14/06/2014

Voces ciudadanas en la OEA




Miguel Concha

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que pronto cumplirá 20 años de acompañar con éxito a las etnias me’phaa, na savi, nauas y ñomndaa de la Costa Chica de Guerrero, en sus arduas luchas contra el oprobio y la discriminación, informó la semana pasada que, durante la 44 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que con el importante tema central del desarrollo con inclusión social tuvo lugar en Asunción, Paraguay, del 3 al 5 de junio anteriores, las organizaciones nacionales e internacionales participaron en la preparación y desarrollo del diálogo con el secretario general de la OEA, y del diálogo con jefes de delegación de distintos países y el propio secretario general, en los que se presentaron pronunciamientos de la sociedad civil, del sector privado y del gremio de los trabajadores.

Dada la importancia de su contenido, por conducto de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, compartió el pronunciamiento de los pueblos indígenas, una declaración del grupo de organizaciones de derechos humanos, un comunicado sobre la conmemoración de los 20 años de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y un pronunciamiento sobre la Declaración de Haití, aprobada en la cuarta Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos el pasado 27 de mayo, en relación con la autonomía e independencia del sistema interamericano.

Teniendo en cuenta su actualidad, claridad, brevedad y contundencia, me parece importante destacar el pronunciamiento de los pueblos indígenas y, si hay espacio, algunos puntos de los grupos de derechos humanos. Partiendo de la base de que tienen una identidad propia y conservan en todo o en parte sus propias instituciones, y de que existen desde antes de las colonias española y portuguesa, y son además titulares de derechos inherentes que les vienen de sus propios pueblos, historia y culturas milenarias, y están reconocidos en el derecho internacional y en las constituciones de los estados a los que pertenecen, los representantes de los pueblos aborígenes de Nicaragua, Guatemala, Honduras, Bolivia, Perú, Panamá, Paraguay, México y Canadá demandaron a la Asamblea General que instara a los estados miembros de la OEA a cumplir con las siguientes obligaciones: a respetar sus territorios como elemento esencial para su propia existencia como pueblos, así como la integridad e intangibilidad de los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario; a respetar su derecho a la autodeterminación y al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas frente a toda actividad, proyecto e iniciativa de desarrollo, más aún si se quiere que sea inclusivo; a detener la violencia y la criminalización de líderes y lideresas indígenas que se oponen a actividades extractivas o de infraestructura dentro de su territorio; a detener la ocupación militar y policial de sus territorios ancestrales; a evitar que los estados usen la fuerza pública o apoyen la seguridad de empresas para imponerles megaproyectos que ponen en riesgo su integridad biológica, cultural y espiritual; a cumplir las sentencias, resoluciones, medidas cautelares y todo tipo de decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligan a respetar los derechos de los pueblos indígenas, y a abrir un proceso de consulta y diálogo sobre el proyecto de Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas para su pronta aprobación.

Pidieron también garantizar su plena y efectiva participación en el proceso de la asamblea y en todos los espacios de la OEA, e impulsar junto con ellos la realización el año próximo de la quinta Cumbre de los Pueblos Indígenas, previo a la séptima Cumbre de las Américas. Los grupos de derechos humanos coincidieron en la importancia de adoptar políticas efectivas y dirigidas a la eliminación de la pobreza y la desigualdad, respetuosas de todos los derechos humanos, reconociendo su interdependencia e indivisibilidad. A propósito de la niñez y la adolescencia, declararon que es también indispensable contar con un sistema de promoción y protección con enfoque de derechos y responsabilidad adolescente y juvenil digno y eficaz, para lo cual se requiere garantizar y facilitar su derecho a la participación en la discusión de políticas y programas integrales, incluidas las asambleas generales de la OEA.

Añadieron que es fundamental garantizar la protección integral contra toda violencia que los agreda, y rechazar el uso de una imagen criminalizadora construida por los medios masivos de comunicación. Exigieron a los estados que no los repriman y cesen en sus intentos de reducir la mayoría de la edad penal de niños, niñas y adolescentes. Rechazaron la criminalización y judicialización contra defensoras y defensores de derechos humanos en la región, y urgieron a los estados a valorar y reconocer públicamente su labor, así como a adoptar medidas efectivas para su protección, eliminando la impunidad de los crímenes en su contra.

Las organizaciones de derechos humanos consideraron que las políticas empleadas para responder a los problemas de las drogas y la delincuencia organizada, de corte punitivo y de militarización han resultado ineficaces, con altos costos económicos y miles de víctimas asesinadas, desaparecidas y torturadas, y en encarcelamientos masivos e inhumanos; campesinos e indígenas reprimidos y criminalizados; desplazamientos forzados; graves violaciones al debido proceso y a la presunción de inocencia; criminalización de cultivadores y usuarios de drogas, y políticas de inteligencia que violan la privacidad. Urgieron, por tanto, a los estados a que cambien el sentido de sus políticas de drogas y de lucha contra el crimen organizado, y centren sus esfuerzos en respuestas alternativas, innovadoras y con un abordaje integral y respetuoso de los derechos humanos.

Una organización internacional, siete regionales y 66 nacionales reclamaron también instituciones y políticas eficaces contra la discriminación y la violencia contra las mujeres, más allá de la firma de instrumentos y la elaboración de leyes.

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