*Familiares de las 49 víctimas exigieron a EPN cumplir con promesa de investigar y sancionar a responsables
Por Olivia Vázquez Herrera
#JusticiaABC | Foto: Olivia Vázquez H.
México, DF, 5 de junio. El incendio en la Guardería ABC que en 2009 terminó con la vida de 25 niñas, 24 niños y que dejó a más de 70 con lesiones, pudo ser evitado “si el gobierno hubiera exigido a los dueños el cumplimiento de normas de seguridad para establecer la guardería, si no se hubiera desentendido de su obligación de otorgar bienestar integral a la niñez y si hubiera hecho cumplir las leyes y tratados internacionales de derechos de la infancia”, denunciaron madres y padres de las víctimas.
Integrantes de Movimiento Cinco de Junio (conformado por padres, madres y familiares) así como activistas, organizaciones y sociedad solidaria marcharon en silencio del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, expresaron que el incendio “no fue un accidente sino un crimen de Estado”, ya que las autoridades forman parte de una red de corrupción que busca beneficio económico: “Nos encontramos ante un sistema que ya no sólo roba dinero sino que también roba vidas”, manifestó Abraham Fraijo, padre de Emilia, una de las niñas que perdió la vida en la Guardería ABC.
Las y los asistentes a la Marcha Solemne de los 49 en el Distrito Federal pasaron lista por cada uno de las niñas y niños que no debieron morir en el incendio; y exigieron, con las fotografías de las víctimas frente a Palacio Nacional, a Enrique Peña Nieto cumplir su promesa de campaña de investigar y sancionar a las y los responsables.
Las y los integrantes del Movimiento Cinco de Junio evidenciaron la falta de interés del actual gobierno por hacer justicia a los 49 niños y niñas fallecidos en la guardería, ya que aún no han tenido respuesta del mandatario, quien en distintas ocasiones se ha negado a recibirlos en la Residencia Oficial de Los Pinos. Ante la negativa, algunas y algunos miembros anunciaron además que realizarán una huelga de hambre hasta que Peña Nieto atienda sus exigencias.
También precisaron que aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya reconoció que existe un desorden generalizado en el sistema de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aún no ha obligado a la Procuraduría General de la República (PGR) a investigar a ex funcionarios como Ernesto Gándara (ex presidente municipal de Hermosillo), Eduardo Bours (ex gobernador de Sonora), Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam (ambos ex directores del IMMS), por mencionar algunos de los implicados.
Asimismo, las y los familiares señalaron que, aunque su lucha influyó para la creación de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y su reglamento —vigentes desde 2011 2012 respectivamente—, aún existe un gran influyentismo, no solo en Sonora, sino en todo el país, “y nos consta que la tragedia puede repetirse, pues hay guarderías en peores condiciones”, advirtió Luis Carlos Santos, integrante del Movimiento Cinco de Junio.
Finalmente, las madres y los padres de los 49 niños y niñas así como las y los activistas, intelectuales y artistas que les acompañan en su lucha, hicieron un llamado a la sociedad para que exija justicia no sólo por la muerte de las víctimas de la Guardería ABC sino por todas las niñas y niños que han perdido la vida en situaciones similares, y sobre todo, para que demanden a las autoridades la garantía que no volverá a ocurrir un siniestro de tales magnitudes.
Por Luis Eliud Tapia Olivares (@eliudtapia) | Opinión
Jacinta saliendo delTFJA |Foto: César Martínez López
Jacinta Francisco Marcial, mujer indígena hñähñú (otomí) fue pionera en exhibir ante la opinión pública, las fallas estructurales del sistema de procuración y administración de justicia en México que discrimina a las personas por ser pobres e indígenas. Hoy también es pionera en trazar el camino para que personas que fueron víctimas de este sistema penal que fabrica culpables como le sucedió a ella, sean reparadas.
Resulta paradójico que sea el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) –sí, un tribunal que resuelve asuntos que pareciera que no tienen nada que ver con derechos humanos–, el que reconozca que todas y cada una de las autoridades del Estado mexicano están obligadas a prevenir, garantizar, respetar y reparar violaciones derechos humanos tal como prescribe el artículo 1º de la Constitución Federal. Dichos deberes además son oficiosos, es decir, la autoridad debe actuar con independencia del seguimiento que hagan las víctimas de los procesos.
