Matilde Pérez U.
Periódico La Jornada
Viernes 6 de junio de 2014, p. 41
Viernes 6 de junio de 2014, p. 41
Liconsa
dejará de comprar 40 por ciento de los 700 millones de litros anuales
de leche pactados con productores de 12 estados, en una decisión
intempestiva e inexplicable, porque la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) informó que este año abrió mil 350 nuevas lecherías y amplió en 2.5 millones el padrón de beneficiarios, dijo Álvaro González Muñoz, presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche.
Esta determinación es una condena a muerte al sector ganadero de leche; ya no llegaremos a los foros de consulta para la reforma del campo, señaló.
Informó que en Aguascalientes, los productores regalaron ayer 12 mil litros en la explanada situada frente al Congreso del estado y derramaron 60 mil en las carreteras de entrada a la ciudad, en protesta por el
súbito aviso de Liconsa de reducir las compras de 125 mil a 72 mil litros a diario, lo que implica que dejarán de recibir cerca de medio millón de pesos y el sacrificio de 3 mil vacas si no logran venderlas antes de este sábado.
Medidas similares se llevarán a cabo en Chihuahua, Puebla, Veracruz, entre otras entidades, donde la decisión de Liconsa
Destacó que los ganaderos lecheros del sector social se han esforzado para alcanzar la autosuficiencia del lácteo y la respuesta de Linconsa
deja en el abandonoa los productores lecheros del sector social, quienes, como los de Aguascalientes, tendrán que buscar colocar el lácteo a menos de la mitad de lo que pagaba Liconsa por cada litro (de 6.20 pesos).
El anuncio de Liconsa es una violación al compromiso y contrato debidamente establecidos entre empresa y 10 mil productores pequeños y medianos. Además, lo hace en el momento en que se espera un aumento importante en los índices de producción por abundancia de forrajes verdes y procesados, dijo.
Destacó que los ganaderos lecheros del sector social se han esforzado para alcanzar la autosuficiencia del lácteo y la respuesta de Linconsa
parece un castigo a la eficiencia; es una medida arbitraria que va en contra de las organizaciones sociales y de los productores.
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