervención, la experta Correa González subrayó el estrés postraumático que vive Inés y el miedo permanente, no sólo de ella, sino de sus hijas, así como los efectos que esto tiene en sus vidas.

Relató que en las cinco entrevistas que tuvo con Inés, con sus familiares y otros miembros de la comunidad, ha logrado recoger testimonios desde su idioma materno, en relación a los sucesos y los impactos que sufren en lo personal, familiar y comunitario, donde el común es el miedo a otros ataques militares.Entre los impactos señalaron, por ejemplo que dos de las hijas de Inés, han salido de su comunidad, hacia un lugar mestizo, donde realizan trabajos domésticos de semi-esclavitud y larga jornada laboral.

Por las noches, asisten a la escuela, donde afrontan discriminación, racismo expresado en insultos para ellas y su mamá a quien llaman “la mujer del guacho” (mujer de los militares). Eso está llevando a una de las hijas a querer vivir en el encierro.

Durante la exposición de la doctora Correa, la delegación mexicana, liderada por el embajador Negrín, interrumpió en dos ocasiones la ponencia de resultados, señalando que ella debía solo explicar los resultados de su pericia, sin necesidad de aludir a los miembros del Ejército.

A su vez, la antropóloga Rosalba Hernández Castillo, destacó los aspectos culturales indígenas del caso y los significados que la violación ha tenido en la comunidad, que se mueve entre el miedo aún, y entre dos aspectos contradictorios.

Es decir, entre el apoyo a Inés de parte de su familia, pero a la vez responsabilizarla por su denuncia, lo cual ha traído más amenazas. A ello hay que añadir la tortura y asesinato del hermano de Inés, Lorenzo Fernández, ocurrido en febrero de 2008, que se presume, es consecuencia de la denuncia de Inés.

Hernández Castillo, recoge el papel de Inés en la comunidad antes de la violación, como mujer organizada e impulsora de los derechos de las mujeres. Esta parece ser una de las causas que aluden para esta violación de parte de los militares, por la importancia de la actividad de Inés.

Luego de la violación, se quebró su proyecto de vida, dice, y su estructura familiar y papel en la comunidad, ya que según la cultura ancestral, se rigen por la complementariedad y por lo colectivo. Otro aspecto es también lo sufrido por Fortunato, como esposo, a quien la comunidad responsabiliza por no cuidar a su esposa y él con la culpa por no haber dado protección a Inés e hijos/as y ser el sostén de la familia.

La doctora Huaita, expuso los conceptos de la violación sexual y los aspectos de género a tomar en cuenta en el caso, consecuencias en impactos que se multiplican por la condición de mujer e indígena.

Profundizó en los aspectos de la reparación, desde lo personal y colectivo en el que a petición especial de Inés y su comunidad, el reconocimiento de culpabilidad pública de parte del Estado constituye un hecho urgente para Inés frente a su comunidad y luego, la sanción a los responsables.

Y aspectos colectivos como el acceso a la justicia desde la necesidad de los pueblos indígenas, acceso a la educación y la salud, previa consulta a los pueblos indígenas. Enfatizaron que en el caso de la reparación a la comunidad, se debía consultar con Inés.

Las expertas destacaron la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém do Pará) y los mandatos de la misma en casos de violencia sexual, así como la Declaración de los derechos de los Pueblos Indígenas y el Protocolo de Estambul que contiene herramientas básicas de aplicación para estos casos.

Las preguntas de parte de los integrantes de la CoIDH, se centraron en conocer a detalle los impactos sufridos por Inés y su familia, la comunidad, así como los aspectos indígenas y culturales del caso y especialmente los orientados a la reparación del daño.

ANTECEDENTES

Los hechos de este caso se remontan al 22 de Marzo de 2002 cuando Inés Fernández fue violada en su casa por varios elementos militares. Ella se encontraba en su hogar en compañía de sus 4 hijos, todos menores de edad.

Tres soldados entraron sin su consentimiento a la vivienda, mientras que otros 8 elementos castrenses se quedaron en su patio. Sus hijos salieron al percatarse de la presencia de los militares. Después de interrogar a Inés los soldados la violaron.

La justicia militar investigó el caso y aún cuando se inició también la averiguación en el fuero civil, en ambos procesos hay graves irregularidades y al día de hoy no existe sanción alguna por los hechos.