Por declaraciones misóginas contra Alberta y Teresa, exigen renuncia de funcionario

Por la Redacción

México, D.F., 16 abr 10 (CIMAC).- Legisladoras perredistas exigieron la renuncia del subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Juan de Dios Castro Lozano, quien en días pasados instó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a “no dejarse influenciar por la prensa, ni por la lágrima de los pobres que no tienen razón” en el caso de las indígenas presas Alberta y Teresa.

Declaraciones que hizo al referirse a la resolución que próximamente emitirá este tribunal sobre el caso de Alberta Alcántara Juan y Teresa Gonzáles Cornelio -indígenas otomíes acusadas de “secuestrar” a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones.

En un comunicado de prensa, las legisladoras del Sol Azteca, Leticia Quezada Contreras y Rosario Morales, calificaron de “vergonzosa, irrespetuosa, infame y misógina” la declaración del funcionario, por lo que demandaron al titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez “solicite la renuncia del responsable de derechos humanos en esa dependencia federal”.

PIDEN A LA SCJN ABSUELVA A INDÍGENAS OTOMIÉS

Ambas indígenas fueron detenidas junto con Jacinta Francisco Marcial, el 26 de agosto de 2006, a cinco meses de haberse realizado un operativo, para decomisar productos “pirata” en el tianguis de Santiago Mexquititlán, en Querétaro. Después fueron acusadas de secuestro y encarceladas; el pasado 19 de febrero, de nuevo fueron sentenciadas, esta vez a 21 años de cárcel.

Debido a las irregularidades del proceso, el caso de ambas mujeres fue atraído por la SCJN, instancia que puede revertir la sentencia y liberar a las dos mujeres, que en marzo pasado cumplieron cuatro años en prisión.

Este jueves, las legisladoras, junto con los diputados Filemón Navarro Aguilar y Domingo Rodríguez Martell, también del PRD, visitaron a Teresa y Alberta en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de San José El Alto, Querétaro y les expresaron su apoyo.

Les hicieron saber que no hay pruebas contra ellas, “la impunidad y la corrupción es lo que impera y lo que está detrás de la procuración de justicia”.

Además les aseguraron que ya enviaron un Punto de Acuerdo a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que se suba al pleno, esto con el fin de que se exhorte –de manera respetuosa entre los tres poderes de la unión- a que el máximo tribunal del país dictamine a favor el recurso de apelación interpuesto por los abogados de las dos indígenas otomíes.

En realidad, dijo Quezada Contreras, “lo hemos dicho una y otra vez, este país vive al revés: aquellos gobernadores asesinos, curas pederastas, homicidas que están sueltos, políticos que cometen una serie de delitos conocidos por la sociedad, no son medidos ni tratados igual que las mujeres indígenas y pobres durante la procuración de justicia”.

“SÍ COMETIMOS UN ERROR FUE DEFENDERNOS”

A decir de las legisladoras, Alberta y Teresa coincidieron al señalar que de su caso “no hemos visto nada más. No ha avanzado nada” y agregaron que Teresa expresó: “sólo le pido a la Suprema Corte que no se vayan por lo que dijo el magistrado y el juez que nos dio la sentencia dos veces. Ojala vea las cosas como están, que no tenemos la culpa de lo que sucedió, que resuelva a nuestro favor porque somos inocentes”.

“A lo mejor sí cometimos un error contra los que supuestamente eran agentes federales. Pero lo único que hicimos fue defendernos de ellos. Nunca mostraron una identificación ni iban uniformados, o con algo que representara que ellos fueran agentes federales” dijeron. A pesar de lo irregular de su proceso, ambas indígenas otomíes tienen la esperanza de ser absueltas por la SCJN, concluye el comunicado.