No es menor esta resolución, pues permite que las personas que son fabricadas culpables debido a la irregular actuación de autoridades investigadoras, tengan derecho a exigir al menos una compensación económica y una disculpa pública por las afectaciones que les genera dicha acción por parte del Estado. La importancia del caso de Jacinta es que al sumarse al ya resuelto para sus coacusadas Alberta Alcántara y Teresa González, sienta jurisprudencia para la reparación del daño. Con ello la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado se convierte, a través del TFJFA en un instrumento para que el Estado mexicano asuma su responsabilidad en términos de reparaciones a violaciones a derechos humanos.
Ahora bien, el TFJFA ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) que repare el daño a Jacinta Francisco Marcial por los daños materiales y morales que le causaron autoridades pertenecientes a dicha dependencia. Asimismo, el Tribunal fue claro en señalar que la PGR debe disculparse públicamente ante Jacinta, por los mismos medios que ocupó para exhibirla como una peligrosa delincuente.
Debe precisarse además que debido a que el 20 de noviembre pasado el mismo Tribunal falló a favor de Alberta Alcántara y Teresa González prácticamente en los mismos términos que lo hizo hoy, la sentencia emitida a favor de Jacinta constituye jurisprudencia en relación a la reparación del daño a favor de personas injustamente encarceladas, por lo que todos los tribunales administrativos federales del país se encuentran obligados a aplicarla.
Finalmente, es importante indicar que ahora la pelota está del lado de la PGR, es decir, se encuentra constreñida a acatar la sentencia en sus términos y cerrar la brecha que existe entre el discurso proveniente del gobierno mexicano que pregona reparar violaciones a derechos humanos y la verdadera aplicación de tal discurso a la realidad.
En este sentido cabe recordar que el mismo procurador ha tenido expresiones públicas recientes en las que ha reconocido que “de nada sirve que exista un nuevo sistema penal, ni que se construyan edificios, laboratorios, patrullas, camionetas, si todavía existen funcionarios que no cambian una mentalidad y se siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos que derivan en situaciones molestas e injustas”.
Por ello esperaríamos que la PGR tuviera un gesto en favor de la ciudadanía y los derechos humanos al evitar presentar un recurso dilatorio en un caso tan evidente de injusticia como el de Jacinta.
Por parte del Centro Prodh no nos queda más que expresar nuestro agradecimiento a Jacinta y su familia por la confianza depositada. Cabe destacar que los primeros que defendieron los derechos de Jacinta fueron sus familiares, quienes nunca la abandonaron y todo el tiempo –incluso en las circunstancias más difíciles– reivindicaron su inocencia y lucharon por su libertad. Ese es el ejemplo que inspira nuestro trabajo diario.
*Este texto fue publicado inicialmente en la sección deOpinión de La Silla Rota
Así pierde la autoridad a los desaparecidos… luego de localizarlos/Animal Político En México, las autoridades omiten practicar análisis forenses de ADN a los cuerpos hallados, pese a que podrían ser de alguna de las miles de personas que se encuentran en calidad de desaparecidas. Las desapariciones en la administración de Enrique Peña Nieto, caso de Bárbara; una joven cuyos restos fueron hallados tres semanas después de su rapto, sin que las autoridades los analizaran, y por tanto, pasó un año y medio sin que fuese identificada.
Absuelven a siete indígenas mazahuas… cuatro años después/Proceso La justicia federal ordenó la liberación de siete indígenas mazahuas del estado de México que fueron detenidos en el sexenio pasado por la Policía Federal, acusados de formar parte del cártel de Los Zetas. El juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el estado de México decretó la absolución bajo el principio de la duda razonable.
Asesinan a dirigente indígena en Puebla/La Jornada Antonio Esteban Cruz, presidente del Comité Regional del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular en la comunidad Cuauhtapanaloyan, municipio de Cuetzalan del Progreso –en la Sierra Norte de Puebla–, fue asesinado a balazos el miércoles en el paraje El Rincón, en la ribera del río Apulco.
