El
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que pronto
cumplirá 20 años de acompañar con éxito a las etnias me’phaa, na savi,
nauas y ñomndaa de la Costa Chica de Guerrero, en sus arduas luchas
contra el oprobio y la discriminación, informó la semana pasada que,
durante la 44 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos
(OEA), que con el importante tema central del desarrollo con inclusión
social tuvo lugar en Asunción, Paraguay, del 3 al 5 de junio
anteriores, las organizaciones nacionales e internacionales
participaron en la preparación y desarrollo del diálogo con el
secretario general de la OEA, y del diálogo con jefes de delegación de
distintos países y el propio secretario general, en los que se
presentaron pronunciamientos de la sociedad civil, del sector privado y
del gremio de los trabajadores.
Dada la importancia de su contenido, por conducto de la Red Nacional
de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas
y Todos, compartió el pronunciamiento de los pueblos indígenas, una
declaración del grupo de organizaciones de derechos humanos, un
comunicado sobre la conmemoración de los 20 años de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer, y un pronunciamiento sobre la Declaración de Haití, aprobada
en la cuarta Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos el pasado 27 de mayo, en relación con la
autonomía e independencia del sistema interamericano.
Teniendo en cuenta su actualidad, claridad, brevedad y contundencia,
me parece importante destacar el pronunciamiento de los pueblos
indígenas y, si hay espacio, algunos puntos de los grupos de derechos
humanos. Partiendo de la base de que tienen una identidad propia y
conservan en todo o en parte sus propias instituciones, y de que
existen desde antes de las colonias española y portuguesa, y son además
titulares de derechos inherentes que les vienen de sus propios pueblos,
historia y culturas milenarias, y están reconocidos en el derecho
internacional y en las constituciones de los estados a los que
pertenecen, los representantes de los pueblos aborígenes de Nicaragua,
Guatemala, Honduras, Bolivia, Perú, Panamá, Paraguay, México y Canadá
demandaron a la Asamblea General que instara a los estados miembros de
la OEA a cumplir con las siguientes obligaciones: a respetar sus
territorios como elemento esencial para su propia existencia como
pueblos, así como la integridad e intangibilidad de los territorios de
los pueblos en aislamiento voluntario; a respetar su derecho a la
autodeterminación y al consentimiento previo, libre e informado de los
pueblos indígenas frente a toda actividad, proyecto e iniciativa de
desarrollo, más aún si se quiere que sea inclusivo; a detener la
violencia y la criminalización de líderes y lideresas indígenas que se
oponen a actividades extractivas o de infraestructura dentro de su
territorio; a detener la ocupación militar y policial de sus
territorios ancestrales; a evitar que los estados usen la fuerza
pública o apoyen la seguridad de empresas para imponerles megaproyectos
que ponen en riesgo su integridad biológica, cultural y espiritual; a
cumplir las sentencias, resoluciones, medidas cautelares y todo tipo de
decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligan a
respetar los derechos de los pueblos indígenas, y a abrir un proceso de
consulta y diálogo sobre el proyecto de Declaración Americana de los
Derechos de los Pueblos Indígenas para su pronta aprobación.
Pidieron
también garantizar su plena y efectiva participación en el proceso de
la asamblea y en todos los espacios de la OEA, e impulsar junto con
ellos la realización el año próximo de la quinta Cumbre de los Pueblos
Indígenas, previo a la séptima Cumbre de las Américas. Los grupos de
derechos humanos coincidieron en la importancia de adoptar políticas
efectivas y dirigidas a la eliminación de la pobreza y la desigualdad,
respetuosas de todos los derechos humanos, reconociendo su
interdependencia e indivisibilidad. A propósito de la niñez y la
adolescencia, declararon que es también indispensable contar con un
sistema de promoción y protección con enfoque de derechos y
responsabilidad adolescente y juvenil digno y eficaz, para lo cual se
requiere garantizar y facilitar su derecho a la participación en la
discusión de políticas y programas integrales, incluidas las asambleas
generales de la OEA.
Añadieron que es fundamental garantizar la protección integral
contra toda violencia que los agreda, y rechazar el uso de una imagen
criminalizadora construida por los medios masivos de comunicación.
Exigieron a los estados que no los repriman y cesen en sus intentos de
reducir la mayoría de la edad penal de niños, niñas y adolescentes.
Rechazaron la criminalización y judicialización contra defensoras y
defensores de derechos humanos en la región, y urgieron a los estados a
valorar y reconocer públicamente su labor, así como a adoptar medidas
efectivas para su protección, eliminando la impunidad de los crímenes
en su contra.
Las organizaciones de derechos humanos consideraron que las
políticas empleadas para responder a los problemas de las drogas y la
delincuencia organizada, de corte punitivo y de militarización han
resultado ineficaces, con altos costos económicos y miles de víctimas
asesinadas, desaparecidas y torturadas, y en encarcelamientos masivos e
inhumanos; campesinos e indígenas reprimidos y criminalizados;
desplazamientos forzados; graves violaciones al debido proceso y a la
presunción de inocencia; criminalización de cultivadores y usuarios de
drogas, y políticas de inteligencia que violan la privacidad. Urgieron,
por tanto, a los estados a que cambien el sentido de sus políticas de
drogas y de lucha contra el crimen organizado, y centren sus esfuerzos
en respuestas alternativas, innovadoras y con un abordaje integral y
respetuoso de los derechos humanos.
Una organización internacional, siete regionales y 66 nacionales
reclamaron también instituciones y políticas eficaces contra la
discriminación y la violencia contra las mujeres, más allá de la firma
de instrumentos y la elaboración de leyes.
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