En El Charco se asesinó a la gente rendida y desarmada, narra uno de los sobrevivientes

Marchan policías comunitarios, mineros de Taxco en huelga y miembros de Me’phaá

No había luz y ya la pusieron, pero la extrema pobreza sigue, señala Efrén Chávez

Sergio Ocampo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 8 de junio de 2014, p. 15

El Charco, Gro., 7 de junio.

Policías comunitarios de una de las fracciones de la Casa de El Paraíso, encabezados por Eliseo Villar Castillo, mineros de Taxco en huelga y miembros de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaá (tlapanecos), con Obtilia Eugenio Manuel a la cabeza, marcharon por primera vez para recordar la masacre de 11 personas ocurrida el 7 de junio de 1998 en esta comunidad, ubicada a 20 kilómetros de Ayutla de los Libres.

Al frente de la marcha indígenas mixtecas con vistosos vestidos portaban una manta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), en la que se pide la libertad de sus compañeros presos –aunque no se mencionó el nombre de ninguno. Parecía que había fiesta porque las mujeres iban impecables, los niños bañados y hasta un carro de helados se apareció por allí.

Efrén Chávez Cortés, sobreviviente de la matanza, quien estuvo preso por sus supuestos vínculos con el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), señaló: “En El Charco no ha cambiado nada en 16 años, sigue la misma pobreza, el abandono de los pueblos indígenas mixtecos y, lo peor, el gobernador Ángel Aguirre Rivero dividió a la CRAC-PC. En conclusión, no ha habido justicia.

Lo único que cambió es la situación de partido. Aguirre Rivero es de la vieja guardia del PRI (ahora gobierna por el PRD) y él está utilizando las diferencias que hay al interior de las organizaciones sociales. Al interior de la CRAC, el gobierno no debería de entrar, porque debe permitir que los pueblos decidan, porque es un proyecto del pueblo, recalcó.

Dijo que en El Charco ha habido solamente cambios cosméticos: no había luz y ya pusieron, pero la extrema pobreza sigue; tampoco apoyó a las viudas de los sobrevivientes, no hizo nada. El gobierno solo da puros paliativos, no hay una estrategia de desarrollo en las comunidades.

Advirtió que la demanda central es que se haga justicia, porque el caso ya se llevó a instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la ejecución sumaria de los compañeros, porque ya se habían rendido. Aquí se asesinó a la gente rendida y desarmada.

José Rosario Marroquín, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, quien ofició la misa a la memoria de las 11 personas ejecutadas ese día, entre ellas un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, opinó:

Impera la impunidad en este caso, no hay ninguna acción, sólo dos o tres acciones espectaculares, pero al final de cuentas no hay nada, a pesar de que se ha exigido justicia desde hace varios años, no hay nada para esclarecer los hechos, no hay la voluntad del gobierno para hacerlo.

Lo más grave de todo es que en términos de justicia para los pueblos indígenas no ha habido ningún avance, solo hacen algunas obras de relumbrón para dar la impresión de que las cosas han cambiado para los pueblos, pero hablamos de educación, salud y vivienda, pero no hay planes gubernamentales acordados con pueblos, como es el caso de su autonomía y de su sistema de seguridad y educación, que el mismo gobierno no ha respetado ese derecho.

Piden ayuda para viudas

Eustolia Castro Ramírez, esposa de José Rivera Morales, uno de los que murieron ese día, comentó: Estamos iguales, en algunas comunidades se hacen obras, pero aquí en El Charco, donde murió uno de los 11 compañeros, no hicieron nada, no hay justicia, queremos que se haga indemnización conforme a la ley y los parámetros internacionales. Muchas compañeras quedaron viudas, “algunas hasta con 12 hijos, en total hay más de 42 huérfanos que no reciben ningún tipo de ayuda, es algo muy difícil para nosotras.

Dijo que el 13 de junio de 1998 su esposo iba a cumplir 23 años. Poco antes ella había quedado embazada “y ahora tengo una niña.

Hoy en nuestras comunidades demandamos que el gobierno respete nuestros derechos como indígenas, y que respete nuestros métodos de seguridad, como el caso de la policía comunitaria. Ya el gobierno detuvo a varios de nuestros compañeros, los acusan ahora de tener armas de alto poder, y eso no es cierto, queremos que el gobierno respete nuestros derechos.