México es un país terrible para ser niño: infanticidios, violaciones, bullying y obesidad prenden focos rojos/Sin Embargo Infanticidios, violaciones, bullying y obesidad son algunas de las agresiones más graves que sufren los niños mexicanos. En los últimos días se han reportado diversos casos que evidencian la falta de atención de las autoridades federales y estatales hacia los menores, así como las trágicas consecuencias que estas omisiones provocan.
Puebla, donde el ejército resguarda a las empresas/Desinformémonos La utilización del ejército en comunidades poblanas para imponer por la fuerza la construcción del gasoducto, perteneciente al Proyecto Integral Morelos, pretende enviar el mensaje de que “no hay marcha atrás”, pero las comunidades ratifican su negativa a la obra y fortalecen su organización sin caer en provocaciones, evalúa Miriam Vargas, activista del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra, Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDATMPT).
En sus mochilas, mujeres migrantes cargan temores y esperanzas/Cimacnoticias A su paso por el albergue “La Sagrada Familia” en esta ciudad tlaxcalteca, la Caravana por el Diálogo Migrante, encabezada por el sacerdote y activista Alejandro Solalinde, que acompaña a 60 personas (26 mujeres –cinco de ellas transgénero–, 11 niñas y niños, y 23 hombres) de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, exigió seguridad al gobierno mexicano y soluciones para abatir lo que llamó una “tragedia humanitaria”.
La transición del petroleo mexicano/Variopinto Dentro de la reforma energética, la comercialización del crudo que generen las empresas privadas, extranjeras principalmente, estará sometida a un periodo de transición en que Petróleos Mexicanos se hará cargo, pero después la asumirán comercializadores particulares, mediante concursos de licitación. Es decir, esa facultad también dejará de ser exclusiva de la paraestatal.
Libres 7 supuestos narcos mazahuas/La Silla Rota Siete personas pertenecientes a la etnia mazahua fueron absueltos de los delitos de narcomenudeo y portación de armas sin licencia y para uso reservado a las Fuerzas Armadas. El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Juicios Penales Federales en el Estado de México determinó que no había elementos suficientes para mantener privados de su libertad a los siete mazahuas que fueron detenidos, por lo que se procedió a dictar sentencia absolutoria.
Jun 06, 2014 08:25 am | Analisis_Prodh_NSA
Imagen retomada de honduras tierra libre
“Estoy huyendo de Migración, de la Policía Federal, se nos nota que somos migrantes, nos detienen y nos exigen dinero. Lo poco que traemos se nos acaba. Tenemos que viajar en el tren que es un riesgo bastante grande. Yo lo hice y camino a Oaxaca fui secuestrado por los maras. Me bajaron del tren y me hicieron mucho daño: 26 machetazos me dieron. Aquí ando por voluntad de Dios”, dijo Emerson Javier Arias, hondureño acompañados por Alejandro Solalinde. La Jornada
El 2 de junio del 2014 se venció el plazo para impugnar la Ley anti marchas de Quintana Roo. El titular de la CNDH Raúl Plascencia declaró el 20 de Mayo del 2014 ante la Cámara de Senadores que revisaría la ley y la posibilidad de interponer la acción de inconstitucionalidad. No lo hizo.
A través de este video el Frente Por la Libertad de Expresión conformado por 10 organizaciones de la sociedad civil exigen a la CNDH una respuesta por esta falta de actuación.
Firman: Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social
Fotograma del video
Jun 06, 2014 08:00 am | Analisis_Prodh_NSA
Seminario – Taller. Convención de Belem do Pará, 20 años. CEDAW, 35 años.
Cartel del Seminario – Taller
Impartido por la Dra. Alda Facio. Jurista, especialista en Género y Derechos Humanos de las Mujeres y experta del Grupo de Trabajo de la ONU s0bre la discriminación contra la Mujer.
Cuándo y dónde: 9, 10 y 11 de junio, en el Salón Verde, edificio A, 2do. piso del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Horario: De 10:00 a 18:00 horas.
Convocan: Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados LXII Legislatura, Instituto Nacional de las Mujeres, ONU Mujeres y JASS -Asociadas por lo Justo.
Registro en: seminarioaldafacio@hotmail.com
Se expedirá constancia.
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